Misle González | La democracia supone la posibilidad de manifestar la voluntad y participar en las decisiones de interés público. Todos los ciudadanos tenemos derecho a intervenir directamente en la elaboración, discusión y puesta en marcha de las políticas públicas que nos permitan avanzar en la mejora de nuestras condiciones de vida y el pleno disfrute de los derechos humanos.
En Venezuela, la Constitución promulgada en 1999 establece la democracia participativa como mecanismo para garantizar el pleno goce de los derechos políticos, y con esto, lograr la participación de los ciudadanos en todos los ámbitos de la vida pública.
Venezuela tiene un compromiso con el respeto y la observancia de los derechos humanos en su calidad de signatario del Estatuto de Roma, la Carta Democrática Interamericana y un sin número de pactos internacionales, por lo que el Estado está obligado a preservar la democracia como forma de gobierno. El ejercicio de los derechos políticos, especialmente el de la participación, se convierte en un elemento neurálgico para el desarrollo de la democracia. Su importancia se centra en la protección, sostenimiento y funcionamiento del Estado de Derecho. La posibilidad de elegir y ser elegido en libertad por medio del voto universal y secreto garantiza el funcionamiento de los sistemas democráticos.
Cuando reflexionamos sobre democracia, entendemos que va más allá de la participación en los mecanismos de decisión sobre asuntos que conciernen a todos y que también está relacionada con la voluntad de la mayoría que se ve reflejada en la toma de decisiones, pero esto no siempre es así. Aunque la Constitución lo establece y los Pactos Internacionales obligan a los Estados a cumplir los Derechos Humanos, es tarea del ciudadano conocerlos, vigilarlos y defenderlos. Por supuesto, es responsabilidad del Estado la creación de mecanismos que faciliten la participación y la debida protección a quien los defienda. ´
Esta participación que comprende todos los ámbitos de la vida (nacional, regional o local), puede ser directa, de modo que el ciudadano es quien realiza la acción. Van desde el voto para elegir a quién gobernará en el próximo periodo presidencial, reunión con algún funcionario, emitir una carta, la propuesta de alguna política pública, hasta protestar en desacuerdo con alguna acción, etc. También puede ejercer la participación indirecta, por medio de asociaciones, gremios, organizaciones o representantes. Es decir, cuando deja de ser un individuo y se convierte en un colectivo o un grupo y la participación representa la voluntad de todos.
Ambas instancias son importantes, elegir como ser elegido, para el desarrollo de la democracia. El ideal es que el Estado de Derecho permita que todos los ciudadanos puedan votar en una elección transparente y pueda ser electo quien decida la mayoría. Para que este mismo Estado de Derecho le garantice las condiciones para el ejercicio pleno de las funciones para el cual fue electo.
Al final, la democracia no se limita a ser un sistema de gobierno, sino a la incesante búsqueda del goce pleno de los derechos humanos traducidos en el bienestar de cada uno de los ciudadanos
Importante tener en cuenta la interpretación que algunos hacen del hecho de ser “electos” pues no se trata de que los electores delegaron el poder en él, sino que es un representante de su voluntad, como explica Thomson, “el ejercicio ideal del derecho a ser elegido debe encontrarse precisamente en el amplio espacio que separa a los dos extremos indeseables: la ingobernabilidad y el sultanismo”.
Al final, la democracia no se limita a ser un sistema de gobierno, sino a la incesante búsqueda del goce pleno de los derechos humanos traducidos en el bienestar de cada uno de los ciudadanos. Pues no existe mejor forma para conocer las carencias y las posibles soluciones que consultándoles y haciéndolos el centro de la gestión. Sobre Venezuela y su democracia actualmente en el país no existen condiciones para el ejercicio de la participación política, y esto, va más allá de la destrucción de la mayoría de los mecanismos que garantizan la democracia ya que no existe respeto por los derechos humanos.
A pesar de que en años pasados Venezuela tiene el récord en procesos electorales celebrados, eso no se traduce en el bienestar de sus ciudadanos. Actualmente existe en el país una profunda incertidumbre a nivel político producto del resquebrajamiento institucional y la aplicación de medidas restrictivas que limitan la participación de los ciudadanos en la búsqueda de una solución pacífica, pero sobre todo, democrática.
El Gobierno de Nicolás Maduro, reelecto en unas elecciones carentes de toda legitimidad, en la que la representación de los partidos políticos que agrupan el mayor porcentaje de la oposición en el país no participó debido a la falta de condiciones, se esfuerza por desmantelar la institucionalidad democrática , despojando de sus funciones a los diputados del parlamento y moviliza la fuerza militar para reprimir la protesta social.
Mientras esto sucedió, la comunidad internacional apoyó la postura asumida por la Asamblea Nacional, a inicios del año pasado, como único poder público que goza de legitimidad en el país y con el nombramiento del diputado Juan Guaidó como presidente interino, acción que trajo como consecuencia mayor tensión en el plano político. El incremento de la represión contra el Poder Legislativo elevó la crisis política a otro nivel. Mientras tanto, el país avanza en una crisis humanitaria compleja sin precedentes en la historia reciente de América Latina. Y los principales factores políticos, de la mano de la comunidad internacional fracasaron en sus intentos de conseguir una solución consensuada.
