ACERCA DEL AUTOR:
Rafael Venegas
Profesor universitario. Dirigente político. Secretario General de Vanguardia Popular.
Es un recurso manido de las dictaduras, los despotismos y demás regímenes autoritarios apelar a la promoción de cierto nacionalismo, tardío y ramplón, cuando el sol es ya un ocaso que les llega por la espalda pero no les da calor. Cuando pareciera que ya no pueden seguir engañando a nadie y han perdido los favores del pueblo, entonces inventan un enemigo externo, una presunta invasión extranjera, o desempolvan una antigua reclamación territorial abandonada a su suerte por ellos mismos, a fin de explotar atavismos “patrióticos”, de provocar un cierre de filas maniqueo y chantajista, según el cual quien está con la patria está conmigo y quien se opone a mí es enemigo del país y agente de intereses foráneos.
En Venezuela todo el mundo sabe, sin menester de referéndum alguno, que el Esequibo es nuestro, menos quienes tienen la responsabilidad de defenderlo. Parece como si se hubiesen despertado una buena mañana poseídos de alma nacional, después de al menos 20 años de letargo durante los cuales desatendieron nuestra legítima reclamación, como parte de una estrategia que buscaba colocar los países del Caribe bajo la órbita de una geopolítica delirante, grandilocuente y demagógica sostenida en la chequera petrolera, la cual duró hasta que esta se agotó y que era y sigue siendo subsidiaria de los intereses chinos y rusos.
Ahora despiertan con una campaña milmillonaria –cuyos recursos bien podrían haber servido para reparar unas cuantas escuelas y no pocos hospitales urgidos de equipos, medicinas e insumos médicos; o para mejorar los salarios, pensiones y jubilaciones de los trabajadores sometidos a su política hambreadora– orientada a promover un referéndum a todas luces inoficioso, irresponsable y falaz, que se traduce en redundancia atosigante. La soberanía no atosiga; lo que atosiga es la manipulación de la conciencia con base en la demagogia y el engaño que están implícitos en esta iniciativa oficialista.
Así, por ejemplo, podríamos afirmar que el contenido de la pregunta 3 del referéndum en cuestión (¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?) oculta el hecho de que ya estamos sometidos a la jurisdicción de dicha Corte, a instancias de Guyana, con el visto bueno de la Secretaría General de la ONU y la admisión formal y expresa de los representantes de Venezuela. Se oculta, además, que tal procedimiento está contemplando en el propio Acuerdo de Ginebra de 1966 que reivindicamos todos, en el caso de que no sea posible, como en efecto ha ocurrido hasta ahora, arribar a una solución práctica y satisfactoria para las partes implicadas en la controversia.
También en este caso se oculta que, frente a la objeción venezolana, esta Corte ha declarado ya dos veces su competencia en esta materia, lo cual significa que aun si no acudiéramos a ella para presentar nuestros alegatos a partir de abril de 2024, como está pautado, dicha Corte está facultada para decidir sobre este asunto. ¿Qué sentido tiene entonces consultar al soberano en los términos de la pregunta formulada? ¿Qué implicaciones tendría que, con apelación a la eventual aprobación de esta pregunta, Venezuela se inhiba de asistir a esta instancia? Pues, que quedaríamos indefensos en un juicio que, igual, se llevaría a cabo y cuya decisión sería vinculante para nuestro país. ¿Y por qué llegamos a esto? Por la negligencia, la irresponsabilidad e impericia de quienes no han sabido defender los intereses históricos de Venezuela y ahora se rasgan las vestiduras con un referéndum engañoso.
Interroguémonos ahora sobre las implicaciones que tendría la aprobación de lo contenido en la pregunta 5: ¿Está usted de acuerdo con la creación del estado de Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana , conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano? (corchetes nuestros para indicar fallos de redacción y posibles correcciones). Además de la mala redacción de la pregunta, lo primero a establecer es que resulta una falacia apelar al Acuerdo de Ginebra y al Derecho Internacional para dar este paso. Por el contrario, hacerlo como un acto unilateral, antes de que se hayan agotado las vías previstas en dicho Acuerdo para resolver la controversia, es colocarse al margen de él y del Derecho Internacional.
Se podría argumentar que Guyana ha actuado por la vía de hecho y al margen del Acuerdo al otorgar concesiones y/o contratos para la exploración y explotación de yacimientos petrolíferos y gasíferos en el territorio objeto de nuestra reclamación. Nosotros respondemos que esto ha sido posible gracias a la inacción y negligencia del gobierno venezolano. Gracias a la ligereza e irresponsabilidad con la cual Hugo Chávez, en visita oficial a Guyana realizada en febrero de 2004, le abrió las compuertas a esta para que lo hiciera. Gracias a que prácticamente no existe una política de fronteras orientada al poblamiento de nuestros legítimos territorios y al ejercicio efectivo de nuestra soberanía en ellos. Gracias a que cuando la cúpula gobernante despertó de su letargo ya el gobierno de Guyana, apoyado principalmente en compañías chinas –frente a cuya presencia e intereses el régimen guarda deliberado silencio–, había avanzado en la construcción de importantes obras de infraestructura y servicios orientadas al poblamiento de este territorio. Gracias, en definitiva, a que el gobierno venezolano nunca planteó, ante las instancias competentes previstas en el Acuerdo de Ginebra, la solicitud de medidas provisionales para oponerse a las actuaciones de Guyana; la cual, por el contrario, se ha apoyado en lo suscrito y declarado por Chávez el 14 de febrero de 2004 como base para avanzar en su plan de posesión ilegal de nuestra Guayana Esequiba.
¿Qué va a hacer el régimen en la eventualidad de que se apruebe lo propuesto en la pregunta 5? Si no actúa habrá engañado al pueblo una vez más, pero si lo hace es peor porque nos estaría conduciendo a un conflicto. ¿Será esto lo que en el fondo busca? ¿Será que intentará por la vía de la fuerza borrar 20 años de irresponsabilidad y omisiones, para reivindicar lo que no ha sabido defender en la mesa de negociación con apelación a la solidez de argumentos y títulos y al Derecho Internacional que nos asiste? ¿O será que, en sintonía con lo dicho al inicio de este artículo, se busca provocar un conflicto para zafarse de la obligación constitucional de realizar la elección presidencial en 2024?
ACERCA DEL AUTOR:
Rafael Venegas
Profesor universitario. Dirigente político. Secretario General de Vanguardia Popular.
