La operatividad de bandas de civiles armados fue puesta a prueba durante el ciclo de manifestaciones contra el gobierno que inició el 12 de febrero de 2014. Los “colectivos” reprimieron a ciudadanos que participaban en manifestaciones contra el gobierno y atacaron urbanismos como método de intimidación. La actuación de de estos grupos es auspiciada y promovida por el partido de gobierno, que provee logística y ha creado toda una red de clientelismo entre los favorecidos de programas sociales para que se sumen a la “defensa de la revolución”
Especial para PROVEA desde Barquisimeto
Barquisimeto. La operatividad de grupos paramilitares, según testimonios patrocinados por el partido de gobierno, fue puesta a prueba en Lara de manera amplia durante el ciclo de manifestaciones que en 2014 reclamaba la salida del presidente Nicolás Maduro del poder. De esta manera ensayaron acciones de despliegue y ataque contra civiles para contener una eventual rebelión popular, prácticas que han sido luego perfeccionadas, consolidadas y puestas en funcionamiento de manera extensiva durante 2017.
Los también llamados “colectivos” fueron habilitados con toda su logística, para ejecutar labores de represión violenta contra ciudadanos que participaban en las protestas contra el gobierno. Destacaron también en 2014 los ataques e incursiones a urbanismos como método de intimidación y coacción contra expresiones populares y el ejercicio legítimo del derecho a la protesta, según ha sido documentado por organizaciones que defienden derechos humanos en el país.
Como hipótesis afirmamos que estas acciones pudieron también servir como preparativos para las llamadas Operación Liberación del Pueblo (OLP) ejecutadas en años siguientes por organismos de seguridad, en barriadas y zonas urbanas, en las que se practicaron detenciones masivas a ciudadanos y se cometieron graves violaciones a derechos humanos. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ha sido denunciado como proveedor de logística, creando una red de clientelismo para que ciudadanos se sumen a la “defensa de la revolución”.
“El gobierno siempre ha coordinado a esos grupos a través del Frente Francisco de Miranda, que además goza de financiamiento en el presupuesto de la Nación”, asegura Freddy Pérez, dirigente político y presidente del Consejo Legislativo de Palavecino. Durante años Pérez ha responsabilizado al exgobernador Luis Reyes Reyes y a su hijo Luis Jonás como los líderes de estos grupos al servicio del oficialismo.
Pérez, docente universitario en la UPEL de Barquisimeto actualmente en situación de retiro, afirma que las agrupaciones estudiantiles en esa institución, también llamadas “colectivos” y vinculadas a actividades delictivas, también recibieron autobuses por parte de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), y que estas agrupaciones servían de manera inequívoca a los Reyes.
No es esta la primera vez que se señala a Reyes de controlar grupos irregulares y de ser el responsable de violaciones a derechos humanos. Durante su gestión como gobernador del estado, Lara protagonizó la agenda de las organizaciones de derechos humanos, tanto por el número de denuncias de ejecuciones y desapariciones forzadas como por la presencia de grupos de exterminio y bandas criminales.
Lejos de ser procesado, Reyes Reyes fue nombrado por el nivel central como presidente de Corpolara, una casi gobernación paralela con presupuesto propio que controla proyectos de Misiones y decide su adjudicación a beneficiarios. En pleno estallido de los conflictos de 2014, el 15 de febrero, Reyes fue además designado Ministro de la Región de Defensa Integral, (Redi Occidente). “La función de Reyes, está directamente relacionada como jefe de gobierno de esta región, por lo que debe estar en la calle, con las comunidades, para hacer un gobierno de calle, para garantizar que todos los planes y proyectos se cumplan con eficiencia”, aclaró Maduro en un acto público.
El estado Lara fue la tercera entidad con el mayor número de agresiones reportadas en el país cuando se desbordaron las protestas ante el reñido resultado de las elecciones presidenciales de 2013, según detalló PROVEA en su informe Venezuela 2014 Protestas y Derechos Humanos. Sin duda, el resultado electoral fue el detonante de una conflictividad social que venía expresándose con un promedio de nueve protestas diarias al menos durante el primer semestre de 2013, según datos del Observatorio Venezolano Conflictividad Social (OVCS), la mayoría de ellas en demanda de derechos laborales, vivienda y derechos políticos.
