ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Alvarado | El pasado lunes 30 de octubre Amnistía Internacional difundió los resultados de una investigación sobre los allanamientos que de manera masiva se realizaron en el marco de la Rebelión Popular de abril a julio del presente año.
De manera muy precisa se denuncia los allanamientos ilegales, arbitrarios y violentos que se produjeron. Muchas familias sufrieron el uso excesivo de la fuerza por parte de los órganos armados del Estado. El ingreso a las viviendas para arrasar con todo lo que encontraban a su paso. Allanamientos sin orden judicial que en algunos casos parecían más acciones de venganza para castigar a poblaciones que realizaban protestas, que medidas para realizar alguna investigación.
Esta situación también la denunció en agosto el Alto Comisionado en Derechos Humanos de Naciones Unidas en su Informe Violaciones y Abusos de los Derechos Humanos en el Contexto de las Protestas. Indicó en su oportunidad “Por lo general, las fuerzas de seguridad que han realizado estos allanamientos han destruido propiedad privada de forma intencional e innecesaria. Esta forma de violencia permite suponer que los allanamientos tenían la intención de infundir temor en las comunidades y disuadirlas de seguir protestando”
Este tipo de allanamientos se realizó y se sigue realizando. Muchos barrios en distintas partes del país han constado la agresividad de los organismos policiales en los llamados Operativos de Liberación del Pueblo. En ellos no solo destruyen y roban objetos de las viviendas, sino que además en ocasiones se llevan de las casas jóvenes que posteriormente aparecen asesinados.
Son innumerables las historias de familias aterrorizadas por el comportamiento violento de la fuerza pública. Lo más grave es que desde las altas autoridades gubernamentales en lugar de realizar esfuerzos para contener las graves violaciones los derechos humanos que se producen más bien se justifican y se alientan. Así los funcionarios se ven respaldados en los abusos que realizan
Tanto Naciones Unidas como Amnistía Internacional presentan en sus informes un conjunto de recomendaciones al Estado venezolano para que tal situación no continúe sucediendo. Si esas recomendaciones se pusieran en práctica algunos resultados deberían ser los siguientes.
-Avance de las investigaciones en aquellos casos donde las víctimas presentaron formalmente la denuncia ante el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo.
-Inicio de oficio de investigaciones en aquellos casos donde se tenga conocimiento que se produjeron allanamientos violentos.
-Sanción a funcionarios policiales y militares que resultaren culpables de las violaciones a los derechos humanos.
-Se abstendría de seguir usando fuerzas militares para el control de la protesta social y labores de seguridad ciudadana y fortalecería a los cuerpos policiales.
-Tendría mayor control interno para garantizar que la fuerza pública actúe de conformidad con el mandato del artículo 55 de la Constitución que establece: Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionario policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley
-Cesaría de seguir aplicando la justicia militar a civiles. Los tribunales militares deberían declararse incompetentes para juzgar civiles.
-Dejaría de seguir usando a los grupos paramilitares que junto a la fuerza pública han atropellado a la población y sancionaría a los que resulten responsables de abusos contra la población
Cuando el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y Amnistía Internacional presenta recomendaciones a las autoridades venezolanas, aspiran que haya receptividad para su implementación. Su propósito no es otro que contribuir a revertir una situación negativa para la vigencia de los derechos humanos. Todo dependerá de la voluntad política que tenga el gobierno y las instituciones obligadas por mandato constitucional a sancionar las violaciones y a proteger los derechos de las personas.
Invito a todas y todos a leer tan importante informe de Amnistía internacional el cual puede consultarse en el siguiente link https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/7285/2017/es/
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Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
