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Carlos Patiño

Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea.

Carlos Patiño |

“¡¡Hasta cuando Maduro joroba el pueblo!!”

El 20M fue un gran acto de desobediencia civil, de rebelión silenciosa que recuerda la consulta popular plebiscitaria del 16 de julio de 2017. La gente se abstuvo de convalidar el simulacro electoral que desde su ilegitimidad de origen “Constituyente”, ha pretendido perpetuar con un barniz de “legalidad” a la dictadura en el poder. El gigantesco fraude fue desconocido por diferentes actores de la comunidad internacional, quienes han anunciado el aumento de sanciones diplomáticas.

Las cifras divulgadas por el Consejo Nacional Electoral no se corresponden con la realidad. El 48% de participación anunciado contradice el de otras fuentes de monitoreo como Meganalisis, que arroja una abstención del 82,6%. Las irregularidades están bien documentadas en el “Reporte Veeduría Ciudadana 20M” de la Red Electoral Ciudadana, que señala:

El 86% de cierres de centros en horas nocturnas, mucho después de la hora de cierre legal; 53% de centros electorales sin testigos; 58% de violación a la normativa de voto asistido; 79% de propaganda electoral a menos de 200 metros de distancia y 35% de propaganda electoral dentro del centro; pero además afuera del 68% de los centros de votación exigieron el denominado “Carnet de la Patria”. Ello sumado a un 80% de excesos en funciones de los coordinadores de centros.

La terquedad del gobierno de mantenerse a la fuerza en el poder a pesar de la crisis política, económica y social en la que ha sumido a Venezuela, cerrando los caminos institucionales, pacíficos y democráticos; incita a que parte de la población, incluyendo las Fuerzas Armadas, consideren vías insurreccionales fuera de la Constitución o intervenciones militares de países extranjeros con consecuencias impredecibles.

Ante este escenario, vale la pena revisar los estudios divulgados por el politólogo John Magdaleno, quien revela que, de 61 transiciones evaluadas, en 70% se registraron protestas masivas (las más eficaces fueron no violentas) y en 49% elecciones. Apenas en 28% hubo presión internacional significativa y sólo 25% se resolvieron por una intervención externa.

Esa protesta pacífica, masiva y articulada que se revela como el método más eficaz para lograr una transición política (recordemos que mucha de la presión internacional actual lo debemos a la rebelión popular de 2017), debe venir acompañada de un objetivo consensuado y legítimo. La buena noticia es que sí existe una vía constitucional, viable, pacífica y alejada de golpes de Estado e intervenciones extranjeras: la renuncia del Presidente prevista en el artículo 233 de la Carta Magna.

Desde el movimiento de derechos humanos hemos alentado la conformación de un gran movimiento nacional, que incluya a todos los sectores, para exigir la renuncia de Nicolás Maduro y aplicar lo establecido en el artículo 233 de la Constitución Nacional, y en consecuencia, anunciar la convocatoria de elecciones libres y democráticas, con plenitud de garantías e igualdad de condiciones. La solución a la crisis venezolana debe darse con la participación activa del pueblo organizado y en el marco de la Constitución de 1999. La dictadura promueve la desunión y la desesperanza porque sabe que un pueblo unido, organizado y con un fin común, es capaz de generar los cambios que se proponga.

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