ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
El año escolar 2025-2026 inició con cierta apertura del ministro de educación para discutir algunos problemas estructurales que tiene el sistema educativo venezolano.
Hay que afirmar que desde que se hizo la consulta por la calidad de la educación en el 2014 los problemas se agravaron.
Las recomendaciones que surgieron de esa consulta no se implementaron.
Y un año después dejaron de publicarse cifras detalladas sobre número de estudiantes, educadores, escuelas y su distribución por niveles escolares y estados. Se impuso la opacidad.
La primera sugerencia al ministro Héctor Rodríguez es que de un paso importante y se retome la publicación de las cifras. ¿Cómo se planifican políticas y medidas si no se publican datos sobre la situación actual? ¿Cómo aportan los académicos, los gremios y los propios asesores del ministerio, si los datos necesarios para realizar análisis y propuestas, no se difunden?
Tanto la gerencia del ministerio como los distintos gremios de la educación deberían igualmente considerar el informe presentado en 2023 por la Relatora de Naciones Unidas para el Derecho a la Educción la pakistaní Farida Shaheed denominado “Afianzar el derecho a la educación: avances y obstáculos críticos” un importante análisis de los desafíos que enfrentan los Estados para garantizar el acceso a la educación y ofrecer calidad.
Una guía de acción muy útil si se quieren adoptar medidas efectivas para superar dificultades y avanzar a paso firme a garantizar el derecho humano a la educación.
La relatora desde el 2022 ha reafirmado el llamado a cumplir el denominado Plan de las 4 A —Disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad—, propuesto hace décadas por la ONU.
Afirma que es una herramienta de diagnóstico clara y un mapa de ruta para la acción. Si lo vamos contrastando con la realidad de la educación en Venezuela nos encontramos con aspectos como:
En cuanto a la Disponibilidad, el panorama es preocupante. Miles de escuelas públicas presentan un deterioro físico alarmante, con infraestructuras inseguras, sin servicios de agua potable o electricidad inestable.
Hay estados del país donde la luz no es disponible por seis y hasta ocho horas diarias en pleno horario escolar.
El éxodo masivo de profesionales ha vaciado las aulas. La migración forzada produjo que muchos educadores en distintos niveles educativos se encuentren hoy en el exterior, sin que esas ausencias hayan sido sustituidas.
Los salarios no alcanzan ni siquiera para pagar los traslados en transporte público lo que viene siendo denunciado de manera constante por los gremios, puesto que se dificulta garantizar asistencia diaria a los centros educativos.
La Accesibilidad, particularmente la económica, es la barrera más evidente. Aunque la matrícula en las escuelas públicas es nominalmente gratuita, los costos indirectos son un muro infranqueable para muchas familias. Uniformes, útiles escolares, transporte y hasta la colaboración forzosa para el mantenimiento básico de la escuela representan un gasto prohibitivo en una economía hiperinflacionaria. Esto genera una exclusión silenciosa pero masiva. La accesibilidad física también es una pesadilla tanto por las dificultades existentes en el transporte público como los bajos salarios de padres y madres, que no tienen la posibilidad de garantizar el pago de transporte público para sus hijos.
Finalmente, la Adaptabilidad exige que el sistema educativo responda a las necesidades de una sociedad en cambio. Lejos de ello, el sistema venezolano es rígido y ha mostrado una incapacidad absoluta para adaptarse a las crisis que él mismo ha ayudado a generar. No se han creado estrategias efectivas para atender a la población de niños y jóvenes en situación de pobreza extrema, para reincorporar a los que desertaron, para apoyar el trauma psicosocial de una generación marcada por la migración de sus familiares y la violencia.
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Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