Esa solución debe tener en el centro la dignidad humana que, aunque es la definición central de los derechos humanos, exige que los Estados garanticen una amplia gama de derechos, incluyendo los que se relacionan con las condiciones económicas, sociales y culturales. En el contexto venezolano las violaciones a los derechos humanos son casi que una política de Estado, quien propició una la crisis tan profunda que resulta imposible ocultarla. Para el cierre del año pasado la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), reveló que hay más de 4,7 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo, calificado incluso como el éxodo más grande en la historia reciente de la región. Por supuesto, huyendo del hambre, la escasez de medicinas, la precariedad de los servicios públicos, así como de la violencia y la inseguridad.
Con una crisis de esta magnitud, cualquiera podría pensar que el camino para dirimir las diferencias y encontrar la salida a la actual crisis, es la celebración de elecciones. Pero el actual Consejo Nacional Electoral (CNE), ha demostrado ser un órgano completamente parcializado que responde a los intereses de Nicolás Maduro. De hecho, este organismo acaba de ilegalizar a las tres últimas tarjetas pertenecientes a partidos de oposición negando así la posibilidad de que un sector de la población participe.
Este esfuerzo del régimen de Nicolás Maduro por hacerse de mecanismos que desmovilice al ciudadano y desmotivan la participación, no es exclusivo del Poder Electoral, el Poder Judicial a través de instrumentos jurídicos inhabilitó a la mayoría de los candidatos representantes de la oposición, incluso, a pesar de que la Constitución arropa con inmunidad a los representantes del parlamento, actualmente, un gran número de ellos fueron despojados de ella y cargan en sus hombros distintos procesos penales abiertos, algunos de ellos, se encuentran detenidos.
Esta situación no solo violenta el Estado de Derecho, sino que destroza la voluntad popular manifiesta en la elección de ese diputado, que una vez detenido no puede ejercer las funciones para las cuales fue electo. Para los venezolanos, la celebración de elecciones justas y transparentes depende del respeto de los derechos humanos, no solo el voto per se, sino la posibilidad de postularse para un cargo de elección popular y la posibilidad real de asumir y poder cumplir funciones.
Al leer todo esto, se podría pensar que no hay mucho que hacer puesto que Venezuela carece de Estado de Derecho, por lo tanto, se violan los derechos humanos de los ciudadanos, incluyendo por supuesto, la participación política. Aquí radica la importancia de exigir condiciones favorables que permitan a la sociedad venezolana avanzar hacia un escenario de compromiso de todos los actores, para que el país tenga un tránsito pacífico hacia la gobernabilidad democrática.
¿Participativa o representativa?
La palabra “participativa” resuena en el imaginario venezolano porque durante muchos años, se nos repitió lo que la Constitución establece, y es la noción de “democracia participativa y protagónica”, esto con el objetivo de ampliar el margen de acción y otorgarle al ciudadano la posibilidad de sentirse partícipe, en contraste con la democracia representativa.
La Constitución tiene ese espíritu, el fortalecimiento de las bases democráticas y el redimensionamiento del concepto de democracia representativa, asumida por el chavismo como la causante de la inconformidad y la frustración de los electores al no ver traducidas las ofertas de campaña en acciones concretas cuando logran alcanzan el poder.
Sin embargo, resulta disonante que el término sea la bandera de un Gobierno causante de la crisis humanitaria más grave de la actualidad. Si la “democracia participativa” supone un mayor grado de intervención del ciudadano en la creación, discusión y aplicación de políticas públicas que mejoren sus condiciones de vida, o garanticen el disfrute de los derechos humanos ¿Cómo es que Venezuela llegó a esta crisis? Podría pensarse que la llamada “democracia participativa” es solo parte de un discurso. Y bajo el argumento de que funciona sobre instituciones “directas” obvian la representación local que finalmente es parte de la descentralización. Esta forma de manejo restringe la participación efectiva del ciudadano en la conducción de los asuntos públicos.
La práctica democrática como derecho ciudadano necesariamente implica la unión de dos principios fundamentales: la representación y la participación, que de ninguna forma son excluyentes
En los Estados que no son Estados de Derecho quien controla el centro de poder se vale de distintos mecanismos para garantizar su permanencia a costa del respeto de los derechos humanos. Es por esto la importancia de que la práctica política garantice de alguna forma el control del poder como ejercicio democrático, lo que implica, la representación como sistema de participación que no puede quedar reducido a la participación electoral.
La práctica democrática como derecho ciudadano necesariamente implica la unión de dos principios fundamentales: la representación y la participación, que de ninguna forma son excluyentes. Lo que se debe asegurar es que la democracia representativa provea al ciudadano de mecanismos de participación, pues se tiende a juzgar con base en la incomprensión, cuando la verdad es que la democracia representativa que no garantiza la participación es deficiente; pero la supuesta democracia participativa que no asegura la representación no existe.
La única forma de perfeccionar la democracia es haciéndola más participativa y representativa, es decir, acercando el poder al ciudadano, cosa que sólo puede hacerse descentralizando política y territorialmente el Poder del Estado y acercarlo directamente hasta la comunidad. Se trata de distribuir el poder alrededor de todo el territorio nacional.
De esa forma la solución de los problemas o la mejora en las condiciones de vida de un ciudadano que vive en Tucupita no dependen de las decisiones que tome alguien en Caracas. Allí la importancia de concientizar, de entender, que el propósito de la democracia supera los eventos electorales, que es el ciudadano por medio de su participación un actor fundamental y que la función del Estado es garantizar que todos los ciudadanos puedan vivir con dignidad.
