Aumento de salarios ya │ PROVEA

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Rafael Venegas

Profesor universitario. Dirigente político. Secretario General de Vanguardia Popular.

Es urgente un aumento general de sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones como parte de las medidas orientadas a contrarrestar los efectos devastadores de una política económica y laboral que ha arrasado con el salario y demás formas de ingreso de los trabajadores y su familia; con el ahorro, la seguridad social y las prestaciones sociales. Restablecer, aun parcialmente, el poder adquisitivo de aquéllos y mejorar las condiciones de vida y trabajo de nuestra gente son medidas perentorias que en parte explican las acciones extremas de ayuno y huelga de hambre protagonizadas recientemente por diversos sectores laborales.

Al momento de escribir este artículo el precio oficial del dólar era de Bs 34,42, mientras el paralelo se situaba en Bs 35,72. Esto significa que el salario mínimo nacional, anclado en Bs 130 desde marzo 2022, promedia 3,71 dólares mensuales, lo cual, divido entre 30 días, equivale a 0,123 dólares diarios. Este es el monto del salario mínimo en Venezuela y, prácticamente, el único ingreso que devengan los pensionados y buena parte de los jubilados del país. La OIT ha establecido que un salario equivalente a 2 dólares diarios o menos debe ser considerado apenas como un ingreso de subsistencia.

Lo demás son modestos bonos, sin incidencia en el pago de las vacaciones, aguinaldos y prestaciones sociales. Adicionalmente, el memorándum 2792 y el instructivo ONAPRE aplanaron las tablas salariales hacia abajo, eliminaron una serie de primas y otros beneficios laborales y arrasaron de facto con las contrataciones colectivas.

Esto ocurre en un país que entre enero y agosto del presente año acumula una inflación de 142,1%, mientras la anualizada se eleva a 439%, la economía se contrae en 7 puntos del PIB y el consumo cae un 37%. Significa que inflación y recesión se han convertido en problemas crónicos de nuestra economía. Significa también que nuestros compatriotas comen menos y comen peor y, más aún, no están en condiciones de satisfacer sus necesidades básicas. A esto se agrega el estado calamitoso de los servicios públicos, cuyas tarifas se incrementan en proporción al deterioro de su calidad y cobertura.

Nos aprestamos al inicio de un nuevo período escolar con escuelas y liceos destartalados, con familias empobrecidas sin posibilidades de cubrir el costo de uniformes, libros y útiles escolares; con estudiantes malnutridos, sin programas de alimentación ni comedores; con educadores con sueldos exiguos, desprotegidos socialmente y con casi ya dos años luchando por la firma de su contrato colectivo. En el sector universitario la situación es similar con el agravante de que autonomía, presupuesto, derecho al estudio y servicios estudiantiles han sido confiscados por el régimen. Salarios de hambre y desconocimiento de la contratación colectiva acompañan a una universidad intervenida.

En contraste, el saqueo del erario público se cuenta en cientos de miles de millones de dólares que habrían servido para aumentar los sueldos de los trabajadores del país, para dignificar la vejez y el trabajo con pensiones y jubilaciones decentes, para reparar las escuelas, dotar los hospitales y abrir los comedores escolares, entre otras cosas. En Venezuela se desmantela la industria petrolera para venderla como chatarra y desaparecen tanqueros cargados de petróleo, se roban el dinero del plan eléctrico y se condena al país a constantes apagones, se derrocha el dinero en francachela, lujos y seguridad para la nueva oligarquía roja-verde oliva, la cual vive en la más irritante y ofensiva ostentación; de tal suerte que Tocorón no es el único pranato, ni el más boyante ni el más impune.

Es una coartada inaceptable esgrimir la excusa de las sanciones económicas y comerciales como argumento para no aumentar el salario. A pesar de la opacidad que rodea el manejo de la economía y las finanzas, del ocultamiento de las cuentas nacionales y del secretismo bajo el cual se desarrolla la irracional explotación del Arco Minero, la privatización de empresas del Estado o el plan antinacional y antiobrero de las Zonas Económicas Especiales, entre otras cosas, es posible demostrar que sí existen los recursos necesarios para producir un incremento sustancial de los salarios, pensiones y jubilaciones.

Si los ayunos y huelgas de hambre constituyen medidas extremas que atentan contra la salud de los propios trabajadores, de ello es responsable un gobierno indolente y sordo frente a los reclamos populares, cuya política dolariza los costos de producción y los precios de los productos, mientras cancela los salarios en bolívares cuyo valor ha sido arruinado por la inflación. Ante esto, debemos insistir en la importancia y utilidad de la articulación de las luchas, como condición para poder alcanzar los objetivos y metas establecidos en el Pliego Único acordado en el encuentro nacional de dirigentes gremiales y sindicales que dio origen al Comité Nacional de Conflicto.