A medida que el Estado venezolano presenta más documentos e informes para frenar el proceso ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional logra el objetivo contrario, por lo menos esto es lo que resulta evidente del informe de 22 páginas que el fiscal Karim Khan presentó el pasado 30 de marzo a la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado internacional y en el cual respondió a las «observaciones» que las autoridades venezolanas consignaron respecto a su actuación en los siguientes términos:
«Las alegaciones del gobierno de Venezuela de que “no se cometieron crímenes de lesa humanidad , ni siquiera superficialmente” y que “no se cumple el criterio de gravedad” porque “solo se registraron incidentes individuales y aislados de abuso policial” respaldan la conclusión de que las autoridades de hecho no están investigando ni enjuiciando los presuntos delitos».
Además, puntualizó: «Los patrones y políticas que subrayan los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad no están siendo investigados, los procesos internos se concentran exclusivamente en miembros de bajo rango de las fuerzas de seguridad del Estado (aparentemente autores materiales o directos), y una parte sustancial de la criminalidad relevante no está siendo investigada en absoluto».
El Estatuto de Roma deja claro que las investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos no deben limitarse a los autores materiales, sino incluir las presuntas responsabilidades en las que han incurrido altos mandos y superiores jerárquicos. Por último, si lo anterior no fuese suficiente, Khan denunció que los datos aportados por las autoridades venezolanas no ofrecen información contrastable y verificable.
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