ACERCA DEL AUTOR:
Oly Millán
Economista (UCV) y exministra del Ministerio para la Economía Popular (2006). Integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la CRBV y de la Plataforma Contra el Desfalco a la Nación.
Oly Millán | Un tema que está pesando y gravitara por muchos años en la vida de los venezolanos: es el referido a la deuda, por ello no es mera casualidad el hecho de que en paralelo a las reuniones de dialogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y un sector de la oposición liderizada por el presidente de la Asamblea Nacional, hemos visto también durante las últimas semanas a quienes forman parte del equipo económico de Dip. Guaidô, en su condición como “presidente interino,” muy activos hablando de la deuda venezolana e inclusive se atrevieron a definir públicamente el esquema de reestructuración que se aplicara para cuando, según ellos, tome posesión formal lo que definen como el “gobierno de transición”.
En anteriores documentos hemos caracterizado a la deuda venezolana como parte del mecanismo delictivo de captura de capitales que se ha fomentado en el país durante el pasado y presente siglo. En este siglo XXI la deuda en medio de un control cambiario instrumentado a partir del 2003 y en el marco del mayor boom petrolero que se haya conocido en la historia petrolera mundial, hablando solamente de la deuda financiera soberana y de PDVSA, se incrementó en más de un 600% con el agravante de ser emitida con “doble denominación”, es decir, bonos que fueron ofrecidos y comprados en bolívares (sobrevalorados) y pagados tanto el cupón como el capital en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Vale acotar que no todos los que compraron los bonos de buena fe, lo hicieron con la intención de desfalcar a la república, ya que la adquisición de dichos bonos significaba de forma lícita una oportunidad de ahorros y de inversión, pero ese no es el mismo caso de quienes diseñaron el mecanismo de la deuda con “doble denominación” cuya responsabilidad principal recae en algunos funcionarios que tenían y tienen poder de decisión tanto en la política económica como petrolera del país, que conjuntamente con la élite financiera nacional e internacional, se han beneficiado con creces de las penurias por las que viene atravesando el pueblo venezolano y que, sin temor a equivocarme, han sido y son cómplices de este mecanismo que se instaló para desfalcar los recursos de la Nación.
Por otra parte, también hemos venido planteando que cualquier propuesta de reconstrucción de Venezuela, pasa necesariamente por tener una mirada integral, ciudadana y soberana sobre el fenómeno de la deuda, el cual no es un tema meramente financiero-legal, sino que es fundamentalmente político y profundamente social. En las actuales condiciones de profunda y larga crisis en las cuales está el país, y en el futuro inmediato, pareciera que el dilema planteado se presenta: entre pagar deuda o defender los derechos humanos de todos los venezolanos. Por cierto, la solución a este dilema siempre la ha tenido bien clara el Gobierno de Nicolás Maduro quien, sacrificando las condiciones de vida del pueblo venezolano, había venido cancelando puntualmente los compromisos de deuda hasta que en agosto del 2017 el Departamento de Estado de los EEUU le impone las primeras sanciones financieras, impidiendo que se siga utilizando la plataforma financiera del dólar como mecanismo y soporte para la emisión de nuevas deudas, situación que llevo al país a lo que se pudiera definir como un “default selectivo” al priorizar fundamentalmente durante el 2018, la administración de Maduro, el pago que correspondió tanto al capital como a los cupones de los bonos PDVSA2020 por encima del pago de otros bonos que se mantienen en situación de no pago.
Lo concreto para los venezolanos es el hecho cierto de que el tema deuda forma y formara parte de nuestra cotidianidad afectando, sin lugar a dudas, nuestro futuro inmediato y mediato. No es un asunto del cual se pueda despachar unilateralmente por parte de unos “expertos” que se arrogan el derecho “sin ton ni son” a definir el futuro del país, el mismo mal que padece y que con sobradas razones se le critica al Gobierno de Nicolás Maduro en su deriva autoritaria, lo tienen quienes se asumen que se constituirán como “gobierno de transición”, una muestra de ello, muy grave a mi modo de ver, es el documento reciente que preparo el equipo económico del diputado Juan Guaidò para reestructurar la deuda venezolana, sin llegar a someter dicho documento a un debate público nacional, por lo menos en el propio seno de la Asamblea Nacional, institución le que le otorgó mínimamente el marco legal para su autoproclamación como “presidente interino”.
La auditoría pública y ciudadana de la deuda venezolana es una exigencia que debe estar en cualquier propuesta de reestructuración de la misma que pretenda con honestidad, hacer las cosas distintas a lo que ha significado las practicas del pasado remoto y reciente. La Venezuela del futuro no puede debatirse entre pagar deuda o defender los derechos humanos, por encima de los intereses del capital está el derecho una vida digna.
Es importante acotar que el Dip. Guaidò se juramenta sustentado en el articulo 233 de la CRBV, el cual solo le da facultades para convocar elecciones durante los siguientes 30 días de su juramentación y, desde ese momento de su juramentación, hasta la fecha han pasado más de 180 días.
https://primerinforme.com/index.php/2019/07/12/equipo-de-guaido-preve-designar-un-agente-de-reconciliacion-para-reestructuracion-de-la-deuda-externa/
Esto sin mencionar la deuda comercial de PDVSA, la deuda con China, Rusia, entre otras.
Me refiero por ejemplo a las Cajas de Ahorros y a los ahorristas que individualmente adquirieron los bonos y en su conjunto no representan un peso importante del total de bonistas.
El mismo Nicolás Maduro afirmo públicamente en agosto 2017 que su gobierno había cancelado 65.000 millones de USD a los tenedores de bonos en tan solo 24 meses. Ver: https://www.el-carabobeno.com/nicolas-maduro-convoca-tenedores-bonos-una-reunion-tras-sanciones-eeuu/
Son los bonos que están garantizados con el 51% de las acciones de Citgo.
ACERCA DEL AUTOR:
Oly Millán
Economista (UCV) y exministra del Ministerio para la Economía Popular (2006). Integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la CRBV y de la Plataforma Contra el Desfalco a la Nación.
