ACERCA DEL AUTOR:
Carlos Patiño
Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea.
Carlos Patiño | Luego del lapidario Informe de Bachelet; Nicolás Maduro ha impedido que los oficiales de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas regresen al país, frustrando la posible apertura de una dependencia in situ que haga seguimiento a las continuas violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de facto.
Ello obliga a que el siguiente paso de la ONU sea la creación de una Comisión de Investigación sobre Venezuela. Durante el próximo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en septiembre, la Alta Comisionada deberá presentar un informe oral de actualización sobre la situación venezolana. En ese marco, los Estados miembros del Consejo tienen la posibilidad de adoptar, mediante su voto, una resolución que establezca tal mecanismo.
Dicha medida ha sido impulsada por Naciones Unidas con anterioridad con el fin de establecer la verdad y señalar responsabilidades ante graves violaciones de derechos. En el caso venezolano el foco estaría en las denuncias de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, incluidas, entre otras, las violaciones asociadas con torturas y trato inhumano, detención arbitraria, discriminación, violaciones a la libertad de expresión, violaciones del derecho a la vida y desapariciones forzadas, así como violaciones de los derechos a la salud y la alimentación.
La Comisión estaría facultada de recabar testimonios de víctimas y testigos, estableciendo patrones de violaciones de derechos humanos en Venezuela y contribuir en la consecución de la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas. Pero además, la investigación que resulte complementaría otras vías internacionales de justiciabilidad.
Como bien es sabido la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inició un Examen Preliminar sobre la situación en Venezuela que podría concluir en la apertura de una investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014, pudiendo considerar el carácter probatorio de la investigación realizada por la Comisión.
Asimismo, otros países podrían invocarla con el fin de juzgar casos de atrocidades cometidas en Venezuela aplicando el principio de jurisdicción universal. Eso, sin contar con el valor que tendría en un eventual proceso de justicia transicional, una vez finalizada esta prolongada pesadilla.
En definitiva, la sociedad civil debe elevar la presión ante la comunidad internacional para que promueva y respalde la urgente conformación de una decisiva Comisión de Investigación de la ONU para Venezuela. El momento es ahora.
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Carlos Patiño
Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea.
