“En revolución, los sindicatos deben desaparecer” Hugo Chávez (2005)
El 11 de noviembre de 2000 el para entonces presidente Hugo Chávez expresó: “El pueblo venezolano y los trabajadores venezolanos vamos a demoler a la CTV”. Eran tiempos en los cuales el presidente gozaba de una altísima popularidad y empezaba a mostrar sus rasgos autoritarios. Desde esa declaración contra la principal central sindical del país, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), pasando por el despido de 18.000 trabajadores del sector petrolero debido al paro cívico de 2002, se aplica una política de Estado antisindical en Venezuela. Necesario es recordar que ante este episodio de vulneración masiva de derechos laborales, el Comité de Libertad Sindical (CLS) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que
“El movimiento reivindicatorio global del paro cívico nacional convocado entre otros por la CTV puede ser asimilado a una huelga general, dirigida también contra la política económica y social del Gobierno, y por consiguiente la paralización de labores en la industria del petróleo en sí puede considerarse como una actividad sindical. Por consiguiente, los gerentes y trabajadores del sector del petróleo que paralizaron sus labores pacíficamente y que no participaron en actos delictivos no deberían haber sido despedidos. El Comité deplora pues estos despidos masivos, precipitados y desproporcionados que afectaron a 18.000 trabajadores”
Destacó el Comité en el Informe de recomendaciones presentado ante el Consejo de Administración de la OIT, que “las sanciones en masa por acciones sindicales se prestan a abusos y destruyen las relaciones laborales”.
La política antisindical fue avanzando progresivamente hacía formas más hostiles. De la descalificación pública, obstáculos al registro de organizaciones sindicales, despidos y finalmente procesos judiciales y encarcelamiento por ejercer la libertad sindical, incluyendo juzgamiento en tribunales militares.
A continuación se presenta un recorrido histórico de esa persecución de dos gobiernos que, aparentando ser favorecedores de las reivindicaciones de los trabajadores, terminaron afectando de manera grave conquistas y considerando como enemigos a dirigentes sindicales consecuentes en la defensa y exigibilidad de los derechos humanos laborales.
Son más de 20 años hostigando, persiguiendo, deteniendo y encarcelando a la dirigencia sindical que reivindica derechos.
Pese a las adversidades, el movimiento sindical resistió y resiste. La acción del gobierno de Chávez y luego de Maduro, más los propios errores y limitaciones de la dirigencia sindical, condujeron al debilitamiento del movimiento de los trabajadores y trabajadoras a niveles tales que su participación en los últimos cinco años, en un entorno de amplia protesta popular, ha sido muy limitada.
La acción sindical es inseparable del contexto en el cual la organización y sus dirigentes ejercen su actividad. En la actualidad el movimiento venezolano enfrenta enormes retos, en una suerte de anomia social donde persisten la represión y las restricciones severas para quienes disienten o ejercen alguna crítica al gobierno. En efecto, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) pudo registrar al menos 300 denuncias de trabajadores que fueron despedidos por no apoyar la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 2017. Medidas de esta índole han sido propias del poder público desde 2002, al encontrar el gobierno nacional una férrea oposición en el ámbito de los representantes de los trabajadores, como la mencionada CTV, para la época la central más importante de Venezuela.
La Administración de Nicolás Maduro, sacudida por una crisis económica y social sin precedentes, producto de la ineficiencia, la corrupción y la adopción de medidas antipopulares, optó en 2016 por transitar de una democracia con libertades restringidas a una dictadura moderna.
La rebelión popular de abril a julio de 2017 finalizó con la imposición de una fraudulenta ANC para abolir por la vía de los hechos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) promovida por Hugo Chávez en 1999. La principal función de la ANC fue su funcionamiento como instancia paralela, tomando como suyas las atribuciones que le correspondían a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 con mayoría de la oposición democrática. El no presentar un nuevo texto constitucional, al ser disuelta el 18 de diciembre de 2020, lo deja claro. Logró imponerse al resto de los poderes públicos, y criminalizar a la oposición mediante instrumentos como la Ley contra el Odio y la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública.
