“Aranza, mi segunda hija, estaba en clases de música. Debido a la situación del transporte, que no nos alcanza el dinero para los pasajes de ida y venida, no pudo continuar. Era todo un proceso para poderla llevar desde El Valle a Montalbán. Y comenzó mi preocupación porque allá ella tenía su disciplina. Ahora no tiene otra actividad además de los estudios. Ha estado muy sedentaria y quiere estar metida en la tablet nada más. Yo le digo ‘bueno y entonces, Aranza, ¿qué vas a hacer tú, en tu vida? Vete en mi espejo, que después me arrepentí’. Quiero que sea independiente, que aprenda a defenderse, porque el día de mañana cuando yo no esté, tiene que poder hacer sus cosas”, comenta Andrea, madre residente de El Valle, al equipo de Vamos Convive, un programa de la ONG Mi Convive dedicado a la atención de jóvenes en situación de riesgo por la violencia armada en Caracas.
Andrea no es la única. Su preocupación está enmarcada en un duro contexto país. Hoy la gran mayoría de adolescentes y jóvenes estudiantes en Venezuela sólo tienen actividades escolares entre dos y tres días a la semana. Es un modo de supervivencia de las escuelas, frente a las muchas y complejas deficiencias en recursos, personal profesional e infraestructura. “Eso es lo normal. Ahorita todos estudian así”, suelta Aranza de 15 años, en la conversación mientras scrollea videos en TikTok con Calm Down de Selena de fondo. No es sólo que no hay clases diarias, la crisis también se expresa en el absentismo. Durante el año escolar 2021-2022 la inasistencia escolar se ubicó entre 20% y 50%, según la ONG Con La Escuela, es decir, los estudiantes perdieron de 40 a 100 jornadas de clases, de los 200 días que tiene el año escolar.
¿Dónde están los estudiantes si no están en el aula? Estudiar, salir al cine, tener tiempo para ejercitarse, acudir con regularidad a un chequeo médico, pasear con amistades. En la Venezuela de 2023, estos verbos son un privilegio para adolescentes y jóvenes. ENJUVE estima que un 11% de los varones entre 15 y 17 años de edad que no estaban inscritos en el sistema educativo para 2021 se había retirado para trabajar. Este porcentaje se incrementa para los jóvenes varones entre 18 y 24 años (16%) y entre 25 y 29 años (17%). En el caso de las mujeres, la diferencia es poca, pero tienden al alza: 14% entre las adolescentes y 18% tanto para el renglón entre 18 y 24 años como para las que tienen 25 y 29 años. Además, mientras ninguno de los adolescentes varones encuestados asegura que la razón para salir del sistema educativo sea hacerse cargo de los cuidados del hogar, las adolescentes mujeres tienen un porcentaje de 13% en esta categoría.
Los ciudadanos son los que asumen las labores de un Estado ausente. La fragilidad se expresa no solo en el sistema educativo, también en las deficiencias de las instituciones de salud (que hace que sean los pacientes los que lleven los insumos operatorios cuando requieren una intervención), los salarios destruidos en medio de una economía anómala de inflación y desigualdades, la condición caótica de los servicios básicos (que hace que las personas busquen resolver con propias manos instalando plantas eléctricas, tanques de agua y otros), un gobierno de corrupción voraz y campante que colecciona décadas de saqueo. En general, coexistimos en un desierto baldío de instituciones sólidas que acompañen y atiendan las necesidades de los hogares venezolanos.
La expresión de preocupación de Andrea como madre, aunque pueda resultar cotidiana y trivial, es manifestación de una realidad profunda de la familia venezolana. Es un síntoma del escenario de desamparo general que conlleva a situaciones de riesgo y vulnerabilidad para los jóvenes ¿cómo resolver? ¿cómo la familia se da abasto para enfrentar las necesidades de educación, salud, sustento, movilización y recreación? ¿de qué echar mano para construir una vida con oportunidades y espacios de desarrollo personal y social?
