Del 14 al 28 de septiembre 2008
Boletín electrónico Nº 207
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE OCTUBRE
Concesión del Premio Nóbel de la Paz
01 Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad
02 Día Interamericano del Agua
03 Día Mundial del Hábitat (1er. lunes)
04 Día Interamericano de la Radiodifusión
10 Día Mundial Contra la Pena de Muerte
10 Masacre de Cantaura, Edo. Anzoátegui (1982)
10 Día Mundial de la Salud Mental
12 Día Nacional de la Resistencia Indígena
15 Día Internacional de la Mujer Rural
15 Día Internacional de Reducción de Desastres (2do. miércoles)
15 Aniversario de Provea
16 Día Mundial de la Alimentación
17 Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza
24 Día de las Naciones Unidas
24 Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo
24-30 Semana del Desarme
27 Primera elección universal, directa y secreta en Venezuela (1946)
28 Día Nacional del Alfabetismo
29 Masacre de El Amparo, Edo. Apure (1988)
CONTEXTO
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
ESPECIAL: «EL AMPARO, 20 AÑOS DE IMPUNIDAD»
El caso de la masacre de El Amparo tuvo que ser presentado en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, ante la evidente actuación irregular de los tribunales venezolanos en la jurisdicción militar. Todo indicaba que había un claro propósito de producir impunidad. Frente a esa realidad quienes apoyaban a los familiares de las víctimas y a los dos sobrevivientes decidieron en 1990 acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dos peticiones fueron presentadas y acumuladas por la Comisión. Una presentada por quien para entonces era diputado independiente por el Movimiento Al Socialismo Walter Márquez y otra presentada por las organizaciones de derechos humanos Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) con el acompañamiento de las organizaciones Americas Watch y Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
La Comisión Interamericana el 10 de agosto de 1990 abrió el caso asignándole el número 10.602. Durante tres años y dos meses el caso fue procesado en la Comisión Interamericana destacándose en todo ese lapso una conducta por parte del Estado venezolano orientada a obstaculizar la posibilidad de obtener justicia. El 12 de octubre de 1993, es decir, casi al cumplirse cinco años de la masacre la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos público un Informe en el cual se recomendaba al gobierno de Venezuela presidido por Ramón J Velásquez que investigara y sancionara a los autores materiales, intelectuales y encubridores y a su vez se indemnizara a las víctimas.
Ante la negativa del gobierno de Ramón J Velásquez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitud de los representantes de las víctimas presentó el 14 de enero de 1994 el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 01 de agosto de 1994, el Estado de Venezuela procedió a contestar la demanda. Sin embargo, el 11 de enero de 1995, un mes antes de que el gobierno de Caldera cumpliera un año de gestión y a través del para entonces agente del Estado ante la Corte Interamericana Asdrubal Aguiar el gobierno venezolano reconoció la responsabilidad internacional por los hechos y asumió el compromiso de indemnizar a las víctimas. Es decir admitió que había ocurrido una masacre, que dicha masacre fue cometida por funcionarios del Estado venezolano y que como consecuencia se había causado un daño a los familiares y sobrevivientes que debía reparar. Con fundamento en dicho reconocimiento la Corte Interamericana dictó sentencia el 18 de enero de 1995. Fue la primera sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Venezuela. Una nueva sentencia sobre el mismo caso fue dictada por la Corte el 19 de septiembre de 1996, pero esta vez sobre las reparaciones que debería cumplir el Estado venezolano. Del contenido de las dos sentencias el Estado de Venezuela quedó obligado a investigar y sancionar a los responsables de la masacre e indemnizar a las víctimas. Durante la gestión del gobierno del Presidente Caldera se pagó la casi totalidad de la indemnización. El Estado por un mal cálculo de los pagos quedó debiendo aproximadamente el 05% de esa indemnización que fue finalmente cancelada en diciembre de 2005 bajo la gestión del Presidente Chávez. Durante la gestión del Presidente Caldera se consumó la impunidad al declarar la justicia militar no culpables a los autores materiales y nunca investigar a los autores intelectuales. En la gestión del gobierno del presidente Chávez nada se ha realizado para lograr justicia. En reiteradas oportunidades la Corte Interamericana le ha exigido al gobierno venezolano que debe castigar a los culpables. La impunidad continúa a pesar de las reiteradas declaraciones de diversos voceros del gobierno repudiando la masacre. Los familiares aspiran que se pase de las palabras a los hechos.
ARTÍCULOS
Del 25 de agosto al 13 de septiembre 2008
Boletín electrónico Nº 206
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE SEPTIEMBRE
08 Día Internacional de la Alfabetización
09 Día de la Agricultura
11 Aniversario de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
16 Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono
18 Día Mundial de las Playas
21 Día Internacional de la Paz (3er. martes)
26 Día Mundial del Corazón
28 Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe
CONTEXTO
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
El ministro de la Vivienda, Farruco Sesto, señaló el Ejecutivo Nacional había destinado recursos adicionales para la terminación de soluciones habitacionales. Según el funcionario, el Gobierno aprobó 1 millardo de dólares, los cuales garantizarán la culminación de 39.000 casas. Aunque no dio más detalles sobre esas unidades, aún el despacho tiene pendiente la entrega de soluciones habitacionales correspondientes a programas de períodos pasados. (El Universal, 06.09.08, http://economia.eluniversal.com/2008/09/06/eco_art_minvivienda-recibe-$_1034326.shtml)
Sesto afirmó que el Gobierno Nacional está atacando la situación habitacional tanto desde el punto de vista legal como el estructural. En este sentido, destacó que actualmente el Gobierno realiza más de tres mil desarrollos constructivos alrededor de todo el territorio nacional. “Hoy día realizamos más de tres mil programas habitacionales en varios estados del país, al tiempo que unas 400 mil personas se han inscrito en el nuevo Registro Único de Vivienda, creado por nuestro Ministerio”, señaló. A pesar de que las propias cifras oficiales demuestran lo contrario, el ministro declaró a la Agencia Bolivariana de Noticias que “durante la administración del presidente Hugo Chávez, se han hecho más casas en Venezuela que en los 30 años anteriores”. Según la ABN “el Ministro criticó a la oposición por difundir desesperanza para intentar alarmar a sociedad venezolana sobre la futura gestión o capacidad constructiva del Ministerio y las autoridades estatales”. (Agencia Bolivariana de Noticias, 05.09.08, http://abn.info.ve/go_news5.php?articulo=148032&lee=3)
Luego de varias denuncias sobre la presunta toxicidad del material Policloruro De Vinilo (PVC), el Programa Venezolano en Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), en conjunto con la Fundación Aguaclara, se desplazó a dos comunidades ubicada en Guacara y en Mariara (Edo. Carabobo) para efectuar un primer análisis de la adecuación con el derecho a la vivienda, la salud y el ambiente sano de los complejos urbanísticos conocidos bajo el nombre de “Petrocasa”.
La Comunidad Socialista «La Coromoto» fue inaugurada por el Presidente de la República Hugo Chávez el pasado 30 de marzo. Proyecto bandera del gobierno nacional para solventar, a bajo costo, la crisis de vivienda en el país. La comunidad está conformada por alrededor de 400 familias, entre las cuales el consejo comunal local censó más de 2.000 niños.
En la planta de las Petrocasas, ubicada también en Guacara (Estado Carabobo), se perfila el material PVC, oriundo de El Tablazo, destinado a las comunidades seleccionadas para sustituir sus ranchos por casas dignas. Entre los argumentos para promover su construcción se encuentran el bajo costo de las viviendas, la rapidez de su construcción y el involucramiento de las comunidades en la elaboración de las casas bajo el sistema de autoconstrucción. Presuntamente los miembros de la comunidad deben cancelar 53.000 Bs. F. para adquirir la casa con facilidades de pago y acceso a la ley de política habitacional, aunque aún no tienen la certeza de esto.
En la comuna socialista «La Coromoto», se pudo constatar que los habitantes tienen acceso a gran cantidad de servicios: ambulatorio, transporte, escuelas cercanas, biblioteca con Internet, cancha deportiva. En la actualidad se esta construyendo una tienda Mercal y se proyecta la construcción de una escuela “Simoncito”, todos realizados con el material PVC.
De acuerdo a la integrante del Consejo Comunal “Comunidad Socialista La Coromoto”, la única dificultad encontrada ha sido que no se les ha adjudicado a los pobladores los títulos de propiedad. Adicionalmente Provea pudo constatar ligeras fallas en materia de acabados y la poca adecuación cultural de las casas.
Parte de los objetivos de la visita de Provea fue la recolección de muestras del PVC utilizado en la construcción de las paredes y los techos de la casa para revisar si su contenido contienen dioxinas y furanos, ambas sustancias prohibidas por la Convención de Estocolmo, ratificada por Venezuela. De confirmarse la hipótesis, los pobladores corren graves riesgos para su salud ya que generaría una modificación celular irreversible en las personas.
Otra comunidad, otro cuento. Ubicada en Mariara, luego de 8 años de espera, la comunidad “El Esfuerzo” fue seleccionada para sustituir los ranchos por petrocasas. Iniciado en octubre del 2007, hasta la fecha tan solo una etapa del conjunto es habitable aunque no se cuentan con los servicios básicos como red de cloacas, acceso al agua y a la electricidad.
Los integrantes del Consejo Comunal de la comunidad aseguraron que ya no se siguen despachando los materiales necesarios para culminar con todo el proyecto debido a un conflicto laboral con los obreros. La responsabilidad del pago de la nómina, Petrocasa decidió unilateralmente trasferirla a la comunidad “Nuestro Esfuerzo”.
Algunos de los desperdicios son usados por los pobladores de lo que debería ser la tercera etapa del conjunto habitacional de las Petrocasas en «Nuestro Esfuerzo».
(Realizado por Lorenzo Labrique)
Alrededor de diez mil personas, organizadas en decenas de organizaciones civiles pro vivienda, marcharon el pasado 10.09.08 por las principales avenidas de Maracay para exigir que el Gobierno nacional cumpla con sus promesas de viviendas dignas.
Los manifestantes se declararon en contra del nuevo decreto Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, por considerarlo negativo para la existencia de organizaciones regionales y locales, pues soslaya a las Organizaciones Comunitarias de Vivienda (OCV) para dar primacía, en la relación con el ejecutivo, a los consejos comunales. (Ultimas Noticias, 11.09.08, Pág. 4)
Durante el recorrido por el centro de la ciudad, los sin techo fueron interceptados por un grupo de obreros pertenecientes al Sindicato de Trabajadores del Ferrocarril, adscrito a la Unión Bolivariana de Trabajadores (UBT) quienes con actitud violenta se identificaron como defensores de la revolución intentando disuadir la manifestación. (El Carabobeño, 11.09.08, http://www.el-carabobeno.com/p_pag_hnot.aspx?art=a110908c12&id=t110908-c12). Wilfredo Palacios, uno de los trabajadores, señaló que si querían hacer propuestas o presentar quejas por la situación habitacional, no era necesario entorpecer el libre tránsito de los ciudadanos. PoliAragua intervino para evitar la confrontación entre los grupos. (Ultimas Noticias, 11.09.08, Pág. 4).
Las ocupaciones de inmuebles ha sido una de las herramientas de exigibilidad de las personas sin casa para presionar a las autoridades. La ausencia de respuestas ha generado enfrentamientos entre los propios afectados.
Vecinos del Consejo Comunal de barrio Zulia, ubicado en Guatire, denunciaron ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Cámara Municipal de Plaza que fueron agredidos y amenazados de muerte por invasores del galpón ubicado en la parcela A del sector.
Señalan a 44 familias, que desde hace 15 días invadieron la zona y, según los residentes del barrio, tienen la intención de que el gobierno regional les de casas para luego venderlas. Evelyn Querales, vocera de la comisión de Vivienda y Hábitat, fue agredida y le hicieron una herida en el rostro que ameritó sutura. La causa de los golpes fue su negativa a emitirles una constancia de que no pagaban ningún servicio, exigida por la Casa del Poder Comunal para luego tramitar la solicitud de viviendas. Otros residentes recibieron amenazas. (Ultimas Noticias, 04.09.08, Pág. 38)
En Valencia, estado Carabobo, un hombre resultó muerto al intentar mediar entre dos personas en una discusión por invasión a una propiedad que había sido ocupada previamente.
El hecho sucedió el 03.09.08 en el sector conocido como Parcelas del Socorro II, ubicado a un lado de la autopista Sur, que comunica a la ciudad de Valencia con Tocuyito.
La víctima fue identificada como Manuel Antonio Pérez Colina, de 42 años de edad, de profesión obrero y quien se acercó hasta la vivienda signada con el número 49 de la calle intercomunal del mencionado sector, donde un hombre discutía con una mujer a quien le reclamaba para que desalojara la propiedad.
