ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Alvarado | En octubre de 2018 fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el activista político del partido Primero Justicia Fernando Albán bajo la acusación de conspirar contra Nicolás Maduro. Estando bajo custodia de ese organismo policial falleció según todas las informaciones disponibles bajo tortura y posteriormente, para aparentar se suicidó, lanzado del piso 10 del edificio sede principal de dicha policía. Las organizaciones de derechos humanos solicitaron una investigación independiente realizada por organismos internacionales, puesto que con un Defensor y Fiscal impuestos por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente no se puede adelantar ninguna investigación seria y creíble. Fueron designados para eso: para garantizar silencio y complicidad ante las violaciones de derechos humanos.
El 29 de junio, ocho meses después, la esposa y abogados del Capitán Rafael Acosta Arévalo denuncian que fue asesinado a consecuencia de torturas perpetradas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
En menos de un año dos casos graves de violaciones a los derechos humanos donde la denuncia de tortura ha sido la causa. La tortura es un delito de Lesa Humanidad
Desde hace seis años está vigente en el país la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Una Ley que casi no se aplica ni en materia preventiva, ni para castigar la reiterada práctica de la tortura por diversos organismos policiales.
Desde su aprobación en 2013, hasta el año 2018, la organización Provea logró registrar al menos 488 casos individualizados de torturas. Ello, a pesar de la escasa información oficial debido a la ausencia de cifras desagregadas del Ministerio Público (MP) o la Defensoría del Pueblo (DdP), y a la caída en el número de casos que son reseñados en la prensa nacional y regional motivado al cierre de medios o la autocensura. Es posible que dichos organismos no publiquen sus informes porque ello significaría poner en evidencia la gravedad de la situación no solo con la tortura sino también con las ejecuciones policiales.
El registro correspondiente a 2018 según Provea es el tercer más alto registrado desde 2013 y solo es superado por los 185 casos registrados en 2014 y los 101 casos de 2017. En los 100 casos levantados por Provea se identificó a los cuerpos de seguridad responsables por la comisión de estos abusos. La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) encabezó la lista con 75 denuncias (75%) que involucraron a igual número de víctimas. Le siguen el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) con 12 denuncias (12%), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con 10 denuncias (10%), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con un caso cada una (1% c/u), y en uno de los casos no se pudo identificar a los responsables.
Desde hace dos años la DGCIM viene ocupando un espacio más activo y agresivo en la represión política en Venezuela en paralelo al uso de la justicia militar contra civiles. Es lo que he denominado la militarización de la persecución a la disidencia en Venezuela. El papel más activo de las estructuras represivas militares para detener, encarcelar y perpetrar graves violaciones a los derechos humanos todo bajo la filosofía de la Seguridad Nacional la misma que aplicaron las dictaduras del Cono Sur donde todo disidente era un enemigo a aniquilar.
La muerte del Capitán Rafael Acosta Arévalo es la quinta muerte de presos políticos que ocurre bajo custodia. El 12 de marzo de 2015 murió en los calabozos del Sebin Rodolfo Pedro González Martínez conocido como el aviador ya que había sido piloto de líneas comerciales. Carlos Andrés García quien era Concejal y militante del partido primero justicia murió el 17 de septiembre de 2017 estando bajo la custodia del Sebin. Fernando Albán el 08 de octubre de 2018 y el trabajador de Corpoelec Angel Sequera a quien se le detuvo por estar presuntamente involucrado en acciones contra el sistema eléctrico nacional.
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Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
