ACERCA DEL AUTOR:
Rafael Uzcategui
Sociólogo y editor independiente. Actualmente es Coordinador General de Provea.
Por primera vez en muchos años el Ministerio de Vivienda y Hábitat publica un informe donde no solo divulga algunos datos sobre sus políticas en el sector, sino que explica la filosofía y arquitectura de lo que es un principal esfuerzo en el sector. En un gobierno acostumbrado a la opacidad, esta vocación informativa no es gratuita: El funcionariado se prepara para lo que será la visita al país de Balakrishnan Rajagopal, relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada. Su llegada formaría parte de los acuerdos de trabajo de Miraflores con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Precisamente el área donde es evidente la imposición de un modelo político, social y económico a espaldas de lo que está establecido en nuestra Constitución es en las políticas públicas en vivienda. Desde el año 2011 el conjunto de esfuerzos en materia de vivienda y hábitat se concentran en la llamada Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). Los instrumentos rectores de la GMVV son La Nueva Agenda Urbana (Hábitat III – ONU) y la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los que todos en esta sala estamos absolutamente de acuerdo. Pero el resto de los lineamientos, diseñados dentro del país, construyen la arquitectura que hace posible que la GMVV no sea una política pública para la satisfacción del derecho según los estándares internacionales, sino una estrategia para el control y la discriminación política de la población.
El Plan de la Patria 2019-2025 comienza con las siguientes palabras: “Este no es un plan de gestión. Esta es la hoja de ruta para liberar a un pueblo y para construir el socialismo”. Más adelante describe a las políticas de vivienda como un frente de batalla para la creación de las “ciudades socialistas”. Un segundo instrumento normativo, El Plan Sectorial de Hábitat y Vivienda, tiene como subtítulo “El derecho a la ciudad socialista”, describiéndose como “No es un plan de gestión para una institución, es la construcción colectiva del programa de lucha por el derecho a la vivienda en el socialismo bolivariano, indigenista, feminista, afrodescendiente y antiimperialista”. Actualmente, se encuentra en discusión el proyecto de Ley de Ciudades Comunales, que cambiaría la división político territorial del país, como se encuentra establecida en el artículo 16 de la Constitución, imponiendo el proyecto de Hugo Chávez sobre la creación de un Estado Comunal. El más reciente informe oficial sobre la GMVV afirma que su funcionamiento se inscribe en una “Nueva etapa de transformación socialista” (NETS).
Entonces tenemos una falla estructural de inicio: Una política de Estado que entiende el acceso a la vivienda desde una visión discriminatoria. El problema no es lo que uno piense sobre la ideología socialista, sino que la actual política de vivienda y hábitat promovida en Venezuela, más motivada por principios ideológicos que por criterios técnicos y estándares de derecho, excluye al sector de la población que no se identifica políticamente con esa propuesta.
El uso de la vivienda como un mecanismo de control, ante los crecientes niveles de impunidad en el país, cada vez se disimula menos. El reciente informe sobre la GMVV establece como un objetivo de la NETS “garantizar la presencia de un vocero de vivienda en la estructura de gestión estratégica 1×10”. El 1X10 es el método mediante el cual el gobierno obliga a una persona inscrita en el PSUV a garantizar 10 votos en los procesos electorales. La manera en que el gobierno obliga a los posibles beneficiarios a organizarse es bajo la figura de “Asamblea de Viviendo Venezolanos” (AVV), y según las cifras oficiales existen 1502 en todo el país, conformadas por 172.000 familias, lo que nos daría un promedio de 114,2 familias por AVV.
En un documento oficial titulado “Proceso de conformación de una Asamblea de Viviendo Venezolano”, elaborado por el Viceministerio de Redes Populares en Vivienda, que depende el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, expresa literalmente. Cito: “Las incidencias son el conjunto de resultados arrojados por el Sistema de Gestión de Vivienda y Hábitat, por lo cual se descarta la posibilidad de alguna persona de ser beneficiario de la Gran Misión Vivienda Venezuela”. Dos de las incidencias son las siguientes, cito: “Desacuerdo con las políticas sociales del presidente Higo Chávez (F1): Significa que la persona en años anteriores expresó mediante el sufragio estar en desacuerdo con los programas sociales planteados por el presidente Hugo Chávez, entre los cuales se encuentra la Gran Misión Vivienda Venezuela”. La segunda incidencia, es similar, cito: “Desacuerdo con las políticas sociales del presidente Nicolás Maduro Moros (F2): Significa que la persona en anteriores oportunidades expresó mediante el sufragio estar en desacuerdo con los programas sociales planteados por el presidente Nicolás Maduro Moros, entre los cuales se encuentra la Gran Misión Vivienda Venezuela”.