La confrontación verbal fue tomando calor y Pérez Colina, quien supuestamente conocía a la dama, intentó intervenir. El sujeto reaccionó de manera violenta, sacó una escopeta que tenía en el rancho y le propinó dos balazos en el abdomen a Pérez Colina. (Ultimas Noticias, 05.09.08, Pág. 35)
Luis Chacón, secretario general del Colegio de Médicos, anunció que miembros de los 24 colegios que hacen vida activa en el país celebrarán una reunión para recoger firmas en apoyo a los delegados de la Asamblea para los proyectos de convenciones colectivas que introducirán en la Inspectoría Nacional del Trabajo, en las cuales estarán incluidos los trabajadores del Ministerio de Salud, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y el Ipasme.
Chacón anunció que dentro de las solicitudes de la nueva convención colectiva, se encuentra un salario mínimo para los médicos equivalente a 100 unidades tributarias o cuatro mil bolívares fuertes. (4 mil bsf). «Vale la pena resaltar que las contrataciones colectivas están vencidas desde el año 2000, fecha desde la cual no nos han dejado realizar elecciones para las nuevas juntas directivas de los gremios y sindicatos», resaltó.»Rechazamos la negociación que han intentado realizar con el gobierno nacional asociaciones y sindicatos paralelos, creados por militantes afines al gobierno, quienes no representan a la masa trabajadora», alertó. (El Impulso, 08.09.08, www.elimpulso.com)
En otra información, el presidente de la Federación Venezolana de Maestros, Orlando Alzuru, declaró que los maestros exigían una mejora de sus condiciones salariales. «Los maestros comienzan el año escolar con preocupación e incertidumbre en cuanto a sus reivindicaciones, no sólo en lo económico, sino también en lo profesional por los cambios que ha implicado el currículo bolivariano». Alzuru explicó que sus pares ganan, en promedio, 1.200 bolívares. Refiere que la canasta alimentaria cuesta 1.400 y, la familiar, más de 3.000. «Eso obliga al docente a trabajar en otras áreas y a no poder permanecer en el colegio como el Gobierno quiere», indica.
A eso se suma el hecho de que el contrato colectivo de los educadores tiene más de 2 años de vencido y de que desde 2003 todos los empleados públicos no han recibido el pago de sus prestaciones sociales. «Todo lo que hemos obtenido han sido dádivas del Gobierno, pero creemos que cualquier incremento salarial tiene que estar amparado en el ámbito de la convención colectiva. Somos los peores profesionales pagados del país», afirma el presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, Edgar Bazán. (El Nacional, 11.09.08, E/5)
Por su parte, el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Héctor Soto, explicó que se corregirán algunas imprecisiones técnicas en las denominaciones de cargos, que hubo dentro del plan de homologación que afectó a 300 de los siete mil trabajadores de las instituciones de esta cartera. ‘La voluntad del Ministerio está en corregir las malas denominaciones de cargos, o las desmejoras en los salarios que ocurrió en el 1,2 por ciento del universo de los trabajadores’, explicó el ministro.
Asimismo, destacó los beneficios que el plan de igualación de cargos ofreció a más de seis mil trabajadores de las instituciones culturales. ‘Adelantamos el proceso de igualación y el 98,2 por ciento de los siete mil trabajadores, salió mejor y elevó sus beneficios; sólo el 1,8 por ciento bajó sus beneficios y fundamentalmente eran los funcionarios de alto nivel. Dijimos: que los de abajo suban’, explicó Soto. (Agencia Bolivariana de Noticias, 10.09.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=148697&lee=Array[0])
Medios de comunicación difundieron la noticia de que el bloqueo de las instalaciones de General Motors en Valencia, estado Carabobo, por un grupo de trabajadores representantes del Sindicato de Vencedores Socialistas finalizó el 11.09.08 luego de que un tribunal regional ordenó el levantamiento de la huelga laboral en la planta ensambladora. El desalojo de los tomistas ocurrió horas después de que los reclamantes y la directiva de GM llegaron a un acuerdo preliminar en la sede del Ministerio del Trabajo en Caracas. General Motors informó que dejó de ensamblar aproximadamente 400 carros diarios en casi 9 semanas de paralización. (El Nacional 12.09.08, E/7)
Los trabajadores de la General Motors iniciaron el conflicto desde el pasado 28.07.08, luego que la discusión del proyecto de contratación colectiva se paralizara, pese a que se habían aprobado 70 de las 96 cláusulas que contiene. (Aporrea, 09.09.08). La acción obrera desató una polémica entre tendencias sindicales afectas al proceso bolivariano acerca de la naturaleza y legitimidad de la acción. Mientras que algunos consideraban que era una huelga legítima, otros la consideraron una acción violenta irregular. (Aporrea, 08.09.08, http://www.aporrea.org/trabajadores/n120251.html)
Once muertes sindicales violentas se han registrado en lo que va de año, producto del enfrentamiento entre seis gremios del sector construcción que existen en el estado Bolívar. Los gremios luchan entre sí por tener la mayor cantidad de empleos, además de un contrato para quienes conforman la lista de desempleados.
Las tres últimas muertes sindicales ocurridas en menos de quince días de agosto, obedecen a tres dirigentes de la contratista Simaca, que realiza trabajos de mantenimiento para la industria privada briquetera Orinoco Iron.
Los ultimados formaban parte de la lista de los números oficiales (6) del estado de «violencia sindical», pues además de que formaban parte del Sindicato Único de Trabajadores de Simaca (Sutrasimaca) venían de laborar en un sector de la construcción en CVG Bauxilum.
Fuentes sindicales ligadas a Orinoco Iron, que por temor a «salir en las páginas de sucesos» no revelan sus nombres, señalan que desde la conformación de contratistas el sector construcción ha tenido una negativa participación. “Obligan a los patronos a meter algunos desempleados de sus listas porque de lo contrario son amenazados de muerte o le cobran una fuerte vacuna».
Este caso fue el que se vivió con la reciente muerte de tres trabajadores ligados a una contratista de Orinoco Iron. Aseguran que Iván Jiménez, hallado muerto en su residencia, y David Mendoza alias «el Papa», asesinado en Castillito, tenían el liderazgo en el portón de la compañía para determinar el número de personas que ingresarían a la industria. (Correo del Caroní, 07.09.08, http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,174/?id=107495)
Sin precisar fecha exacta, el Ministerio de Salud anunció el relanzamiento «en los próximos días», del Programa Nacional de Inmunizaciones, campaña que ha sido postergada en dos oportunidades en lo que va de año (inicialmente se realizaría en julio y después en agosto). De acuerdo con el comunicado, el MPPS estima invertir más de 300 millones de bolívares fuertes ($ 139,53 millones) este año para la adquisición y suministro gratuito de vacunas de forma permanente. Según el ministro de Salud, Jesús Mantilla, éste «será un incremento importante porque el año pasado «invertimos 103 millones de bolívares fuertes ($47,91 millones)». El titular de Salud dijo que con el suministro gratuito de las 13 vacunas que contempla el plan, «ofrecemos un gran impacto a la colectividad para atacar todo tipo de patologías prevenibles con vacunas».
La jornada abarcará no sólo a la población infantil sino adulta y adultos mayores. Se incluirán las siguientes inmunizaciones: BCG (tuberculosis), antipolio (poliomielitis), pentavalente (difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis B, meningitis y neumonías), triple bacteriana (difteria, tos ferina, tétanos), influenza tipo B (meningitis, neumonía), trivalente viral (sarampión, rubéola, parotiditis), antiamarílica (fiebre amarilla), antirotavirus (diarreas severas), toxoide tetánico, d T- adulto (difteria, tétano) y anti-influenza. (Agencia Pana de Cecodap, 13.08.09)
El presidente de la República, Hugo Chávez Frías inauguró el pasado 10.09.08 nueve Centros de Diagnóstico Integral de manera simultánea en varias partes del país, con lo que se llegan a 440 CDI en toda la nación.
Así lo informó el Mandatario Nacional desde los Flores de Catia, donde encabezó el acto de inauguración de los CDI, aparte de salas de rehabilitación integral y un centro de alta tecnología, igualmente. Especificó que los CDI inaugurados están ubicados, uno en los Flores de Catia; otro en San Martín, cerca de la Maternidad Concepción Palacios, así como en Anzoátegui, en El Tigrito; en Aragua, en San Mateo; en Delta Amacuro, en Cosacoima; en Miranda, en el sector El Clavo, y tres en el estado Zulia, uno en Baralt y dos en Maracaibo.
El Jefe de Estado resaltó, igualmente, que hace 10 años había 4 mil 804 ambulatorios, pero hoy, a esos ambulatorios se le suman 6 mil 571 módulos populares de Barro Adentro 1, más 986 instalaciones como CDI, salas de rehabilitación integral y centros de alta tecnología. “A eso se le suman mil 650 puntos de odontología, 459 ópticas y en total tenemos 14 mil 470 centros de atención primaria, es decir, que pasamos de 4 mil 804 a 14 mil 470, con mayor calidad de servicio”, afirmó. (Agencia Bolivariana de Noticias, 10.09.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=148657&lee=1)
Aproximadamente 17 familias de la etnia indígena Makawan llegaron al sector Bella Vista, de El Amparo en el estado Apure. El contingente de personas, proveniente de la localidad La Soledad, se ha instalado provisionalmente en un galpón de la zona. Esto ocurrió el 13 de agosto de 2008. En total, son 93 personas las que se encuentran en situación de desplazamiento, de los cuales 17 son menores de edad. Francisco Sánchez, presidente del comité de gestión del consejo comunal de Bella Vista, ha informado de la presencia de varios organismos del estado, sin embargo, ninguno de ellos ha asumido el compromiso de ayudar a este grupo de indígenas. Sánchez informó que este grupo de desplazados «han quedado en la calle, ahora no tienen nada».
El Servicio Jesuita a Refugiados, fiel a su mandato de servir, acompañar y defender a las poblaciones más vulnerables, hizo un llamado a todos los organismos competentes para que presten, de forma rápida y efectiva, toda la ayuda necesaria para garantizar el pleno respeto y goce de los derechos humanos de estas familias indígenas que lo han perdido todo. Clara Bastidas, abogada del SJR-V, destacó, «Los makawan piden ser reubicados en tierras que sean cultivables, es lo que ellos saben hacer». La abogada de la organización católica destacó que la lista de necesidades de estos desplazados son, entre otras, alimentos, ropa e insumos médicos para la atención de algunos enfermos. (Cofavic, 03.09.08, http://www.correodelcaroni.com/content/view/107299/149)
Los ajustes de precios decretados recientemente por el Ejecutivo nacional se hacen sentir en el bolsillo de los venezolanos, según afirma el informe mensual de la canasta alimentaria elaborado por el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores (Cenda). El costo de la canasta alimentaria correspondiente al mes de agosto se ubicó en 1.401,36 bolívares fuertes, lo que equivale a un alza de 3,6% con respecto al mes anterior.
El aumento anualizado de la canasta alimentaria presenta una variación de 50,2%, lo que equivale a un incremento de 468,42 bolívares fuertes. Entre los meses de enero y agosto de este año la variación alcanza 22,9% o lo que es igual a 261,44 bolívares fuertes, según se desprende del informe elaborado por el Cenda. Asimismo, indica que «el salario mínimo de 799,23 bolívares fuertes tiene un poder adquisitivo hipotético de 57%, siendo insuficiente para cubrir la totalidad de la canasta alimentaria, registrando un déficit de 43% que equivale a 602,13 bolívares fuertes». En ese sentido, el Cenda resalta que «una familia de cinco personas gastaría todo su salario en alimentación». (El Universal, 03.09.08, http://economia.eluniversal.com/2008/09/03/eco_art_canasta-alimentaria_1027066.shtml)
Por su parte, el ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas, Alí Rodríguez Araque, declaró que Venezuela cierra por tercer mes consecutivo con una desaceleración de la inflación intermensual, al tiempo de anunciar una comisión interdisciplinaria para estudiar los rubros que más impactan el Indice de Precios al Consumidor a fin de frenarlo y hacerlo retroceder. El titular de la cartera financiera explicó que la inflación cerró en el mes de agosto en 1,8 por ciento, mientras que en julio se ubicó en 1,9 por ciento, y en junio en 2,4 por ciento. “Como se ve, los incrementos intermensuales van descendiendo lenta pero sostenidamente”, expresó, e indicó que la comisión estará integrada por el Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadísticas. (Aporrea, 09.09.08, http://www.aporrea.org/actualidad/n120358.html)
Paralelamente a este anuncio, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Banco Central de Venezuela (BCV) anunciaron que la variación acumulada del Índice Nacional de Precios al Consumidor (Inpc) hasta el mes de agosto se ubicó en 19.4%, apenas una décima menos que la proyección inflacionaria oficial reformulada para este año (19.5%). El objetivo inicial era 11%. Regionalmente, cuatro ciudades registran tasas superiores al promedio nacional: Maturín 20.87%, Caracas 20.2%, Maracay 19.9% y resto nacional 19.7%. Las localidades restantes reportan cifras iguales o inferiores: Valencia 19.4%, San Cristóbal 19%, Mérida 18.9%, Barcelona-Puerto La Cruz 18.4%, Maracaibo 18.2%, Ciudad Guayana 17.2%, y Maracaibo 17%. (El Tiempo, 10.09.08, http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp?id=163238).
