Partiendo de presuntas irregularidades en la Cruz Roja venezolana, no gestionadas previamente ante un tribunal, y con base en denuncias y testimonios anónimos, el TSJ ha dictado una medida cautelar que, en realidad, constituye una sentencia de fondo anticipada y que genera cambios irreversibles en la Cruz Roja en vulneración del derecho a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad de asociación.
Todo ello causando severas y graves consecuencias de cierre del espacio cívico en Venezuela.
Alertamos que tal decisión constituye el agravamiento de un patrón de intervenciones violatorias a las diferentes expresiones de la sociedad civil que se viene produciendo en el país y que hasta ahora se había limitado a imponer nuevas directivas y llamar a elecciones en colegios profesionales, sindicatos, organizaciones con fines políticos e incluso en juntas de condominio.
A esta lista, se suma ahora la reestructuración de una asociación civil, potestad que debería ser ejercida exclusivamente por los miembros de la misma y no por terceros.
Frente a esta circunstancia hacemos un llamado a todos los actores sociales del país a exigir de manera firme y conjunta el cumplimiento de las garantías básicas para el ejercicio del derecho a la asociación, rechazar enfáticamente y no participar en procesos de intervención como el que se impuso a la Cruz Roja Venezuela.
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