ACERCA DEL AUTOR:
Keymer Avila
Abogado (UCV) Máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal, UB (Barna). Investigador del @cpenalesucv y Profesor de @criminologial en Pre y Postgrado UCV
Hace unas semanas publicamos nuestra más reciente investigación El FAES no depende de nadie. La muerte como divisa, en la que intentamos reflexionar sobre el fenómeno “FAES” como una manifestación de vigilantismo venezolano, en la que se presentan datos e indicadores objetivos sobre el legado mortal de esta división que pronto cumplirá sus cinco años.
En estas líneas abordaremos uno de los hallazgos que más nos llamó la atención, que tiene que ver con el lugar y las condiciones en la que ocurrieron un número significativo de las muertes producto de su intervención.
En general, en un 58% de los casos analizados, se pudo obtener información sobre las características del lugar donde acaecieron estos eventos, en los que están involucrados todos los organismos de seguridad.
Dentro de estos casos, la mayoría ocurrió en sitios abiertos (72,5%). El 31,4% de las víctimas fueron ejecutadas dentro de sus viviendas. Al analizar las cifras que corresponden a las FAES se encuentra que el 38% de las muertes que genera esta división, son ejecutadas dentro de las viviendas en donde se encontraban las víctimas.
Cuando se observa el comportamiento anual de estos casos se aprecia que entre 2017 y 2020 esta práctica ha tenido dentro de la división una lógica incremental con tendencias a su institucionalización.
El año en el que inician actividades, el 14,8% de los casos ocurrieron en estas circunstancias, al año siguiente se incrementa al 51%, para luego estabilizarse los dos años siguientes en 46%.
Porcentajes superiores a la del conjunto de los cuerpos policiales en el país, que posiblemente se han visto también influenciados por esta división, así como por la promoción y tolerancia institucional que se tiene hacia ella. Tal como se puede observar en el incremento de estas prácticas también por otros cuerpos a nivel nacional, sin llegar al mismo nivel de las FAES (Gráfico 1).
No se debe perder de vista que los datos analizados son apenas un subregistro, por ello es importante contrastar con lo que aportan los testimonios de familiares y testigos de estos acontecimientos, así como con expedientes, ya que la versión policial es la que predomina en las fuentes analizadas (81%) y no coincide con lo que recogen diversas ONG especializadas en estas materias.
Según estas fuentes la mayoría de los casos ocurre en la propia vivienda de los fallecidos. La información disponible da suficientes indicios como para afirmar que este tipo de prácticas -que no son novedosas en el país– se han hecho más comunes e intensas.
En el período estudiado se observa una disminución de la ocurrencia de casos en sitios abiertos: de 74% en 2016 a 47% en 2020; a la vez que se incrementan los casos en sitios cerrados: 26% en 2016 a 53% en 2020 (Gráfico 2).
Llama también la atención cómo en el período estudiado se observa un incremento de los casos generales (todos los cuerpos de seguridad) que ocurren dentro de viviendas, en 2016 estos ocupaban el 17% de los casos, cuatro años después llega a un 41%.
Más del 60% de los sitios cerrados donde se llevaron a cabo estas muertes son viviendas, este porcentaje también se incrementa con el paso del tiempo, tal como se puede observar en el Gráfico 3.
No en vano la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas para Venezuela (2020) al analizar las ejecuciones extrajudiciales en el país afirmó que los “asesinatos se produjeron con mayor frecuencia en la casa de las víctimas o en el vecindario” (p.14).
Sobre este particular, es necesario también destacar las constantes denuncias de robos por parte de los funcionarios de las FAES en contra de las pertenencias de las víctimas y sus familiares, una vez materializadas las muertes producto de su intervención.
Estos actos de pillaje institucional que ya estaban presentes en las OLP, y que se han documentado también en otros trabajos, se presenta en los testimonios como una práctica habitual de los funcionarios de este grupo, tanto así que hasta el actual Fiscal General lo ha denunciado públicamente.
Estos hallazgos, junto a los indicadores de abuso de la fuerza letal que hemos analizado en los últimos años, y el perfil de las víctimas, que también se abordan en la investigación objeto de estas líneas, suman suficientes evidencias que demuestran que la mayoría de estos casos no son enfrentamientos.
Mucho se ha debatido sobre la supuesta eliminación de esta división, sin embargo, ésta se ha diversificado hacia otros espacios como la DCDO, DIP, DIE, BTI, etc., continuando sus políticas de exterminio, así como la impunidad de sus casos. De estas y otras aristas también se ocupa la investigación El FAES no depende de nadie. La muerte como divisa, que puede ser consultada en este enlace: https://www.academia.edu/77585642/_El_FAES_no_depende_de_nadie_La_muerte_como_divisa
ACERCA DEL AUTOR:
Keymer Avila
Abogado (UCV) Máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal, UB (Barna). Investigador del @cpenalesucv y Profesor de @criminologial en Pre y Postgrado UCV