Estas son algunas de las interrogantes que nos ocupan el pensamiento cuando observamos los datos publicados por el estudio PsicoData 2023 de la UCAB. En este se indagaron distintas características psicosociales de la sociedad venezolana. Entre ellos, el apartado de Apoyo Social Percibido examina las redes y recursos sociales con que cuentan las personas. La encuesta preguntaba a dónde recurre la gente para solventar sus problemas y necesidades: el 67% afirmó que apela a la familia, el 30% a amistades y vecinos, y solamente el 9% expresa que acude a las instituciones cuando necesita ayuda: públicas, políticas, religiosas o deportivas.
Este hecho nos parece resaltante. En primer lugar, señala una sobrecarga importante, casi diríamos asfixiante, sobre la familia y el nivel doméstico en la resolución de las necesidades básicas de vida. Pero, además, confirma nuevamente la condición de desamparo institucional para los hogares venezolanos. Implica la falla estatal en su rol de proporcionar seguridad social que arroja a los ciudadanos a la jungla de la supervivencia.
Una jefatura con mucho costo
Mirtha es una representación de este análisis. Es una joven de 25 años, quien en 2017 quedó como la principal cuidadora de su hermano de 6 años, una vez que sus padres emigraron. “Tomar ese rol de mamá también ha sido fuerte porque es como que mira, aquí tienes un niño de 6 años. Es como que toma, críalo. A pesar de que la comunicación con mi mamá es constante y ella me puede decir algo o si el problema con mi hermanito fue muy fuerte, ella es la que termina hablando con él; hay cosas menores que en la casa tengo que trabajar con él. A veces me acuesto y pienso: ‘Dios mío, cómo hago con este, para que no sea un niño flojo cuando esté grande, que sea un niño en lo que cabe independiente y todas esas cosas»‘, dijo al equipo de Comunifilm, productores de la serie documental Lejos de Casa, publicada por Cecodap, una organización con más de tres décadas de trayectoria en la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia.
El adelanto de la carga familiar sobre los hombros de adolescentes y jóvenes irrumpe en su desarrollo evolutivo. Rosa Pellegrino, psicóloga de Cecodap, lo planteó así en una entrevista radial: “Hablamos de un adolescente que evidentemente no es un adulto. Su desarrollo aún está ocurriendo, en el que tiene que desarrollar habilidades mediante procesos de socialización como lo es vincularse con sus pares, en la escuela o en eventos sociales. El permanecer en casa para asumir roles de adulto, incluso trabajar, trunca ese proceso; pues asume responsabilidades con las que incluso puede que no cumpla con las usuales como lo sería ir a clases”.
Su pronóstico empírico tiene relación con el que arroja el científico. De acuerdo con las proyecciones que realizan los investigadores de la Encuesta Nacional sobre la Juventud 2021 (ENJUVE). Según este estudio, 1 millón y medio de adolescentes y jóvenes venezolanos (15 a 29 años de edad) están al frente de la jefatura del hogar donde residen. Son quienes llevan la carga económica de la familia, les toca asumir responsabilidades de sustento, protección y cuidado, dentro del contexto en que se dificultan las capacidades de los encargados de un hogar para mantener las necesidades básicas de sus miembros; incluso más, cuando este “cargo” les llega de forma intempestiva. Son adolescentes y jóvenes con más de un derecho coartado por esta situación y, como piezas de dominó en fila, afectar un derecho corrompe otros.
No se entienda que estamos en contra de que la familia juegue un rol importante en la satisfacción de requerimientos básicos, o que a nivel comunitario las personas se organicen y satisfagan parte crucial de sus situaciones; lo que queremos resaltar es la implicación que tiene el hecho de que en detrimento de tener en sus manos una enorme responsabilidad y poder político, económico, administrativo y armado, el gobierno está divorciado de la construcción de garantías de bienestar humano, en una situación que describe en gran medida las características de un Estado fallido. Y todo ese peso social está reposando sobre los hombros de la familia, de lo doméstico, y en forma particular, de los jóvenes.
* Vanessa Moreno, Periodista, activista por los derechos de la niñez y adolescencia, coordinadora de comunicación de CECODAP.
* Ernesto Rodríguez, Psicología Social, activista por los derechos humanos de la adolescencia y juventud, coordinador del programa Vamos Convive de Mi Convive.
