ACERCA DEL AUTOR:
Inti Rodriguez
Activista de Derechos Humanos
Así se expresó un boyante y risueño Nicolás Maduro la primera semana de marzo de 2022, concretamente el segundo día del mes, cuando anunció el incremento del salario mínimo nacional, tras dos años de demora e insistentes reclamos de los trabajadores.
Estaba extasiado por el frenesí de la engañosa narrativa oficial de la campaña «Venezuela se arregló» y el «Crecimiento de la economía real».
Su gobierno -aseguró-, estaba superando las dificultades impuestas por las sanciones económicas y se enrumbaba «A una recuperación necesaria, fuerte y sostenible del salario mínimo, de todas las tablas salariales y de los contratos colectivos de todos los trabajadores de Venezuela”.
Envalentonado, Maduro comisionó a su antiguo aliado y hombre fuerte -el ex vicepresidente sectorial de Economía y ex presidente de la estatal PDVSA, Tareck El Aisami-, para que “En 72 horas, junto con el Congreso de la Clase Obrera, una opinión sustentada para inaugurar muy pronto un banco de los trabajadores digitales, y así impulsar el apoyo a la clase obrera».
Los cimientos de la narrativa oficial parecían muy fuertes.
El gobierno de Maduro mostraba su capacidad de resistir el impacto de las sanciones y, para entonces, la corrupción –sistemática y galopante- no era un problema.
Una agresiva política anti obrera
Veinte días después de los anuncios de Maduro, el propio gobierno se encargó de echar por tierra sus promesas.
El 22 de marzo de 2022 la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), publicó un cuestionado e inconstitucional instructivo que eliminó las inter-escalas salariales, violando las conquistas plasmadas en las convenciones colectivas del sector público.
Con esa medida, los trabajadores perdieron entre el 39% y el 70% de sus ingresos.
Ello generó una marejada de protestas a nivel nacional que atizó la conflictividad social y que ha puesto a recorrer la misma acera a antiguos aliados de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro y a dirigentes sindicales históricamente opuestos al proyecto bolivariano.
Después de una caída acumulada de 80% del Producto Interno Bruto (PIB) -en los últimos 8 años-, una reducción de más del 95% del valor nominal del salario mínimo nacional, y una disminución sostenida en el número de convenciones colectivas homologadas, el gobierno de Maduro luce como una verdadera fiera anti-obrera.
Ahora, insiste en consolidar un nuevo modelo económico, basado en el estrangulamiento de la capacidad de consumo de los trabajadores, la flexibilización laboral, el incentivo a capitales vinculados a gobernanzas criminales y la persecución a la disidencia laboral.
Maduro pretende imponer una falsa sensación de prosperidad a costa del sacrificio de los trabajadores.
Represión a la disidencia laboral
En medio del ascenso de las protestas por derechos laborales y en el marco de la extinción del Estado de Derecho, la respuesta estatal ha sido la represión y la acostumbrada y odiosa sordera.
Seis sindicalistas siguen arrestados injustamente por oponerse a estas medidas.
Otros 81 trabajadores han sido detenidos y judicializados, durante la gestión de Nicolás Maduro, por haber defendido derechos laborales y al menos 3.512 han sido víctimas de actos de amenazas y hostigamiento por parte de agentes de seguridad.
Son más de 250 los trabajadores y sindicalistas apresados durante los gobiernos de Chávez y Maduro, los líderes del proyecto bolivariano que se autoproclamaron como “obreros” y “revolucionarios”.
«Apaguen las velas y piquen la torta»
La guinda del pastel la puso este primero de mayo el “presidente obrero”.
Maduro se encargó de apagar todas las expectativas respecto a un posible aumento de salario que corrigiera- medianamente- las injusticias y entuertos ocasionados por el Instructivo ONAPRE y el Memorándum 2792.
Faltando a su promesa hecha en 2022, anunció un leve incremento de la bonificación por alimentación y el discrecional y proselitista “Bono de Guerra”.
El salario sigue igual –sin aumento- mientras los trabajadores caminan sin rumbo atrás hacia la pobreza, pierden la capacidad de consumo y son despojados de su capacidad de ahorro.
Pero, a diferencia de 2022, la narrativa cambió.
El boyante y risueño Maduro de hace un año -que se ufanaba frente a las sanciones y juraba proteger el ingreso de los trabajadores-, hoy emplea otra excusa para negar los derechos de la gente.
Ahora la culpa es de la corrupción.
Hace un año, cuando comisionó a su hombre fuerte, Tareck El Aisami, para crear el Banco Digital de los Trabajadores, la corrupción no era un problema.
Cuando su gobierno promulgó el Memorándum 2792 para asfixiar el derecho a la contratación colectiva en el país, tampoco fue un problema, y cuando la ONAPRE acabó con las conquistas salariales de centenares de empleados públicos, todo siguió marchando muy bien para el “presidente obrero”.
Pero los trabajadores siguen en la calle, uniéndose poco a poco y, seguro, más temprano que tarde, le devolverán esos zarpazos.
ACERCA DEL AUTOR:
Inti Rodriguez
Activista de Derechos Humanos
