ACERCA DEL AUTOR:
Rafael Uzcategui
Sociólogo y editor independiente. Actualmente es Coordinador General de Provea.
A comienzos del mes de junio, de este año 2023, la organización activista Rebelión o Extinción Argentina (xrargentina) hizo público un documento interno de la petrolera estatal de su país, YPF. Lo particular de la comunicación es que delineaba la estrategia para revertir la resistencia de las comunidades a la exploración petrolera en la Cuenca Argentina Norte.
Esta actividad tiene previsto extraer 200 mil barriles de petróleo al día, de manera conjunta con las empresas Equinor y Shell. El proyecto fue detenido en el año 2022 luego que un tribunal proceso una solicitud de amparo y ordenó la revocación de la concesión.
“En un escenario de constante conflicto, debemos pensar en soluciones de corto, medio y largo plazo para reconstruir las condiciones necesarias para operar”, indica YPF en la introducción de su documento. El texto es de interés para quienes, desde Venezuela, intentamos crear masa crítica sobre las consecuencias sociales y ambientales de proyectos energéticos similares, como el Arco Minero del Orinoco.
Las estrategias sugeridas para silenciar las críticas en Argentina serán las mismas que PDVSA pudiera implementar para neutralizar los cuestionamientos dentro de nuestro país. O incluso, para revertir cualquier expresión de indignación ciudadana desde los poderes fácticos.
El documento interno de YPF, desde su propio título, resalta la importancia de contar con algo llamado “licencia social”, la cual definen como “el grado de legitimidad social, que se mide por el nivel de apoyo y aprobación de una empresa o actividad por parte de diversos grupos de interés”. Aunque no es un “instrumento formal” apuntan que es igual o más importante que las habilitaciones legales formales, por lo que debe construirse con “el consenso de la comunidad”. Para ello proponen un enfoque para “interpretar o intervenir sobre este intangible”, pues la licencia social sería el resultado de la puja entre dos grupos de interés claramente delimitados: Los detractores, conformados por las organizaciones ambientales y sus influencers, y los promotores, donde se ubicarían las empresas mineras y sus afines. “Ambos grupos pujan, en última instancia por la opinión pública de la sociedad. Masa crítica, habitualmente desmovilizada, que requiere de disparadores para involucrarse”.
En el caso que ocupa a YPF, esa “opinión pública” esta conformada por dos segmentos: Por un lado la población aledaña, que pudiera posicionarse o como víctimas o como beneficiarios directos: “Pueden sentir el riesgo, movilizarse o entender el beneficio local como una oportunidad”. El segundo bloque sería la clase media: “Importante por volumen y naturaleza. Ya sea que defiendan el ambiente o prioricen el factor económico, pueden inclinar la balanza”. ¿Cuál debería ser la aproximación a estos dos bloques? Responden que “vamos a competir por la atención, la interpretación y la aceptación de las zonas grises, pero no podemos hacerlo en una puja frontal entre promotores y detractores”. Seguidamente, en negritas, destacan: “No puede reducirse a petroleras versus ambientalistas, porque las condiciones no son favorables”.
Atrás quedó la represión abierta y frontal contra la disidencia, lo usual en tiempos analógicos, donde era relativamente fácil controlar el relato que se divulgaría por los medios de comunicación. Por tanto, la estrategia es diferente a lo que conocimos en otras épocas: “Proponemos una estrategia de aproximación indirecta, que rodee a los objetivos que queremos convencer mediante capsulas aparentemente imparciales (subrayado nuestro), con tono periodístico o informativo, que aporten la mirada que necesitamos en cada instancia”. La aproximación indirecta, agregan, necesita impactos repetidos y descentralizados, desde distintas ópticas, tonos y puntos de vista; pero siempre con el mismo objetivo: seducir progresivamente el segmento. Persistir para convencer.
