ACERCA DEL AUTOR:
Ligia Bolívar
Defensora, educadora y especialista en Derechos Humanos. Investigadora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB.
Coordinadora de Alerta Venezuela
Hace unas 5 semanas, escribí en este mismo espacio sobre la inadmisión de mi visa y sobre la vuelta que le dio la cancillería al asunto, después del revuelo que generó la noticia.
Hoy, día del migrante, quiero retomar el tema para compartir información sobre las consecuencias del cambio de visa al que me obligó la cancillería, una vez que he podido juntar las piezas del rompecabezas y digerir el asunto.
Lo primero que hay que recordar es que la cancillería inadmitió mi solicitud de visa, alegando “desistimiento” de mi parte; es decir, que, según la entidad, no actué en el procedimiento, pese a que estuve dos semanas intercambiando mensajes con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, porque consideraba arbitraria la pretensión de la cancillería al exigirme que solicitara otro tipo de visa, pese a que había tenido el mismo tipo de visa y el mismo tipo de contrato durante los últimos cuatro años.
Este cambio inesperado y “discrecional”, me ubicó en una situación de incertidumbre jurídica.
La cancillería me forzó, sin razonamiento alguno, a pedirle a mi empleador que cambiara el tipo de contrato que había tenido durante cuatro años para concederme la visa.
Este cambio de contrato tiene dos características.
Primero, se obligó a mi empleador a hacerme un contrato como empleada fija, lo que supone una serie de deducciones (conocidas como factor prestacional) que suman el 50,25% del salario.
De esta manera, el ingreso neto que percibo con este contrato queda por debajo del salario mínimo.
Un salario tan bajo sería manejable si pudiera tener otras fuentes de ingresos, pero este no es el caso, pues el tipo de contratación que la cancillería me forzó aceptar es de dedicación exclusiva; es decir, no puedo tener ningún otro contrato en Colombia.
El costo de la visa tampoco es un tema menor. Entre estudio, visa y cédula, el desembolso total es de 1,616,479 pesos, que equivale al cambio actual unos 430 dólares.
No deja de llamar la atención que muchos colombianos se quejaron -y con razón- por el aumento de las visas a EE.UU. a partir del 1 de octubre, que pasó de US $185 a US $435, convirtiéndose en la más cara del mundo, y ahora la visa colombiana le va pisando los talones.
Hay otros costos asociados a una visa en EE.UU., pero por lo general, la vigencia de esta es por 10 años, mientras la visa de migrante en Colombia tiene una duración máxima de 3 años, pero rara vez es otorgada por ese tiempo.
Dicho todo lo anterior, se supone que soy afortunada porque logré se me aprobara una visa con un contrato extremadamente desfavorable, a dedicación exclusiva y con un altísimo costo que deberé repetir dentro de un año.
A muchos otros les va peor. Las inadmisiones persisten, muchas con el argumento de “facultad discrecional”, las opciones de regularización están cerradas y los solicitantes de refugio siguen enfrentando esperas de hasta cuatro años durante los cuales no pueden trabajar, aunque una resolución diga lo contrario.
Independientemente de lo que haga o deje de hacer Trump en Venezuela, 2026 será un año muy duro en lo que se refiere a indicadores económicos y sociales en el país.
A menos que se apliquen cambios sustantivos en lo que va quedando de la política migratoria, los tiempos de la Colombia que se vendía ante el mundo como ejemplo a seguir, quedarán en el olvido, al igual que miles de migrantes.
Publicado en LaSillaVacia
ACERCA DEL AUTOR:
Ligia Bolívar
Defensora, educadora y especialista en Derechos Humanos. Investigadora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB.
Coordinadora de Alerta Venezuela
