Luis Crespo: Opacidad se entiende como la falta de transparencia y de claridad. Significa también oscuridad, ausencia de claridad. En las sociedades cuyos gobiernos practican la opacidad es común la falta de información oportuna, pertinente, verificable de calidad y acceso libre.
En la Venezuela del siglo XXI la manipulación de la información, el ocultamiento y la negativa a dar acceso a la misma se ha convertido en una política claramente establecida, esta actuación antidemocrática se acentúo en el régimen de Nicolás Maduro. La opacidad en el área económico y social ha sido emblemática, violando sistemáticamente el derecho constitucional de los ciudadanos a estar informado.
Sobre las finanzas públicas y las instituciones desde la gestión de Hugo Chávez, se instauró el paralelismo fiscal e institucional, práctica que pisoteó el marco legal del país, violando la Ley de Presupuesto, pero también la creación de cuanta cosa se les ocurriera que solapara la institucionalidad del Estado venezolano. Se crearon estructuras administrativas paralelas que permitieran el manejo discrecional de una inmensa cantidad de recursos entre las que destacaron: el Fondo de Desarrollo Nacional, Fondo Chino, entre otros que son clara evidencia de ello, no estaban sujetos a la Ley de Presupuesto, ni contraloría, todo esto bajo subterfugios creados para legitimar el manejo opaco, oscuro o poco transparente de los mismos.
Aunque las instituciones públicas están obligadas a dar información a los ciudadanos, en el caso venezolano los Art. 28 y 58 de la Constitución Nacional garantizan el derecho de acceder a información oportuna, veraz e imparcial. Se ha instaurado en el país una práctica inconstitucional y muy peligrosa de limitar, negar y hasta esconder la misma.
Es muy grave que instituciones como el Banco Central de Venezuela (BCV), Ministerio de Planificación, Ministerio de Economía y Finanzas, Tesorería Nacional, Banco de Comercio Exterior (Bancoex), Instituto Nacional de Estadística (INE) y Petróleos de Venezuela (PDVSA), entre otras, limiten a la ciudadanía el acceso a la información, no presenten sus informes periódicos sobre su gestión y tampoco sobre el comportamiento de variables socioeconómicas fundamentales para el país.
Ante tanta opacidad surgen múltiples interrogantes sobre el manejo de los recursos públicos y las instituciones en Venezuela, durante estos veintiún años; así como también sobre la violación del derecho a la información de la población. Es dantesco que el INE no presente cifras sobre las condiciones de vida de los venezolanos desde al año 2018, y que el Banco Central de Venezuela incumple con la publicación periódica de cifras sobre el Producto Interno Bruto e inflación, entre otros.
La información relacionada con las actividades económicas y las finanzas públicas, que son de gran interés e importancia para la sociedad en su conjunto, se oculta o es poco transparente. Lo único que queda claro es que falsear la realidad es una medida que se aplica para esconder los terribles resultados económicos de Nicolás Maduro.
Estamos ante el escamoteo de información de interés público. En Venezuela se hace imposible conocer el presupuesto en el sector salud, educación, militar, infraestructura y se crean entramados legales para impedir que los ciudadanos accedan a la información. En definitiva, las compras o gastos del Estado, las relacionadas con administraciones regionales, municipales o empresas públicas dirigidas por el PSUV son una gran caja negra.
Limitar y negar el acceso a la información oportuna, pertinente, verificable de calidad y fácil acceso en el área económica y social en Venezuela se ha convertido en una política del régimen de Nicolás Maduro. Esta actuación en el fondo busca eludir la rendición de cuentas, ocultar la corrupción, ser omnipotentes en la toma de decisiones y evitar controles en la gestión. Quieren esconder sus fracasos y culpar a otros.
El país carece de indicadores y estadísticas oficiales certeras que permitan evaluar la gestión de las instituciones, la necesidad de acceder a esta información y definir políticas que aborden los graves problemas presentes en nuestro país, ha obligado a las universidades, académicos y organizaciones no gubernamentales a recolectar datos, construir indicadores en diferentes ámbitos de la esfera económica y social que coadyuven a los venezolanos a acceder a información.
Hoy abundan los observatorios sobre diversos temas en nuestro país, constituyen esfuerzos que realizan los ciudadanos y la academia ante el escamoteo en la información que deberían ofrecer las instituciones en Venezuela. Vivimos en una sociedad que anhela democracia, bienestar y justicia afectada por un régimen ineficiente que procura ocultar su estruendoso fracaso. Siendo este tipo de prácticas o políticas típicas en regímenes caracterizados como autoritarios o dictatoriales.
