Edwin Gil | El desplazamiento urbano hace referencia a la situación de una persona o grupo de personas obligadas a migrar dentro de su territorio nacional, sin menoscabo de la posibilidad de emigrar fuera de sus fronteras, por circunstancias ajenas a su voluntad o por la necesidad de buscar mejores oportunidades de trabajo que permitan impulsar su crecimiento económico y social.
En este sentido, hay personas que deciden cambiar de residencia a regiones alejadas de las grandes ciudades, como hay otras que consideran que vivir dentro de una importante ciudad es más factible en cuanto a las oportunidades para el desarrollo personal se refiere.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el desplazamiento es una violación continua y múltiple de derechos humanos y ha destacado la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la población desplazada. En conjunto con esto, ha indicado las obligaciones que tiene el Estado respecto a la población desplazada de garantizar su retorno, por medio de algunas jurisprudencias, informes y opiniones consultivas.
Se entiende que los desplazados internos suelen enfrentarse a una serie de situaciones complicadas, que no solo implica el abandono de sus raíces, su familia o su cultura; para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estas personas son especialmente vulnerables debido a que huyen en el interior de sus países en busca de seguridad y protección como consecuencia de conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o catástrofes naturales o provocadas por el ser humano; de esta manera, siguen viviendo bajo la jurisdicción de su Estado quien muchas veces ha ocasionado su traslado.
En la actualidad, el desplazamiento urbano en Venezuela se traduce en la necesidad de las personas de abandonar sus hogares, sus trabajos y a veces hasta su propio círculo familiar, por miedo de perder sus bienes más preciados: la vida, la integridad física y la dignidad, producto de la impunidad acompañada de inadecuadas políticas contra la delincuencia que han exacerbado el fenómeno. Las circunstancias son claras, la inseguridad se agravó en el país, particularmente para quienes viven en los barrios y urbanizaciones populares, entre otros factores, por el control territorial que mantienen grupos delictivos armados, intervención policial inadecuada, y colectivos o grupos parapoliciales.
Tal es el caso de una ciudadana y un ciudadano que pidieron preservar su anonimato, trabajadores de la tierra, habitantes de una comunidad popular ubicada Estado Miranda, victimas del desplazamiento urbano producto de los terribles actos delictuales perpetrados por una banda de aproximadamente 70 personas que tienen azotado el sector. Estas personas denuncian lo siguiente:
“Hay una banda bastante grande de hombres armados con fusil, escopeta y ametralladoras que empezaron a hacer presencia en el lugar desde hace 10 meses aproximadamente. Cuatro meses atrás asesinaron a un menor de edad y se instalaron de manera definitiva en la comunidad”
Indican que estos grupos mueven la economía del lugar, producto del tráfico de drogas y por el incesante cobro de “vacunas” a quienes circulan en la zona, ganaderos y ganaderas, a los trabajadores de la tierra, las parcelas más productivas y las bodegas de pequeños comerciantes. Han sembrado terror en la población ya que deambulan por la zona armados con un arsenal. Agregan las víctimas, que:
“Recientemente mataron a un integrante de la banda y esto se lo atribuyen a jóvenes de la zona, cuando todo apunta que fueron ellos mismos porque traían un camión robado lleno de verduras que abandonaron junto a una persona muerta. Desde ese momento comenzaron mayores represalias contra la población, siendo desalojadas aproximadamente 15 familias y otras se fueron del lugar por prevención”.
Debido a esta situación, los denunciantes se han visto en la necesidad de mudarse a otro sector del país por cuestiones ajenas a su voluntad, ya que pertenecen a familias exclusivamente trabajadoras del campo, que han aportado a la economía nacional y que solo desean vivir los años de su vejez de una forma tranquila, sin miedo a perder su vida o su propiedad, que con años han adquirido tras un arduo trabajo, a manos de la delincuencia.
Ser un ciudadano o una ciudadana común representa un riesgo; sin embargo, ser funcionario de algún organismo policial incrementa el riesgo de ser asediado por estas bandas
La magnitud de los abusos cometidos por miembros de bandas y redes de drogas en las comunidades populares en Venezuela es tan grande, que funcionarios de las fuerzas de seguridad del país habitantes de estas zonas, se han visto en la necesidad de trasladarse a otros sectores ya que la delincuencia no se ha hecho esperar en cuanto a amenazas y atentados contra sus propiedades. Ser un ciudadano o una ciudadana común representa un riesgo; sin embargo, ser funcionario de algún organismo policial incrementa el riesgo de ser asediado por estas bandas.
Es importante destacar que no todo desplazamiento urbano es producto de la delincuencia común. Tal es el caso de Inti Rodríguez, Coordinador de Medios de Provea donde labora hace más de 5 años. Tras las olas de protestas suscitadas en el año 2014, fue secuestrado por parte de uno de los denominados “colectivos” adeptos al Gobierno el día 12 de febrero del mencionado año. Luego de ser golpeado y amenazado en múltiples ocasiones mientras recorrían las avenidas y calles de Caracas, fue obligado a abandonar su hogar en el sector 23 de Enero de la Parroquia Catia del Municipio Libertador, ya que fue amenazado que si volvía a su vivienda, lo iban a matar “por estar en contra del gobierno y del Presidente Maduro”. Es importante destacar que actualmente este defensor de derechos humanos se encuentra viviendo fuera de la que fue su vivienda durante años.
Las cifras van en aumento. Para las autoridades el desplazamiento urbano pareciera no ser tema de interés, y las recientes políticas en materia de seguridad como el denominado Operativo para la Liberación del Pueblo (OLP), han generado violación de los derechos humanos en comunidades populares y vulnerables por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. El derecho a la propiedad recrea en las personas la sensación de tenencia, y debe ser respetada por los ciudadanos, ciudadanas y el propio Estado.
El hecho de que una persona, incluso una familia entera, deba desplazarse internamente dejando a un lado las comodidades y costumbres las cuales formaban parte de su vida, debe verse como una situación que atenta los derechos constitucionales y las garantías legales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico nacional. Problemática que debe eliminarse, poniendo en práctica políticas sociales, que garanticen el respecto a los derechos humanos.
