ACERCA DEL AUTOR:
Keymer Avila
Abogado (UCV) Máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal, UB (Barna). Investigador del @cpenalesucv y Profesor de @criminologial en Pre y Postgrado UCV
Keymer Ávila | Esta es una pregunta que me han hecho de manera recurrente durante los últimos días, en ocasiones más que preguntarme me lo afirmaban esperando que yo secundara esa idea.
Yo no he leído en ninguna investigación o estudio que todos los venezolanos, en todo el país y en todo tiempo acepten y defiendan a los líderes negativos dentro de los barrios, tenemos que tener cuidado con las generalizaciones. Habría que hacer estudios de opinión en todo el territorio nacional como para poder hacer una afirmación de ese tipo y hacer los análisis correspondientes a partir de sus resultados.
Lo que debemos tener en cuenta, sobre este particular, es lo siguiente: cuando el Estado y las instituciones reguladoras de la vida social se ausentan y dejan de cumplir su rol, este espacio lo ocupan otros actores y es lo que podemos observar en las periferias de varias ciudades latinoamericanas en Centroamérica, Brasil, Colombia, México y Venezuela. Porque eso también es otro asunto, los patriotismos negativos nos obligan a decir siempre que somos los únicos o los peores, pues no es el caso, no somos los únicos, aunque sí nos encontramos entre los países con los mayores índices de homicidios y de letalidad policial.
La regulación de la vida social que ejercen los grupos delictivos no es ideal, no hay que romantizarla, es un poder que se ejerce también de manera despótica y autoritaria. Así la gente del barrio termina teniendo múltiples victimarios: la exclusión estructural socio-económica, el propio Estado, sus cuerpos de seguridad y los grupos delictivos.
Entonces así como no hay que romantizar a los grupos delictivos tampoco se debe criminalizar a los vecinos del barrio. Si en determinado sector llega la policía a ejecutar a los jóvenes que allí habitan, maltratan a mujeres y niños, destruyen viviendas y ejercen distintas formas de pillaje; y en contraste los grupos delictivos lo que hacen es garantizar cierto orden –siempre violento, claro está- en ese espacio, tratan de establecer relaciones de mínima convivencia entre los vecinos y ejercen sus labores delictivas fuera del sector. Pues no es un tema moral, es una elección práctica en términos de costos-beneficios. La gente lo que quiere es llevar de manera tranquila su vida cotidiana y optará por quiénes le ofrezcan esa posibilidad de la manera más accesible, inmediata y sostenible.
Entonces no se trata de una adjudicación estática de roles de “buenos” y “malos”, el asunto es más complejo, que pudiera simplificarse en una elección racional por el “menos malo”, en unas circunstancias muy concretas de extrema vulnerabilidad. Es lo que sucede cuando cuesta distinguir las diferencias entre los cuerpos de seguridad y las bandas delictivas.
Sostener generalizaciones tales como “en los barrios la gente defiende a los delincuentes” no es más que la repetición de tesis clasistas y racistas que contribuyen a la criminalización de estos sectores, es este el sustrato ideológico que legitima políticas de masacres sistemáticas como las de la OLP o las que lleva ahora las FAES.
Un ejemplo de ello es lo ocurrido el ocho de mayo con la muerte de 12 en Petare, producto de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. El joven Brian Cedeño es uno de ellas, su caso no es excepcional, Brian es el hijo de cualquier madre del barrio, es el mismo caso de Darwilson Sequera, Cristian Charris o los más de cinco mil jóvenes que mueren anualmente a manos de los cuerpos de seguridad en Venezuela.
Entre los años 2010 y 2018 han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 23.688 personas. El 69% de estos casos ocurrió durante los últimos dos años. Llegando a una tasa que oscila entre las 16 y 19 pccmh fallecidas por estas causas, un registro superior a la tasa de homicidios de la mayoría de los países del mundo.
El porcentaje que ocupan las muertes en manos de las fuerzas de seguridad dentro de los homicidios en Venezuela también es cada vez mayor: en 2010 era apenas de un 4%, ocho años después llega a 33%. Es decir, según cifras oficiales, uno de cada tres homicidios que ocurre en el país es consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. Esto en un país cuya tasa de homicidios se encuentra entre las más altas del mundo puede considerarse como una masacre: durante 2018 murieron diariamente 14 jóvenes venezolanos por estas causas.
Tradicionalmente casos escandalosos o noticiosos, como los sucedidos hace unos días, son instrumentalizados políticamente para arrancar campañas de terror oficial, operativos policiales militarizados que masacran a los jóvenes del barrio de manera masiva. Esto se legitima con discursos alarmistas que se emprenden contra “enemigos” públicos. El saldo es la pérdida de miles de vidas humanas, la radicalización y mutación de las bandas que se hacen más violentas y con mayores arsenales, junto al empoderamiento cada vez más grande de los aparatos policiales y militares que terminan haciendo su voluntad. ¿Quiénes salen perdiendo? Todos nosotros, los ciudadanos de a pie que terminamos a su merced.
Publicado originalmente en: Efecto Cocuyo
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Keymer Avila
Abogado (UCV) Máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal, UB (Barna). Investigador del @cpenalesucv y Profesor de @criminologial en Pre y Postgrado UCV