Así, desde el inicio de 2014, a las protestas del año anterior se sumaron los reclamos ciudadanos que, en ejercicio de sus derechos políticos, demandaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) transparencia en los cómputos de las elecciones presidenciales.Estudiantes de las universidades públicas y privadas asumieron, en simultáneo con los llamados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la protesta contra un supuesto fraude electoral.
En el estado Lara el movimiento estudiantil se mantuvo en la vanguardia con marchas, “plantones”, acampadas y cierres de vías, que resultaron en la respuesta del Estado, con el despliegue de contingentes de la GN que, junto a grupos de motorizados y civiles armados, protagonizaron una escalada represiva que dejó a cientos de ciudadanos detenidos y sometidos a juicios penales, cientos de heridos y ataques incendiarios contra universidades y sedes de partidos políticos de ambas toldas, y el asedio sostenido a urbanizaciones del este y oeste del municipio Iribarren, y del municipio Palavecino.
Paramilitares y Guardia Nacional hacen alianza para reprimir
En el contexto de una intensa jornada de protestas continuas sucedidas entre el 12 de febrero y el 24 de julio de 2014, fue incendiada la sede la Universidad Fermín Toro (UFT), y atacadas las edificaciones de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) —núcleos Obelisco y Carora— y de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO), además de una dependencia de la CANTV en la avenida Venezuela, y de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y un módulo de la Misión Barrio Adentro ubicado en el sur de Barquisimeto.
Estos hechos fueron ampliamente documentados en los informes de organizaciones de que defienden DDHH en Venezuela como Informe ante el Comité Contra la Tortura, 53° período de sesiones, de COFAVIC; el Informe Anual 2014, de PROVEA; y el informe 2014 el año de la represión como política de Estado en Venezuela, de FUNPAZ. Todos extensamente respaldados con testimonios de las víctimas.
En todos estos informes, así como en informaciones captadas en cámaras de seguridad de residencias e instituciones vandalizadas y luego difundidas en medios de comunicación y, se mostró la presencia de civiles armados actuando conjuntamente con la GN y la PNB en operativos de represión y asalto a urbanismos y a las diversas manifestaciones de protesta.
En los casos de los ataques a las sedes de la UCLA y UNEXPO, ocurridos en marzo de 2014, estudiantes del Decanato de Ciencias e Informática fueron reprimidos por la GN y posteriormente atacados por grupos de civiles armados, que causaron heridas de perdigones a 50 personas y de balas a otras dos. Varios vehículos que se encontraban en el estacionamiento de la UCLA fueron incendiados.
Versiones de testigos apuntaron que cerca de la 1:30 pm la GN disparó perdigones y bombas lacrimógenas al interior de la universidad, media hora más tarde grupos de civiles armados llegaron disparando a los estudiantes, derribaron una pared y atacaron las instalaciones. La mayoría de los estudiantes logró escapar, mientras que otros se resguardaron dentro de oficinas administrativas. A las 5:30 pm se produjo un intenso tiroteo hacia personas, instalaciones y vehículos, los grupos armados causaron destrozos la biblioteca del decanato, seis aulas de dos edificios distintos, y al menos 13 vehículos que estaban estacionados en la escuela, según testimonios recogidos por el diario La Prensa de Lara.
En torno a estos hechos el Rector de la UCLA, Francesco Leone, declaró que sujetos desconocidos irrumpieron en la manifestación disparando armas de fuego, sin ninguna acción por parte de los funcionarios para proteger a los estudiantes. El gobernador Henri Falcón responsabilizó por los ataques al jefe del REDI Occidente, Luis Reyes Reyes. En un mensaje difundido en su cuenta en Twitter, escribió:
Responsabilizamos al ministro Luis Reyes Reyes x la actuación d los grupos encapuchados y armados q operan en Lara, con el aval d GNB y PNB!