A pesar de esta disminución, la tasa inflacionaria del país es una de las más altas del continente. Venezuela, con 33,7%, presenta el indicador más alto de la región, superando en más de diez puntos a Nicaragua (23,62%) y duplicando a Bolivia (17,32%), que son los países que la escoltan en la lista. (Tal Cual, 11.09.08, Pág. 17).
• Garantizar que la Asamblea Nacional genere una amplia consulta y participación de los sectores interesados y apruebe definitivamente en las sesiones legislativas del 2008, las leyes que regularán los regímenes prestacionales de salud y pensiones.
• Garantizar que el Ejecutivo Nacional desarrolle un intensivo programa de difusión de los derechos, requisitos y obligaciones de los distintos subsistemas de seguridad social, a fin de promover la inclusión de las poblaciones hasta ahora excluidas. En este sentido deberá promover mecanismos idóneos, ágiles y transparentes para que la población meta se inscriba en el sistema de seguridad social, para lo cual sería conveniente que estudiara mecanismos similares a los aplicados en otros países de la región y que han permitido una rápida inclusión de la población.
• Garantizar que el Ejecutivo Nacional continúe pagando la deuda que el IVSS mantiene con los pensionados, y publique un informe actualizado a diciembre de 2007.
• Garantizar que el Ejecutivo Nacional promueva la más amplia y democrática participación comunitaria y profesional en el proceso de transición e integración del Sistema Público Nacional de Salud, al tiempo que promueva la coordinación y cooperación entre los organismos públicos involucrados.
• Garantizar que la Contraloría General de la República realice una auditoría general al IVSS, a fin de garantizar que las cotizaciones acumuladas por el universo de trabajadores cotizantes sean contabilizadas y enteradas al nuevo sistema de seguridad social.
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
ESPECIAL: «EL AMPARO, 20 AÑOS DE IMPUNIDAD»
El caso de la masacre de El Amparo tuvo que ser presentado en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, ante la evidente actuación irregular de los tribunales venezolanos en la jurisdicción militar. Todo indicaba que había un claro propósito de producir impunidad. Frente a esa realidad quienes apoyaban a los familiares de las víctimas y a los dos sobrevivientes decidieron en 1990 acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dos peticiones fueron presentadas y acumuladas por la Comisión. Una presentada por quien para entonces era diputado independiente por el Movimiento Al Socialismo Walter Márquez y otra presentada por las organizaciones de derechos humanos Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) con el acompañamiento de las organizaciones Americas Watch y Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
La Comisión Interamericana el 10 de agosto de 1990 abrió el caso asignándole el número 10.602. Durante tres años y dos meses el caso fue procesado en la Comisión Interamericana destacándose en todo ese lapso una conducta por parte del Estado venezolano orientada a obstaculizar la posibilidad de obtener justicia. El 12 de octubre de 1993, es decir, casi al cumplirse cinco años de la masacre la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos público un Informe en el cual se recomendaba al gobierno de Venezuela presidido por Ramón J Velásquez que investigara y sancionara a los autores materiales, intelectuales y encubridores y a su vez se indemnizara a las víctimas.
Ante la negativa del gobierno de Ramón J Velásquez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitud de los representantes de las víctimas presentó el 14 de enero de 1994 el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 01 de agosto de 1994, el Estado de Venezuela procedió a contestar la demanda. Sin embargo, el 11 de enero de 1995, un mes antes de que el gobierno de Caldera cumpliera un año de gestión y a través del para entonces agente del Estado ante la Corte Interamericana Asdrubal Aguiar el gobierno venezolano reconoció la responsabilidad internacional por los hechos y asumió el compromiso de indemnizar a las víctimas. Es decir admitió que había ocurrido una masacre, que dicha masacre fue cometida por funcionarios del Estado venezolano y que como consecuencia se había causado un daño a los familiares y sobrevivientes que debía reparar. Con fundamento en dicho reconocimiento la Corte Interamericana dictó sentencia el 18 de enero de 1995. Fue la primera sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Venezuela. Una nueva sentencia sobre el mismo caso fue dictada por la Corte el 19 de septiembre de 1996, pero esta vez sobre las reparaciones que debería cumplir el Estado venezolano. Del contenido de las dos sentencias el Estado de Venezuela quedó obligado a investigar y sancionar a los responsables de la masacre e indemnizar a las víctimas. Durante la gestión del gobierno del Presidente Caldera se pagó la casi totalidad de la indemnización. El Estado por un mal cálculo de los pagos quedó debiendo aproximadamente el 05% de esa indemnización que fue finalmente cancelada en diciembre de 2005 bajo la gestión del Presidente Chávez. Durante la gestión del Presidente Caldera se consumó la impunidad al declarar la justicia militar no culpables a los autores materiales y nunca investigar a los autores intelectuales. En la gestión del gobierno del presidente Chávez nada se ha realizado para lograr justicia. En reiteradas oportunidades la Corte Interamericana le ha exigido al gobierno venezolano que debe castigar a los culpables. La impunidad continúa a pesar de las reiteradas declaraciones de diversos voceros del gobierno repudiando la masacre. Los familiares aspiran que se pase de las palabras a los hechos.
ARTÍCULOS
Del 8 al 22 de enero 2000
Boletín electrónico Nº 205
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE AGOSTO
04-08 Semana Mundial de la Lactancia Materna
09 Lanzamiento de la Primera Bomba Atómica sobre Hiroshima (1945)
09 Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
12 Día Internacional de la Juventud
15 Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición
18 Promulgación del Decreto de Garantías que, entre otras cosas, eliminó la pena de muerte y el destierro (1863)
29 Día Internacional del Árbol
30 Día Internacional de los «Desaparecidos»
CONTEXTO
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
ESPECIAL: «EL AMPARO, 20 AÑOS DE IMPUNIDAD»
Una característica común de las masacres que se produjeron en la década de los años 80 (Cantaura, Yumare, Isla de Charo, Las Gaviotas, Totumitos, El Vallado y El Amparo) fue la investigación y proceso de los culpables en la justicia militar. El resultado, a su vez, fue el mismo: la declaración de inocencia de los imputados porque, supuestamente, se enfrentaron a grupos subversivos. Hoy gozan de la libertad y algunos ocupan altos cargos escudándose en el argumento de que los tribunales determinaron que actuaron en legítima defensa.
En el caso de la masacre de El Amparo la actuación mayoritaria de los integrantes de los tribunales, consejos de guerra y cortes marciales que conocieron el caso, se orientó al claro propósito de producir impunidad. Salvo contadas excepciones, que las hubo, los fiscales militares y jueces cometieron un sin número de irregularidades con la finalidad de favorecer a los masacradores. Destaca la actuación del para entonces mayor asimilado del Ejército, Ricardo José Pérez Gutiérrez, juez instructor en primera instancia. La parcialidad del Juez afectó el resto del proceso en todos los siguientes niveles. Dio valor a pruebas ilegales presentadas por los victimarios, negó pruebas que demostraban que hubo una masacre, descartó testigos claves, pretendió intimidar a los dos sobrevivientes y cometió otras irregularidades.
Este Juez mantuvo una permanente coordinación con uno de los autores intelectuales de la masacre, el general Humberto Camejo Arias, quien le daba instrucciones sobre como obstaculizar la actuación de los abogados que acusaron a los funcionarios militares y policiales.
Fiscales, jueces, autores intelectuales de la masacre y los abogados que defendieron a los militares y policías entretejieron una red de complicidad, maniobras e irregularidades para garantizar que en cada escala del proceso se crearan condiciones que permitieran dictar un fallo declarando no culpables a los responsables.
Así, el 29 de abril de 1992 el Consejo Permanente de Guerra de San Cristobal dictó sentencia declarando que los 14 pescadores muertos eran integrantes de un grupo subversivo colombiano; que se produjo un enfrentamiento y que los militares y policías actuaron defendiendo la soberanía del país. Dicha sentencia fue confirmada e 12 de junio de 1994 por una Corte Marcial integrada por el coronel Marcos Porras Andrade, el Coronel Ramón Francisco Guzmán Díaz y el abogado Servio Tulio Bastidas Balza. Contra dicha sentencia los abogados de las víctimas interpusieron recurso de casación y en 1998 una nueva Corte Marcial dictó la sentencia definitiva de impunidad, la cual ha prevalecido hasta la fecha.
La verdad de los hechos quedó oculta y en su lugar se armó una versión que hizo aparecer a los asesinos como héroes de la patria.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en reiterada jurisprudencia, ha expresado que este tipo sentencias emanadas de órganos de administración de justicia que actúan de manera irregular, con el único propósito de producir impunidad, no tienen ningún valor jurídico y su decisión no puede considerarse cosa juzgada. Por lo tanto, la acción fraudulenta de la justicia militar venezolana no tiene valor y la declaratoria de no culpabilidad de los autores materiales no tiene fuerza jurídica como para impedir la reapertura de las investigaciones y proceso para determinar responsabilidades y establecer las penas a que haya lugar.
Una apertura de las investigaciones en la jurisdicción ordinaria debe además indagar sobre las irregularidades cometidas por fiscales y jueces, particularmente el Juez Ricardo José Pérez Gutiérrez. A pesar de su conocida actuación alejada de la ética profesional, este abogado, hasta hace pocos años, ocupaba el cargo de asesor en el Ministerio de la Defensa.
El tiempo pasa, pero la búsqueda de la justicia continúa y todos quienes actuaron como autores materiales, intelectuales, cómplices y encubridores deben ser sancionados.
(1) Ubicado a 950 kilómetros de Caracas cerca de la ciudad de Guasdualito, en la región conocida como el Alto Apure, El Amparo se encuentra en la frontera con Colombia tan solo separada por el Arauca. Para llegar al pueblo, hay que atravesar durante varias horas llanuras donde la única actividad visible es la ganadería.
(2) Wolmer Pinilla recuerda el momento cuando los 16 amigos salieron en el río Arauca para ir a pescar y compartir para comer un sancocho. Varias horas más tarde, 14 de ellos fueron asesinados brutalmente.
(3) Provea, a través del abogado Antonio Puppio y el sociólogo Rafael Uzcátegui, realizaron un viaje a El Amparo para acompañar las víctimas en su afán de reclamar el fin de 20 años de impunidad.
(4) En el lugar de la masacre, conocido como el caño La Colorada, a treinta minutos de El Amparo, Wolmer Pinilla (izq.) y José Augusto Arias (der.) relatan al equipo de Provea como lograron escaparse hace 20 años del operativo planificado por los integrantes del Comando Especial José Antonio Páez (Cejap). Hoy día los responsables de la Masacre se encuentran aún en libertad.
(5) El Amparo, situado a la orilla del Río Arauca, es un poblado de cinco mil habitantes que vive del comercio entre Venezuela y Colombia, siendo la vía fluvial la artera más frecuentemente utilizada.
(6) Al igual que hace 20 años, los habitantes del poblado se quejan de la desidia en que se encuentra su lugar de residencia: desempleo, insalubridad y sobretodo inseguridad son las preocupaciones que se oyeron con más frecuencia por parte de los lugareños.
(7) Hoy día, José Augusto Arias se encuentra desempleado, no tiene vivienda y reside en una bodega de un amigo ubicada a la orilla del río Arauca. Luego de la sentencia de la Corte Interamericana condenando los hechos, los sobrevivientes recibieron una suma estimada en 18 millones de bolívares.
(8) A algunos de los familiares de las víctimas, les fueron entregadas humildes y precarias viviendas que carecen de los servicios básicos como red de cloacas, servicio de aseo, suministro continuo de agua y electricidad. En esa época las casas fueron construidas en tan sólo tres semanas.
(9) Algunos familiares (de izquierda a derecha: Moira Guerrero, Noira Modesta López, Maria Felipa Bello de Torrealba) siguen organizados para exigir justicia y piden que 20 años después de la masacre, los crímenes que arrebataron a uno de los suyos no queden impunes.
(10) En ese panorama fronterizo típico de la región, la tranquilidad de la fauna y la magnitud de los paisajes lucen surrealistas al lado de las principales preocupaciones y condiciones de vida de los habitantes, exigencias que hace 20 años el gobierno nacional ha logrado aprovechar para justificar numerosos abusos de los derechos humanos en el Alto Apure.
