ACERCA DEL AUTOR:
Keymer Avila
Abogado (UCV) Máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal, UB (Barna). Investigador del @cpenalesucv y Profesor de @criminologial en Pre y Postgrado UCV
Keymer Ávila | El uso de la fuerza letal por parte de los agentes del Estado constituye parte de la agenda prioritaria para varios países de la región, es por ello que surge la iniciativa del Monitor de Uso de la Fuerza Letal que agrupa a investigadores y académicos de cinco países (Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela). En este espacio se han construido indicadores y metodologías comunes para poder medir, analizar y comprender el uso y abuso de la fuerza letal en perspectiva comparada, con miras a la búsqueda de evidencias que sirvan de insumo para la prevención de abusos, así como una mayor seguridad tanto de la ciudadanía como de los propios funcionarios.
En este artículo les presento un resumen de los principales resultados del análisis regional que elaboramos en conjunto con Carlos Silva (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM), Catalina Pérez Correa (CIDE) e Ignacio Cano (Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro).
Lo primero que hay que destacar es la dificultad para encontrar información de calidad que permitiera hacer la comparación de todos los indicadores acordados. En el caso de México y Venezuela, algunos de los datos tuvieron que ser buscados en las noticias. De ese modo se constata una falta de transparencia de los Estados de la región con relación a este tema.
En segundo lugar, la incidencia de muertes de civiles es extremadamente elevada en Venezuela, seguida por El Salvador. En Venezuela, el número absoluto de personas muertas por el Estado es incluso superior al de Brasil, a pesar de contar con una población casi siete veces menor. La tasa de civiles muertos supera los 15 por cada 100.000 habitantes, un registro mayor que la tasa de homicidios en la gran mayoría de los países del mundo. El Salvador, por su parte, presenta una tasa de más de 6 civiles muertos por el Estado y Brasil de algo más de 2. Sólo Colombia registra valores inferiores a 1. El caso de México es difícil de evaluar, pues la fuente es la prensa y presenta un claro riesgo de subestimación.
En relación con los agentes del Estado víctimas de homicidio en ejercicio de sus funciones, el panorama es muy diferente. México es el país con mayor número absoluto de víctimas y la tasa por cada 1.000 agentes más alta (0,5), le seguirían Colombia y Venezuela (0,3 c/u), aunque en este último caso la fuente era la prensa. Brasil y El Salvador son los que registran una incidencia menor (0,1 c/u).
Los indicadores de abuso de la fuerza revelan un escenario preocupante en varios de los países estudiados. El caso extremo es Venezuela, donde más de un cuarto de los homicidios son debidos a la intervención de los agentes del Estado. El Salvador también supera el límite de 10% que está asociado al abuso de la fuerza. Brasil posee un indicador más moderado, pero aún elevado (7,3%). Sólo Colombia revela valores reducidos (1,5%). En el caso mexicano, como se mencionó anteriormente, la fuente periodística no permite una comparación con el resto de los países.
La razón entre civiles y agentes públicos muertos alcanza valores alarmantes en El Salvador, donde mueren más de 100 civiles por cada agente fallecido. En Brasil, el valor es inferior, pero aún muy alto: 58 civiles por cada agente. Por su parte, Colombia presenta un valor muy reducido (1,2), que indicaría que el número de muertes es aproximadamente igual en los dos grupos. Venezuela tiene valores muy elevados (26) para este indicador, pero, al igual que México, su fuente fue periodística.
El cálculo del índice de letalidad sólo fue posible en México y Venezuela, en ambos casos a partir de informaciones de la prensa. Los dos son superiores a uno, que es el límite aceptable. En el caso de Venezuela, fue de 16 y en el de México, de 4,6, pero no se puede olvidar que la fuente periodística tiende a sobreestimar este indicador. La razón de letalidades, que sufre de problemas parecidos, muestra en este caso a México en el peor lugar (10) en comparación con Venezuela (5,7). Esto significaría que la letalidad provocada por los agentes del Estado es 10 veces superior a la generada por sus opositores en México y casi seis veces superior en el caso de Venezuela. Es decir, los indicadores señalarían que no existe un riesgo proporcional al uso de la fuerza letal.
En suma, las informaciones obtenidas por este estudio permiten llegar a dos conclusiones. La primera es la limitada transparencia en lo que atañe al uso de la fuerza letal en América Latina y, en función de ello, la necesidad de exigir la divulgación pública y regular de los datos relevantes que permitan realizar un monitoreo específico sobre estos casos. La segunda conclusión es que los datos apuntan a un uso excesivo de la fuerza en varios países de la región, con Venezuela en la posición más dramática, seguida por El Salvador. Todos los países analizados, con la excepción de Colombia, exceden los límites aceptables en por lo menos uno de los indicadores de abuso de fuerza considerados. Es urgente, por tanto, que los gobiernos y la sociedad civil busquen modificar este grave escenario.
Los casos de Colombia y México
Particularmente considero que el caso de Colombia y México merecen unos comentarios aparte, que no están presentes en el señalado informe y –en consecuencia- no comprometen en absoluto al grupo de investigación, ya que son de mi completa autoría.
