El 8 de octubre las fuertes lluvias ocasionaron un deslave en Las Tejerías, estado Aragua, incidente que dejó más de 54 personas fallecidas, 8 personas desparecidas y 400 casas destruidas.
Pocos días después, el 17 de octubre, se produjo un nuevo deslave en El Castaño, también en el estado Aragua, en el que 3 personas resultaron muertas y 5 desaparecidas de acuerdo con las fuentes oficiales.
También hubo derrumbes en la carretera que dejaron a la población de Choroní sin comunicación por vía terrestre. Se han registrado estados de emergencia en otras zonas del país a causa de las lluvias, como en Mérida.
Si bien en todos estos desastres hay una causa común, que son las fuertes precipitaciones registradas en las últimas semanas, nos alertan sobre la ausencia de políticas de prevención de desastres que podrían ayudar a disminuir el riesgo.
Los desastres ambientales están asociados con las condiciones de vida. De hecho, estudios del Banco Interamericano de Desarrollo demuestran que los más pobres son los más expuestos a los efectos del cambio climático.
Esto puede verse muy claro en el caso venezolano: los más vulnerables fabrican sus viviendas en entornos menos seguros, sin políticas de zonificación, planificación urbana ni estudios de riesgo; además, carecen de los servicios más básicos.
La iniciativa HumVenezuela en su informe más reciente muestra que 4,4 millones de personas no cuentan con conexión a cloacas, por lo que sus aguas servidas van al suelo aumentando así su vulnerabilidad ante los eventos climáticos. 8,8 millones de personas no cuentan con gas para cocinar, ello aumenta la desforestación por la necesidad de combustibles, una fuente adicional de debilitamiento de los suelos.
Ante estos desastres estos grupos cuentan a su vez con menos recursos para afrontar las consecuencias de los desastres naturales. Esto es central: de las políticas de atención a las víctimas de desastres dependen en qué medida los hogares pueden superar estos eventos o si esta pérdida va a significar un mayor empobrecimiento.
En los casos recientes es aún muy pronto para evaluar la respuesta del Estado. Adicionalmente, se ha denunciado la prohibición de acceso a la prensa, por lo que no se cuenta con información independiente.
Queremos resaltar que el Estado venezolano tiene la obligación de garantizar un nivel de vida digno: los albergues no suficientes y las víctimas necesitan políticas que les
permitan recuperar sus medios de vida.
En el contexto de crisis que vive Venezuela, las organizaciones de promoción de derechos humanos mantenemos un esfuerzo continuo en el registro y documentación de las violaciones sistemáticas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población a fin de acompañar a las víctimas y darle visibilidad a estos atropellos ante la comunidad nacional e internacional.
En este sentido el Boletín Crisis en Venezuela, surge como un espacio semanal en el que como movimiento de Derechos Humanos, reunimos las situaciones que actualmente reflejan la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela.
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