ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
La liberación de quienes han sido encarcelados por sus ideas, por exigir derechos o se rebelaron conscientemente contra el Estado es, sin duda, una necesidad para que el “nuevo momento político” se desarrolle en convivencia y con el uso de medios pacíficos para dirimir las controversias.
También es fundamental para avanzar hacia un proceso que nos lleve de nuevo a la democracia. Sin embargo, si el debate se limita únicamente a quienes están tras las rejas, se corre el riesgo de ignorar a otra multitud de víctimas de la persecución política: los miles de trabajadores públicos despedidos por ser opositores o percibirlos como críticos al gobierno.
La verdadera justicia no puede ser selectiva; debe abarcar tanto la libertad de los presos como la restitución laboral de los injusta y arbitrariamente despedidos.
Son miles los trabajadores despedidos de entes públicos autónomos, de ministerios, de empresas y fundaciones del Estado. Por otra parte, no se ha permitido la reincorporación a sus puestos de trabajo de excarcelados.
La detención de un trabajador, según lo establece la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) en su artículo 72, constituye una causa de suspensión de la relación laboral. Durante ese período, el contrato no está activo: el trabajador no está obligado a prestar servicios y el patrono no está obligado a pagar el salario. Pero la ley es clara y tajante: la empresa, sea privada o pública, no puede despedir al trabajador detenido salvo que sea condenado.
De esta manera han impuesto una doble sanción al trabajador: detenido arbitrariamente y despedido de manera injusta.
Y aquellos que sin ser detenidos fueron despedidos de manera arbitraria y denunciaron sus despidos ante las instituciones correspondientes o realizaron denuncias públicas deben ser restituidos. En aquellos casos donde las decisiones judiciales fueron contrarias a los trabajadores deben revisarse de oficio pues ya es conocido que el sistema de justicia ha sido un instrumento para la persecución. Una amnistía que ignore a los despedidos políticos es una amnistía coja, que repara una injusticia mientras legitima otra. Para que haya justicia, es indispensable liberar a los presos y, al mismo tiempo, reintegrar a sus puestos a los trabajadores despedidos por discriminación política.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
