La gasolina y la renuncia al propósito más grande del Gobierno de Guaidó │ PROVEA

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Jairo García Méndez

Abogado y profesor de Derecho Constitucional, Director de Universitas Fundación, Consejero de la Ciudad de Barquisimeto (CCCB).

Jairo García Méndez | En el artículo La gasolina y el Estado fallido en Venezuela, el profesor José Ignacio Hernández, argumenta su posición en relación con el “error” que implicaría un acuerdo político humanitario que le permita a Maduro importar gasolina para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano y hacer frente entre todos con mayor eficiencia a la pandemia del coronavirus, tal como varias organizaciones y personalidades de la sociedad civil venezolana lo han solicitado.

La argumentación del Procurador Especial designado por la Asamblea Nacional, funcionario de esa estructura mínima institucional creada de acuerdo con el Estatuto que Rige la Transición hacia la Democracia, se puede resumir en los siguientes puntos:

La crisis del suministro de la gasolina en Venezuela es muy compleja, pero tiene una causa determinante, efectiva o de “limitación más vinculante” (R. Hausmann), que es la debilitada capacidad estatal para cumplir con las obligaciones que le impone la garantía del desarrollo humano, y cita las polémicas figuras del “Estado fallido” o “Estado frágil”, para explicar el diseño estatal de Maduro para poder imponer su modelo autoritario.
Esta incapacidad estatal ha generado que la distribución de la gasolina se haya convertido en una renta atrapada por mecanismos “informales de gobernanza”, que todos los venezolanos sabemos, están conformados por grupos de militares y grupos paramilitares (“unión cívico-militar-policial”), que dominan la venta ilegal de la gasolina, que es claramente un mecanismo de financiamiento de la fuerza que sostiene el gobierno autoritario.
Que permitir la importación de gasolina podría ser una solución temporal, un alivio, que no soluciona el problema más grave de los venezolanos, y que podría ser usada por Maduro para seguir violando los derechos humanos, perseguir a los funcionarios legítimos del Gobierno Encargado y seguir alimentando la renta criminal.
Que la solución a la crisis general de Venezuela pasa por el desplazamiento de Maduro y la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional que permita la coevolución, es decir, hacer frente a la crisis humanitaria compleja, incluida la pandemia del coronavirus, y fortalecer el Estado “para desplazar las organizaciones informales que han surgido a la sombra del colapso estatal”-

En síntesis, no puede haber acuerdo político para permitir la importación de gasolina (en el supuesto de que Maduro lo pudiera hacer), por razones humanitarias como garantizar la atención médica, producción y movilización de alimentos, funcionamiento de hospitales y ambulancias, desplazamiento del personal sanitario, etcétera, porque esa no es la solución al colapso del Estado, causa determinante del autoritarismo de Maduro y su cleptocracia. Así que nos espera “sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”, cita a Churchill para finalizar su razonamiento, el profesor Hernández.

¿Responde ese razonamiento a la exigencia de un acuerdo humanitario que permita la importación o ingreso de gasolina para enfrentar o mitigar la amenaza de catástrofe humanitaria, incluso, prevista por el informe de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, con ocasión del coronavirus? No, y doy las razones:

Las propuestas de acuerdo político por razones humanitarias que permita la importación de gasolina, entre otras medidas, implican compromisos para Maduro y su régimen. Hay exigencias en esas propuestas que debe cumplir la “unión cívico-militar-policial” realmente existente y que tiene control territorial; y pone como propósito mayor no un objetivo político legítimo (cese de la usurpación), sino el derecho a la vida, a la salud y la alimentación de los venezolanos extremadamente amenazado en Venezuela. El derecho a la vida es un propósito mayor, es el propósito más grande de la política civilizada, y así lo establece no solo la Constitución cuyo restablecimiento se propuso la Asamblea Nacional desde el año 2016, en reiterados acuerdos parlamentarios, sino también el Estatuto que rige la Transición a la Democracia, cuyo artículo 5 dice bellamente: “Los valores superiores que rigen el presente Estatuto son la vida, la libertad… la preeminencia de los derechos humanos…” ¿Ya nos olvidamos de ese acto normativo, de la Constitución posible en medio de ruptura de la democracia y la alteración de la vida institucional provocada por Maduro, que en múltiples artículos el profesor Hernández ha explicado de manera profesoral?
La única manera que su razonamiento sea válido políticamente, es que el Gobierno Encargado tuviera la fuerza necesaria para desplazar a Maduro, imponer el Gobierno de Emergencia Nacional, y enfrentar de inmediato la amenaza que se cierne sobre la vida y salud de los venezolanos, y reconstruir las capacidades del Estado, tal como el Procurador Especial lo sugiere. La oposición visible está lejos de tener esa fuerza y capacidad, entre otras razones -que no explicaré aquí-, por el abandono de las fuerzas ciudadanas y su enclaustramiento en los cogollos de los partidos políticos envejecidos y opacos.
Las distintas propuestas de acuerdo político por razones humanitarias (incluida la posibilidad de la importación de gasolina), contienen condiciones como la participación de las organizaciones humanitarias internacionales y nacionales, mínimas exigencias de transparencia, liberación de presos políticos, entre otras. No es un acuerdo ingenuo lo que se pide.
En estos momentos tanto la oposición oficial como Maduro, en relación con la pandemia, cometen el mismo error inhumano e inmoral: Instrumentalizan la vida y la salud de los venezolanos, las usan como razones propagandísticas, de la política desnuda, sin matices axiológicos: los unos quieren usarlas para conquistar el poder ante un esperado e ilusorio colapso total del régimen de Maduro (ante el colapso humano) y los otros para sostenerse en el poder de manera criminal. Y eso deslegitima a las dos partes, sin desconocer de qué lado está la mayor y gran responsabilidad, a la luz del poder legitimador del respeto y garantía de los derechos humanos.
El acuerdo político por razones humanitarias es una exigencia moral: primero la vida de los venezolanos y luego la lucha por el poder. No hay allí un error, hay una gran posibilidad de abrir los caminos hacia la reconstrucción de la democracia y la paz en Venezuela.

El peligro que se cierne sobre la Asamblea Nacional y el Gobierno Encargado, es la ilegitimidad por no defender los valores más grandes, el propósito más grande de cualquier estrategia política civilizada: la preeminencia de la vida y de los derechos humanos, el gran propósito que debe tener una oposición democrática y con sensibilidad constitucional.

Barquisimeto, 23 de mayo de 2020