ACERCA DEL AUTOR:
Carlos Patiño
Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea.
Carlos Patiño |
«-¿Usted es un perro o un ser humano? –preguntó la voz.
-Un perro, mi cadete.
-Entonces, ¿qué hace de pie? Los perros andan a cuatro patas.»
La ciudad y los perros; Mario Vargas Llosa
El juzgamiento de civiles por tribunales militares como herramienta de discriminación política no es una práctica nueva. En octubre de 1963 fueron detenidos, violando su inmunidad parlamentaria, el senador Jesús Faría y cuatro diputados: Gustavo Machado, Eduardo Machado, Jesús María Casal y Jesús Villavicencio. En 1981 se inició un proceso judicial contra la periodista María Eugenia Díaz por supuestamente revelar secretos militares en un trabajo periodístico. En 1983 el turno fue para dos sindicalistas de las empresas básicas de Guayana, Sidor y Alcasa: Gabriel Moreno y Franklin Gómez.
Así, podemos seguir con los dos sobrevivientes de la “masacre de El Amparo”, los pescadores Wolmer Pinilla y José Arias en 1988, y el caso del profesor universitario Paulo Aure Sánchez en 2001. Unos de los casos más emblemáticos ha sido el del General retirado Francisco Usón Ramírez, procesado por la jurisdicción penal militar por unas declaraciones ofrecidas en un programa de televisión en 2004, cuestionando la versión oficial sobre la muerte de dos soldados. Por su condición de retiro, estaba sujeto a la jurisdicción civil.
Sin embargo, a partir del 2014, la aplicación de justicia militar contra civiles se ha convertido en una práctica generalizada en Venezuela, en franca violación del artículo 49 de la Constitución Nacional que establece el derecho de toda persona a ser juzgada por jueces naturales, en concordancia con el artículo 261 que limita la competencia de los tribunales militares a delitos de naturaleza militar. Si bien tenemos los casos de cinco capitanes indígenas y cinco sindicalistas en 2015 y varios procesos de personas reclamando en colas para comprar alimentos durante el 2016; ha sido en el marco de las protestas contra el gobierno donde se ha exacerbado esta inconstitucional práctica.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre el 1° de abril y el 31 de julio de 2017, más de 600 civiles detenidos en el contexto de protestas y marchas estaban siendo procesados por tribunales militares, acusados de delitos previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar, como los de “rebelión”, “traición” y “ataque al centinela”. Para las organizaciones Foro Penal Venezolano y Human Rights Watch las cifra sería superior, ya que han reseñado que durante ese lapso contabilizaron al menos 757 civiles presentados ante tribunales militares.
La CIDH ha manifestado su profunda preocupación por el uso de la jurisdicción penal militar para el procesamiento de civiles porque implica la violación de una serie de derechos, como el derecho al juez natural, y desnaturaliza las garantías judiciales de manera transversal en todo el proceso, lo cual tiene grave consecuencias en la vigencia del Estado de Derecho. El delito de rebelión militar se ha instrumentalizado para justificar detenciones por “actividad organizada y conspirativa”. El delito de ultraje al centinela u ofensa a la fuerza armada para penar opiniones ha sido objeto de una interpretación forzada del articulo para justificar la detención de personas que reclaman derechos.
En el mes de abril la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) publicó un informe sobre el tema. Concluye que los tribunales militares venezolanos no satisfacen las condiciones necesarias e inherentes de un tribunal independiente e imparcial, establecidos por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Jueces y fiscales, en tanto oficiales militares, son funcionarios del Poder Ejecutivo, sometidos a los principios de subordinación jerárquica y disciplina militar. Esta situación es totalmente contraria al principio de separación de poderes, elemento esencial para una correcta administración de justicia.
A la complicidad de los Poderes Públicos se suma el obsceno silencio del Defensor del Pueblo devenido en defensor de la dictadura. El gobierno de un “civil” como Nicolás Maduro ha demostrado ser más militarista que el de los propios militares que han ejercido la presidencia. La revolución se viste de uniforme y busca someterte con botas y armas de guerra.
ACERCA DEL AUTOR:
Carlos Patiño
Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea.
