ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Alvarado | El pasado lunes se cumplieron dos meses de la masacre perpetrada por organismos policiales en el Centro de Detención Judicial Preventivo de Amazonas. Un total de 39 privados de libertad fallecieron. Según investigación aún en proceso dada a conocer por el Observatorio Venezolano de Prisiones luego de haber obtenido información de sobrevivientes, familiares y algunos funcionarios del Estado, no hay duda que se actuó con premeditación y alevosía con el propósito de producir un alto número de asesinatos en esa operación policial-militar.
Monseñor Jonny Reyes obispo de Amazonas usó un término muy preciso para referirse a lo que sucedió ese 16 de agosto del año en curso. Dijo ante funcionarios policiales y militares y familiares de las víctimas que coincidieron en un foro sobre esa tragedia, que se estaba en presencia de un sicariato institucional.
Todo indica que la mayor cantidad de presos fueron ejecutados luego de haberse rendido aproximadamente a las seis de la mañana. Hubo un absoluto desprecio por la vida de los reclusos. Nada extraño en un país donde las fuerzas policiales ejecutan a lo largo y ancho del país a personas luego de haberlas detenido. Los operativos OLP son una clara demostración de esa situación como bien lo indicó el informe elaborado en 2017 por la Fiscalía General. Y en 2006 el Informe de la Comisión Nacional de Reforma Policial.
En el Centro de Detención Judicial Amazonas se produjeron graves violación a los derechos humanos. Ejecuciones, que bien pueden calificarse como homicidios intencionales calificados según nuestro código penal. No hubo el mayor interés en respetar los derechos humanos. Eso queda más evidenciado cuando se tiene conocimiento que no se agotaron los mecanismos para lograr que los privados de libertad permitieran el ingreso de los funcionarios sin que se produjera un enfrentamiento.
Caben algunas preguntas tanto a la ministra del poder popular para asuntos penitenciarios como al ministro del interior. Por qué se pudo lograr el desarme y ocupación de la Penitenciaria General de San Juan de los Morros sin que se produjera la muerte de privados de libertad y no se realizó en Amazonas. En la Penitenciaria había más de 4000 presos, en Amazonas apenas 100. El armamento mostrado de la ocupación de la Penitenciaria era 20 veces superior al que se mostró que supuestamente tenían los presos en Amazonas. Por qué se pudo en Guárico y Amazonas no.
Por qué en Guárico se permitió, con limitaciones, pero se permitió la actuación de la Defensoría del Pueblo y parcialmente del Ministerio Público y se agoraron todos los mecanismos de mediación. Por qué no en Amazonas. Cuál fue el interés de impedir la actuación de la Defensoría del Pueblo y de los grupos de iglesia.
Una vez realizada la masacre, el objetivo ahora es producir impunidad. Ningún sobreviviente ha sido llamado a declarar. Ningún familiar. Pero, no contaban con dos circunstancias. Unos familiares dispuestos a denunciar y reclamar justicia y unas organizaciones empeñadas en prestarles todo el apoyo y solidaridad para que los responsables intelectuales y materiales sean sancionados. La justicia a veces tarda, pero llega. Los que dieron la orden de asesinar y los que la ejecutaron, tendrán que responder más tarde que temprano ante el Poder Judicial. Las graves violaciones a los derechos humanos que se produjeron no prescriben según el artículo 29 de nuestra Constitución. No más impunidad. No más masacres.
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Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