Realizado por Lorenzo Labrique
ARTÍCULOS
DOCUMENTOS
Del 18 de julio al 05 de agosto 2008
Boletín electrónico Nº 204
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE AGOSTO
04-08 Semana Mundial de la Lactancia Materna
09 Lanzamiento de la Primera Bomba Atómica sobre Hiroshima (1945)
09 Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
12 Día Internacional de la Juventud
15 Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición
18 Promulgación del Decreto de Garantías que, entre otras cosas, eliminó la pena de muerte y el destierro (1863)
29 Día Internacional del Árbol
30 Día Internacional de los «Desaparecidos»
CONTEXTO
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
ESPECIAL «EL AMPARO: 20 AÑOS DE IMPUNIDAD»
En el caso de la masacre de El Amparo los autores materiales están plenamente identificados. A diferencia de otros casos de violaciones a los derechos humanos, donde se debe investigar y determinar quienes son los responsables, en este caso se les conoce con nombre y apellido. Durante el proceso realizado en la jurisdicción militar quedó claramente determinado quienes dieron muerte a los 14 pescadores. Los funcionarios policiales y militares que a continuación se mencionan son los responsables de haber disparado contra la humanidad de las inocentes víctimas el 29 de octubre de 1988. Todos ellos formaban parte del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), y actuaron en la operación militar que denominaron “Anguila III” planificada con alevosía para aparentar un supuesto éxito en la lucha contra la subversión colombiana.
Capitán de Corbeta, Alí Coromoto González (fue la persona que directamente comandó la operación de masacre); Maestro Técnico de Primera (Ej), Ernesto Morales Gómez; Sargento Técnico de Primera (Ej), Omar Antonio Pérez Hudson; Sargento Mayor de Segunda (Ej), Salvador Ortiz Hernández; Comisario Jefe (DISIP), Andrés Alberto Román Romero; Comisario (DISIP), Maximiliano José Monsalve Planchart; Inspector Jefe (DISIP), Celso José Rincón Fuentes; Inspector Jefe (DISIP), Carlos Alberto Durán Tolosa; Inspector (DISIP), José Ramón Zerpa Poveda; Inspector (DISIP), Luis Alberto Villamizar; Sub Inspector (DISIP), Franklin Gómez Rodríguez; Sub Inspector (DISIP), Omar Gregorio Márquez; Detective (DISIP), Tony Richard Urbina Sojo; Sumariador Jefe III (PTJ) , Gerardo Rugeles Molina; Inspector Jefe (PTJ), Edgar Arturo Mendoza Guanaguey; Sub Comisario (PTJ), Florentino Javier López; Sub Inspector (PTJ), Alfredo José Montero; Agente Principal (PTJ), Daniel Virgilio Gómez; Funcionario Policial (PTJ), Rafael Rodríguez Salazar; y Huber Bayona Ríos (ciudadano colombiano, que prestaba servicios de inteligencia al CEJAP).
Algunos de quienes participaron en la operación presuntamente ya habían participado meses antes en otras masacres conocidas por la opinión pública como los “amparitos” pero que en realidad son las masacres de la Isla de Charo, Las Gaviotas, Totumitos y El Vallado. Entre ellos Ernesto Morales Gómez, Celso José Rincón, Carlos Alberto Durán y Andrés Alberto Román. Es decir, eran comandos del crimen dedicados a sembrar el terror en las zonas fronterizas con Colombia, cuando por el contrario se les había dado la misión de brindar seguridad. Del 16 de enero hasta el 06 de octubre de 1988, la prensa registró seis “enfrentamientos” del Cejap con la “guerrilla colombiana”. Otros que no participaron en la masacre de El Amparo de manera directa presuntamente participaron en todas las anteriores masacres y algunos de ellos posiblemente tengan responsabilidad como autores intelectuales.
Algunas de estas personas a pesar de su prontuario de violaciones a los derechos humanos han ocupado cargos públicos importantes. Tales son los casos entre otros de: el ex militar Omar Antonio Pérez Hudson quien fue nombrado en el año 2002 director nacional de investigaciones de la DISIP; Celso José Rincón Fuentes fue nombrado también en el año 2002 subdirector y jefe de seguridad de la cárcel de Yare. Henry López Sisco fue hasta hace menos de dos años asesor de seguridad del gobernador Manuel Rosales. El para entonces Capitán de Navío Rodríguez Chacín fue inculpado por el caso de los “amparitos” y el 20 de junio de 1994 la Corte Marcial presidida por el General Ubaldo López Barrios le dictó auto de detención. Actualmente es el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores. La impunidad no sólo les permite continuar libres, sino peor aún ocupar cargos en la estructura del Estado venezolano.
Algunos autores intelectuales de la masacre están identificados: el para entonces General Humberto Antonio Camejo Arias y el para entonces Coronel Enrique José Vivas Quintero comandantes del Comando Específico José Antonio Páez. En la autoría intelectual debe investigarse igualmente la responsabilidad que pudieron haber tenido el ex Comisario Jefe de la Disip Henry López Sisco y el actual ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores Rodríguez Chacín quienes aparecen en el expediente que cursó en la jurisdicción militar señalados de haber participado en la planificación de la masacre. Debe establecerse igualmente la responsabilidad del resto de integrantes del Comando Específico José Antonio Páez.
Pero más allá de la responsabilidad material e intelectual debe investigarse también a quienes presuntamente actuaron como encubridores y cómplices de la masacre. En este sentido, debería investigarse entre otros al ex presidente de la República Jaime Lusinchi y varios altos funcionarios de su equipo de gobierno entre ellos el General Italo del Valle Alliegro quien para el momento de la masacre era el Ministro de la Defensa, Simón Alberto Consalvi quien era ministro del Interior; el para entonces Jefe de la Oficina Central de Información, periodista Carlos Croes, quien tuvo la responsabilidad de orquestar una gran campaña comunicacional para mostrar ante la sociedad venezolana que los muertos eran guerrilleros; al Director de la Disip para la fecha; al coronel (E) Ricardo Pérez Gutiérrez presidente del Consejo de Guerra de San Cristobal quien cometió cientos de irregularidades en el proceso con la única finalidad de declarar no culpables a los responsables. Sus actuaciones manipulando las pruebas crearon las bases para que el proceso favoreciera abiertamente a los responsables de la masacre.
Todavía queda pendiente la deuda de hacer justicia. Un hecho tan grave de violación a los derechos humanos no puede quedar impune. No es posible, que quienes con premeditación y alevosía cometieron la masacre de El Amparo y otras masacres gocen de plena libertad. No se comprende como personas que desde el gobierno y la oposición política tienen un discurso a favor de los derechos humanos y contra esos acontecimientos de las décadas pasadas, no sólo guarden silencio, sino peor aún contraten sus servicios. No se comprende como activistas sociales y dirigentes políticos que con razón reclaman que se investiguen las masacres de Yumare y de Cantaura, guarden silencio frente a la masacre de El Amparo. La lucha contra la impunidad difícilmente puede triunfar en un ambiente de complicidad. Debemos exigir que se investigue a todos quienes de manera directa e indirecta tuvieron responsabilidad en las graves violaciones a los derechos humanos. Tiene el Estado venezolano por obligación constitucional y mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad de adelantar las investigaciones, determinar responsabilidades e imponer las sanciones respectivas. No importa el tiempo que haya pasado, los responsables deben ser enjuiciados.
(1) Ubicado a 950 kilómetros de Caracas cerca de la ciudad de Guasdualito, en la región conocida como el Alto Apure, El Amparo se encuentra en la frontera con Colombia tan solo separada por el Arauca. Para llegar al pueblo, hay que atravesar durante varias horas llanuras donde la única actividad visible es la ganadería.
(2) Wolmer Pinilla recuerda el momento cuando los 16 amigos salieron en el río Arauca para ir a pescar y compartir para comer un sancocho. Varias horas más tarde, 14 de ellos fueron asesinados brutalmente.
(3) Provea, a través del abogado Antonio Puppio y el sociólogo Rafael Uzcátegui, realizaron un viaje a El Amparo para acompañar las víctimas en su afán de reclamar el fin de 20 años de impunidad.
(4) En el lugar de la masacre, conocido como el caño La Colorada, a treinta minutos de El Amparo, Wolmer Pinilla (izq.) y José Augusto Arias (der.) relatan al equipo de Provea como lograron escaparse hace 20 años del operativo planificado por los integrantes del Comando Especial José Antonio Páez (Cejap). Hoy día los responsables de la Masacre se encuentran aún en libertad.
(5) El Amparo, situado a la orilla del Río Arauca, es un poblado de cinco mil habitantes que vive del comercio entre Venezuela y Colombia, siendo la vía fluvial la artera más frecuentemente utilizada.
(6) Al igual que hace 20 años, los habitantes del poblado se quejan de la desidia en que se encuentra su lugar de residencia: desempleo, insalubridad y sobretodo inseguridad son las preocupaciones que se oyeron con más frecuencia por parte de los lugareños.
(7) Hoy día, José Augusto Arias se encuentra desempleado, no tiene vivienda y reside en una bodega de un amigo ubicada a la orilla del río Arauca. Luego de la sentencia de la Corte Interamericana condenando los hechos, los sobrevivientes recibieron una suma estimada en 18 millones de bolívares.
(8) A algunos de los familiares de las víctimas, les fueron entregadas humildes y precarias viviendas que carecen de los servicios básicos como red de cloacas, servicio de aseo, suministro continuo de agua y electricidad. En esa época las casas fueron construidas en tan sólo tres semanas.
(9) Algunos familiares (de izquierda a derecha: Moira Guerrero, Noira Modesta López, Maria Felipa Bello de Torrealba) siguen organizados para exigir justicia y piden que 20 años después de la masacre, los crímenes que arrebataron a uno de los suyos no queden impunes.
(10) En ese panorama fronterizo típico de la región, la tranquilidad de la fauna y la magnitud de los paisajes lucen surrealistas al lado de las principales preocupaciones y condiciones de vida de los habitantes, exigencias que hace 20 años el gobierno nacional ha logrado aprovechar para justificar numerosos abusos de los derechos humanos en el Alto Apure.
Realizado por Lorenzo Labrique
ARTÍCULOS
DOCUMENTOS
Del 01 al 17 de julio 2008
Boletín electrónico Nº 203
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE JULIO
03 Día Universal de la Cooperación (1er. sábado)
05 Celebración de la Declaración de la Independencia de Venezuela (1811)
07 Día de la Conservación del Suelo
09 Día Internacional para la Destrucción de Armas de Fuego
11 Día Mundial de la Población
17 Día Mundial de la Justicia Internacional
CONTEXTO
Con motivo a su 20º aniversario, El Programa Venezolano en Educación- Acción en Derechos Humanos (Provea) organiza un concurso fotográfico acerca de la situación de los derechos humanos en Venezuela. El mismo tendrá una duración del 1 de julio al 15 de septiembre de 2008, sobre los temas: “Derecho a la vivienda”, “Derecho a la salud”, “Derecho a la seguridad social”, Derecho a un ambiente sano” y “Derecho a la alimentación”. Los participantes deben enviar una foto en al menos tres temas y un máximo de diez fotografías. La selección se efectuará en base a criterios de creatividad, originalidad, estética, relación con el tema tratado y calidad técnica. Los laureados pueden llevarse un premio de hasta Bs. F. 1.000 y la garantía que su fotografía sea la portada del 20º Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos, a presentarse en diciembre de este año. Las mejores fotos se expondrán el 15 de octubre, fecha del 20º Aniversario de Provea. Haz clic aquí y verás las condiciones de participación, así como todos los premios. Para mayor información, escribir a [email protected]
Según informó la ministra de Estado para Asuntos de la Mujer, María León, Venezuela cuenta con importantes avances en la lucha por erradicar la violencia contra la mujer y lograr la equidad y la igualdad de género. La funcionaria destacó los avances de Venezuela en esta materia, en el contexto de la II Conferencia del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belém Do Pará, realizada en Caracas el 03 y 04 de julio pasado.
Precisó que en el país cuenta con una constitución, aprobada en 1999, “que ha hecho norma constitucional, los postulados de esta convención”. Asimismo, indicó que la Asamblea Nacional, aprobó el 25 de noviembre de 2007, la Ley Orgánica sobre del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, mediante la cual se sancionan diversos tipos de violencia contra la mujer como física, doméstica, sexual, prostitución forzada, esclavitud sexual, violencia laboral, patrimonial y económica; obstétrica, esterilización forzada, violencia médica e institucional, violencia simbólica y tráfico y trata de mujeres, niñas y adolescentes.
Recordó que este año el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inició la creación de los tribunales especiales en diversos estados del país para atender los casos de violencia contra la mujer. Del mismo modo, refirió que el Estado ha creado instituciones destinadas a desarrollar programas para las mujeres en situación de pobreza o exclusión social como el Banco de Desarrollo de la Mujer (Banmujer) y su red de mujeres y la Misión Madres del Barrio. (Agencia Bolivariana de Noticias, 07.07.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=140000&lee=Array[0])
Según cifras recopiladas difundidas por Amnistía Internacional, durante el año 2005 36.777 mujeres denunciaron ante ONG haber sufrido abusos a manos de sus parejas o ex parejas, es decir, una media de una mujer cada 15 minutos. Por ello, las organizaciones locales calculan que sólo una de cada nueve mujeres denuncia los actos de violencia ante las autoridades.
