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Gioconda Espina
A fin del año pasado recibí un libro de Espacio Público, organización que, entre otros asuntos conexos al que voy a mencionar, se dedica a medir la situación de la libertad de expresión en Venezuela. El coordinador fue Carlos Correa (2022) y el título Situación del derecho a la libertad de expresión e información.
De entrada, debo decir que el mayor mérito del libro a largo plazo será la cronología del año 2021, día a día, de las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela. Como dice Correa en la presentación, ésta “es también una muestra de rebeldía que procura expresarse a pesar de las consecuencias” (p.7).
Algunos datos sobre el año 2021 para ubicarnos en el balance que hace EP al abrir el libro:
1. El mes de mayores denuncias fue noviembre, antes de las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales el día 21.
2. La forma más común de coerción todo el año, al igual que años anteriores fueron: a. las intimidaciones a los y las periodistas y reporteras; b. las restricciones administrativas que concluyeron en cierre de 9 emisoras de radio, 1 medio digital y 1 medio impreso, con lo cual podemos sumar—desde 2004— 292 medios cerrados (p. 17).
3. Los entes encargados de estas coerciones fueron: las policías, la GN (la coerción directa) y Seniat y Conatel (coerción administrativa).
4. Las víctimas de la forma más común de coerción directa fueron mayoritariamente hombres, sólo el 39% fueron mujeres. Pero, aquí es donde quería llegar, en el caso de las mujeres la coerción no es sólo de los aparatos del Estado/gobierno porque no toleran una información, o interpretación de los hechos que se reportan, que adverse a sus intereses, sino que suele incluir un componente cultural, que es el del ataque personal por razones de sexo.
El artículo de Ricardo Rosales, “Violencia digital de género contra las mujeres” (p. 23 y ss), pone en evidencia esta violencia por razones de sexo, exponiendo los casos de tres mujeres acosadas digitalmente: Diana Liz Duque, bióloga conservacionista, que labora en la Reserva Forestal Caparo, del Estado Barinas; Gregoria Díaz, periodista del Estado Aragua; y Lorena Arraiz, periodista y activista del Estado Táchira.
Por defender a las guacamayas
El instigador al odio contra Diana Liz, a través de sus seguidores, fue Richard Linares, después de que ella denunciara que él tenía guacamayas en cautiverio, lo cual es ilegal. Que entre los haters hayan estado mujeres no es de extrañar, es algo que sabemos desde hace mucho: las mujeres compiten entre ellas tratando ser más favorecidas por el hombre que les interesa por alguna razón (padre, novio, esposo, líder, patrono, amigo) y usan los mismos modos que ellos. Así, una comedianta llamada Vanessa Senior, llegó a referirse a Diana Liz como “grandísima HDLGP”, exhortando a sus propios seguidores a que “vayan a la cuenta de Richard y lean… y A LA PERRA ESA le muestren lo que es meterse en una familia…»
Otras mujeres seguidoras de Linares (que al final se disculpó públicamente con Diana Liz) la llamaron puta, perra, estúpida, ridícula, mal cogida, loca, frustrada…cuerpo de yuca, bruta, gafa, Es decir, las calificaciones más universales para la mujer que se quiere destruir, todas referidas a la supuesta inferioridad mental, física y sexual de las mujeres.
Por informar de un “posible” primer caso de Covid 19
El acoso de Gregoria, corresponsal de Crónica Uno, comenzó con esta noticia, pero luego continuó, porque su acoso vino de la Gobernación de Aragua y la Alcaldía de Mariño. La campaña digital comenzó llamándola “palangrista” y “mentirosa”, pero luego los insultos y amenazas derivaron al terreno sexual: maldita perra desgraciada… sin dejar de sumarse el amedrentamiento: “agente de la derecha”, “cuídate del tun-tun” (visita nocturna de los cuerpos de seguridad). Cuando Crónica Uno se sumó a la denuncia, todos fueron acusados “de palangristas, terroristas, creadores de fake news y llorones de oficio que les pagan por mentir” (Ibíd.: 33).
Por reproducir el informe de un Banco
El acosador de Lorena se llama Newman Pérez y el acoso surgió cuando ella publicó la denuncia de Pérez –que se hizo en la plataforma del Bank of America– por alquilar cuentas de ese banco y de Wells Fargo (“si no la estás usando, sácale provecho alquilándomela a mí”… p. 37). La ira de NP lo llevó a amenazar al Diario La Nación si no sacaban la nota de Lorena y como no lo logró sacó un video por Youtube, con la imagen de Anonymus amenazando a Gregoria de muerte y publicando sus datos personales mezclados con mentiras como que “engañaba al esposo con el exgobernador Vielma Mora, quien le habría regalado un carro” (p. 38). De nuevo el elemento sexual.
La violencia digital contra las mujeres también ha sido una táctica contra las feministas que luchan por la despenalización de aborto o que atienden casos de violencia machista. En todo este asunto han trabajado recientemente, como lo registra Rosales, ONU Mujeres, la UNESCO y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, RELE.
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