— Henri Falcón (@HenriFalconLara) March 11, 2014
A las acciones encabezadas por el movimiento estudiantil, se multiplicaron nuevos escenarios de protesta de amplios sectores de la ciudadanía que ya no solo acudía a las marchas convocadas por el sector opositor, si no que ahora trasladaba la protesta hasta sus propias zonas residenciales donde los vecinos se organizaron para alzar barricadas.
El movimiento estudiantil dio inicio al ciclo de protestas, pero luego lograron convocar a otros sectores de la sociedad. Las declaraciones de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, dadas el 28 de febrero de 2014, confirman este dato, al brindar el parte de los detenidos en el marco de las protestas: “Solo 35% de los privados de libertad son estudiantes, mientras que el 65% son ciudadanos comunes (…) con esto dejamos claro que no es cierto que estas acciones sean ejecutadas solo por estudiantes”.
Barricadas en urbanismos y la guerra declarada a la “guarimba”
El despliegue de barricadas en zonas residenciales del este y oeste de Barquisimeto y en las urbanizaciones del municipio Palavecino, instaladas en la entrada de residencias privadas y edificios, provocó una brutal arremetida de la GN que, en coordinación con tropas de civiles motorizados, causaron incalculables destrozos y pérdidas materiales por daños ocasionados a vehículos, estacionamientos, cercas perimetrales, servicios de seguridad y casetas de vigilancia.
Las barricadas cumplieron un doble propósito; de un lado, mantener la protesta de calle y del otro, impedir el acceso de los uniformados y colectivos paramilitares que actuaban en las zonas de conflicto. El testimonio de una vecina de las Residencias Club Hípico las Trinitarias, al este de Barquisimeto, da cuenta del miedo al que estaban sometidos los residentes.
“Los colectivos de Tierra Negra, El Ujano y El Cercado nos tienen declarada la guerra, no recibimos protección de la Guardia Nacional ni de la Policía. Por lo tanto, somos los mismos vecinos quienes tenemos que organizarnos para cuidarnos. Sabemos que existe la orden de retirar las barricadas. Que las quiten, pero igual las vamos a volver a armar. Ya no se trata sólo de protestar, sino de defendernos. No confiamos en la fuerza pública”, declaró a la organización Funpaz.
Esta desconfianza e indefensión se materializa también en organismos de seguridad descentralizados, como la Policía de Lara, que pocas veces pudo socorrer a vecinos de los ataques de grupos armados. La Policía de Lara no ha practicado hasta ahora detenciones de ninguna persona vinculada a los “colectivos” pese a que hay suficiente evidencia gráfica en los medios impresos locales de las instalaciones que estos grupos utilizan como base.
Edilberto León, actual director de seguridad y orden público de la gobernación del estado, explicó para este trabajo: “Todo el mundo ha visto a los motorizados armados actuando junto a la GN. Hay imágenes que circularon en las redes de civiles portando armas largas disparando a los edificios del Centro Metropolitano Javier, en la avenida Pedro León Torres y en la Libertador. Algunos han sido identificados como militantes del PSUV. Ante estos hechos nosotros nos vemos de manos atadas, hacemos la denuncia y hasta ahí llegamos, no podemos hacer detenciones, ellos aparecen conjuntamente con la GN. Se puede hacer el acta policial y se remite a la Fiscalía, hasta ahí llega nuestra labor, es la Fiscalía la que decide que se va a hacer, si Fiscalía nos deja al margen de la investigación no podemos hacer nada”.
El ataque de uniformados y de civiles armados no fue suficiente para acabar con las barricadas, por el contrario estas se multiplicaron exhibiendo dotes arquitectónicos inverosímiles para garantizar su permanencia. Por ello el sector oficial desarrolló una abrumadora campaña de rechazo y satanización, calificando a este tipo de acción con el remoquete de “guarimbas” y a quienes las respaldaban se les llamó “guarimberos terroristas”, así éstos se convirtieron en el nuevo enemigo al que había que someter a sangre y fuego.
