ACERCA DEL AUTOR:
Carlos Patiño
Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea.
Carlos Patiño | Las consecuencias del “Paquetazo Rojo” de Maduro hacia la clase obrera, aunado a la reciente activación de una Comisión de Encuesta —el procedimiento de investigación de más alto nivel de la OIT—, ha crispado los nervios de la dictadura a tal punto que ha decidido enfilar contra reconocidos líderes del movimiento de los trabajadores. La revolución, como siempre, en lugar de corregir los errores ataca al emisario.
Durante el mes de septiembre, cuerpos de seguridad del Estado se dedicaron a hostigar, en simultáneo, a Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la empresa del Estado Ferrominera del Orinoco (Sintraferrominera), en el estado Bolívar, y a Carlos “Chino” Navarro, presidente de la Central de Trabajadores ASI – Venezuela, afiliada de la Central Sindical de las Américas.
Como aquéllos guerrilleros que luego de alcanzar el poder persiguen y encarcelan a sus ex compañeros; Nicolás Maduro, ex sindicalista del Metro de Caracas, persigue al sindicalismo autónomo y avanza en el plan de su desintegración iniciado por Hugo Chávez desde los tiempos de la confrontación con la CTV, la promoción del paralelismo sindical y los consejos de trabajadores, la fallida reforma constitucional del 2007 y las disposiciones regresivas de LOTTT de 2012.
La persecución de dirigentes sindicales se asoma como una tendencia represiva del gobierno para intentar silenciar la protesta social y detener el acelerado deterioro de su imagen de “gobierno obrero” o “progresista”
El hostigamiento a Carlos Navarro obedece a una retaliación por las denuncias de violaciones de Convenios Internacionales ante la OIT, y por sus declaraciones públicas sobre los efectos negativos que para el sector laboral tiene el “paquetazo” de medidas económicas del gobierno. Desde entonces ha sido “escoltado” por presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) como forma de amedrentamiento.
Las prácticas de intimidación al combativo Rubén González ya son recurrentes. Fue preso político de la revolución durante año y medio por haber dirigido una huelga en Ferrominera, y aún se le hostiga cada vez que levanta su voz en defensa de los derechos de los empleados y obreros de las empresas básicas de Guayana.
Aun así, la dictadura no ha logrado callarlos.
La persecución de dirigentes sindicales se asoma como una tendencia represiva del gobierno para intentar silenciar la protesta social y detener el acelerado deterioro de su imagen de “gobierno obrero” o “progresista”, ante su base —interna y externa— cada vez más reducida y que se alimenta de una burda propaganda goebbeliana. No pudieron antes y no lo lograran ahora.
ACERCA DEL AUTOR:
Carlos Patiño
Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea.