Para que las personas puedan optar por una vivienda deben tener el llamado “Carnet de la patria”, un documento de identificación, y pertenecer a una AVV. Las AVV deben cumplir un denominado “plan de formación para el buen vivir”, con 5 áreas de formación. La primera de ellas es la “política e ideológica” con 5 módulos: Bases fundamentales del socialismo; Socialismo versus capitalismo; Revolución bolivariana del siglo XXI, Guerra de Cuarta generación y Guerra Económica. La política pública en vivienda en Venezuela también es un dispositivo de disciplinamiento ideológico.
Un segundo conjunto de problemas estructurales tiene que ver con la imposibilidad de realizar una contraloría institucional o ciudadana, debido a la ausencia de estadísticas trasparentes y confiables y por la difusión de resultados irreales de la acción de gobierno. El Plan de la Patria expresa literalmente que las cifras sociales son trofeos de guerra, mientras que el último informe de la GMVV describe a las políticas públicas en vivienda y hábitat como la “gesta constructiva”. Si son una “épica” entendida dentro de una lógica de guerra, cualquier actuación en el sector será divulgada en clave de propaganda, no de información verificable. El último censo nacional se realizó en el año 2010. La Memoria y Cuenta anual del Ministerio de Vivienda y Hábitat dejó de publicarse desde el año 2016. Desde hace años no hay acceso a la Ley de Presupuesto. El último y único informe sobre la GMVV, publicado recientemente, no tiene mayores estadísticas desagregadas, a pesar de que es un documento de 400 páginas. Quienes investigamos el derecho a la vivienda en Venezuela estamos hambrientos de algún dato.
A pesar de ser un país en una profunda crisis económica, con escasez de materiales de construcción y un alto desempleo en el sector, el gobierno asegura que cada año construye medio millón de viviendas nuevas. Y como no hay entrega de viviendas que no sea acompañada de un acto de propaganda, Provea realiza un permanente monitoreo de los medios estatales para contabilizar las viviendas entregadas en cada uno de estos actos. Esto nos da una cifra de viviendas entregadas que está muy por debajo de lo anunciado de manera oficial. En el año 2021 -aún no hemos sumado las del 2022- Provea contabilizó 4.182 viviendas entregadas. Entre los años 2014 al 2021 las autoridades afirmaron que habían entregado 3.406.257 viviendas, mientras que en la base de datos llevada por Provea aparecen 127.734 viviendas. No hay subregistro que explique esta diferencia.
Hay otras situaciones que por razones de espacio solo podemos enunciar. Uno es que los beneficiarios de las casas de la GMVV no reciben un título de propiedad que los proteja contra un desalojo forzoso, una de las garantías de la seguridad jurídica de una vivienda digna; Existe un profundo deterioro en la prestación de servicios básicos como agua, electricidad y gas doméstico a las viviendas, como consecuencias de la desprofesionalización del sector, la corrupción en la gestión de los recursos públicos y el impacto de las sanciones financieras contra el país. Por esta razón las viviendas de los venezolanos no eran seguras para cumplir las medidas sanitarias de restricción durante la pandemia del COVID-19, por lo que nunca entendimos por qué ONU-Hábitat excluyó a Venezuela de su “Plan de Respuesta al COVID-19” que benefició a 64 países del mundo; No existe un plan de mitigación de los efectos del Cambio Climático, que entre otras cosas no ha reubicado a las 800 000 familias que según el censo del 2011 vivían en terrenos de alto riesgo, por lo que en cada temporada de lluvias debemos lamentar personas fallecidas y damnificadas; y finalmente, el poder adquisitivo actual de los venezolanos les imposibilita el acceso al mercado secundario o de alquiler de viviendas.
¿Validará Rajagopal las afirmaciones espectaculares de las autoridades sobre sus supuestos resultados en el sector? ¿Se conformará con los testimonios de los habitantes de los complejos habitacionales cuidadosamente entrenados -y aquí cabe perfectamente el verbo militarizado- para su llegada? Esperamos que su amplia experticia le permita separar el grano de la paja.
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Rafael Uzcategui
Sociólogo y editor independiente. Actualmente es Coordinador General de Provea.