De esta campaña de satanización de las barricadas hicieron eco organizaciones y personajes del quehacer político, tanto del oficialismo como de la llamada izquierda, “chavismo crítico”, y de la oposición, entre ellos Henri Falcón, gobernador de la entidad. La mayoría coincidió en que la “guarimba” debía ser desmontada a “cualquier costo”. Un ejemplo ilustrativo de este propósito se suscitó en la urbanización Los Bucares, del sector La Mora, municipio Palavecino, donde funcionarios militares recurrieron a vecinos identificados con el partido oficial que actuaron como informantes o cooperantes de los cuerpos policiales para capturar a los “guarimberos”.
Con el mismo propósito establecieron vínculos con grupos delictivos de la zona que, en una asamblea de ciudadanos, anunciaron el control de las adyacencias de la urbanización para garantizar el libre tránsito. En este caso los vecinos de La Mora fueron desplazados cuando se desdibujó la línea que separaba una protesta ciudadana de actos delictivos.
A la operación contra las “guarimbas”, y como era de esperarse, también se sumaron civiles armados que, avalados por instancias estatales, en supuestas labores de limpieza de escombros y despeje de vías, en coordinación con delincuentes locales, se dedicaron a aterrorizar a los vecinos.
En medio de esas acciones de limpieza de escombros, el 20 de febrero, Arthur Alexis Martínez, de 58 años, cayó asesinado de un disparo en el pecho mientras desmontaba una barricada en el sector El Ujano, al este de Barquisimeto. La víctima era hermano de Francisco Martínez, diputado por el PSUV-Lara a la Asamblea Nacional. El presidente Nicolás Maduro mencionó el caso en cadena nacional: “En Barquisimeto hace una hora, un trabajador, Arturo Alexis Martínez se encontraba limpiando escombros (…) y fue asesinado de unos balazos de unos edificios por uno de estos grupos”.
Por este asesinato, y en términos más radicales, el “Movimiento Popular Revolucionario del estado Lara” publicó un comunicado en el que culpó al gobernador Falcón y a los alcaldes Barreras y Ramos como los artífices de las “guarimbas”, y la “violencia fascista” como parte de un plan desestabilizador, marcando el asesinato de Martínez como “parte de los ataques selectivos contra los dirigentes revolucionarios”.
En dicho comunicado, firmado por 61 organizaciones —entre las que se cuentan partidos políticos como REDES y la Juventud Comunista de Venezuela, Movimiento de Pobladores, 9 Colectivos, 7 Comunas, 4 radios y televisoras comunitarias, Círculos Bolivarianos del estado Lara, entre otros-, en sintonía con la política oficial de criminalización de la disidencia y de la protesta, se lee: “Los guarimberos asedian, disparan, asesinan y generan ataques contra el pueblo”.
También pidieron cárcel para la dirigencia de la MUD: “que junto a otros fascistas deben pagar con cárcel por los daños causadas a nuestra patria”. Y sentenciaban al cierre: “el golpismo lo derrotaremos y el legado del comandante Chávez será defendido por el pueblo en el terreno que sea”.
En el comunicado se exigía públicamente la intervención de la Policía de Lara, el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a María Corina Machado, Henrique Capriles y Daniel Ceballos, la apertura de juicios a los alcaldes José Barreras (Palavecino) y Alfredo Ramos (Iribarren) ambos “por ser cómplices de la desestabilización y los ataques contra el pueblo”. Todas estas acciones se materializaron en los años posteriores, demostrando que ya en 2014 el gobierno urdía su estrategia para criminalizar y atacar, por diversas vías, a la disidencia y que el llamado Movimiento Popular Revolucionario fue punta de lanza para su ejecución.
Otra evidencia de la uniformidad de propósitos, entre la dirección política oficial y los grupos encargados de generar matrices de opinión y emprender acciones de facto orientadas contra la disidencia, pudo apreciarse desde el inicio de las protestas en Lara. La presencia de “colectivos” de motorizados armados y de encapuchados a bordo de autos blancos de la Misión Transporte, camionetas oficiales y autobuses de universidades públicas como la UPEL y IUETAEB, fue reiteradamente denunciada por los larenses que resistieron pese a encontrarse en medio del ataque de grupos paramilitares y uniformados armados cuando ya era oficial la coordinación y actuación conjunta de funcionarios y civiles que asumieron el desmantelamiento de las barricadas, no obstante estas persistieron en la entidad como focos dispersos de resistencia hasta junio de 2014.
