ACERCA DEL AUTOR:
Oly Millán
Economista (UCV) y exministra del Ministerio para la Economía Popular (2006). Integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la CRBV y de la Plataforma Contra el Desfalco a la Nación.
Oly Millán | La forma como Venezuela se ha ido anexando a la dinámica del sistema capitalista mundial ha sido, como el resto de los países de América Latina, a través del modelo primario exportador, que en nuestro caso tiene el carácter de ser un capitalismo centrado en la renta petrolera, tal como lo ha venido documentando el economista Asdrubal Baptista. Este modelo, por su parte, ha ido perfilando un Estado que se ha convertido en el asignador de dicha renta, por lo que la disputa en la Venezuela del capitalismo rentístico ha sido por desarrollar estrategias para capturar, por cualquier vía, inclusive mafiosamente, sino toda, parte importante de la renta. Es por ello, que en cada boom petrolero, surgen grupos de poder que desplazan o conviven con los grupos tradicionales. Esta es una de las características de lo que pudiéramos definir como un modelo mafioso de captura de capitales.
Este modelo ha ido generando una espiral perversa, que se ha perfeccionado y repitiendo a lo largo de la Venezuela rentística, llegando a una situación extremadamente critica, donde el actual desfalco a la nación es de magnitudes sin precedentes. Dicho desfalco tiene dos connotaciones complejas que se realimentan, por un lado, lo que ha sido y sigue siendo la asignación de divisas por parte del Estado a empresas o particulares cuyo uso ha sido a través de un mecanismo delictivo de fuga de capitales y, por otro lado, el modelo utilizado a través de la deuda soberana y de empresas mercantiles del Estado (PDVSA) para apropiarse de forma ilegítima de capitales, llevando al país a un proceso de endeudamiento sin precedentes, siendo una de sus características más dramáticas la poca viabilidad social que define, en los actuales momentos, a la enorme deuda que tiene la República Bolivariana de Venezuela y que afecta sensiblemente la viabilidad futura del país.
Cuando nos referimos a la deuda, no lo hacemos pensando en términos solo financieros, aunque como es obvio lo incluye. La deuda tiene varias implicaciones e interrelaciones tanto nacional como internacional, entonces nos referimos al término deuda dentro de una visión amplia que abarca lo económico, social, ambiental, ético-moral, también lo vemos en el plano de lo político: territorial e institucional cuando la asociamos a la administración y gestión de los gobiernos locales, municipales, regionales y en el ámbito nacional.
Pensar en un proceso de cambio político en el país implica necesariamente, a menos que se quiera seguir haciendo lo que desde 1900-Gomez se ha venido haciendo en cuanto al uso arbitrario y mafioso de la renta petrolera, que los ciudadanos, como parte del pueblo consciente y organizado, impulsen la Contraloría Social como ejercicio del Poder Popular, sobre la ejecución de las políticas públicas, la administración del Estado y la economía nacional, utilizando como herramienta metodológica la Auditoría Pública Permanente con Participación Ciudadana, lo que permitirá un pertinente, transparente y adecuado uso y distribución tanto de la renta nacional como de la riqueza creada, que se concreta en la administración de las divisas y los fondos del Estado, las inversiones, la planificación, las políticas públicas, el endeudamiento interno y externo, y el funcionamiento de instituciones y empresas, exigiendo la mayor transparencia e información clara para la ciudadanía y la aplicación de las más severas sanciones que permitan enfrentar y vencer la impunidad sobre el manejo doloso del patrimonio de la nación.
Lo anterior es vital para salir de la crisis más fortalecidos que nunca, propugnando el desarrollo y la profundización de la democracia participativa y protagónica que contribuya al desarrollo de un Estado, que profundice la democracia participativa, pero que también funcione para garantizar un desarrollo armónico, independiente y soberano de un proyecto de país que trascienda a la lógica del modelo (capitalista) extractivista, que promueva el desarrollo endógeno de una economía social y solidaria, que haga uso de tecnologías adecuadas y que tenga pertinencia social y ambiental, todo ello para promover el verdadero bienestar para el pueblo venezolano y las generaciones futuras.
Asumiendo el carácter complejo y la especificidad de la crisis venezolana, considerando el peso que tiene en ella el fenómeno de la corrupción como condicionante de la misma, intentemos construir una visión compartida de la situación país que le sirva de sustento al desarrollo de un movimiento de contraloría social participativa, con énfasis en el control de la gestión pública, el develamiento del defalco del erario público, la recuperación de los capitales procedentes de la corrupción y la lucha contra la impunidad de los delitos contra la cosa pública. Estoy convencida que el terrible flagelo de la corrupción solo podrá ser minimizado y extirpado de la gestión pública, si las comunidades organizadas y los movimientos sociales unen su voluntad, capacidad de control e inteligencia social, para defender los bienes comunes, el patrimonio público y el desarrollo de políticas públicas que propendan al bienestar de todos. Ese ejercicio además, contribuirá de manera significativa a la construcción de ciudadanía y al desarrollo de la democracia participativa y protagónica, para evitar que la burocracia y las élites corruptas se confabulen para apropiarse del erario público, para ejecutar acciones gubernamentales contra los derechos ciudadanos o que deterioren las condiciones de vida de las grandes mayorías que viven de su trabajo. Visto desde una perspectiva más amplia, de lo que se trata es de construir desde la sociedad las bases de una democracia real y no solo formal, de una democracia participativa y protagónica y no solo representativa, en la que las ciudadanas y ciudadanos organizados actúen autónomamente, libres del tutelaje de la burocracia estatal mafiosa y ejerzan su derecho a participar en las decisiones y en la fiscalización permanente de la gestión y planificación pública.
Ver Coronil: El Estado Mágico.
Utilizamos el término como la apropiación indebida de dinero o de recursos por parte de quienes tenían la obligación de custodiarlos.
Ver: https://auditoria.org.ve/2015/05/31/lanzamiento-de-la-plataforma-para-la-auditoria-ciudadana-conto-con-significativo-apoyo-de-luchadores-sociales/
Bien a través de los dólares otorgados por CADIVI a empresas de maletín o mediante la asignación de divisas para la importación de bienes que en su totalidad no llegan a los puertos del país.
http://questiondigital.com/la-situacion-de-la-deuda-venezolana-expresion-de-un-modelo-de-permanente-extraccion-delictiva-de-capitales/
ACERCA DEL AUTOR:
Oly Millán
Economista (UCV) y exministra del Ministerio para la Economía Popular (2006). Integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la CRBV y de la Plataforma Contra el Desfalco a la Nación.
