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Luisa Pernalete

Educadora, promotora de la convivencia pacífica y la defensa de los DDHH

Luisa Pernalete | Cada cuatro años, desde el 15 de marzo de 2006, los Estados miembros de la ONU se someten a una evaluación pública en relación con sus compromisos en derechos humanos; eso es lo que se conoce como EPU (Examen Periódico Universal). Para esa revisión se tienen como base informes de varias fuentes: los propios gobiernos, cómo ellos evidencian sus obligaciones; pero también ONG pueden enviar informes alternativos. El propio día del examen pueden hacer observaciones y recomendaciones, en la sesión otros países.

En 2011, el Estado venezolano rindió su examen, se le hicieron 148 observaciones, aceptó 97 y no rechazó 51. El 1 de noviembre a Venezuela le correspondió rendir su examen de este año. El gobierno dice que salió muy bien, eso significa que, una de dos, o no escucha el clamor del pueblo, y en consecuencia no siente el sufrimientos de muchos venezolanos que están sufriendo, o no quiere ver, pero hay otros países que sí están viendo problemas en DD HH y lo han manifestado en el EPU. Es lo que comentaremos a continuación.

Mauritania, Palestina y Turquía recomendaron, por ejemplo, al Estado venezolano concluir el Plan Nacional de Acción en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes (negritas mías). ¡Qué coincidencia! A las organizaciones que hacemos vida en la Red de defensa de derechos de Niños Niñas y Adolescentes también nos preocupa eso y nos complacería que se hiciera. ¿Será por no tener ese plan que hay tanta incoherencia, falta de coordinación, acciones espasmódicas en esta materia? Eso es urgente. Y hay altos funcionarios que no lo ven.

Solo para refrescar la memoria, entre nosotros la tasa de adolescentes embarazadas es de 101 por cada 1.000. ¡Muchas! Ese número no baja. El Estado tiene que enseriarse

Vemos la recomendación de otros países: Jamaica, Togo y Sudán del Sur insisten en el tema de la prevención y atención de los embarazos en adolescentes. No nos extraña esta observación, pues recuerden ustedes que Venezuela exhibe la tasa más alta de embarazos tempranos en la región. Este es uno de los problemas que el Estado reconoce, pero ha sido ineficaz en abordarlo, seguimos sin políticas públicas para atender a los adolescentes, mientras tanto, seguimos teniendo niñas cuidando niñas, como suele decir la maestra Yanitza. Solo para refrescar la memoria, entre nosotros la tasa de adolescentes embarazadas es de 101 por cada 1.000. ¡Muchas! Ese número no baja. El Estado tiene que enseriarse.

Sigamos con lo que otros países ven: Canadá y Alemania se refirieron al problema de la escasez de comida para los NNA y a la necesidad de atender con medidas urgentes esta situación. ¡Uy! No voy a comenzar a contarles las últimas historias recogidas sobre el hambre, la disminución de talla y peso, las inasistencias de los pequeños en las escuelas por falta de comida, las angustias de las madres, la discriminación de los CLAP, proyecto bandera del gobierno. Todavía puede leer mi columna de la semana pasada. Canadá y Alemania lo ven, sin poner disfraces, ¿no debería verlo el Estado venezolano?

Para cuando escribo estas líneas, todavía la comisión formada México, Nigeria y Kazajistán no ha emitido su informe, pero para nosotros, los venezolanos, sabemos que Venezuela está en deuda con los DD HH, que por más discursos floridos y lobby que se haga, los niños, niñas y adolescentes no tienen garantizados los derechos. ¿Qué hacemos para que el Estado vea?

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