La irresponsabilidad de Iris Varela │ PROVEA

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Carlos Nieto Palma

Abogado y Coordinador de la ONG “Una Ventana a la Libertad”. Es columnista del diario El Nacional.

Carlos Nieto | El pasado lunes 07 de noviembre la Ministra para el Servicio Penitenciario Iris Varela convoco a los medios de comunicación social a su despacho para dar una rueda de prensa para entre otras cosas hablar de los “grandes logros” en el pasado examen periódico universal efectuado en la sede de la ONU en Ginebra el pasado 01 de noviembre de 2016.

La rueda de prensa a pesar de estar llena de falsedades, a las que ya todos estamos acostumbrados, como decir que “nuestro sistema penitenciario es ejemplo del mundo” o el que “las piscinas y discotecas de las cárceles vienen de la cuarta república”, asuntos los que no se requiere ser un experto en el tema penitenciario para tener claro que se trata de simples fantasías de la ministra, que no concuerdan con la realidad de nuestro sistema penitenciario, hay graves anuncios de la ministra Varela en este encuentro con los medios que vale la pena reseñarles hoy.

La Ministra para el Servicio Penitenciario afirmo “No voy a recibir a una persona que no tenga ni siquiera una audiencia preliminar. No voy a recibir en las cárceles nacionales a una persona que no tenga un juicio, tiene que tener su tribunal de juicio ya designado porque hay un derecho humano que nosotros respetamos, que es el debido proceso, que es el derecho a ser juzgados en libertad y que es la presunción de inocencia. Esos son derechos humanos. Una persona que está detenida, a menos que haya sido sorprendida en flagrancia, es inocente hasta que se demuestre lo contrario y eso se demuestra con un juicio justo y con una sentencia (…) No puedo recibir a una persona que no esté ni siquiera plenamente identificada. La Fiscalía tiene que identificar plenamente a los detenidos”, aseguró Varela.

Ante tal barbaridad que podría acarear situaciones graves en materia de seguridad a la ciudadanía en general me gustaría primero hacer unas consideraciones legales básicas. El artículo 4 del Código Orgánico Penitenciario establece “El Estado, a través del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia penitenciaria, garantiza a las personas privadas de libertad el ejercicio y goce de los derechos humanos consagrados en la Constitución, así como en los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, suscritos y ratificados por la República, excepto aquellos cuyo ejercicio esté restringido por la pena impuesta o por la medida de privación judicial preventiva de libertad, y por las establecidas en el presente Código”, es claro que no hay una distinción entre tipos de privados de libertad, toda persona privada de libertad, en el lugar que este, es responsabilidad de Ministerio Penitenciario según establece la ley.

Igualmente Decreto N° 8.266 de fecha 14 de junio de 2011, mediante el cual se crea el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y publicado en Gaceta Oficial N° 39.721 del 26 de julio de 2011, establece en su artículo 2° “Son competencias del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario: 1.Diseñar, formular y evaluar políticas, estrategias, planes y programas, regidos por principios y valores éticos, destinados a garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos fundamentales de los procesados y procesadas, penados y penadas, así como procurar su rehabilitación y mejorar sus posibilidades de reinserción en la sociedad” tampoco el decreto de creación del Ministerio Penitenciario dice que hay privados de libertad que son su competencia y otros no, claramente establece que debe trabajar para garantizar los derechos humanos de los procesados y penados, sin distinción.

Con esta decisión arbitraria y contaría a la ley de no recibir detenidos en los recintos bajo el control de su ministerio si no se les ha realizado la audiencia preliminar es simplemente escurrir el bulto a su responsabilidad y pretender endosársela a los organismos policiales

Lo que dice la Ministra Varela va en contra de lo que establece el Código Orgánico Penitenciario y el mismo decreto de creación del ministerio que dirige, estos claramente la responsabiliza a ella y sus funcionarios, del caos que se vive en los centros de detención preventiva y la situación de los reclusos que allí se encuentran que suman más de 40 mil, con esta decisión arbitraria y contaría a la ley de no recibir detenidos en los recintos bajo el control de su ministerio si no se les ha realizado la audiencia preliminar es simplemente escurrir el bulto a su responsabilidad y pretender endosársela a los organismos policiales.

Muchas veces hemos dicho que los centros de detención preventiva son sitios transitorios para tener a los detenidos mientras son trasladados a la audiencia de presentación ante el juez que debe ocurrir dentro de las 48 horas a la detención, estos centros no reúnen condiciones, ni de espacio, ni higiénicas para tener más reclusos de su capacidad, tampoco cuenta con personal preparado para este trabajo aunado a no contar con servicio de alimentación para los privados de libertad, ni presupuesto para mantener a estos en sus instalaciones, cosa de la que si dispone el Ministerio Penitenciario.

Las cárceles no son de la Ministra Penitenciaria y no puede manejarlas como si fuera una bodega donde ella da las ordenes y decide quien entra y quién sale, se trata de seres humanos en pleno ejercicio de sus derechos que ella está en la obligación de garantizar, hay que tener en cuenta que el caos que se vive en los centros de detención preventiva es su responsabilidad por no haber construido los 24 centros que ofreció hace más de 5 años, para procesados en todo el país, uno en cada estado, donde inclusive el fallecido Presidente Chávez decretó el 16 de octubre de 2012 la emergencia de la infraestructura carcelaria para poner en práctica el proyecto de construcción de los centros de procesados judiciales para el sistema penitenciario venezolano en todas sus fases, cosa con lo que no cumplió, por el contrario se dedicó a cerrar cárceles en todo el país sin tener donde llevar a los reclusos de las cárceles que cerrada, lo que evidentemente colapso los recintos carcelarios y extendió la situación a los centros de detención preventiva.

La irresponsabilidad de la Ministra Varela va a traer como consecuencia que cada día tendremos a más policías cuidando presos y no a los ciudadanos en la calle y que ante la falta de espacio para tener detenidos en las sedes policiales, estos se abstendrán de realizar detenciones y los ciudadanos pagaremos las consecuencias ante el hampa desbordada e impune.