ACERCA DEL AUTOR:
Carlos Nieto Palma
Abogado y Coordinador de la ONG “Una Ventana a la Libertad”. Es columnista del diario El Nacional.
Carlos Nieto | La situación de hambruna en los recintos carcelarios y en centros de detención preventiva cada día tiende a agravarse más, ante la total indolencia e indiferencia de nuestras autoridades penitenciarias y la Defensoría del Pueblo, quienes al menos en teoría, son los garantes del respeto a los derechos humanos en los recintos carcelarios.
Solamente en esta semana que transcurre, en los calabozos de la Policía de Chacao en Caracas el recluso Pablo Mendible falleció por desnutrición y en los calabozos, igualmente en el Centro de Coordinación Policial de Fundalara, al este de Barquisimeto falleció el recluso José Luis González Rodríguez por esta misma causa. Hace 2 semanas en la sede de Polichacao otro recluso de nombre Carlos Enrique Hernández, falleció por desnutrición y tuberculosis.
Hace unos meses tuvimos acceso a unos vídeos filmados en el Centro Penitenciario Metropolitano “Yare III” donde los reclusos aparecían cocinando unos gatos para mitigar su hambre al no haber alimentos que comer en ese recinto penitenciario.
El hambre la vivimos los venezolanos no solo en las calles donde pocas cosas encontramos para alimentarnos sino que la viven nuestros presos en sus centro de detención, con el agravante que ellos no pueden salir a la calle a buscarlos porque están privados de libertad.
Dice el Código Orgánico Penitenciario en su artículo 15, numeral 11, cuando establece los derechos que poseen las personas privadas de libertad que el estado está obligado a proporcionar a los reclusos “Una alimentación suficiente, balanceada, variada, consistente en tres comidas diarias, preparada de acuerdo a lo establecido por el órgano rector en materia de nutrición y respetando los regímenes dietéticos”. De esto evidentemente no se han enterado los organismos encargados de velar por el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad entre las que se encuentra la Defensoría del Pueblo, supuestamente garante del respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos, entre los que se encuentran los privados de libertad.
Muy distante la hambruna que se vive en los recintos donde se encuentran privados de libertad, bien sean cárceles normales o centros de detención preventiva esta lo que establece el artículo 43 de nuestra Constitución Nacional que obliga al Estado a proteger la vida de las personas que se encuentran privadas de libertad.
La violación a los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de libertad es exclusiva responsabilidad de los organismos del Estado
La violación a los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de libertad es exclusiva responsabilidad de los organismos del Estado, pues son ellos los que tienen la tutela única de los privados de libertad, por lo tanto garantizar su vida y el ejercicio de sus derechos fundamentales es una obligación que no puede ser eludida, ni endosada a otras personas.
Es claro, y lo hemos sostenido durante mucho tiempo que el gran responsable de todo este caos es el Ministerio para el Servicio Penitenciario que tiene como fin supremo el control de la población reclusa del país, independientemente del lugar en que se encuentren detenidos.
La crisis de alimentación que se vive en los Centros de Detención Preventiva viene dada por la prohibición del Ministerio Penitenciario de recibir a nuevos reclusos en los recintos carcelarios bajo su control, que es donde deberían de estar, es claro que estos centros no tienen condiciones de ningún tipo para tener detenidos por periodos más allá del legal de 48 horas, por lo tanto no disponen de comedores para alimentar a la población reclusa y menos aún presupuesto con el cual cubrir estos gastos.
El director presidente de la Policía del Estado Miranda, comisario general Elisio Guzmán, en días recientes calificó “como “crónico y alarmante” el problema de inanición que afrontan los privados de libertad recluidos en los diferentes cuerpos de seguridad en Venezuela, debido a la crisis alimentaria que atraviesa el país, la cual en los últimos meses ha generado el fallecimiento de quienes, tras las rejas, esperan su traslado a un centro penitenciario”. Según Guzmán “La mala administración de justicia por parte del Gobierno Nacional le está costando la vida a los procesados y también a sus familiares. Ya no solamente trasladaron el problema a las policías, donde el irrespeto de la orden de un juez, por parte del Ministerio de Prisiones, genera un inhumano hacinamiento, sino que también el improvisar que nuestros calabozos sean cárceles propicia que las familias tengan que sufrir para alimentar a sus seres queridos. Muchos no tienen la suerte de tener quien les lleve el alimento y entonces fallecen, debido a lo que les ocasiona la desnutrición a sus cuerpos”.
La hambruna en los recintos de reclusión venezolanos va en aumento, el índice de fallecidos por desnutrición aumenta cada día en cárceles y centros de detención preventiva, mientras ninguna autoridad hace nada para solucionar este grave problema, que sin duda agrava la crisis de los recintos carcelarios de Venezuela y que parecen no importarles a nadie.
ACERCA DEL AUTOR:
Carlos Nieto Palma
Abogado y Coordinador de la ONG “Una Ventana a la Libertad”. Es columnista del diario El Nacional.