En los seis primeros meses de 2007 se abrieron 490 expedientes sobre denuncias de violencia contra las mujeres. (División de Investigación y Protección en Materia de Niños, Adolescentes, Mujer y Familia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas). Entre enero y diciembre de 2007, la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres fueron perpetrados por sus esposos o parejas actuales (31,95% y 36,57%, respectivamente) y, en menor medida, por sus ex parejas u otros familiares. (INAMUJER). En 1999, el Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER) estableció un teléfono de emergencia, confidencial y de alcance nacional –0800Mujeres– que proporciona asesoramiento gratuito a las mujeres que sufren violencia de género. Desde 1999 a diciembre de 2007, esta línea recibió 29.168 llamadas de todo el país, de las cuales 4. 484 de produjeron en 2007. Venezuela, un país de más de 27 millones de habitantes, sólo cuenta con dos refugios para mujeres víctimas de violencia.
Ante esta situación Amnistía Internacional insta a las autoridades venezolanas a demostrar su voluntad política y proporcionar los recursos necesarios para garantizar que la nueva ley sobre violencia contra las mujeres no existe sólo sobre el papel. «La ley venezolana promulgada en 2007 para proteger a las mujeres constituye un ejemplo para el resto de la región, pero no servirá de nada a menos que se aplique plenamente», manifestó Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional. «Para aplicar la ley se necesitan más refugios, tribunales especiales y formación para las personas que se ocupan de estos delitos.»
El informe de Amnistía Internacional, titulado «Existe la ley, toca aplicarla». Erradicar la violencia doméstica en Venezuela, analiza la violencia doméstica contra las mujeres en Venezuela. Este documento puede ser descargado de la siguiente dirección:
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
El estudio «El trabajo infantil y los problemas de la inserción en el trabajo de la juventud en América Central, Panamá y República Dominicana: restricciones al desarrollo de trayectorias laborales positivas» reveló la realidad con la cual conviven miles de jóvenes en toda América Latina. Presentado en la X Conferencia Iberoamericana de Ministras, Ministros y Altos Responsables de la Infancia y de la Adolescencia, realizada en junio, en El Salvador, el estudio fue elaborado por diversas organizaciones que tratan acerca de las cuestiones laborales.
De acuerdo con el estudio, la juventud enfrenta además muchas dificultades para conseguir una trayectoria de trabajo positiva. Uno de los motivos señalados es la precoz inserción en el trabajo, limitando la permanencia en las escuelas. En América Latina, cerca de 4 de cada 10 jóvenes entre 15 y 24 años enfrentan problemas de desempleo u ocupación precaria, totalizando más de 40 millones de jóvenes en esa situación; 2 de cada 20 no estudien ni trabajan, lo que corresponde a 22 millones.
En América Central y República Dominicana, de una población de aproximadamente 10 millones de jóvenes entre 15 y 24 años, cerca de 3,3 millones están desempleados o en ocupación precaria. Son 2,3 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Encuestas realizadas con jóvenes de varios países de América Latina señalaron que el trabajo es una de las cuestiones más importantes para su desarrollo como persona y que la falta de empleo decente se encuentra entre los problemas que más preocupan.
La problemática de la falta de empleo hace que la confianza en el futuro personal sea muy baja. En 2005, datos del Latinobarómetro indicaron que 4 de cada 10 jóvenes, entre 18 y 29 años, expresaban indiferencia en relación con el régimen de gobierno o apoyaban a un gobierno autoritario. En América Central, Panamá y República Dominicana, en 2006, la población juvenil económicamente activa era de 4,4 millones de ocupados y 640 mil desempleados. La juventud desempleada representaba el 45% de la población total desempleada
El estudio fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Oficina Sub-regional de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, el Programa Internacional por la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT, el proyecto Promoción del Empleo Juvenil en América Latina (PREJAL) de la OIT y el proyecto Formación Ocupacional e Inserción Laboral (FOIL) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). (Adital, 15.07.08, http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34001)
De manera conjunta con el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), Provea realizó dos eventos sobre dos derechos económicos sociales y culturales: seguridad social y vivienda, con la finalidad de realizar un diagnóstico y compartir posibilidades con diferentes actores vinculados las problemáticas.
El evento sobre Seguridad Social se realizó el pasado 22.05.07 en las instalaciones del Hotel Altamira Suites, en el que más de 70 personas, entre representantes de gremios empresariales y laborales, organizaciones no gubernamentales y comunitarias, partidos políticos y movimientos estudiantiles, evaluaron las debilidades de la seguridad social venezolana y formularon propuestas jurídicas, políticas, financieras, administrativas e institucionales destinadas a su mitigación. Las ponencias del evento estuvieron a cargo de reconocidos especialistas en la materia, como la/os Profesora/es Absalón Méndez, Ana Mercedes Salcedo (ambos del Post-grado en Seguridad Social de la Universidad Central de Venezuela) y Marino González (Universidad Simón Bolívar).
Por su parte, el evento en vivienda se realizó el 10.07.08 en las mismas instalaciones del anterior. Más de 50 personas, entre dirigentes políticos y sindicales, líderes comunitarios y representantes de ONG vinculadas con el tema, deliberaron sobre las causas político-institucionales, culturales y sociales de la problemática planteada y aportaron ideas-propuestas destinadas a su mitigación. Las ponencias estuvieron a cargo del profesor (UCV) Carlos Genatios y Rafael Uzcátegui de Provea.
Descargue a continuación los siguientes documentos presentados en ambos eventos:
- «Origen, desarrollo, crisis y reforma de ls Seguridad Social en Venezuela» de Absalom Mendez
- «Los servicios sociales y la ordenación de la política social en Venezuela» de Ana Mercedes Salcedo González
- «El rol del Estado y del sujeto en la vivienda» de Carlos Genatios y Marianela Lafuente
- «Situación actual y desafíos de la vivienda en Venezuela» de Rafael Uzcátegui
Un nutrido grupo de habitantes de Nueva Tacagua, se trasladó el pasado 17.08.08 hasta la sede del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat, ubicado en la urbanización Las Mercedes del sureste capitalino, para protestar porque no han sido reubicados en nuevas viviendas. Como se recordará, los habitantes de Nueva Tacagua esperan una reubicación desde hace más de una década tras adquirir una serie de casas y apartamentos al INAVI, los cuales fueron construidos en una zona de alto riesgo, por lo que comenzaron a deteriorarse por los movimientos de tierra.
Cerca del mediodía, el grupo de manifestantes fue atendido por el Ministro de Vivienda, Farruco Sesto, el cual recibió a una comisión de seis coordinadores y un abogado de Provea, para conocer las razones de la protesta, después de dialogar con los coordinadores, les prometió que supuestamente la próxima semana realizaría un recorrido por la zona para estudiar los casos, y que en menos de un mes les daría respuesta. También se comprometió a evaluar la situación de complejos urbanísticos como Bosques del Ingenio. Sin embargo, destacó que en este momento no hay viviendas disponibles.
El grupo de manifestantes después de entrevistarse con el Ministro, realizo una asamblea informal en la calle, donde el grupo coordinador expuso a los demás asistentes las conclusiones de la reunión con el ministro. Después de esto se retiraron de manera pacifica.
Según informaciones provenientes del sector privado durante el primer semestre del año 2008 se habría construido 40.000 viviendas en todo el país. La información fue revelada por Fernando Azpúrua, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), disgregando la cifra de las correspondientes al sector público en 15.000 unidades y al sector privado 25.000 soluciones. Según el vocero, la meta de construcción para este año está calculada en 100.000 unidades.
Los representantes de la Cámara en días pasados se reunieron con el ministro de la Vivienda, Farruco Sesto y el presidente del Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat, Eugenio Vázquez justamente para revisar el tema de los insumos y los financiamientos al sector. En ese encuentro los miembros del gobierno le garantizaron a los constructores que existen suficientes recursos para atender la demanda habitacional, y se señaló que se ha incrementado la disponibilidad del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda. Los voceros del sector privado plantearon nuevamente la titularización de la cartera hipotecaria a fin de incrementar los fondos. (El Universal, 10.07.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/07/10/eco_art_mas-de-40.000-vivien_939455.shtml).
En un comunicado, difundido el 01.07.08, la Asamblea Metropolitana de Comités de Tierra Urbana junto con otras organizaciones sociales se solidarizaron con la Red de Inquilinos. Según el texto de la declaración el 30.06.08 se realizó un desalojo a 9 familias inquilinas mediante acciones represivas ejecutadas por la Policía Metropolitana y la Policía de Baruta. Asimismo, exigieron la libertad de Hernán Cortez, Ricardo Medina, detenidos en la Zona 7 de la Policía Metropolitana y de Asdrúbal Ugas detenido en la Policía de Baruta, todos integrantes de la Red de Inquilinos del poder Popular.
Según la Asamblea firmante «Cuarenta años de malas políticas en materia de vivienda han dejado en la esclavitud de un alquiler perenne a miles de familias donde sus miembros han envejecido viviendo bajo la figura de arrendatarios, siempre bajo las ordenes de un propietario omnipotente al que hay que obedecer y agachar la cabeza, para evitar un desalojo. Hoy LOS INQUILINOS se organizan, son más de 5.000 familias de clase media organizadas en una red de solidaridad y apoyo mutuo, para evitar que sus hogares sean violados por la más salvaje demostración del capitalismo, «EL DESALOJO».
Si desea conocer el texto completo del comunicado, visitar
http://provea.blogspot.com/2008/07/caracas-comunicado-de-solidaridad-con.html
El alcalde del municipio Libertador, Freddy Bernal, reiteró su rechazo al proceso de invasiones que se han producido en Caracas, la mayoría de ellas en zonas inestables, situación que, señala, genera hechos tan lamentables como el que se vive en la zona de Las Mayas, con la muerte de un niño tapiado.»Mantengo mi posición yo prefiero sacar a los invasores con la policía y no con el Cuerpo de Bomberos. Siempre hemos advertido que tarde o temprano estas zonas que son invadidas, sin ningún tipo de planificación al pasar del tiempo terminarán deslizándose, por las filtraciones o la lluvia», dijo Bernal. Exhorto a la comisión de alto nivel que se encarga del problema de las invasiones, a tomar acciones contundentes. (Últimas Noticias, 05.07.08)
El alcalde Bernal realizó estas declaraciones tras la muerte de un niño de dos años producto de un deslizamiento de tierras en el sector Las Mayas de la ciudad capital. Los vecinos de la invasión Terrazas de Turmerito dijeron que desde hace dos años la Alcaldía Mayor les prometió viviendas y al momento no se han materializado las primeras construcciones. Por esta situación unas veinte familias talaron un área situada en unas terrazas, tras lo cual se sumaron otras familias. Los vecinos notaron que el terreno comenzaba a ceder y decidieron salir de las casas, pero en horas de la mañana observaron que una vivienda se venía abajo, con las consecuencias fatales: El alud sepultó al infante y provocó lesiones a uno de sus parientes. Posteriormente, los vecinos y vecinas realizaron una manifestación por la muerte del infante. La protesta, que incluyó quema de cauchos y colocación de barricadas, tuvo que ser dispersada por los efectivos de la Guardia Nacional quienes con bombas lacrimógenas hicieron replegar a los manifestantes. (El Universal, 04.07.08, http://caracas.eluniversal.com/2008/07/04/sucgc_art_nino-murio-tapiado-e_932041.shtml).
En otra noticia se conoció que unas 100 familias invadieron unos terrenos baldíos, ubicados en el sector Colinas de El Paso de Los Teques, estado Miranda. En su mayoría son mujeres con niños, quienes ayer desmalezaban y demarcaban las tierras para luego esperar a que la Gobernación, a través del Instituto de Vivienda, apruebe la construcción de «inmuebles dignos». Una de las ocupantes, Carmen Ortega, informó que ellos son personas que viven en casas de alto riesgo y tomaron la decisión de ocupar la parcela ante la actitud indiferente de las autoridades que hasta el presente no las han reubicado en viviendas seguras. También hay grupos familiares que viven arrimados y no pueden pagar alquiler, y otros damnificados. (El Universal, 10.07.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/07/10/grccs_art_100-familias-invaden_937955.shtml)
En el estado Aragua, mediante el uso de bombas lacrimógenas, más de 600 familias fueron desalojadas en la mañana del 07.06.08 luego de invadir un terreno privado ubicado en el barrio San Rafael, al sur de Maracay. Una comisión antimotín de la Policía de Aragua procedió a sacar a los ciudadanos que desde las 11:00 de la noche del domingo ingresaron al terreno, tras abrir enormes boquetes en las paredes perimetrales. Pedro Alvarado, integrante de la OCV Campo Alegre, explicó que las familias realizaron la acción pues no tienen un techo propio y deben brindarles cobijo y protección a sus niños. (El Carabobeño, 07.06.08, http://www.el-carabobeno.com/p_pag_not.aspx?art=a080708c09&id=t080708-c09)
Provea desea recordar al Alcalde Freddy Bernal y al resto de las autoridades que deben intermediar en el caso de las ocupaciones de terrenos que el Estado venezolano ha suscrito una serie de compromisos con instituciones internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, las cuales incluyen obligaciones de abstenerse de realizar desalojos forzosos; la adopción de medidas legislativas para promover y garantizar el derecho a la vivienda digna; la realización de desalojos en estricto cumplimiento de la ley; la adopción de medidas justas para minimizar daños, realizando consultas, recursos, procedimientos legales e indemnización; la adopción de medidas necesarias para los afectados que no disponen de recursos así como el cumplimiento de las directrices en materia de reubicación y reasentamientos.