En el capítulo sobre Colombia se plasma claramente el historial de violencia que ha padecido este país por décadas: guerra, narcotráfico, sicariato, paramilitarismo, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, seguido de un largo etcétera. No en vano contra algunas de sus autoridades se han promovido acciones ante la Corte Penal Internacional; recientemente el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Colombia denunció que para el año objeto de estudio (2017) este tipo de crímenes de Estado continuaban en el país, y cuestionó los ascensos de oficiales vinculados a casos de “falsos positivos” (ejecuciones extrajudiciales). A pesar de la firma y aprobación del Acuerdo de Paz en 2016 las denuncias por el asesinato de cientos de líderes sociales no han cesado. Apenas hace un par de meses The New York Times publicó un artículo en el que se denuncia el asesinato de más de 130 exintegrantes de las FARC desde la firma del acuerdo de paz, así como la emisión de órdenes oficiales en las que se instruye “doblar los resultados” de “rendiciones, detenciones y ejecuciones durante operaciones militares”. En síntesis, la información oficial no es completa ni confiable. Tal como se explica en el mencionado capítulo: “a discreción, la Policía está manipulando cifras para obtener resultados operacionales favorables y sacando del registro casos de homicidios que deberían estar consignados, así hicieran parte de operaciones que se realizan haciendo uso legítimo de la fuerza, en defensa de la población” (pp.59-60). En el 60,5% de los casos de homicidios ocurridos en Colombia se desconoce la información sobre el presunto victimario (p.63). Por otra parte, la existencia de grupos armados de diversa naturaleza, formales e informales, legales o ilegales, que en ocasiones se confunden y funden entre sí, amerita que el análisis sea mucho más complejo, ya que se dificulta la construcción del dato y la obtención de información más precisa, como para poder tener una panorámica más clara de la situación del uso de la fuerza letal en este país.
El caso mexicano presenta dificultades similares, una información oficial inexistente, en otros casos incompleta, dispersa, precaria y poco confiable, en un contexto bélico, donde el narcotráfico, la guerra, una situación fronteriza extrema y las denuncias de miles de desapariciones forzadas son cada vez más frecuentes (sin cadáveres los homicidios no se pueden registrar). A pesar de la expansión de la lógica militar coexiste con ésta un sistema federal donde cada institución se maneja como un feudo particular, donde los cuerpos armados ni rinden cuentas ni están sometidos a mayores controles. Pareciera que los esfuerzos de las diversas investigaciones independientes que se hacen no alcanzan a conocer la extensión ni las dimensiones reales del uso de la fuerza letal en México.
Por estas razones lo más probable es que tanto el caso colombiano como el mexicano usualmente se presenten de una manera mermada, tímida y sub representada cuando se abordan estos temas en perspectiva comparada. Sin duda la situación de Venezuela es muy grave, pero posiblemente la brecha que la separa de estos países sea menor que la que se presente en el informe.
Recomendaciones
El informe cierra con algunas recomendaciones generales:
Transparencia: debe existir un registro preciso y detallado sobre personas muertas y heridas en incidentes en los que participen miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Es indispensable, además, que estos datos sean divulgados regularmente, de forma que sea posible monitorear el fenómeno y tomar, en su caso, medidas preventivas o correctivas.
Regulación del uso de la fuerza: debe estar en una normativa específica y ampliamente divulgada que incorpore los estándares internacionales sobre doctrina, equipamiento, capacitación y entrenamiento. Venezuela posee una normativa en consonancia con los principios internacionales pero que no se aplica, lo que demuestra que no basta sólo con tener una buena legislación, hace falta, además, toda una institucionalidad que las haga valer.
Investigación de los incidentes de uso de la fuerza letal: cada incidente de uso de la fuerza letal que resulte en víctimas debe ser adecuadamente registrado y dar lugar a una investigación rigurosa, que garantice que tal uso de la fuerza ha respetado los principios legales. Las muertes a manos de agentes del Estado deben ser tipificadas inicialmente como homicidios, independientemente de la posible existencia o no de excluyentes de ilicitud por parte de los agentes del Estado, para que la legalidad de la acción sea establecida a posteriori como resultado de la investigación Por su parte, la investigación de los hechos debe ser realizada por miembros de otras instituciones diferentes de aquellas que participaron en la acción, de modo que se garantice la independencia de la investigación. La investigación debe contemplar no sólo a los autores materiales de las posibles violaciones a los derechos humanos sino también a las responsabilidades de la cadena de mando. Por su parte, las posibles víctimas, sus familiares y testigos deben recibir la protección del Estado y, en los casos en que se compruebe el delito, deben recibir una compensación adecuada.
Monitoreo y medidas de prevención: los Estados deben crear y promover mecanismos de monitoreo y de prevención del uso abusivo de la fuerza letal.
Resumen ejecutivo y análisis regional del Monitor del uso de la Fuerza Letal en América Latina
Informe completo sobre el caso venezolano
Informe completo y toda la información sobre el Monitor de Fuerza Letal en América Latina
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Publicado originalmente en: Efecto Cocuyo
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Keymer Avila
Abogado (UCV) Máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal, UB (Barna). Investigador del @cpenalesucv y Profesor de @criminologial en Pre y Postgrado UCV