Lo que sigue, según formula la petrolera, es un recetario para revertir cualquier reclamo social, válido para minimizar tanto las luchas ambientales como cualquier otra demanda, por ejemplo el retorno a la democracia. Para alcanzar la licencia social, a través de la aproximación indirecta, delinean 4 etapas de trabajo:
1) Rechazo: Mitigar la influencia de quienes se oponen, desgastando tanto al mensaje como al emisor. “Para debilitar a aquellos que movilizan en contra, debemos trabajar no solo sobre el contenido de lo que plantean sino también sobre la percepción del reclamo”. Sostienen que existe un núcleo duro de los detractores que no van a cambiar su posición, pero que junto a ellos están quienes se suman en etapas tempranas “por moda, sentido de pertenencia o por suponer que están siendo parte de algo más grande y positivo para la sociedad”. En esta primera etapa de trabajo los dardos deben ir dirigidos, precisamente, a este segmento: “Debemos convertir esa moda en un miedo profundo de quedar en ridículo, empatándolo con los reclamos más descabellados y con las formas más incómodas”. Como ejemplo ponen a los adolescentes que han lanzado comida a pinturas famosas expuestas en museos: “Detener la contaminación suena bien, pero… ¿Quiero ser de esos chicos que le tiran salsa a un cuadro? ¿Soy de la izquierda que quiere matar al capitalismo?”. En resumen: Desvirtuar el fondo de la cuestión y ridiculizar la forma del reclamo para aislarlos.
2) Aceptación: Esta segunda etapa de trabajo tiene como objetivo reinterpretar el tema en la opinión pública para pasar a la ofensiva, divulgando otros encuadres que potencien las condiciones favorables del proyecto. Para ello sugieren 4 tipos de argumentos: Apelar al nacionalismo (Hablar de una Argentina que quiere ser potencia aprovechando sus recursos, antes que vengan otros a hacerlo, generando los dólares que le faltan al país); El aumento de la capacidad productiva (“Ahora la Provincia de Buenos Aires puede ser también una provincia petrolera”); El mejoramiento general de la economía (“Una economía más desarrollada y que crece, con los dólares que faltan y menos inflación”) y, por último, el argumento ambiental (“Debemos aprovechar los recursos del petróleo para invertir en energía limpia”).
3) Aprobación: Esta tercera etapa es una consecuencia de la anterior, que intenta consolidar la aprobación del proyecto. Se apunta a formadores de opinión influenciables, por distintas razones, para que se dejen llevar por lo que interpretan como “clima predominante en la sociedad”. Ellos funcionarían como cajas de resonancia, repitiendo los contenidos diseñados según la lógica de la aproximación indirecta. En resumen: Imponer simplificaciones económicas, políticas y ambientales. Convenir antes que convencer.
4) Identificación: Esta última etapa de trabajo es de pronóstico reservado, y tiene que ver con la comprensión del “reclamo” como actividad social “inevitable”. Por tanto, lo que YPF propone es “ocupar ese espacio antes que sea dominado por otras voces”. O dicho, en otras palabras, conquistar el lugar de los detractores con una exigencia acorde a las necesidades, que movilice desde otra perspectiva. “Nadie se sentirá interpelado si no encuentra un enemigo, así que deberemos reconstruir una narrativa que tenga víctimas y victimarios”. En un ejemplo hipotético plantean: “con base en los enormes costos de operar en Argentina, las grandes empresas analizan interrumpir el contrato y cancelar la exploración. Por eso exigimos a YPF que obligue a Equinor y Shell a invertir en la Argentina y cumplir con los contratos”.
El mundo ha seguido girando y las transformaciones también han incluido a la movilización para lograr cambios en el entorno. Entenderlas, e intentar actualizar las estrategias en defensa de los derechos humanos, y la propia democracia, implica conocer también cómo piensan y razonan los que se ubican del otro lado de la acera.
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Rafael Uzcategui
Sociólogo y editor independiente. Actualmente es Coordinador General de Provea.