Los trabajadores y trabajadoras de la Maternidad Negra Hipólita, ubicada en San Félix, acordaron cesar las acciones de protesta que venían realizando ante la necesidad de designar cargos al personal suplente, mejorar las condiciones contractuales de los galenos del centro y la construcción de un banco de sangre en la Maternidad, reclamos que provocaron una extensa huelga de hambre y reiteradas protestas por parte del personal.
El ministro de Salud, Jesús Mantilla, visitó el centro asistencial para intentar resolver las demandas de los empleados y empleadas. Santiago Astudillo, delegado de los trabajadores, informó que «El ministro nos prometió que la semana que viene debe venir una comisión de Caracas para evaluar nuestra situación y hacer un levantamiento de la información labora, pero si no vienen la semana que viene reiniciaremos la protesta».
Por su parte Francia Álvarez, delegada sindical de la Maternidad Negra Hipólita, fue enfática al expresar que el gobierno regional no ha sido bueno en su gerencia. «He ido por años a Caracas, para decirle al Presidente la aberración tan grande de salud que ha pasado aquí en el estado Bolívar, porque el sector salud ha estado decadente». (Correo del Caroní, 08.07.08, http://www.correodelcaroni.com/content/view/101935/149)
Una comisión del Ministerio del Ambiente inspeccionó el área interna del Instituto de Prevención y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación, seccional Aragua, (Ipasme) con el propósito de verificar la supuesta contaminación de mercurio y residuos de plomo que se había denunciado en el lugar. La información fue confirmada por el presidente del Colegio de Profesores en la entidad, Richard Rivas, quien denunció la reciente afectación de treinta y cuatro trabajadores del recinto médico a causa de la exposición a sustancias contaminantes; corroboradas a través de exámenes toxicológicos. Estas personas presentan conjuntivitis, tos alérgica, broncoespasmos y erupciones en la piel. Ante esta situación, el recinto se encontraba cerrado desde hace diez días. (El Universal, 01.07.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/07/01/pol_art_realizan-inspeccion_927701.shtml)
Por su parte la directiva del Ipasme-Aragua, desmintió que el cierre haya sido motivado a problemas de contaminación. Nelsa Hernández, directora, señaló que la restricción del personal médico, administrativo y obrero al lugar se debió a la rehabilitación de ductos de aire acondicionado en los laboratorios así como a la reparación en los ascensores. (El Universal, 02.07.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/07/02/pol_art_desmienten-cierre-po_929304.shtml)
Ante esta afirmación personal médico, administrativo y obrero adscrito a Ipasme Aragua, expresaron su temor de regresar a sus puestos trabajos. Leida Noguera, representante del sindicato de trabajadores del Ipasme Maracay, refirió que los trabajadores no están dispuestos a volver a sus labores diarias hasta que no haya seguridad de que el centro de salud «esté limpio» de fibra de vidrio. Destacó su preocupación debido a que por la irregularidad ambiental se han visto afectados al menos cien trabajadores con problemas de tos alérgica, prurito en el cuerpo, erupciones en la piel, broncoespamos y conjuntivitis.
Ante esta situación, el cúmulo de trabajadores exige al Ministerio del Ambiente, organismo que recientemente hizo una inspección en el lugar y determinó la presencia del elemento contaminante utilizado para la reparación que se hacen en los ductos de aire acondicionado en el área de laboratorio clínico, la entrega por escrito de un documento que garantice que el recinto médico está en óptimas condiciones para laboral. (El Universal, 05.07.08, http://www.eluniversal.com/2008/07/05/pol_art_personal-de-ipasme-e_933945.shtml)
Un nuevo llamado al ministro del Poder Popular para la Salud (MS), Jesús Mantilla, para que retome la mesa de discusión del contrato colectivo del sector hicieron, éste lunes, más de 260 mil trabajadores organizados en la Federación Nacional del Sindicato de los Trabajadores de la Salud (Fenasitrasalud).
Durante una rueda de prensa, realizada en la sede del ese despacho, el presidente de la organización, Octavio Solórzano, explicó que están solicitando la pronta aprobación de un contrato colectivo único, que agrupa cerca de 60 contrataciones colectivas del sector salud. “Nosotros teníamos cerca de siete meses en mesas de debate con el ministro y representantes del despacho, pero desde hace un mes estamos esperando la respuesta definitiva sobre la aprobación del documento. Nosotros lo que queremos es un beneficio laboral para todos por igual», agregó.
Opina Solórzano que, no es posible que empleados del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) tengan condiciones distintas a los trabajadores del Ministerio de Salud. «Nuestra lucha es por un contrato único que dará paso al Sistema Único de Salud, que quiere lograr este Gobierno”, afirmó el presidente de Fenasitrasalud.
El sector pide, entre otros beneficios laborales, obtener la jubilación a los 28 años de servicio con el 100% de su sueldo (actualmente reciben 80% del suelo que percibían al momento de su retiro), la normalización de la situación de 45 mil empleados que permanecen contratados y el pago de las prestaciones sociales a 20 mil trabajadores que ya fueron jubilados. (Agencia Bolivariana de Noticias, 30.06.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=139075&lee=Array[0])
De acuerdo con el informe Inmunización en las Américas 2007, de la Organización Panamericana de la Salud, Venezuela cubrió 40,8% de los municipios del país en la aplicación de la vacuna trivalente viral (sarampión, rubéola y parotiditis) en 2006. Una de las causas de la aparición del brote de parotiditis en los últimos 7 meses –de acuerdo con los especialistas- es precisamente la disminución de la severidad en la aplicación de los esquemas de vacunación contra esa enfermedad.
Amando Martín, infectólogo y presidente de la Asociación Venezolana de Vacunología, explicó que el Gobierno nacional, durante las campañas de inmunización emprendidas en 2001 y 2006 (para controlar el sarampión y erradicar la rubéola, respectivamente), utilizó mayormente la vacuna bivalente viral, lo que aumentó el número de susceptibles a la enfermedad.
En el informe Venezuela está por debajo del promedio de vacunación contra la parotiditis de los países del continente, pues en las naciones de América Latina y el Caribe se habría alcanzado una cobertura de 64,4% en ese mismo año. (El Nacional, 01.07.08, Pág. C-2)
Durante el año 2008 el dengue ha enfermado a 27.049 personas, 1.826 de los cuales han sido hemorrágicos. El número total supera en 17% lo registrado durante el mismo período de 2007 cuando reportaron 23.062.
Zulia con 5.761 casos es el estado con mayor incidencia de dengue en el país; le siguen Mérida (1.895), Lara (1.591) y Monagas (1.537).
Las cifras aparecen reflejadas en el boletín epidemiológico que corresponde a la semana 25 del año (del 15 al 21 de junio). Este informe revela que, en promedio, a la semana Venezuela registra unos 1.082 casos y que mensualmente ascienden a 4.704. (El Universal, 05.07.08, http://www.eluniversal.com/2008/07/05/pol_art_once-estados-del-pai_933688.shtml)
De acuerdo con los datos que maneja el Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela (Sisov), órgano adscrito al Ministerio de Planificación y Desarrollo, el gasto en el pago a los pensionados ha aumentado 32% entre 2006 y 2007.
Las cifras indican que al cierre del año pasado los egresos ascendieron a 7.064 millones de bolívares fuertes, lo que contrasta con el nivel registrado en 2006, cuando el pago de pensiones significó para las arcas gubernamentales una erogación de 5.353 millones de bolívares fuertes.
Según los datos oficiales que maneja el Sisov al cierre del año pasado, 74,9% de las personas accede a las pensiones por vejez, mientras que 13,5% de los beneficiarios cobran ayudas por sobrevivencia, 10,3% lo hacen por las pensiones por invalidez y 1,1% por incapacidad.
Cerca de 1,3 millones de personas están entre la población objetivo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ente encargado de cancelar las pensiones por vejez de los trabajadores jubilados. Sin embargo, no todas las personas que están en edad de jubilación pueden acceder a este beneficio. Según las cifras suministradas por el ente gubernamental, sólo 40% de la población mayor de 60 años de edad es beneficiaria del IVSS. (El Universal, 05.07.08, http://www.eluniversal.com/2008/07/05/eco_art_gasto-del-gobierno-e_933550.shtml)
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Tarek El Aissami, hizo el ofrecimiento de otorgar seguridad social a los transportistas, quienes inmediatamente, comenzaron a llenar listas para definir cuántos gozarían de la jubilación.
De acuerdo con los primeros cálculos, hay cerca de 350.000 chóferes y administradores de transporte en espera de la medida, que solicitaron desde 1987. Todavía no se conoce el mecanismo que aplicarán para incorporarlos al sistema de seguridad social. Erick Zuleta, presidente de la Federación Nacional de Transporte, propondrá que se efectúe por medio de la figura de continuidad facultativa, es decir, que el Estado dé un aporte superior a la contribución mensual de los beneficiados.
En la mesa de trabajo realizada con representación de los despachos de Infraestructura, Industrias Ligeras y Comercio y Seguridad Ciudadana, el presidente del IVSS, Carlos Rotondaro, se comprometió a incluir en una resolución especial una vía de gracia para beneficio de los conductores con alguna discapacidad física.
Por su parte José Luis Montoya, presidente de la Central Única de Autos Libres y Por Puesto, informó que los conductores de taxis también solicitarán ser incorporados en la resolución. Ese universo podría ampliar la cifra de los beneficiados, pues sólo en Caracas hay 193 líneas de taxis registradas sin incluir a «los piratas».
En cuanto a la renovación de las unidades, voceros del Gobierno señalaron que a finales de julio comenzará la sustitución, para la cual se firmarán convenios de cooperación con España, China, Belarus y Brasil. (El Nacional, 09.07.08)
Las importaciones de alimentos aumentaron 40,5% en 2007, según el Informe Económico 2007, elaborado por el Banco Central de Venezuela (BCV). Dentro de los rubros resaltaron las de maíz (375%), carne de ganado bovino (318,1%), leche cruda (156,9%), azúcar (154,9%) y pescados y crustáceos (110,7%), debido a que se compraron mayores cantidades pese al aumento en los precios internacionales de algunos productos. Sin embargo, precisa el informe, los alimentos sólo representaron 8,3% ($3.773,4 millones) de las importaciones totales del país ($45.463 millones) en 2007. (Ultimas Noticias, 04.07.08)
El Banco Central de Venezuela registró que las familias más humildes han padecido una inflación de 37,5% en los últimos doce meses, mientras que en el sector de mayores ingresos, el impacto es de 29,9%.
Los bienes y servicios que devoran buena parte del salario de los hogares pobres, como los alimentos y el transporte, se han encarecido notablemente, esto explica por qué la inflación golpea con mayor fuerza al estrato de menos ingreso. Entre junio de 2007 y junio de este año, el precio de los alimentos en Caracas aumenta 49,6% y de acuerdo con las estadísticas oficiales, el 25% más pobre del país destina 45 de cada 100 bolívares a la compra de comida, mientras que en el estrato de mayor ingreso la proporción es sólo de 15.
El cambio en los precios de supermercados y abastos es notable. En los últimos doce meses, los productos agrícolas han aumentado 51,5%, los pesqueros 35,8% y los provenientes de la agroindustria 46,1%, mientras que el costo de transportarse se eleva 32,1%.
Otro factor a tomar en cuenta es que el sector de menor poder de compra obtiene, en el caso de estar empleado en el sector formal de la economía, sueldo mínimo y no cuenta con la posibilidad de invertir en inmuebles, terrenos o automóviles, para protegerse de la inflación.
El desajuste inflacionario de Venezuela supera con creces al de las principales economías de la región. Por ejemplo, en Colombia, entre junio de 2007 y junio de este año, los más pobres han padecido un alza de precios de 8,83%. (El Universal, 10.07.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/07/10/eco_art_familias-mas-pobres_939453.shtml)
• Garantizar que la Asamblea Nacional genere una amplia consulta y participación de los sectores interesados y apruebe definitivamente en las sesiones legislativas del 2008, las leyes que regularán los regímenes prestacionales de salud y pensiones.