Como bien se resume en un trabajo del portal Crónica Uno:
“La ANC no se conformó con usurpar las funciones del Legislativo, como sancionar ‘leyes’, ocupar el Palacio Federal Legislativo, destituir a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que permanece en el exilio, y nombrar a Tarek William Saab como su sustituto, sino que inició una persecución de los parlamentarios legítimos que llevó a muchos al exilio o la cárcel”
Las causas que generaron las movilizaciones no se resolvieron; por el contrario, se agravaron: costo de la vida, inseguridad, inconformidad con la gestión de gobierno, entre otras. El Informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) del 30.08.17 concluye que en Venezuela existen graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y “una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población”.
Tal denuncia fue reafirmada el 05.07.19 en el Informe presentado por la actual Alta Comisionada, Michelle Bachelet. Allí se determina que durante al menos una década el Gobierno y las instituciones por él controladas han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la AN. Es de destacar que en la actualización del informe, efectuada a principios de marzo de 2020, Bachelet expresó con respecto a los derechos laborales que “también persisten restricciones a la libertad sindical a través de desalojos y la detención arbitraria de líderes sindicales”. El mencionado Informe de actualización en su conjunto recibió el rechazo del gobierno nacional, y en palabras de su embajador Jorge Valero ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue catalogado como “lleno de mentiras”.
Las restricciones a la libertad sindical se enmarcan en las medidas que tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a las personas opositoras políticas y críticas al Gobierno, tendencia que aumentó desde 2016, después que la oposición ganara la mayoría de los escaños en la AN, lo cual llevó a un incremento de la represión selectiva de la oposición política y a una restricción incesante del ya por sí limitado espacio democrático.
Sucesivas leyes y reformas legislativas han facilitado la criminalización de la oposición y de cualquier persona crítica al Gobierno mediante disposiciones vagas, aumentos de sanciones por hechos que están garantizados por el derecho a la libertad de reunión pacífica; el uso de la jurisdicción militar para personas civiles, y restricciones a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para representar a víctimas de violaciones de los derechos humanos.
En Venezuela la criminalización a la opinión crítica y a la protesta social es una política de Estado, sistemática y generalizada, ejecutada desde el Poder Ejecutivo Nacional en conjunto con el Poder Judicial y el Poder Ciudadano, este último por órgano del Ministerio Público (MP) y con la complicidad de la Defensoría del Pueblo (DdP); utilizando en su momento a la plenipotenciaria ANC. Es sustentada además en el desarrollo de un marco jurídico que restringe la posibilidad de efectuar concentraciones, movilizaciones o huelgas, e impone penas de varios años por ejercer tales acciones, constituyendo así una respuesta antidemocrática al reclamo social y al protagonismo de la gente defendiendo y exigiendo sus derechos. Esta normativa se aplica partiendo del supuesto de que todo acto de protesta realizado por la ciudadanía se considera “acción desestabilizadora”, negando de antemano la protección y el reconocimiento al derecho a la manifestación pacífica y a la huelga.
Han sido varios los mecanismos utilizados por el Estado para reprimir, yendo estos mecanismos más allá del andamiaje jurídico represivo, ya que también por la vía de los hechos e imponiendo la fuerza ha contrarrestado los justos reclamos de los trabajadores e impedido el ejercicio de la libertad sindical.
Esta política, como hemos indicado, tiene ya casi dos décadas. Durante la gestión del expresidente Chávez se configuraron mecanismos arbitrarios de gobernabilidad que mezclaban la ausencia de contrapesos institucionales y desaparición de la independencia de los diferentes poderes, la concentración progresiva del poder en su persona y la persecución no solo de los disidentes a su proyecto político sino también de la opinión disidente dentro de su propio movimiento, y de quienes alzaban su voz y se movilizaban en defensa de sus derechos.
A partir de 2002, luego de los sucesos que interrumpieron el hilo constitucional por 72 horas en el país, se afianzó un proceso de criminalización del ejercicio de los derechos constitucionales a la protesta pacífica, la libre asociación y reunión, la libertad sindical, la huelga y la libertad de expresión. Diferentes organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las organizaciones sindicales, sufrieron desde diferentes instancias de gobierno una permanente campaña de descalificación y hostigamiento.
Informe completo AQUÍ
Política-de-Estado-contra-la-libertad-sindical-en-Venezuela