Militares son señalados de actuar en complicidad con ‘colectivos’
El domingo 24 de febrero, una comisión de la policía estatal acudió al llamado de los vecinos que denunciaron la presencia de grupos armados en Cabudare. Durante un recorrido por la avenida La Mata, cerca de las 11:00 pm, la comisión policial avistó a una tropa conformada por unos 30 motorizados que se desplazaba junto a tres camionetas blancas, sin identificación y con seis funcionarios a bordo de cada una. Al ser interceptados por los funcionarios de la policía estatal, parte del grupo de motorizados se fugó. Un ciudadano que se identificó como capitán de la GN aseguró que estas personas estaban bajo su mando.
El secretario general de gobierno, Teodoro Campos, informó que el exconcejal y dirigente regional del PSUV, Gabriel Guerrero, se encontraba en uno de los vehículos interceptados en la avenida La Mata de Cabudare, al tiempo que reportó la presencia de un oficial de la GN, un capitán de la Aviación, y un comisario de la PNB, todos identificados por Campos, a quienes vinculó con los grupos armados que actuaron contra los manifestantes.
En rueda de prensa el 25 de febrero de 2014, Campos exigió públicamente al entonces ministro de Interior Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, y a la exministra de la Defensa, Carmen Meléndez, que regresara a los funcionarios vinculados con grupos armados a sus respectivos comandos y que salieran de la entidad larense.
A esta denuncia salió al paso el general César Figueira, jefe de la 14va Brigada de Infantería Mecanizada, quien reveló al diario La Prensa de Lara que se trataba de un equipo de la GN en “labores de inteligencia”, con el propósito de detectar y revisar las casas donde presuntamente escondían materiales incendiarios para ser usados en las protestas.
Explicó que, en virtud de la labor que desempeñan, los funcionarios andaban vestidos de civil y que todos portaban sus armas de reglamento. Figueira aprovechó para anunciar que mantendrían en el municipio Palavecino a 300 funcionarios con vehículos y equipos antimotín. Al referirse a las denuncias del uso de vehículos oficiales por parte de colectivos, el general Figueira aclaró que son personas que ayudan a la recolección de basura, acompañados por funcionarios de la Guardia. “Pertenecen a colectivos pacíficos. Es la unión de la Fuerza Armada con el pueblo”.
Vehículos, recursos y motos a disposición de paramilitares
Esa misma semana, el 28 de febrero, colectivos como “Juventud en dos ruedas” y “Comando Antigolpe Defensores de la Patria” se reunieron en el monumento El Obelisco para coordinar estrategias de limpieza. Bajo el lema “Colectivos toman la calle” informaron que habían salido diariamente a recoger escombros y apagar el fuego que generan las protestas, para lo cual disponían de extintores, palas, bolsas y escobas.
“Tratamos de restablecer el orden como gente de paz, sin agresiones ni ofensas, solo limpiando la ciudad de la basura que dejan las protestas”, aseguró Virgilio Reinoso, director del llamado Comando Antigolpe. En ese mismo acto fueron censados por la Confederación Bolivariana de Transporte 200 motorizados, quienes fueron dotados con cascos y chalecos.
Apenas el 14 de febrero el gobierno había anunciado la aplicación de un “plan de desarme”, mientras que en las regiones se hacía evidente el grado de coordinación estatal entre instancias policiales, militares, políticas y gremiales —específicamente las vinculadas a la Confederación Bolivariana de Transporte— en el empleo de civiles y grupos armados en funciones de inteligencia, combate a manifestaciones y restablecimiento del orden público. Además, existen pruebas documentales que muestran cómo estos grupos paramilitares fueron trasladados en camionetas oficiales rotuladas con el logotipo de Pdvsa Gas, autobuses del Sistema de Transporte Masivo de Barquisimeto (Transbarca) y autos blancos marca Cherys Orinoco de la Misión Transporte.
