El Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) Capítulo Venezuela, de Pares Colombia y PROVEA, presenta su informe Venezuela: mujeres y lideresas sociales y políticas, víctimas de violencia y represión, en el que se visibiliza la situación de violencia que afecta a las mujeres lideresas sociales y políticas en el contexto de crisis que vive Venezuela, y las violaciones a sus derechos humanos que han sido invisibilizadas por el Estado.
Odevida ha acompañado a organizaciones de mujeres familiares de presos políticos y mujeres sindicalistas que dan cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos a los que son sometidas las defensoras en contextos de represión y criminalización, así se pudo identificar que la represión del Estado Venezolano se ejerce de manera diferenciada sobre las mujeres lideresas sociales y políticas en razón de su género.
Según la ONG Foro Penal, entre enero de 2014 y septiembre de 2021, 412 mujeres fueron catalogadas como presas políticas en Venezuela. El 33% de estas mujeres refirieron haber sido sometidas a torturas y tratos crueles durante su detención y reclusión por parte de los agentes del Estado. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos Sobre la República Bolivariana de Venezuela ha documentado casos de abuso y violencia sexual contra estas mujeres detenidas por parte de funcionarios del Estado, policiales y militares principalmente, pero también por parte de agentes paraestatales y grupos armados irregulares.
La persecución y represión también ha afectado a defensores/as de derechos humanos y organizaciones de derechos humanos. El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró de enero a diciembre de 2022, 396 ataques o incidentes de seguridad. De estos, 267 (67%) tuvieron como afectadas a organizaciones de derechos humanos, 120 (30%) tuvieron como víctimas a defensores de derechos humanos y 9 (3%) fueron defensoras de derechos humanos.
Frente a estos hechos, desde Odevida recomiendamos eliminar las disposiciones discriminatorias que contengan los Códigos Civil y Penal venezolanos, debiendo aprobar el Proyecto de Ley Orgánica para la Equidad e Igualdad de Género; garantizar legislativamente la paridad; implementación de un sistema de recolección de data estadística sobre la violencia contra la mujer, desglosados por indicadores de género, entre otras.
Crisis humanitaria agudiza y generaliza la violencia de género
En medio de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que vive Venezuela, el 76 % de las mujeres vive en situación de pobreza extrema, según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi 2020). Los datos no han mejorado, ya que la dificultad de acceso a los servicios básicos profundiza la pobreza y son las mujeres quienes, en la mayoría de los casos, deben priorizar la consecución de alimentos para su familia a costa de acceder a exámenes médicos y servicios de salud sexual y reproductiva. El mismo estudio indicó también que la proporción de población femenina por debajo de la línea de pobreza es del 95 % en los hogares pobres. Fenómeno conocido como “feminización de la pobreza”, que en Venezuela tiene carácter estructural. En este sentido, los últimos informes oficiales relativos a los derechos de las mujeres en Venezuela ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) datan de 2013 y en ellos ya se denunciaban estas situaciones.
Por otra parte, el 28 de octubre del 2021, en el marco de las 181° período de sesiones, por primera vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó en audiencia pública acerca de la grave situación de vulneración de derechos que padecen mujeres y niñas en Venezuela. Los temas mencionados en la audiencia resumieron las violaciones sistemáticas que viven las venezolanas ante un Estado profundamente machista que no garantiza sus derechos en medio de la EHC y el COVID-19. La violencia de género, la falta de acceso a la salud y la crisis institucional en cuanto al acceso a la justicia y la ausencia de refugios o lugares de protección para mujeres víctimas de violencia basada en género, fueron solo algunos de los datos expuestos por las organizaciones que alzaron sus voces.
También se han registrado casos de violencias digitales contra lideresas y defensoras. Muchas de ellas terminan silenciándose o bajando sus perfiles en lo público y mediático como mecanismos de autoprotección.
En relación a las agresiones a mujeres indígenas y criollas, específicamente la Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó que son frecuentes “las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, el trabajo forzado y la explotación sexual, incluida la esclavitud sexual y la trata de personas en zonas fronterizas y remotas. La Misión sigue especialmente preocupada por la situación en los estados de Amazonas y Delta Amacuro, en particular por las presuntas violaciones contra los pueblos indígenas. Varios líderes y lideresas indígenas han sido amenazados o atacados por actores estatales y no estatales. Los líderes y lideresas indígenas que han impedido el paso de mercancías de contrabando o el acceso a las minas en su territorio, o que se han opuesto a la presencia armada del Estado en los territorios indígenas, han sido especialmente perseguidos”.
Por parte de la institucionalidad existe opacidad en la información oficial y en la rama judicial falta regulación sobre asuntos esenciales para los derechos de las mujeres como la penalización del aborto y la violencia feminicida. Esto genera un subregistro y, consecuentemente, falta de atención oportuna a los casos de violencias basadas en género. Esto debilita la legitimidad y el funcionamiento del sistema jurídico. De acuerdo con el Grupo de Trabajo de Esclavitud Moderna en Venezuela (GTEMV) , siete de cada diez mujeres no denuncian las agresiones por falta de credibilidad en el sistema jurídico.
