Marino Alvarado | El 3 de noviembre de 2021 se recordará como un día histórico en el camino a la justicia ante los crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en el país. El Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció que cerraba el Examen Preliminar sobre la situación Venezuela, el cual se abrió en febrero de 2018. En consecuencia, da inicio a la fase de investigación. El anuncio lo realizó al difundirse una Carta de Entendimiento entre el gobierno de Maduro y la Fiscalía de la Corte.
El Examen Preliminar duró tres años y nueve meses. En ese lapso quedó plenamente establecida la grave situación de derechos humanos en el país, hasta el punto de haberse determinado que se cometieron crímenes de lesa humanidad. En diciembre de 2020, la Fiscalía a cargo de la ex fiscal Fatou Bensouda indicó que: «la información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad, de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”.
Durante ese lapso de Examen Preliminar muchas personas y organizaciones aportaron información a la Fiscalía. Un trabajo de hormiguita, silencioso, metódico, de documentación de casos, sistematización de datos, análisis del contexto de la impunidad existente y otras muchas informaciones. Además, la propia Fiscalía con su propio personal buscó y obtuvo información.
La valentía y persistencia de miles de víctimas para denunciar, para no callar el horror sufrido, fue fundamental para avanzar. La comunidad internacional y la CPI ha podido constatar el permanente abuso de poder en el país y los sufrimientos que causa en la población.
El Examen Preliminar permitió también mostrar que en Venezuela la impunidad es estructural. El trío Poder Judicial, Fiscalía y Defensoría están al servicio de la impunidad y mucho más, han sido instrumentos para perseguir la disidencia o tolerar y encubrir los abusos de las fuerzas policiales y militares. Así se pudo constatar que el denominado principio de complementariedad, es decir, la voluntad de investigar y juzgar, no se ha cumplido.
Al verificar los crímenes y la impunidad existente en el país, la Fiscalía a cargo del Fiscal Karim Khan consideró que hay razones para iniciar un proceso de investigación, para establecer la verdad de lo ocurrido y de ser posible identificar presuntos responsables. Como bien se precisa en la Carta de Entendimiento hasta la fecha no se ha identificado ningún sospechoso, lo cual no quiere decir que no pueda ocurrir pronto.
En este sentido hay que considerar los informes presentados por la Misión de Determinación de Hechos (MDH) para Venezuela creada por la ONU. En ellos se identifica con nombre y apellido algunos presuntos responsables de los crímenes. Si bien la Fiscalía de la Corte no está obligada a considerar esos informes, en un espíritu de colaboración en la lucha contra la impunidad, la información acumulada por la MDH pudiera contribuir a identificar sospechosos.
El inicio de la investigación y el contenido de la Carta de Entendimiento suscrita implica que hubo el compromiso del gobierno de realizar todo lo que esté a su alcance para investigar y sancionar a los responsables de los crímenes perpetrados.
Pudiese parecer contradictorio que la Fiscalía firme un acuerdo con un gobierno donde algunos de sus integrantes pudiesen entrar en la lista de sospechosos y se inicie investigación contra ellos. No lo es. Lo permite la propia normativa del Estatuto de Roma, que rige todo el procedimiento de la Corte. Bajo el principio de complementariedad hay una denominada jurisdicción compartida para investigar de manera genuina y juzgar a los responsables de los crímenes. En primer lugar, le corresponde al sistema de justicia de cada país, cumplir esa obligación. Lo ideal, en el caso venezolano, es que acá mismo hubiese un sistema judicial con tal nivel de independencia y capacidad para evitar la impunidad. Dudo ocurra.
Mientras no haya un cambio sustancial en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y resto del Poder Judicial, en la Fiscalía y Defensoría del Pueblo, será muy difícil que esa obligación se cumpla.
¿Se atreverá Tarek William Saab a iniciar una investigación genuina contra el Ministro de la Defensa o los directores de los cuerpos policiales con competencia nacional? , ¿Lo permitirá el TSJ?, ¿Acompañará el Defensor del Pueblo, por ejemplo, a los familiares del capitán Acosta Arévalo si denunciaran la cadena de mando de la Dirección General de Contrainteligencia Militar? De eso se trata el principio de complementariedad. No es teórico, es práctico, es de acciones concretas para investigar y sancionar.
Si no hay voluntad en el sistema de justicia nacional, actuará la Corte Penal. Es lo que viene ocurriendo y seguirá pasando si la situación no cambia de manera significativa.
Que se haya iniciado la fase de investigación en la Corte Penal, es el arranque de un largo y complejo camino. ¿Cuántos años serán necesarios para juzgar a algún responsable o varios? No se sabe, lo que sí es seguro es que estamos más cerca, que se imponen nuevos retos para las víctimas, abogados y organizaciones de derechos humanos. Mucho trabajo por hacer y con el optimismo que finalmente se podrá hacer justicia. Los responsables de los crímenes deben rendir cuentas.
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