Hace 10 años el gobierno convocó la llamada “Consulta por la calidad educativa” y como ha ocurrido con otros procesos, se invirtió tiempo, recursos y surgieron promesas que no se cumplieron.
El resultado no solo es menos calidad sino mayor deserción escolar y peores condiciones laborales para los educadores.
El deterioro existente nos coloca ante una grave crisis de todo el sistema educativo. Crisis que debe ser considerada por los distintos candidatos que compiten para las elecciones del próximo 28 de julio.
Hasta el momento que el gobierno de Maduro publicó cifras oficiales ya se constaba una reducción significativa de la matricula y apenas empezaba la ola migratoria que llevó a muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes a cruzar fronteras en búsqueda de un futuro mejor.
Entre enero y agosto de 2017 las cifras oficiales reconocían disminución de la matrícula en educación inicial y primaria en 251 mil 180 estudiantes, que equivale a 10 estadios de béisbol de la Universidad Central de Venezuela totalmente llenos.
Para ocultar esa dramática realidad decidieron emitir cifras engañosas.
Mientras más migración forzada ocurría y se reducía de manera considerable la población venezolana, el gobierno afirmaba que aumentaba la matricula.
Así en 2020 en plena pandemia COVID 19 señaló que la matrícula en educación básica habría alcanzado los 8.763.066 estudiantes, lo que significaría un aumento –en un solo lapso escolar– de 690.677 estudiantes. A nivel universitario se informó que la matricula ascendió a 3.145.869 estudiantes, lo que supondría un aumento, en apenas un año, de 316.349 estudiantes.
Estas cifras se difundían cuando en paralelo los gremios de la educación alertaban de una reducción significativa de docentes como consecuencia de la migración forzada y las renuncias para dedicarse a otras labores debido a los bajos salarios.
De acuerdo con los datos del proyecto HumVenezuela, 79,3% de las escuelas registra déficit de docentes. Se estima que entre 2018 y 2021 más de 166.000 maestros abandonaron su profesión para dedicarse a otras actividades. Dirigentes sindicales por su parte denuncian que alcanza a 200.000.
Frente a esta situación el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó este año varias recomendaciones que deberían ser consideradas por los candidatos entre ellas:
· El Estado venezolano debe cumplir con su obligación de presentar cuentas públicas sobre las políticas educativas, así como diseñar e implantar sistemas de medición de la calidad de la enseñanza que permitan identificar las fallas existentes en el sistema público y adoptar los correctivos pertinentes.
· Deben retomarse políticas activas que disminuyan las barreras económicas para el acceso a la educación mediante la dotación de uniformes y útiles, la creación de bibliotecas escolares o de aula, la masificación del Programa de Alimentación Escolar o los comedores universitarios, y rediseñar el pasaje estudiantil u otros programas que garanticen el acceso material a la educación en todos los niveles.
· El Estado venezolano debe cumplir con las obligaciones contractuales con los gremios educativos y recuperar el valor de sus salarios, con la finalidad de poner fin al déficit de docentes e incluso estimular la formación de generaciones de relevo mediante la reivindicación de su papel en el desarrollo.
