La persecución a la disidencia ha sido una de las características principales del gobierno de Nicolás Maduro.
En materia laboral, las restricciones a la libertad sindical han sido permanentes desde el primer gobierno de Hugo Chávez, tal como lo estableció la Comisión de Encuesta nombrada por la Organización Internacional del Trabajo en su informe publicado en 2019.
Solo durante los últimos 10 años han sido detenidos 108 sindicalistas y 3.542 han sido víctimas de amenazas. Es de resaltar que durante 2022 se retomaron los espacios de diálogo tripartito con apoyo de la OIT y en cumplimiento de las recomendaciones de dicha Comisión de Encuesta; sin embargo, no se han logrado avances en la fijación concertada del salario mínimo y tampoco ha cesado la criminalización de las actividades sindicales.
El pasado 11 de junio se registró un caso adicional en este patrón de persecución. En la planta de pellas de SIDOR en Ciudad Guayana, donde los trabajadores habían pasado varios días en huelga exigiendo el cumplimiento de los beneficios establecidos en la convención colectiva, fueron detenidos arbitrariamente los dirigentes sindicales Leonardo Azocar, Daniel Romero y Juan Cabrera.
Este último fue liberado esa misma noche, mientras que Azocar y Romero fueron trasladados a Caracas. Luego de esta detención, el 13 de junio se dictó una medida cautelar innominada contra 22 trabajadores de SIDOR en respuesta al amparo constitucional solicitado por la Corporación Venezolana de Guayana.
La medida prohíbe la obstaculización de operaciones, el acceso a la planta paralizada y promover “discursos de odio”, lo cual constituye una violación del derecho a huelga. Esa misma noche, luego de una intervención de Guardia Nacional Bolivariana se reanudaron las operaciones de la planta y, de acuerdo con las denuncias de trabajadores, se desconocía el paradero de los 14 trabajadores que fueron desalojados por las fuerzas de seguridad.
El grave desenlace de este conflicto laboral en el estado Bolívar forma parte de un patrón establecido: las autoridades desconocen el derecho de los dirigentes sindicales a defender los derechos de los trabajadores.
En el marco de una ralentización de la economía y de la pérdida del poder adquisitivo de la población venezolana ante la congelación del salario mínimo en un contexto inflacionario, es previsible que el 2023 sea un año de alta movilización sindical. Adicionalmente, ante la cercanía de las próximas elecciones presidenciales, es de esperar un aumento general de las políticas represivas.
Llamamos a los distintos mecanismos internacionales a mantener seguimiento sobre la persecución de los líderes sindicales y a hacer público su rechazo a las múltiples violaciones a la libertad sindical y a la ausencia de diálogo social para hacer frente a la grave situación económica y social del país.
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