ACERCA DEL AUTOR:
Calixto Ávila
Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.
Calixto Ávila │ ¿Cuál es el costo en las Naciones Unidas de la intimidación y las represalias contra personal humanitario, defensores y defensoras de derechos humanos? Sin duda alguna ese costo es muy alto para un gobierno afanado por construir una imagen de apertura a la cooperación con el sistema de derechos humanos de la ONU, no sólo porque muestra que la sociedad civil se encuentra efectivamente en peligro en el país, sino porque fortalece los argumentos en favor de mecanismos de monitoreo robustos para Venezuela. Este es justamente el debate de fondo este mes de septiembre en Ginebra cuando sea presentado y discutido el informe de la Misión de Determinación de Hechos: ¿Venezuela necesita cooperación o monitoreo o ambos?
Por un lado, sin esas organizaciones de la sociedad civil, las Naciones Unidas y las demás organizaciones internacionales no podrían llevar ayuda humanitaria a la población venezolana sin contar con un soporte fiable en el terreno que permita validar y garantizar los estándares internacionales humanitarios. En Venezuela y en cualquier país del mundo con una emergencia humanitaria compleja, la asistencia humanitaria tiene en esas organizaciones un pilar fundamental especialmente cuando los mismos Estados han dejado de cumplir su rol como garantes. Por otro lado, la protección de los derechos humanos depende fundamentalmente de las organizaciones de la sociedad civil en todos los países y más aún en los países bajo observación especial por el Sistema Interamericano y el Sistema Universal, como es el caso de Venezuela.
Muchas organizaciones venezolanas han participado en los debates interactivos en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y son valoradas como fuentes fiables sobre la situación en el terreno. El rol de esas organizaciones y de las personas que recurren al sistema de la ONU es fundamental para su funcionamiento. En efecto, sin organizaciones sociales en el terreno no hay manera de que la ONU funcione, pues se convertiría en una organización de burócratas empoderados para negociar la suerte de los pueblos a cambio de favores mutuos. Por algo esa organización se llama como se llama, Organización de las NACIONES Unidas, pues su esencia es el ser humano como parte de una nación, es decir, como un grupo de personas con cierto grado de homogeneidad y que tiene vínculos objetivos como la raza, la lengua y la religión y vínculos subjetivos que les hace tener la voluntad de vivir juntos.
Sería entonces incoherente si la ONU no hubiera establecido mecanismos de protección a la sociedad civil que acude a ella, que usa los mecanismos de protección, que envía informaciones o que aplica las decisiones de sus órganos de protección. Además de la importante labor de la Relatora Especial para los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, debemos destacar un mecanismo especialmente diseñado para proteger a esas personas y organizaciones: la Resolución 12/2.
En efecto, mediante la Resolución 12/2, el Consejo de Derechos Humanos creó un mecanismo de monitoreo sobre intimidación y represalias contra personas y organizaciones que acuden a la ONU. Esa resolución mandata al Secretario General de las Naciones Unidas, actualmente Antonio Guterres, para presentar un informe anual sobre “Cooperación con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos”. Ese informe ha sido presentado desde 2010 por el mes de septiembre ante el Consejo.
Una lectura rápida de los diez informes publicados muestra que desde el primer informe de 2010, Venezuela se encuentra en el radar del Secretario General y que además fueron las represalias contra la jueza María Lourdes Afiuni las que inauguraron una larga lista de persecuciones e intimidaciones documentada por esos informes. Tampoco tardaron esos informes en incluir en 2015, al recién creado show “con el mazo dando” como mecanismo de intimidación y represalias por hechos ocurridos en 2014, siendo también mencionado año tras año en los consecutivos informes dibujando así su verdadera naturaleza.
Estamos a la espera de lo que dirá este mes el nuevo informe 2020 del Secretario General de la ONU sobre represalias e intimidaciones. Las organizaciones de derechos humanos hemos informado al Sistema Universal sobre diversos ataques ocurridos entre 2019 y 2020 contra organizaciones y personas que han usado los mecanismos de protección de la ONU, que han enviado informaciones o han aplicado las decisiones de sus órganos de protección. El objetivo final es garantizar la integridad de la sociedad civil venezolana para fortalecer el debate en las Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos y contribuir a la recuperación de la democracia en Venezuela.
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Calixto Ávila
Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.