El alistamiento de civiles armados afines al sector oficial en labores que antes fueron exclusivas de las fuerzas policiales ha sido una efectiva estrategia del Estado para convertir la protesta pacífica en escenarios de confrontación violenta que justifiquen y avalen métodos de represión y coerción, como la criminalización y judicialización de la protesta. Una realidad que da cuenta de la determinación de la mayoría de la población a continuar en las calles, generando diversas vías de auto convocatoria para el ejercicio de sus derechos fundamentales.
El caso del ataque a CANTV
La noche del martes 18 de febrero autoridades del Cuerpo de Bomberos de Iribarren reportaron el incendio de cinco vehículos en la sede de la estatal telefónica, ubicada en la avenida Venezuela con calle 10 de Barquisimeto, donde un grupo de encapuchados ingresó al estacionamiento de la empresa rociando gasolina y prendiendo fuego a los vehículos oficiales. Este hecho dio inicio a una escalada represiva contra las manifestaciones que de manera sostenida se suscitaron en diversas zonas de la entidad larense, a la vez que marcó pauta en lo referente a detenciones masivas y la utilización de instalaciones militares como sitio de reclusión de manifestantes.
Todo comenzó más temprano, a cinco cuadras de la CANTV, una protesta ciudadana fue brutalmente reprimida por la Guardia Nacional. Karelys Heredia, dirigente juvenil del partido Acción Democrática, recuerda que ese día se realizó una multitudinaria concentración en la avenida Venezuela que intentaba llegar a la sede del CNE, ubicada a la altura de la avenida Morán; allí fueron recibidos con bombas lacrimógenas y perdigones por parte de un contingente de la GN que se había apostado en el sitio con tanquetas para impedir la llegada de los manifestantes.
Heredia, al igual que la multitud, corrió a refugiarse en la entrada de un establecimiento cercano, desde allí pudo ver a una mujer de rodillas apuntada por un militar, otro funcionario que se había percatado de su presencia le disparó a unos cinco o seis metros de distancia. Heredia fue auxiliada por colegas que la llevaron al Hospital Central Antonio María Pineda: “En la emergencia había muchísimos heridos, en el ojo, los brazos, el rostro. A mí me extrajeron dos perdigones de la pierna y me hicieron una cirugía porque tenía dos metras de plomo en un seno, esto me ocasionó daño permanente en las glándulas mamarias”.
La dirigente de AD cuenta que por su compromiso militante siempre asiste a las manifestaciones, lo cual le confiere una visión progresiva sobre procesos asociados a la protesta. “Yo creo que los colectivos se reforzaron en el 2014”, afirma y puntualiza que aquel día los “colectivos” motorizados hacían rondas alrededor de los manifestantes para amedrentarlos. “Nuestra protesta era pacífica y ante el ataque lo que hicimos fue resguardarnos, de hecho nunca pudimos llegar al CNE”, relata.
La represión desmedida de la GN a la protesta del 18 de febrero culminó con la detención masiva de 47 ciudadanos, la mayoría de ellos estudiantes, que fueron recluidos en instalaciones militares como la sede de 14 Brigada Blindada y el Destacamento de Seguridad Urbana (DESUR), según testimonios recogidos por FUNPAZ que fueron luego editados en un libro titulado Perdigones en la cédula, que recoge las historias de las víctimas de tratos crueles e inhumanos.
Al día siguiente, en una alocución transmitida en cadena nacional, el presidente Maduro se refirió al ataque a la CANTV como una acción de “grupos fascistas de ultraderecha” en el marco de un “golpe de estado continuado”. Por este caso fueron detenidos tres estudiantes que permanecieron privados de libertad durante 45 días en la Brigada de Policía Militar en el Fuerte Terepaima de Barquisimeto. Después de este período, a los acusados les fueron otorgadas medidas cautelares con régimen de presentación cada 30 días.
Al conocerse sobre la detención y durante el tiempo que los estudiantes permanecieron privados de libertad, diversas organizaciones estudiantiles y gremiales rechazaron la versión oficial y promovieron diversas actividades de denuncia pública para defender la inocencia de los estudiantes, la cual quedó demostrada un año después, cuando el Ministerio Público al no encontrar elementos incriminatorios, solicitó el sobreseimiento de la causa y el tribunal dictó la libertad plena de los tres acusados en el juicio por los hechos ocurridos en la CANTV.