• Garantizar que el Ejecutivo Nacional desarrolle un intensivo programa de difusión de los derechos, requisitos y obligaciones de los distintos subsistemas de seguridad social, a fin de promover la inclusión de las poblaciones hasta ahora excluidas. En este sentido deberá promover mecanismos idóneos, ágiles y transparentes para que la población meta se inscriba en el sistema de seguridad social, para lo cual sería conveniente que estudiara mecanismos similares a los aplicados en otros países de la región y que han permitido una rápida inclusión de la población.
• Garantizar que el Ejecutivo Nacional continúe pagando la deuda que el IVSS mantiene con los pensionados, y publique un informe actualizado a diciembre de 2007.
• Garantizar que el Ejecutivo Nacional promueva la más amplia y democrática participación comunitaria y profesional en el proceso de transición e integración del Sistema Público Nacional de Salud, al tiempo que promueva la coordinación y cooperación entre los organismos públicos involucrados.
• Garantizar que la Contraloría General de la República realice una auditoría general al IVSS, a fin de garantizar que las cotizaciones acumuladas por el universo de trabajadores cotizantes sean contabilizadas y enteradas al nuevo sistema de seguridad social.
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
El Ministerio del poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (MIJ) inauguró el servicio gratuito de llamadas 0 800 Contigo (2668446), mediante el cual las personas interesadas podrán obtener información y recibir asesoría jurídica gratuita.
En rueda de prensa, el titular del MIJ, Ramón Rodríguez Chacín, explicó que el servicio funcionará las 24 horas y que contará con 100 operadores y operadoras, distribuidos en cuatro turnos por día.
Rodríguez Chacín aclaró, no obstante, que éste no será un servicio para denunciar emergencias: “Es sólo para obtener información y asesoría jurídica gratuita, consultar a un abogado sobre casos o situaciones específicas, que nos competen. Si alguien quiere saber, por ejemplo, sobre registros y notarías, horarios, ubicación de esas dependencias, costo del trámite que desea hacer, en qué cuenta debe depositar el dinero. Toda la información sobre los servicios que presta el ministerio”. (Agencia Bolivariana de Noticias, 10.07.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=140453&lee=Array[0])
Según informó el jefe de la División Antiextorsión y Secuestros del Cuerpo de Investigación Científica Penal y Criminalistica (CICPC), subcomisario Sergio González, el índice de secuestros en el país, durante el primer semestre de este año, aumentó en 44%, resgistrando 179 casos. En comparación con el mismo período de 2007, el delito sumó 55 nuevos hechos, siendo el mes de mayo el de mayor incidencia, cuando se registraron 27 casos. González destacó que de los 179 plagios, 149 han sido resueltos por diferentes vías. «36 personas fueron rescatadas, otras 96 están en libertad gracias a la presión policial y 17 fueron liberadas luego de que familiares cancelaran sumas millonarias a los plagiarios», dijo. (El Universal, 10.07.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/07/10/sucgc_art_indice-de-secuestros_939483.shtml)
Esta información fue negada por el ministro del Interior y Justicia, Ramón Emilio Rodríguez Chacín, quien rechazó las cifras proporcionadas por el comisario Sergio González. A juicio del titular del Interior y Justicia, estas declaraciones formarían parte de una componenda con la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga). (La Cadena Global, 10.07.08, http://www.cadenaglobal.com/noticias/default.asp?not=182342&sec=5)
En una rueda de prensa realizada junto al director del CICPC, Comisario Marcos Chávez, el ministerio de Interior y Justicia aseguró que se habían desarticulado 9 bandas en todo el territorio nacional, en una acción enmarcada en el llamado plan Caracas Segura 2008. Según las cifras reveladas, la cantidad de secuestros iría de manera descendiente: “del año 2006 se registraron 136 secuestrados de enero a julio, 2007 en el mismo periodo 212 y en el 2008 los índices revelan 132 prisioneros de enero a julio”. La información la dio a conocer el asesor del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Coronel Omar Ruiz Manzanares. (Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores y Justicia, 10.07.08, http://www.mpprij.gob.ve/spip.php?article=5401)
En otra información revelada por los medios de comunicación 40 niños, niñas y adolescentes presuntamente habrían sido secuestrados en el 2008. Cada mes son secuestrados por lo menos seis menores de edad en territorio venezolano. (El Mundo, 01.07.08, Pág. 20).
Por último, se difundieron los avances realizados en torno a la promulgación de una Ley antisecuestro. El presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, diputado Rafael Gil Barrios, sostuvo que la Ley contra el Secuestro y la Extorsión establecerá mecanismos que no congelarán pero sí resguardarán los bienes de las víctimas potenciales de este delito. El parlamentario, aseveró que para este último semestre del año el texto llegaría a la segunda discusión en la plenaria.Gil Barrios llamó a no «satanizar» a la citada ley ante la opinión pública, ni tampoco a las instituciones, quienes jugarán un rol clave en las medidas preventivas del secuestro. «Han ocurrido algunos casos aislados de funcionarios que han desvirtuado sus responsabilidades, pero en estos casos, las instituciones han sido depuradas; debemos buscar soluciones», esgrimió el parlamentario. (El Mundo, 10.07.08, Pág. 3).
La Asociación Civil “Patria Joven” del estado Lara difundió un comunicado para denunciar la situación padecida desde hace dos años por tres de sus integrantes: Johan Alexander Castillo, C.I: V-15.306.403, Adria Ramona Casu, C.I: V-11.851.557 y Febe Aular Escalona, C.I: V-16.209.214.
Según el texto “Como miles de jóvenes confinados en las cárceles infrahumanas del país, nuestro compañero y nuestras compañeras, han sido torturados salvajemente y sus familiares y allegados amenazados con ser victimas también de estas practicas, si realizan las denuncias correspondientes. Sin embargo estas denuncias se han realizado desde Junio del 2006 y se han mantenido a lo largo de estos dos últimos años de manera sistemática, ante las distintas instancias nacionales del país: Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo, Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia, Vice-presidencia, Presidencia de la Republica, Ministerio de Interior y Justicia, Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Provea, Amnistía Internacional (…) Desde hace mas de dos años nuestro compañero y nuestras compañeras han estado viviendo un verdadero infierno en las cárceles del país (PGV, Uribana, Comisarías de Policías de Barquisimeto, San Juan de los Morros y Guanare), apartados de sus familiares y en especial de sus hijas, quienes viven custodiadas permanentemente por familiares a sabiendas de que los mismos funcionarios policiales han intentado desaparecerlas en varias oportunidades. Su salud viene quebrantándose producto de las brutales torturas recibidas por los funcionarios policiales”.
Si desea leer el texto completo del comunicado, visitar
http://provea.blogspot.com/2008/07/lara-dos-aos-de-la-torura-y-detencin.html
Los estudiantes de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Los Andes (ULA) protestaron el 10.07.08 en la ciudad de Mérida, trancando la avenida Tulio Febres Cordero, quemando cauchos y exigiendo la salida de la directora de la Escuela, Victoria Ramírez de Villarroel, a quien rechazan porque supuestamente es una persona agresiva y opuesta a los cambios que exige la universidad.
La protesta, que por segundo día colapsó a la urbe merideña, dejó ayer un saldo trágico de 4 estudiantes universitarios heridos. Uno de ellos, Douglas Rojas Jiménez, de 19 años, quien presentó la prueba para estudiar Idiomas y fue admitido, recibió un tiro en la cabeza, con orificio de entrada siendo internado en la emergencia del Hospital Universitario de Los Andes (HULA). (El Universal, 11.07.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/07/11/pol_art_cuatro-estudiantes-h_942653.shtml). Jimenez falleció el sábado 12.07.08 en horas del mediodía. Universitarios y agentes policiales se acusaron mutuamente de la autoría del crímen: estudiantes merideños afirman que el disparo provino de la policía de ese estado, y éstos aseguran que los estudiantes están armados con armas tradicionales y caseras. (YVKE Mundial, 12.07.08, http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?7789).
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, informó que el Gobierno Bolivariano está realizando todas las diligencias pertinentes para llegar al esclarecimiento del caso. “No podemos permitir la impunidad en un caso de esta magnitud”. (Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, 14.07.08, http://www.mpprij.gob.ve/spip.php?article5408)
El acceso a la información es un derecho de todos los ciudadanos, no una prerrogativa exclusiva de los periodistas, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, funcionarios públicos nacionales no parecen convencidos aún de su deber constitucional de dar respuesta oportuna a quien se la requiera.
De 46 peticiones de información presentadas por ciudadanos e instituciones privadas ante organismos de los cinco poderes públicos, 87% obtuvo respuesta negativa, es decir, fue simplemente el silencio o una negativa oral o escrita al aceptar la solicitud, y sólo una fue «positiva adecuada» al responder todas las interrogantes en la solicitud, señala el informe final del Estudio de acceso a la información pública en Venezuela, realizado entre enero y agosto de 2007 por la organización Espacio Público y la UCAB.
El mayor porcentaje de respuestas negativas la dieron los ministerios, seguidos por el CNE, TSJ, Pdvsa, Fiscalía General y Defensoría del Pueblo, y de último las alcaldías.
«En varias peticiones se negaron a recibir la correspondencia y los funcionarios de forma manifiesta se oponían a las solicitudes. Las peticiones no eran bien recibidas y se obstaculizaba el ejercicio del Derecho», indica el informe en el cual se señala que el tipo de información solicitada se refería principalmente a normas internas y procedimientos de atención de solicitudes de información, y salarios base de los funcionarios, dice el informe. (El Universal, 10.07.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/07/10/pol_art_sector-oficial-nego_939525.shtml)
El pasado domingo 29.06.08 se realizó la 8ava Marcha del orgullo GLBT en Caracas, en la cual participaron diversas organizaciones por la diversidad sexual: A.C Orgullo GLBT, Bloque Socialista Unido de Liberación Homosexual, Lambda Venezuela, Transvenus de Venezuela, Unión Afirmativa y el Grupo de Diversidad Sexual de la Universidad Simón Bolívar, entre otras. El recorrido, que contó con una masiva asistencia, se realizó desde Parque del Este hasta Plaza Venezuela, en el que la comunidad GLBT realizó diversas peticiones al Ejecutivo Nacional, como una ley que prohiba la discriminación por preferencia sexual. (Fotos: Edgar Carrasco, ACCSI).
Según declaraciones de Ismel Serrano, director general de Custodia y Rehabilitación del Recluso, en 36,9% se redujeron los hechos de violencia registrados en las cárceles venezolanas durante el primer semestre de 2008, en comparación al mismo periodo del año anterior. “El número de heridos registrados entre el 1 de enero y el 14 de julio ha disminuido en un 53,08%, mientras que con el de muertes ha ocurrido lo mismo en un 8,7%. Si bien la reducción de muertes no es tan significativa, hay que destacar que eso ocurrió aún cuando la población penal aumentó en un 10%, aproximadamente. Es decir, para el 31 de diciembre de 2007 teníamos 21 mil 171 reclusos y hasta el pasado 14 de julio esa cifra subió a 23 mil 506”, explicó. (Agencia Bolivariana de Noticias, 17.07.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=141384&lee=9)
Estas cifras contrastan con las presentadas por el Observatorio de Prisiones, quienes difundieron su informe semestral acerca de la situación de las cárceles en Venezuela. En el monitoreo presentado a la opinión pública se estima en 249 la cifra de muertos durante enero y julio del 2008, cifra similar a la experimentada en el mismo período del 2007. La cifra de heridos se estimó en 381 para el 2008, mientras que para el 2007 se calculó en 541. El OVP recordó que no se han cumplido las Medidas Provisionales emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para diferentes centros penitenciarios del país. Si desea descargar el informe del OVP, consultar http://www.ovprisiones.org/pdf/1er_semestre_08.pdf
• Diseñar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.
• Procurar que los cuerpos de seguridad que intervengan en la seguridad ciudadana sean de carácter civil y tengan una adecuada formación que parta de y consolide la noción de que su labor se debe a los ciudadanos y no en contra de éstos en procura de seguridad para el Estado.
• Diseñar programas de prevención en comunidades y focalizados en población especialmente vulnerable a la violencia letal.
• Crear un sistema de información acerca de la situación de criminalidad y violencia en el país.
• Aplicar encuestas de victimización que permitan realizar diagnósticos certeros respecto a la situación de la seguridad ciudadana.
ESPECIAL: «EL AMPARO, 20 AÑOS DE IMPUNIDAD»
En seis entregas a través del boletín Coyuntura y Derechos Humanos Provea pone a disposición una breve historia sobre la masacre de El Amparo. El próximo 29 de octubre se cumplirán 20 años de impunidad, pero también 20 años de constancia y denuncia reclamando justicia y castigo a los responsables materiales e intelectuales a los cómplices y encubridores de la masacre.
