ACERCA DEL AUTOR:
Rafael Venegas
Profesor universitario. Dirigente político. Secretario General de Vanguardia Popular.
Convenirnos en torno a una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral ante la grave crisis general que vivimos, es un propósito loable digno de ser abrazado sinceramente pero no es lo que procura el régimen. El objetivo de la camarilla gobernante es sostenerse en el poder a cualquier precio, sin reparar en límites legales, morales o políticos. Por eso la negociación o el diálogo es para el oficialismo, no un camino para la paz, el reencuentro y la superación de nuestra crisis humanitaria compleja, sino un espacio de maniobras para ganar tiempo, correr la arruga y obtener ventajas.
Con ese espíritu y propósito acude a las conversaciones de México o Barbados, es lo mismo, a negociar, en el sentido más vulgar del término. Desde esa perspectiva los presos políticos son rehenes del régimen que podría liberar –a algunos, no a todos porque los necesita para escarmentar a la sociedad, como garantía para el cumplimiento de acuerdos y para seguir regateando en la próxima ronda de conversaciones– si los Estados Unidos libera a Alex Saab y otros “socios”. Firmados los acuerdos de Barbados, luego de 130 días de detención ilegal, se ratifica privativa de libertad contra Leonardo Azócar y Daniel Romero, activistas sindicales de SIDOR, continúan presos los seis dirigentes sindicales y luchadores sociales, el ucevista Jhon Álvarez y otros 300 prisioneros políticos civiles y militares.
Con igual espíritu se negocia celebrar elecciones presidenciales –óigase bien, se negocia a discreción cumplir un mandato constitucional esencialísimo para hacer efectivo el principio republicano de que la soberanía reside en el pueblo y una vía expedita para dirimir las diferencias y decidir democráticamente el rumbo de la nación– a cambio de levantar algunas sanciones que permitan el flujo del negocio petrolero. Después de firmado el acuerdo, se judicializa la elección primaria celebrada por un sector de la oposición, se persigue a la comisión organizadora de aquella y se suspende, es decir, se anula en la práctica el veredicto que designa a María Corina Machado candidata de la Plataforma Unitaria Democrática, quien, adicionalmente, continúa inhabilitada.
Antes de esto, claro está, primero se aseguran de colocar un cancerbero del régimen al frente del CNE, intervienen o judicializan a los principales partidos de la diversidad opositora, imponen condiciones irremontables para constituir y legalizar nuevas organizaciones políticas e inhabilitan a potenciales candidatos privando a todos los mencionados del derecho a la participación política. Después vendrá el reglamento específico: un rosario de candideces hipócritas que no impedirán el ventajismo del poder, el uso de los recursos del Estado para fines proselitistas, el chantaje y la violencia combinados para intentar doblegar voluntades y un largo etcétera de irregularidades e ilegalidades.
Todo lo anterior se corresponde con el talante de una cúpula arbitraria, autoritaria y despótica que ha arruinado al país, destruido sus instituciones, entregado la soberanía nacional empobrecido a nuestra gente y conculcado sus derechos fundamentales. Sin embargo, esta cúpula es rechazada por el 85% de nuestros compatriotas, quienes de mil maneras vienen dando muestras claras de su descontento y determinación de cambio, entre las cuales destacan la masiva concurrencia a la elección de autoridades en la UCV bajo la mirada expectante del país y la extraordinaria participación en la primaria del 22-O superando todo pronóstico, trascendiendo a sus organizadores y a la candidata favorecida por el voto.
Esta mayoría a veces silenciosa, ahora acrecentada e irreversiblemente determinada a producir el cambio, es la misma que ha desbordado las principales calles y avenidas del país cada vez que ha sido convocada o cuando lo ha juzgado necesario. Es la misma que desde el amanecer de enero 2023, con el magisterio y los universitarios a la cabeza; con los jubilados, pensionados y demás empleados del sector público; los trabajadores petroleros y de las empresas básicas de Guayana; las enfermeras y demás trabajadores del sector salud; los habitantes de las barriadas populares; ha venido luchando por mejores condiciones de vida y trabajo, por mayor calidad y cobertura de los servicios públicos, por el respeto de las libertades democráticas, en defensa del medio ambiente y los derechos humanos.
Esta determinación y esta fuerza son los soportes fundamentales para lograr una victoria en las presidenciales de 2024 aún en las condiciones más adversas. Ella demanda unidad nacional expresada en candidatura, programa y gobierno como condición para hacerla posible, por encima de los propósitos del oficialismo que seguirá colocando obstáculos en el camino, jugando a la división y la dispersión del voto, a la siembra del escepticismo y la desesperanza para estimular la abstención, a la configuración de un clima hostil y de provocaciones para sacarnos de la ruta electoral y empujarnos por el precipicio del aventurerismo.
Quienes desde distintas posiciones políticas, ideológicas, sociales o culturales nos oponemos a la destrucción moral, espiritual y material de la República estamos emplazados, por imperativo de las circunstancias, a unir nuestras fuerzas para brindarle al pueblo venezolano de dentro y fuera de nuestras fronteras una opción electoral para derrotar al continuismo. Esto exige colocar en segundo plano nuestras diferencias de todo orden, así como los intereses individuales, sectoriales o partidistas, para dar primacía a los intereses superiores del país y de nuestra gente. No podemos ni debemos volver a equivocarnos ni defraudar de nuevo a un pueblo que bastante sacrificio ha aportado.
ACERCA DEL AUTOR:
Rafael Venegas
Profesor universitario. Dirigente político. Secretario General de Vanguardia Popular.