Lideresas sociales y políticas víctimas de la violencia
De acuerdo con el diagnóstico realizado por Cepaz, “si bien los actos de persecución y criminalización contra las mujeres víctimas no se ha desarrollado por motivos de género, en Venezuela existe un contexto de persecución y criminalización generalizada que afecta a hombres y mujeres, cuando esto ocurre contra las mujeres el impacto es diferenciado y además sobresalen actitudes discriminatorias por parte de los perpetradores en donde ocurren actos de violencia que sí ocurren por motivos de género”.
El informe rescata que “la Misión ha podido documentar casos en los que las mujeres detenidas son obligadas por funcionarios del Estado a mantener relaciones sexuales a cambio de bienes y privilegios, estas mujeres no tienen acceso a salud sexual y reproductiva, exámenes médicos ni anticonceptivos.
En los interrogatorios de las mujeres detenidas también se desarrollan actos de violencia sexual.
La Misión documentó que funcionarios del SEBIN han amenazado a las mujeres de violarlas durante los interrogatorios. Las mujeres detenidas también han recibido insultos basados en el género. La Misión logró documentar un caso en el que una de las mujeres detenidas habló con unos detenidos hombres durante la hora de visita, un funcionario del SEBIN le acusó de ser sexualmente promiscua y de no comportarse como debería una mujer. Un funcionario le quitó su derecho de visita como castigo. Como víctimas secundarias, las mujeres familiares de presos políticos cuando acuden al centro penitenciario para poder acceder a la visita en muchas ocasiones deben desnudarse y son sometidas a actos degradantes por los funcionarios de seguridad”.
El Foro Penal da cuenta de que 412 mujeres han sido catalogadas como presas políticas en Venezuela entre enero de 2014 y septiembre de 2021. Entre estas presas políticas hay 399 civiles, nueve funcionarias militares y cuatro funcionarias policiales.
Destaca el Foro Penal que al menos el 33 % de las mujeres presas políticas han referido haber sido sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes al momento de su detención y durante su reclusión. Al menos el 27 % de las presas políticas han sido trasladadas arbitrariamente de centro de reclusión sin una orden judicial. Todos los casos de estas presas políticas han tenido retardo procesal debido al diferimiento de sus audiencias en innumerables ocasiones.
Por su parte, Cepaz registró durante 2021 un total de 818 casos de persecución y criminalización, de los cuales 73 tuvieron como víctimas a mujeres. Para el año 2022, Cepaz totalizó 523 casos de persecución y criminalización, discriminados en 78 mujeres.
Destaca que durante 2022 se incrementó el número de mujeres víctimas respecto de 2021, que llegó a 78.
Además, Odevida registró nueve casos de mujeres indígenas de la etnia Piaroa, de la comunidad de Caño Uña (Amazonas), quienes fueron amenazadas y obligadas a desplazarse a la ciudad de Puerto Ayacucho por parte de miembros de un grupo irregular armado externo, entre las que se encuentra Amelia Conde, coordinadora de la Organización de Mujeres Indianés del Autana (OMIDA). Estas amenazas ocurrieron luego del asesinato del líder de los guardianes del territorio de Autana, Virgilio Trujillo Arana, el pasado 30 de junio de 2022.
Las acciones de intimidación y hostigamiento contra las lideresas que ejercen el periodismo también se traducen en actos de amenaza, persecución, violencia y persecución judicial. Un grupo afectado por amenazas para impedir el libre ejercicio de su profesión son los/as trabajadores/as de la comunicación, como lo documenta el Cepaz.
En el estado Aragua, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidieron que las periodistas Gregoria Díaz, de Crónica Uno, Carmen Pecorelli, de Unión Radio e IVC, y Laudelyn Sequera, de Victoria 103.9 FM, ingresaran a la localidad de Las Tejerías para hacer cobertura informativa de los deslaves registrados durante los primeros días de octubre de 2022, cumpliendo órdenes del gobierno de nacional para asegurar que la prensa debía limitarse al momento de cubrir lo sucedido en el lugar.
Vale destacar el caso de la periodista Milagros Mata Gil, que fue detenida arbitrariamente junto a su esposo luego de difundir un artículo satírico a través de WhatsApp. El texto, titulado Fiesta Mortal, fue compartido y describía una celebración de más de 800 invitados. Uno de ellos, el actual fiscal general nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab. “Recuerdo todo lo que vivimos y aún me da terror. El régimen de presentación es una manera de hacernos sentir prisioneros”.
Para enero de 2023, el gobierno de Nicolás Maduro mantiene privadas de libertad a 19 mujeres por razones políticas, según una investigación periodística realizada por Efecto Cocuyo, que da cuenta sobre “cuatro de estas presas políticas fueron condenadas a 30 años de prisión, la pena máxima en Venezuela, por la presunta comisión de los delitos de ‘traición de la patria’, ‘asociación para delinquir’ y ‘rebelión’. Hasta este mes de diciembre, solo seis tienen sentencia de tribunales”.
Durante el primer semestre de 2022, la persecución y represión también ha afectado a defensores/as de derechos humanos y organizaciones de derechos humanos. El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró, de enero a diciembre de 2022, 396 ataques o incidentes de seguridad. De ellas, 267 (67 %) tuvieron como afectadas a organizaciones de derechos humanos, 120 (30 %) tuvieron como víctimas a defensores de derechos humanos y 9 (3 %) fueron defensoras de derechos humanos…
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