Resumen ejecutivo
Al cumplirse un año de la muerte en prisión de Raúl Isaías Baduel, este 12 de octubre de 2022, Provea presenta el informe “La muerte lenta de Raúl Isaías Baduel”, como un aporte a la construcción de memoria sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
En vista de las dudas sobre la muerte por COVID-19, como indica la versión divulgada por el Ministerio Público, el documento parte de un episodio poco conocido: la intervención quirúrgica practicada al ex ministro de la Defensa el 23 de diciembre de 2020, cuando estaba detenido en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) conocidos como La Tumba.
A partir de esa intervención quirúrgica para atender una hernia inguinal que le fue diagnosticada a Baduel en agosto de 2021, la salud del preso político, lejos de mejorar, empeoró progresivamente.
Los familiares y abogados aseguran que la operación se realizó en contra de su voluntad; infructuosamente, intentaron que se realizara en un centro de salud privado, con la participación de médicos de su confianza.
Sin embargo, asegura la esposa del ex ministro, Cruz María Baduel, la operación se llevó a cabo en un quirófano improvisado a las afueras del hospital militar Dr. Vicente Salías Sanoja, ubicado en Fuerte Tiuna.
La intervención quirúrgica habría durado tres horas y Baduel contó a sus familiares y abogados que inmediatamente lo trasladaron de nuevo a La Tumba: “No lo mantuvieron bajo observación durante un tiempo prudencial. Ni siquiera les importó que tuviera mucho dolor. Ya al mediodía de ese 23 de diciembre estaba de regreso en la misma celda que ocupaba en La Tumba, en la sede del Sebin de Plaza Venezuela. La operación implicó una incisión en el abdomen de unos 20 centímetros. No le suministraron ni un analgésico o lo esencial para que él mismo se hiciera las curas. En su celda no había agua y tenía que esperar que atendieran su llamado, a veces hasta media hora, para ir al baño y limpiarse la herida”, agrega Andreína Baduel, una de las hijas del general.
El procedimiento médico fue ejecutado por el urólogo Vicente Dieguez Salinas, afirman familiares y abogados. Dieguez Salinas fue jefe del Departamento de Urología del Hospital Domingo Luciani durante 19 años.
La trayectoria profesional y personal de Dieguez Salinas tiene un hito relevante: en febrero de 2018 las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana allanaron una clínica privada propiedad del médico y allí incautaron medicamentos e insumos que pertenecían al Hospital Domingo Luciani. Vicente Dieguez fue detenido, imputado y permaneció nueve meses privado de libertad.
Sin embargo, Dieguez Salinas reapareció en 2020 como coordinador de un programa de salud del Ministerio para el Servicio Penitenciario. El médico dirigía dos programas semanales: Cita con los doctores, transmitido por la televisora TVES, y Rumbo a tu salud, transmitido por Radio Rumbos. Sin embargo, nunca trascendió información sobre la atención que Dieguez Salinas prestaba a los presos políticos recluidos en las sedes del Sebin, entre ellos Baduel.
Vicente Dieguez Salinas salió de Venezuela y ahora reside en España. No accedió a contestar las preguntas que le formuló Provea por escrito, para que aclarara su participación en la intervención quirúrgica que le fue practicada a Baduel el 23 de diciembre de 2020.
Nayesca Baduel, una de las hijas del preso político, pudo ver a su padre y conversar con él el 2 de octubre de 2021, diez días antes de su muerte: “Fue muy doloroso verlo totalmente edematizado: su rostro, las manos, todo su cuerpo. Es muy probable que él haya tenido insuficiencias renales y por eso la edematización generalizada. En La Tumba nunca atendieron esa afección. Durante esos 40 minutos que estuvimos juntos y conversando en un espacio habilitado para las visitas en el Helicoide, él siempre estuvo de pie y se movía de un lado a otro, como tratando de equilibrar su peso. Ese día me relató muchos síntomas que comenzaron a aparecer luego de esa operación que se le practicó en diciembre de 2020, en una carpa afuera del hospital militar de Fuerte Tiuna, de manera clandestina y sin las previsiones que requería ese tipo de acto quirúrgico. Yo en el fondo sabía que mi papá en cualquier momento podía fallecer”.
La información recabada por Provea indica que la falta de atención médica oportuna y de calidad fue una constante durante los casi 11 años que Baduel estuvo preso y provocó un progresivo deterioro de su salud.
El informe “La muerte lenta de Raúl Isaías Baduel” también reconstruye el aniquilamiento político de quien había sido reconocido, homenajeado y recompensado como el hombre fuerte que rescató al presidente Hugo Chávez, luego del golpe de Estado de abril de 2002.
Sus criticas al gobierno desde el mismo día que pasó a situación de retiro, le valió una persecución por el resto de su vida. En noviembre de 2007, cuando se pronunció contra la reforma constitucional promovida por el oficialismo, ocurrió la ruptura definitiva entre Baduel y Chávez, que habían comulgado en ideas políticas desde sus tiempos en la Academia Militar, fueron amigos entrañables y hasta compadres.
