Editorial
Si algo deja en evidencia el cuarto informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, presentado en septiembre pasado en el 54° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es que la represión sigue viva en Venezuela, aunque ha mutado en formas más selectivas debido, principalmente, al escrutinio internacional.
Desde 2019 este mecanismo internacional, creado por mandato del Consejo de DDHH, ha sido clave para identificar y comprobar a través de entrevistas a víctimas y el aporte de elementos de convicción los patrones de represión, persecución y criminalización, así como la participación por acción u omisión– de las instancias que integran el Poder Público en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos en un claro incumplimiento al principio de separación de poderes.
Por este motivo el boletín Crisis en Venezuela, que en esta edición #300 llega a su sexto aniversario, consideramos como un valioso aporte a la sociedad venezolana y a los actores de la comunidad internacional que mantienen su interés en la situación de Venezuela ofrecer un análisis de las repercusiones de lo expuesto por “La Misión” en la perspectiva de las 10 organizaciones participantes en esta publicación en torno a su labor en el ámbito de acción de cada una.
En esta actualización, el informe de “La Misión” profundiza sobre la selectividad de la persecución y represión contra sectores específicos de la sociedad civil, particularmente periodistas, líderes sindicales y organizaciones de derechos humanos, así como el impacto directo que estos hechos tienen sobre el espacio cívico democrático.
Y expone, como uno de sus más contundentes señalamientos, la incapacidad de la Defensoría del Pueblo para dar respuesta efectiva a las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos presentadas por las víctimas y sus familiares, así como su nula actuación para que el Estado atienda las recomendaciones de instancias internacionales orientadas a cesar las violaciones e identificar y sancionar a los responsables en sus más altos mandos.
Desde Crisis en Venezuela reiteramos que de persistir la impunidad estructural del sistema de justicia, la acción de los mecanismos internacionales de protección de DDHH sigue siendo urgente y necesaria para promover la rendición de cuentas y reparación a las víctimas.
Una vez más, queremos extender nuestro agradecimiento y reconocimiento a la labor de las organizaciones de la sociedad civil que durante seis años nos han acompañado en esta ventana informativa sobre la grave situación de los derechos humanos en Venezuela y las vulnerabilidades de la población en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja que aún persiste en el país.
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