Marino Alvarado | El consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró el pasado 08 de octubre a través de un Resolución que un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano.
De sus 47 miembros, votaron a favor 43 incluyendo a Venezuela y se abstuvieron Rusia, China, India y Japón. La resolución exhorta a todos los Estados a trabajar juntos, en conjunto con otros actores, para implementarlo.
La Resolución contribuye a promover el debate mundial sobre la necesidad de adoptar políticas públicas para frenar prácticas y medidas de gobiernos que destruyen la naturaleza, contaminan el aire y los ríos y subestiman fenómenos como el cambio climático. A su vez favorece el desarrollo de políticas públicas donde se comprometan a diversos actores de la sociedad. Se requiere que las instituciones estatales creen las condiciones para que empresas, organizaciones de la sociedad civil, academia, pueblos indígenas y campesinos, entre otros, participen del diseño de esas políticas.
El gobierno venezolano apoyó la Resolución y es una acción positiva. Para ser coherente debe empezar por detener y revisar el proyecto Arco Minero del Orinoco. No hay nada más contrario a la Resolución adoptada por la ONU, que la destrucción de la naturaleza con el desarrollo de la actividad minera con ese proyecto. Además, se afecta derechos de los pueblos indígenas y se compromete el futuro de la población venezolana.
Entre los días 15 al 18 de junio del 2021 diferentes pueblos indígenas y organizaciones que acompañan las comunidades originarias se reunieron para analizar los diferentes problemas los cuales les aquejan. Uno de los temas debatidos fue lo referente a las afectaciones como consecuencia de las actividades mineras.
Indicaron que las degradaciones ambientales contribuyen en el deterioro de las condiciones socioeconómicas básicas e incrementan las enfermedades, entre ellas algunas que se pensaba erradicadas. La minería trae consigo grandes impactos al ecosistema, entre ellas: la deforestación, contaminación de agua a causa de la utilización del mercurio y cianuro, pérdida de biodiversidad, tráfico de la fauna y flora, cambio en los fisiográficos de los cauces de los ríos y la entrada de foráneos y grupos armados externos.
El mega proyecto Arco Minero del Orinoco, decretado un 24 de febrero del 2016 en resolución 2.248, que abarca el 12% del territorio nacional, viola los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, invadiendo sus territorios y obligándolos a huir de esos lugares de los cuales muchos ya son inhabitables; esta actividad ilegal se ha convertido en depredación y violencia en los territorios; las terribles muertes y amenazas de indígenas quienes se oponen a estas acciones. Ante la grave situación por las irregularidades exhortaron a los poderes del Estado a tomar conciencia y medidas que protejan la vida de los pueblos, el cuidado del medio ambiente y el cumplimiento de las leyes que garanticen el respeto y la protección de la ciudadanía y de sus territorios.
Otra medida inmediata que debe adoptar el gobierno para ser consecuente con el mandato de la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es evitar continúen los derrames petroleros. Petróleos de Venezuela es una empresa que constantemente produce derrames petroleros los cuales se extienden por costas y por los ríos afectando a millones de personas. Lo ocurrido evidencia que las medidas para prevenir derrames no se ejecutan con eficiencia. Se afecta entre otros aspectos la actividad pesquera, el esparcimiento, la calidad de las aguas que son usadas para la distribución por acueductos y para la actividad de siembra
Igualmente debe revisarse el Decreto Nº 4.392, mediante el cual la administración de Nicolás Maduro creó la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal (ZEEMDEF), con el fin de “aprovechar los recursos forestales y desarrollar la actividad de transformación industrial de los recursos naturales maderables y su comercialización, con el propósito de satisfacer las necesidades logísticas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en conjunto con la iniciativa privada nacional y extranjera”
Se constituyó también la Empresa Militar para el Aprovechamiento Sustentable de Productos Forestales y Recursos Naturales, S.A. (EMASPROFORN), que “tendrá por objeto el desarrollo de las actividades primarias sustentables y endógenas del sector forestal, el aprovechamiento de recursos forestales y la actividad de transformación industrial de recursos naturales maderables en productos terminados, su incorporación a las necesidades de materia prima de las empresas del sector público nacional y de los programas de vivienda del Ejecutivo Nacional, así como su comercialización en el mercado nacional e internacional, para garantizar la satisfacción de la demanda interna y diversificar la oferta exportable de este rubro.
Estas actividades relacionadas con los recursos forestales que se desarrollan con la misma opacidad con la cual se adelantan los planes mineros, pueden dejar como resultado a mediano plazo una mayor destrucción de bosques y de afluentes de agua.
Para que el derecho humano al ambiente se haga realidad y pueda ser disfrutado, se requieren rectificaciones importantes por parte del Estado venezolano, así como adoptar políticas y medidas considerando las particularidades de cada región de Venezuela y las exigencias que la población viene realizando.