Inicialmente a Baduel se le juzgó y condenó a 7 años y 11 meses de prisión por supuestos hechos de corrupción durante su gestión al frente del Ministerio de Defensa y estuvo preso en la cárcel militar de Ramo Verde. Apenas a dos meses de cumplir la condena que lo mantuvo tras las rejas desde 2009, se inició un segundo proceso penal en su contra por los delitos de traición a la patria e instigación a la rebelión militar.
Ambos procesos penales se desarrollaron en la jurisdicción militar. De nada valió que la defensa invocara la propia jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de Justicia sobre la improcedencia del enjuiciamiento en los tribunales castrenses de una persona sin funciones militares, como era el caso de Baduel luego de su pase a retiro.
El segundo proceso penal contra Baduel, también en la jurisdicción militar, nunca avanzó hacia la fase de juicio. Sin embargo, la imputación por traición a la patria e instigación a la rebelión militar le costó prisión hasta el día de su muerte.
Un rasgo distintivo del caso Baduel es que la persecución en su contra se extendió a sus familiares. En el informe se sistematizan los procesos penales y los encarcelamientos de tres hijos y un yerno del ex ministro de la Defensa.
Raúl Emilio Baduel Cafarelli, el mayor de los doce hijos del general Baduel, fue detenido el 21 de marzo de 2014, en el Parque Ferial de San Jacinto, estado Aragua, en el contexto de una protesta. Estuvo preso en seis cárceles, cinco de ellas cárceles comunes: Alayón (Aragua), Tocuyito (Carabobo), 26 de Julio (Guárico), Fénix (Barquisimeto), otro centro de detención al lado de Alayón y el Helicoide.
En 2014, la familia Baduel sumó otro preso político, pues en mayo de ese año fue detenido Gerardo Ernesto Carrero Delgado, para ese momento novio y actualmente esposo de Andreína Baduel, una de las hijas del ex ministro de Defensa. Gerardo Carrero lideraba los campamentos antigubernamentales que se instalaron en Caracas y en otros lugares del país. Lo aprehendieron en la madrugada del 8 de mayo de 2014, junto con otras 120 personas que permanecían en el campamento instalado frente a la sede del Programa de las Naciones para el Desarrollo, en Caracas.
Carrero habría sido sometido a torturas, según el relato de Andreína Baduel: “Gerardo inició una huelga de hambre en el Helicoide en defensa de sus derechos humanos, pidiendo libertad para él y para todos los presos políticos. La respuesta a esa huelga de hambre fue la tortura. Lo colgaron en un muro: te atan las manos con una cuerda y te cuelgan así como un ganado, te guindan y quedas suspendido en el aire… Te hacen descargas eléctricas, te golpean con tablas, bates…”.
Josnars Adolfo Baduel Oyoque, otro hijo del general, fue detenido el 4 de mayo de 2020, en las costas de Chuao, estado Aragua, por su presunta vinculación con la llamada “Operación Gedeón”.
Andreína Baduel asegura que, al igual que su esposo Gerardo Carrero, su hermano Josnars Adolfo fue sometido a torturas en El Helicoide, por lo cual interpusieron una acción de hábeas corpus para preservar su integridad física, la cual fue rechazada.
Los familiares de Josnara Adolfo Baduel Oyoque solicitaron públicamente que se le ofreciera asistencia médica por las secuelas de las lesiones que le habrían causado las torturas: ligamento de un hombro roto, ligamento de una rodilla roto, lesión testicular severa, una hernia hiatal, afección pulmonar crónica e infección cutánea crónica.
El 21 de diciembre de 2021, el hijo del general Baduel fue trasladado al hospital Dr. Vicente Salías Sanoja, según confirmó su abogada Yasnaía Villalobos.
Josnars Adolfo permanece preso en la sede del Sebin del Helicoide; el ex ministro Baduel murió en sus brazos.
Cuatro meses después del encarcelamiento de Josnars Adolfo Baduel Oyoque, el 11 de agosto de 2020 fue detenido Raúl Iván Baduel Oyoque, otro de los hijos del general. Él era el quinto preso de la familia.
“Raúl Iván estuvo cuatro meses preso. Le imputaron porte ilícito de arma de guerra. Lo llevaron a la cárcel común 26 de Julio, en Guárico, y lo torturaron para presionar a Josnars Adolfo; para obligarlo a que admitiera culpabilidad por los hechos que a él le imputaban y para que delatara a sus supuestos cómplices. Quisieron hacer con Josnars Adolfo lo mismo que hicieron con mi papá, presionarlo con el encarcelamiento y torturas a otro miembro de la familia”, asegura su hermana Andreina Baduel.
Por último, en el informe “La muerte lenta de Raúl Isaías Baduel” se recuerda que la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela exigió la apertura de una investigación sobre las circunstancias de la muerte de Baduel en prisión, con apego al Protocolo de Minessota.
Formalmente, el Ministerio Público abrió una averiguación, la cual quedó a cargo del fiscal 94° Renny Amundaraín, pero los familiares no han sido informados sobre el más mínimo avance. Provea dirigió una comunicación al fiscal Amundaraín en procura de mayor información. El 23 de junio de 2021, el fiscal auxiliar Javier Ruiz advirtió que tal solicitud debía ser “elevada a la superioridad” y, aunque fue reiterada vía correo electrónico, Provea no obtuvo respuesta.
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