ACERCA DEL AUTOR:
Rafael Uzcategui
Sociólogo y editor independiente. Actualmente es Coordinador General de Provea.
Rafael Uzcátegui |
El pasado 7 de agosto un grupo de activistas viajamos hasta Paraguaipoa, en el municipio Guajira del estado Zulia, para acompañar a José David González y su equipo a propósito de la conmemoración de los 19 años del Comité de Derechos Humanos de La Guajira. Durante casi dos décadas, esta iniciativa ha atendido a las comunidades wayuu, yukpa y añu de la región en sus denuncias sobre las vulneraciones a su dignidad, que aumentaron exponencialmente a partir del año 2010 con la creación del “Distrito Militar de La Guajira”. El Comité, incluso sorteando el racismo que ha permanecido incólume en tiempos bolivarianos, ha rechazado las campañas de criminalización que señalaban a los indígenas como responsables de la escasez y el contrabando hacia la frontera. Por esta labor, González fue reconocido con el premio de la Embajada de Canadá a los defensores de derechos humanos destacados de Venezuela.
Ante la imposibilidad del transporte público, por aire o tierra, nos desplazamos más de 900 kilómetros hasta la “tierra frente al mar”, según el significado wayuunaiki. Cuando se cruza el puente sobre el Río Limón pareciera que la civilización quedara atrás. Las llamadas “chirrincheras” son el único medio de transporte público, camionetas donde las personas se acomodan en todos los espacios posibles, incluyendo en techos y capós de los automóviles, desafiando leyes de gravedad y generando víctimas mortales y lesionados. Durante el trayecto fuimos testigos del cobro de vacunas por parte de los funcionarios en las alcabalas, multiplicadas ante la necesidad de aumentar las coimas en días de crisis económica.
Si en Maracaibo la falta de electricidad es noticia, en La Guajira la novedad es cuando llega la corriente. De las 48 horas que duró nuestra presencia en la zona, sólo tuvimos 6 horas con luz. El añadido es que junto al apagón desaparecen las señales de telefonía celular, por lo que la incomunicación es total.
Los pobladores se han amoldado a estas circunstancias, durmiendo en los portales de las viviendas, atajando las caricias de la agradable brisa nocturna. En 2011 Hugo Chávez inauguró un Parque Eólico que costó 255 millones de dólares que, según los vecinos, sólo funcionó las 3 horas que duró el acto. Hoy muestra los signos del desmantelamiento tolerado por los militares que custodian aquellos molinos de cemento. Como una triste metáfora de la parálisis que nos embarga se relata que, a sólo 32 kilómetros, pasando la frontera en Maicao, las zonas rurales cuentan con paneles solares que permiten dos y tres bombillas y recargar los celulares.
En Paraguaipoa usted no puede pagar nada con tarjeta o transferencia, pues todo se comercia en efectivo. Es la manera tradicional de no dejar rastros en un contexto donde para sobrevivir hay que nadar en la economía ilegal.
Por los testimonios que escuchamos, una y otra vez, La Guajira es un territorio controlado por los pranes del contrabando, cuya jefatura porta uniformes verdeoliva. Luego de salir de la emisora Fe y Alegría, a media mañana, mataron a dos adolescentes por sicariato. Según, hay una nueva jefa en la zona, que está limpiando el terreno a punta de plomo. El hecho no apareció en medio alguno”
En medio de estas particulares circunstancias, ¿Cuáles son las demandas de José David y su grupo? Las enlistamos: Reanudar la consulta de la Ley de Demarcación de Tierras; reactivar el diálogo entre las comunidades, los pueblos indígenas y las organizaciones estadales, regionales y municipales; generar propuestas de planes de acción para el gozo pleno de los servicios públicos; revisión y socialización de los acuerdos internacionales de Venezuela con los países en materia de hidrocarburos y de recursos naturales; reactivar la Comisión de Demarcación de Tierras; iniciar en conjunto las comunidades, los pueblos procesos de creación de protocolos de consulta y de demarcación de tierras; iniciar en conjunto las comunidades, los pueblos procesos de creación de protocolos de consulta previa, libre e informada; paralizar los proyectos mineros extractivos en zonas indígenas hasta que se presenten a los pueblos y comunidades indígenas las longitudes y los impactos ambientales; reactivar los planes de salud indígena en comunidades amenazadas por la malaria, el sarampión; implementar la Educación Intercultural Bilingüe propia de los pueblos indígenas; crear un espacio de formación permanente con la participación del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, junto con organizaciones y aliados para los funcionarios públicos y cuerpos de seguridad; y finalmente la apertura inmediata de la frontera.
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Rafael Uzcategui
Sociólogo y editor independiente. Actualmente es Coordinador General de Provea.
