El pasado 17 de mayo del presente año, la Alianza de Familiares de Víctimas en Venezuela (Alfavic-Venezuela) emitió un pronunciamiento en el cual establece una serie de planteamientos relacionados con la necesidad que se investiguen las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en el país al menos desde 2014.
Alfavic es una organización de víctimas que agrupa a familiares de personas asesinadas en el contexto de protestas y también en los denominados operativos de seguridad ciudadana. Llevan varios años documentando los hechos, circunstancias y presuntos responsables de quienes privaron de manera arbitraria la vida a sus seres queridos y aportando información a las instancias nacionales e internacionales para que no haya impunidad.
Resalto del comunicado publico tres afirmaciones que sirven de guía para los debates y acciones necesarias que deben realizarse para que los responsables de las violaciones y crímenes rindan cuentas por sus actos.
“Las víctimas de violaciones de derechos humanos sean tomadas en cuenta, consultadas, consideradas en cualquier escenario de transición, justicia y garantía de derechos” Hay justo reclamo a la sociedad y sobre todo a los tomadores de decisiones, en el sentido que las voces de las víctimas organizadas o no, deben ser escuchadas si se quisiera establecer una ruta orientada a conocer la verdad, construir memoria e imponer justicia.
Toda pretensión de construir mecanismos en esa dirección sin consultar a quienes han sufrido de manera directa los graves hechos ocurridos no contará con la legitimidad necesaria para lograr resultados positivos.
“La justicia no es venganza” un mensaje contundente de los familiares. Exigir que se investigue los hechos, se establezcan responsabilidades y se impongan las sanciones correspondientes no puede considerarse venganza.
Al respeto llama la atención el empeño casi obsesivo de algunos sectores políticos de trabajar para que se produzca una especie de” borrón y cuenta nueva” porque aparentemente ello es fundamental para que haya paz.
Señalan esos actores políticos que ante un posible cambio de gobierno es fundamental dar garantías a la cúpula gobernante para lograr una transición sin mayores tensiones. Y esas garantías apuntan a que no se les investigue.
La respuesta de los familiares a esas pretensiones es firme: la justicia no es negociable.
Hay un aspecto que además debe siempre estar presente y es la existencia de una investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Un nuevo gobierno deberá cooperar con la Fiscalía. Implementar realmente el principio de complementariedad. Ello obliga al Estado venezolano a investigar y sancionar. Es un propósito para el cual se requiere una ruta clara y transparente.
Como bien lo dice Alfavic: no se puede hablar de paz con impunidad.
La impunidad no es opción, la justicia sí.
