ACERCA DEL AUTOR:
Ana Julia Niño Gamboa
Abogada, Maestrante en Comunicación Social ININCO-UCV. Investiga y escribe sobre libertad de expresión y acceso a la información y derechos políticos. Docente de la Escuela de Comunicación Social-UCV.
La declaración que sobre el derecho a la educación en Venezuela hace la Constitución nacional no tiene una réplica tangible en la realidad.
Para mirar claramente este asunto, lo primero que hay que tener presente es que la educación es un derecho humano, vinculado entonces a la dignidad de las personas.
Una dignidad que nada tiene que ver con la posición social, el sexo o la edad sino con la prevalencia ética del ser humano.
Sin embargo, más allá del marco normativo hay una realidad que grita desde las escuelas, liceos y universidades del país para que escuchemos la crisis que nos estalló en la cara, y que hoy es una gran estría resistente a tratamientos cosméticos, que son los que sostienen a la propaganda gobiernera.
En el año 2018 la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) mostraba datos crudos sobre las condiciones del país y su incidencia en la educación.
Por ejemplo, ubicaba el rezago escolar en niños, niñas y adolescentes (12 – 17 años) en: 26% para hombres y 23% para mujeres; solamente la mitad de los escolarizados asistía regularmente a clases y las razones para la inasistencia se repartía así: 28% por falta de agua, 22% por carencia de alimentos en el hogar, 15% por falta de electricidad, 17% por falta de transporte, etc.
Persiste la exasperante alcabala para contar con acceso a la educación en los términos que trazan los convenios internacionales y la Constitución de la República
Por su parte, en 2021 PROVEA dejaba constancia en su informe anual de que a pesar de no contar con cifras oficiales de matrícula de los sistemas de educación básica y universitaria, las estimaciones de organizaciones independientes mostraban que la conjunción de la educación a distancia y los efectos de la Emergencia Humanitaria Compleja disminuyeron la asistencia escolar, y refirió que la tasa de escolaridad de 2021, según la Encuesta Nacional sobre Juventud (ENJUVE) es la más baja desde 2014; los datos de la Encuesta Nacional de Establecimientos Educativos explican que 682.000 niños abandonaron la escuela básica desde 2018 y de acuerdo a los resultados de la ENJUVE, 821.000 jóvenes de 15-19 años y 880.000 de 20 a 24 años abandonaron la educación formal en los últimos dos años.
En palabras sencillas, el hambre, la carencia de recursos materiales para cubrir las necesidades, el desplome de los servicios públicos, son todos factores que se hermanan contra la vida digna, y en este caso contra el derecho a la educación.
Así de grave estábamos antes de la pandemia, y ahora la brecha es mayor.
El obligatorio confinamiento que abrió la modalidad de clases virtuales supuso un sufrir más: aun cuando muchas familias acceden a un teléfono inteligente de uso colectivo, es decir que lo usan los padres para trabajar y los hijos para recibir clases y entregar las tareas, la verdad es que ahí no acaba el drama, también hay que cruzar los dedos para que haya electricidad y que la conectividad se mantenga.
Persiste la exasperante alcabala para contar con acceso a la educación en los términos que trazan los convenios internacionales y la Constitución de la República, mientras el gobierno nacional sigue pegado al manido milagro educativo que les legó el fallecido Hugo Chávez.
La educación es un rico proceso complejo que no se limita a alcanzar cierto nivel de instrucción su mayor valía deriva de su objeto: el pleno desarrollo de la personalidad, con toda la complejidad y riqueza que supone la vida humana y su convivencia en democracia.
En esos términos lo recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales y también nuestra vigente Constitución.
Y desde esa acera hay que reposicionar el tema que claramente permea el ejercicio de otros derechos fundamentales.
Ya lo apuntamos antes, al presentarlo como relacionado con la dignidad de las personas, e incluso con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, de la autonomía, de la identidad individual y colectiva.
Pero es también acceso al conocimiento, libertad de pensamiento, criterios para acceder a la información de cualquier índole.
Es cultura en general, es desarrollo de las sociedades competitivas, es ejercicio de la democracia, de la paz, la tolerancia y la equidad.
Luego de este sobrevuelo sobre la educación en Venezuela quedan muchas cosas por decir y analizar, pero este simple panorama nos convoca a estar atentos, a documentar lo que ocurre y a denunciarlo siempre para encarar lo que parece una crisis por diseño del gobierno para quebrar cualquier vestigio de pensamiento crítico que pretenda apalancar a la democracia.
ACERCA DEL AUTOR:
Ana Julia Niño Gamboa
Abogada, Maestrante en Comunicación Social ININCO-UCV. Investiga y escribe sobre libertad de expresión y acceso a la información y derechos políticos. Docente de la Escuela de Comunicación Social-UCV.
