ACERCA DEL AUTOR:
Carlos Nieto Palma
Abogado y Coordinador de la ONG “Una Ventana a la Libertad”. Es columnista del diario El Nacional.
Carlos Nieto Palma | Creo que uno de los temas que más tiene ocupada a la opinión publica en estos últimos días ha sido que se lleve a los civiles a la justicia militar; ya tenemos cientos de casos de ciudadanos civiles, cuyo único delito es protestar, que están siendo llevados a la justicia militar.
La Constitución Nacional es clara cuando en su artículo 49 expresa claramente que todos debemos ser juzgados por nuestro juez natural; a los que somos civiles sin duda, es allí donde nos tienen que juzgar. Con esto la dictadura pretende desvirtuarlo en los últimos días y vemos cómo tribunales militares están juzgando a civiles que ejercen su legítimo derecho a la protesta.
Así funcionan las dictaduras, y la que actualmente vivimos en Venezuela no se puede escapar de esto; ejemplos hay muchos y no me voy a parar en enumerarlos, creo que el que el régimen haya perdido a una de sus grandes aliadas para delinquir a su antojo como la Dra. Luisa Ortega, fiscal general de la nación, quien finalmente entendió que tenía que aliarse con los venezolanos, la democracia y no con la dictadura, ha sido una de las causas principales por las que el régimen de Maduro ha optado por acudir a la justicia militar.
Aplaudimos que la fiscal general de la República haya entendido que estamos en dictadura y fuera de la Constitución y se haya convertido, tal vez tardíamente, en defensora de la Constitución y apoya defender los derechos de los ciudadanos.
Recuerdo que el tristemente célebre defensor del pueblo, Tarek William Saab, hasta hace pocos días alababa que en la nueva carta magna se había eliminado el uso de la justicia militar para civiles; hoy guarda silencio y sigue siendo uno de esos personajes oscuros que pasarán a las paginas negras de la historia de Venezuela, qué triste forma de terminar su carrera de supuesto defensor de los derechos humanos.
La defensora de derechos humanos y experta en el tema militar Rocío San Miguel ha sido clara sobre la aplicación de la justicia militar a civiles y en sus redes sociales ha dicho: “El uso de tribunales militares para juzgar civiles opositores en Venezuela, constituye el quiebre final del Estado de Derecho”. Más claro no canta un gallo.
Igualmente, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ha dicho: “Denunciamos que el gobierno realiza detenciones al margen del Estado de Derecho, en las que civiles son puestos a la orden de tribunales militares. Y según datos oficiales solo en el estado Carabobo más de 250 civiles fueron presentados en tribunales militares. Esta situación es violatoria de los artículos 49 y 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y es contraria a la doctrina y jurisprudencia de derechos humanos, donde se establece que la jurisdicción penal militar no es competente para decidir sobre los derechos de un civil en un proceso penal, según lo establecido en los artículos 2.3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)”.
Es grave lo que está ocurriendo con la aplicación de la justicia militar para civiles; lamentablemente no tenemos instancias adónde acudir en Venezuela, todas se han arrastrado a la dictadura, incluyendo la Defensoría del Pueblo que se ha convertido en uno de los brazos ejecutores de las violaciones de derechos humanos ocurridos actualmente en Venezuela.
Las acusaciones de fiscales militares a civiles son un absoluto despropósito en términos jurídicos. En Venezuela, el Estado de Derecho no existe, ni siquiera por apariencia
El Dr. Luis Almagro, secretario general de la OEA, ha expresado: “Esta criminalidad dictatorial de aplicar justicia a civiles en el poder militar no tendría impunidad. Procesar civiles bajo justicia militar vulnera todos los derechos humanos”. Insistió en que el Estado de Derecho en el país ha sido violentado y la única manera de “redemocratizar al país son las elecciones generales”. “Las acusaciones de fiscales militares a civiles son un absoluto despropósito en términos jurídicos. En Venezuela, el Estado de Derecho no existe, ni siquiera por apariencia”.
La organización no gubernamental de derechos humanos Cofavic, también se ha manifestado en el tema y ha expresado “Cofavic debe expresar su más grave preocupación ante el conocimiento, según información pública disponible de la existencia de más de 250 civiles que están siendo sometidos a la jurisdicción militar, dado que esta acción no solo configura una gravísima violación de los derechos humanos y por tanto de los valores superiores del ordenamiento jurídico, sino que además es una de las más determinantes rupturas de la Constitución y al mismo tiempo se traduce en la posibilidad efectiva de que a partir de esta situación se haya abandonado por completo el Estado de Derecho y estemos frente a un tutelaje militar inaceptable e incompatible con las mínimas garantías judiciales que deben existir en un gobierno civil y democrático. El uso de la jurisdicción militar para el juzgamiento de civiles no está previsto en nuestra Constitución, ya que suspende las normas básicas de protección de los derechos humanos. Ningún conflicto por el cual se atraviese, por grave que sea, de dicho marco normativo, independientemente de la gravedad del delito que pudieren haber cometido”.
Venezuela está en dictadura, de eso ya no hay dudas, un régimen que con la represión y violación de los derechos humanos pretende silenciarnos, pero la lucha sigue hasta reconquistar la democracia que hemos perdido, es una lucha de todos y seguiremos hasta que podamos decir: ¡Venezuela libre de la dictadura de Nicolás Maduro!
ACERCA DEL AUTOR:
Carlos Nieto Palma
Abogado y Coordinador de la ONG “Una Ventana a la Libertad”. Es columnista del diario El Nacional.
