ACERCA DEL AUTOR:
Calixto Ávila
Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.
Calixto Ávila | Ni una sola mención a la Defensoría del Pueblo hizo la señora Michelle Bachelet el 14 de septiembre al presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos sobre cooperación y asistencia técnica con el Estado venezolano.
Que la principal institución nacional de derechos humanos no sea ni mencionada en ese informe, debería por lo menos avergonzar a quien encabeza esa institución, y quien fuera un defensor de derechos humanos de larga trayectoria en el país, experto además en temas de prevención y sanción a la tortura. Especialmente porque la Alta Comisionada había anunciado que desde el primer trimestre de 2020, esa y otras instituciones recibirían “asistencia técnica en materia de prevención de la tortura, investigaciones de ejecuciones extrajudiciales y la situación relativa a los centros de detención preventiva”. Ya era paradójico que la institución dirigida por un experto en el tema, necesitara además asesoría técnica en un área en la que él mismo podría haber asesorado a su propia institución.
Dos días más tarde, la Misión de Determinación de Hechos (MDH) presentó el informe que todo el país y la comunidad internacional conocen. Ni una sola palabra del Defensor del Pueblo se escuchó desde las primeras horas, como le correspondía hacer desde la principal institución nacional de derechos humanos. La posición oficial desconociendo el informe provino de la Cancillería del gobierno de facto, y el Defensor del Pueblo guardó silencio como si no dirigiera un órgano “independiente” con “autonomía funcional, financiera y administrativa”, como dice la Constitución. No en vano esa defensoría ha quedado clasificada por la GANHRI (la institución competente y asociada a la ONU) en la categoría B y no en la categoría A que es atribuida a las instituciones que cumplen totalmente con los Principios de París.
La Defensoría del Pueblo ha sido cuidadosamente momificada y relegada a una función de ornato en las instituciones del Estado. Su única coherencia es que si no pinta en el escenario interno, tampoco puede pintar en el escenario internacional, especialmente en las Naciones Unidas de donde emana gran parte de los tratados internacionales de derechos humanos. La momificación de esa defensoría fue aderezada con el bálsamo de teorías críticas de los derechos humanos, inyectadas y apropiadas por esa institución.
No rechazamos aquí el que los fundamentos teóricos de los derechos humanos sean criticados y revisados pues es gracias a esos procesos que han evolucionado con los nuevos tiempos y realidades. Pero una cosa distinta es ampararse en las teorías críticas para neutralizar las funciones constitucionales de ese ente, incluida la de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos.
¿Qué tienen para decir quienes desde esa defensoría nutrieron la literatura para los talleres sobre perspectiva crítica de los derechos humanos, a propósito de los hechos constatados por la MDH? ¿Qué opinarán de que esas graves violaciones a los derechos humanos puedan también constituir crímenes contra la humanidad? No podemos ser optimistas como para esperar una respuesta a estas preguntas.
Nada puede justificar éticamente que los dolorosos relatos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, recogidos por la MDH, hayan escapado a los oídos de quienes en el pasado escucharon a otras víctimas de crímenes similares. Al fin de cuentas, el informe de la MDH es la pintura que dibuja lo que ha sucedido en el país en los últimos años.
El rechazo a ese informe, por acción u omisión, desde las instancias del poder de facto, rememora la escena, real o no, de un oficial nazi asaltando el piso parisino de Picasso y quien al ver una fotografía del Guernica, preguntó al pintor si lo había hecho él. “No, ustedes lo hicieron”, habría sido la respuesta de Picasso: “No, ustedes lo hicieron”, habría repetido.
- Abogado, representante de Provea en Europa.
ACERCA DEL AUTOR:
Calixto Ávila
Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.
