ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
En las últimas dos semanas varias personas me han preguntado si el diálogo y negociación en México puede cambiar el rumbo del Examen Preliminar que adelanta la Corte Penal Internacional y sí frenaría el posible avance a fase de investigación de quienes pudieran tener responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La respuesta a esta inquietud es no. La Corte Penal Internacional es un tribunal independiente el cual guía sus actuaciones dependiendo de la voluntad de los Estados de investigar y sancionar los crímenes para los cuales la Corte tiene competencia. De tal manera que su interés es la Justicia y se empeña sean los propios Estados quienes tengan la disposición y capacidad de investigar y sancionar.
La Corte actúa de manera complementaria, no busca sustituir el sistema de justicia nacional, al contrario, apuesta a que ese sistema sea los suficientemente independiente y sólido para garantizar no haya impunidad. Que los propios fiscales y jueces en cada país demuestren la voluntad de juzgar. Principalmente, a quienes aparecen como máximos responsables, quienes planificaron, ordenaron y comandaron las acciones que culminaron en crímenes contra la humanidad.
En las negociaciones en México uno de los puntos que debe discutirse y ojalá haya acuerdos serios es en reformar el sistema de justicia: elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designación de nuevo Fiscal General y nuevo Defensor del Pueblo, todo bajo estricto acatamiento de los procedimientos establecidos en la Constitución.
Si ese aspecto se lograra incluir en la negociación, sin duda será uno de los más difíciles. Un gobierno que ha usado el sistema de justicia para perseguir y para avalar todas sus arbitrariedades y la enorme corrupción, no va fácilmente a desprenderse de ese instrumento.
Si se lograra reformar el sistema de justicia sería un gran avance. Queda entonces la pregunta, si ese nuevo fiscal, defensor y jueces tendrán la voluntad de iniciar investigaciones contra ministros, altos jefes policiales, fiscales, jueces presuntamente responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
La única manera que la Corte Penal Internacional no avance es que esas investigaciones contra las cadenas de mando y altos jerarcas del gobierno se adelanten. Se demuestre, no con palabras y promesas, sino con hechos concretos, que se trabaja seriamente para garantizar el castigo a los responsables. De lo contrario, no hay ningún motivo para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no continúe su labor sobre la situación en el país.
Esa posibilidad de investigación y sanción por la justicia venezolana no parece cercana.
El diálogo y negociación en México puede ser un proceso largo. Mientras tanto las víctimas y organizaciones de derechos humanos siguen aportando información a la Fiscalía de la CPI y no debe de extrañarnos que, en medio del proceso de negociación, el nuevo fiscal anuncie se pasa a fase de investigación.
Aunque el gobierno aparenta no preocuparse por una decisión de esa naturaleza, se sabe existe. Están conscientes que los crímenes donde pudieran estar involucrados no prescriben. Y ello implica que así transcurran los años hay obligación de sancionar.
De tal manera que si los frutos de la negociación en México resultan muy positivos y aspiramos que así sean, ello no frenará la labor de la Corte Penal Internacional. Habrá que celebrar esos dos resultados.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