Las seis entregas serán: Las víctimas (I) los autores materiales e intelectuales, cómplices y encubridores (II) Justicia militar e impunidad (III) la búsqueda de justicia en el sistema internacional de protección de los derechos humanos (IV) Protagonistas fundamentales contra la impunidad (V) y acciones y medidas para garantizar el castigo a los culpables.(VI)
Una mañana del 29 de octubre de 1988 un grupo de 16 personas, todos hombres y en su mayoría habitantes del pequeño poblado fronterizo El Amparo del estado Apure decidieron trasladarse a un lugar en las riberas del río Arauca para preparar un almuerzo a orillas del río. Alegres y entusiasmados por el encuentro navegaron durante más de una hora por el río en una pequeña embarcación. Cuando decidieron arrimarse a la horilla en el sitio previamente previsto fueron recibidos con ráfagas de ametralladoras y la explosión de granadas. Sorprendidos por el ataque algunos no tuvieron tiempo de reaccionar y murieron en el acto, otros resultaron gravemente heridos y finalmente fueron rematados con tiros de gracia y dos de ellos tuvieron la fortuna de sobrevivir al lanzarse al agua y no ser alcanzados por las innumerables balas que les dispararon. Catorce personas inocentes fueron asesinadas por balas disparadas por funcionarios policiales y militares. Sobrevivieron: Wollmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias.
El equipo de gobierno de la época encabezado por el Presidente Jaime Lusinchi y los ministros Italo del Valle Alliegro (Defensa) Simón Alberto Consalvi (Interior) y Carlos Croes (Jefe de la Oficina Central de Información) se encargó de organizar una intensa campaña publicitaria para presentar a las víctimas como “guerrilleros colombianos”. A pesar de que la casi totalidad de las víctimas eran venezolanos sin antecedentes judiciales, se les quiso presentar como colombianos con antecedentes por subversión o por delitos comunes. En esa farsa los acompañaron los jefes del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP) entre ellos el General (ej) Humberto Camejo Arias, el Coronel (ej) Enrique José Vivas Quintero y el Jefe Nacional de Operaciones de la Disip Henry López Sisco. Los jefes del CEJAP organizaron y dirigieron la masacre. Querían impactar la opinión pública nacional con una supuesta eficiencia en la lucha contra la subversión y la delincuencia en la frontera y así prepararon la masacre la cual fue antecedida por cuatro más, pero con menos víctimas fatales: Isla de Charo, Las Gaviotas, Totumitos y El Vallado.
La valiente actitud de los dos sobrevivientes, el importante papel jugado por algunos parlamentarios tales como Walter Márquez (MAS), Raúl Esté (PCV) y Angel Zambrano (AD), una amplia información de algunos medios de prensa, televisión y radio y una intensa protesta popular en todo el país, principalmente del movimiento estudiantil, lograron contrarrestar la desinformación oficial. Incluso, el para entonces candidato presidencial por el partido de gobierno Carlos Andrés Pérez declaró en sentido contrario a la versión oficial.
Ese aciago día fueron asesinadas las siguientes personas: José Indalecio Guerrero, Rigo José Araujo, Julio Pastor Ceballos, Carlos Antonio Eregua, Arin Maldonado Ovadias, Moisés Antonio Blanco, Luis Alfredo Berríos, Emeterio Marino Vivas, Rafael Magín Moreno, Pedro Indalecio Mosqueda, José Mariano Torrealba, José Ramón Puerta García, José Gregorio Torrealba y Justo Arsenio Mercado.
Algunos de los asesinados dejaron hijos de meses y viudas embarazadas y el Estado nunca se preocupó por su destino. Varias víctimas eran muy jóvenes empezando a organizar familia. Todos muy pobres, gente de pueblo sana y trabajadora a quines no solo asesinaron, sino que presentaron como delincuentes bien muertos. En nombre de la soberanía nacional y de la lucha contra la subversión el gobierno de Jaime Lusinchi enalteció a los asesinos como defensores de la patria, como valientes y arriesgados. A casi 20 años de la masacre los asesinos siguen libres y algunos de ellos han ocupado y ocupan en estos momentos altos cargos en la estructura del Estado venezolano. El presidente Chávez y otros funcionarios del Estado han condenado la masacre, la han usado como ejemplo de lo que no se debe hacer en una revolución, sin embargo, nada realizan frente a la impunidad reinante. Se desacata el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Estado investigar, establecer responsabilidades e imponer sanciones. Los familiares por su parte continúan reclamando castigo para los culpables.
ARTÍCULOS
DOCUMENTOS
Del 17 al 30 de junio 2008
Boletín electrónico Nº 202
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE JULIO
03 Día Universal de la Cooperación (1er. sábado)
05 Celebración de la Declaración de la Independencia de Venezuela (1811)
07 Día de la Conservación del Suelo
09 Día Internacional para la Destrucción de Armas de Fuego
11 Día Mundial de la Población
17 Día Mundial de la Justicia Internacional
CONTEXTO
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), quien acompaña, sigue y protege a los defensores durante todo el año, publicó el pasado 19.06.08 su Informe Anual 2007 dedicado a un año entero de lucha por los derechos humanos a través del mundo. Dicho informe al cual contribuyeron Hina Jilani, Desmond Tutu, Barbara Hendricks, José Ramos Horta, Adolfo Pérez Esquivel y Wei Jingsheng, rinde tributo al testimonio obstinado de todos los defensores de derechos humanos.
En su apartado dedicado a Venezuela, el informe destacó que «las fuerzas de policía corruptas, y controladas, según diferentes puntos de vista, algunas por el Gobierno y otras por la oposición, se enfrentan entre ellas y son frecuentemente autoras de violaciones de los derechos humanos contra la población, como en el caso de las ejecuciones extrajudiciales. Además, las condiciones de detención en las prisiones siguen siendo extremadamente preocupantes: así, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, 498 detenidos murieron violentamente en 2007 y otros 1.023 resultaron heridos, especialmente a causa de las debilidades de la seguridad y de la corrupción de los guardias, que permiten a las bandas armadas controlar las prisiones. La superpoblación y el deterioro de las infraestructuras penitenciarias son igualmente causas de violencia». Asimismo, relató los hechos relacionados al fin de la concesión de RCTV, las campañas de difamación contra los defensores de Derechos Humanos, así como las diferentes represalias intentadas contra las ONG´s del país.
Para mayor información, y descargar el Informe 2007 en español, consultar el siguiente enlace
La designación de Francisco “Farruco” Sesto Novás como nuevo ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat fue publicada en la Gaceta Oficial número 38.955, que circuló el pasado 19.06.08.
Mediante el decreto número 6.184, Sesto Novás fue designado para ocupar el cargo que dejó la antigua titular de esa cartera ministerial, Edith Gómez, luego de lo cual fue nombrado, como ministro encargado, el vicepresidente Ejecutivo, Ramón Carrizalez Rengifo. Sesto Novás, quien es arquitecto, poeta y pintor, según la nota divulgada por la Agencia Bolivariana de Noticias, se desempeñó desde 2004 como ministro del Poder Popular para la Cultura, ocupando antes los cargos de viceministro de Cultura y presidente del antiguo Consejo Nacional de la Cultura (Conac). (Agencia Bolivariana de Noticias, 19.06.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=137658&lee=18)
El ministerio del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat (Minvih) será el ente rector que impulse la construcción de mil 800 viviendas en el estado Aragua, mediante el convenio China-Venezuela firmado en 2007.
El estado Aragua es el lugar donde se desarrollará este urbanismo, que abarca unas 40 hectáreas de infraestructura habitacional, conformada por 116 apartamentos de cuatro pisos, en un área total de más de 300 hectáreas, que también incluirá zonas recreativas, educativas y asistenciales.
El Estado venezolano garantizará el suministro de agua potable para la zona, y el gobierno de la República Popular China a través de sus empresas ejecutantes, CITYC International Contracting INC., será el encargado de contratar la aducción del servicio eléctrico, para lo cual se sugirió interactuar con la empresa CVG Edelca.
La segunda etapa del proyecto contempla el desarrollo de 116 edificios de cuatro pisos, sistema tipo túnel, de 74 metros cuadrados y la tercera etapa consiste en el equipamiento urbano con edificaciones para escuelas, liceos, ambulatorios, mercados y parques. El convenio firmado entre ambos países representa 1,2 % de las viviendas prometidas para el año 2008, 150.000 unidades. (Agencia Bolivariana de Noticias, 19.06.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=137667&lee=3)
Dos mil familias habitantes de la comunidad de Nueva Tacagua, en la parroquia Sucre, reiteraron su llamado al Gobierno nacional para que, de una vez por todas, se culmine el desalojo del sector catalogado como de alto riesgo desde su construcción hace 34 años.
Señalan las familias afectadas que allí están sobreviviendo sin los servicios públicos necesarios, como son agua potable, transporte público, recolección de basura y seguridad. «Todo este sector ha sido invadido por ratas y culebras, que intentan meterse a los apartamentos especialmente en horas de la noche. Muchas familias estamos viviendo entre escombros, en edificios que han comenzado a ser demolidos», dijo Ernesto Verdú, habitante del único bloque que queda en pie en la Terraza L.
Explican los denunciantes que en muchas oportunidades los niños no pueden acudir a la escuela por falta del transporte público, pues los conductores se ven obligados a suspender el servicio por las pésimas condiciones de la vialidad.
Kety Herrera, otra de las vecinas por su parte, indicó que las familias afectadas de Nueva Tacagua están cansadas de esperar por la reubicación prometida, que hasta ahora no se ha cumplido. «A los vecinos nos solicitaron que ofreciéramos algunas alternativas para la reubicación, propusimos al Gobierno la compra del complejo urbanístico Bosque del Ingenio, en Guatire, estado Miranda, donde habían ofrecido un total de 800 apartamentos, pero ahora tenemos información de que esos inmuebles les fueron asignados a otras familias damnificadas de Gramoven, La Pedrera, Trapichito, personal militar y algunas familias de la parroquia Coche, entre otras comunidades», dijo Herrera. (Ultimas Noticias, 22.06.08, Pág. 36)
“Es necesario que exista una mayor inversión y un mayor esfuerzo tanto del Estado como de la sociedad para que los pequeños puedan ejercer sus derechos plenamente”. Así lo expresó Nadya Vásquez, representante en Venezuela de Unicef, durante una entrevista concedida a un medio de comunicación, donde señaló que «este país cuenta con todos los instrumentos de política y legales para hacer que la equidad sea una realidad en la sociedad venezolana, pues de la población pobre la mayoría son niños y es a ese sector al que tenemos que alcanzar».
La representante de Unicef reconoció que el Estado ha logrado reducir la mortalidad infantil, ha aumentado el acceso a programas de educación inicial y los años de escolaridad de los ciudadanos, entre otras cosas; pero desde el punto de vista de los desafíos, le sigue preocupando el hecho de que no hay información suficiente para conocer realmente cómo la vieja deuda social sigue impactando la vida de los niños.
Unas de las cosas que más le preocupa a la representante de Unicef en Venezuela, Nadya Vásquez, es la violencia urbana que se refleja en el aumento de las muertes por homicidio de niños y niñas a partir de 10 años. Según los datos obtenidos por Unicef del anuario de mortalidad 2006 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, «en 1999, 13 de cada cien mil niños, niñas y adolescentes fueron asesinados. En 2006 esta cifra se elevó a 24, siendo la principal causa de muerte en los adolescentes varones entre 15 y 19 años». También le preocupa el aumento de muertes neonatales, la baja incidencia de la lactancia materna y «el hecho de que 20% de los bebés tienen una madre adolescente». (Ultimas Noticias, 26.06.08, Pág. 2).
Los médicos bolivarianos piden al gobierno dar una respuesta integral a un problema de inversión en salud, que tiene que ver con recurso humano, dotación, equipamiento y con un sistema que funcione de manera coordinada y privilegie la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la rehabilitación de calidad.
Así lo dio a conocer el presidente de la Sociedad Bolivariana de Medicina General Integral y miembro de la coordinación nacional del Frente Médico Bolivariano, Dr. Adolfo Delgado, quien anunció la entrega de un documento sobre la situación al Presidente de la República, al Vicepresidente y a los ministros del Salud y del Trabajo.
En dicho documento se solicitará el reinicio inmediato de las reuniones del sistema público nacional de salud, «que creemos, y así lo habíamos dicho, es la luz al final del túnel, porque lo único nuevo que se ha hecho aquí en salud ha sido Barrio Adentro, del resto hemos ido en retroceso, y algunos avances particulares que ha tenido la infraestructura hospitalaria del Seguro Social y ahora de algunos hospitales, pero eso no resuelve el problema integral de salud», dijo.
Al reconocer que se han hecho algunos avances, Delgado señaló que estos no pueden ser aislados, «no puede ser que se estén reestructurando 15 hospitales y con eso vamos a resolver el problema. Este se va a resolver cuando se vea de manera integral no sólo los hospitales de Barrio Adentro I y II, también el mantenimiento, el salario, no sólo de los médicos, sino de todos los profesionales de la salud, adecuándolo a la realidad del país, a la responsabilidad y a la formación académica». (Ultimas Noticias, 22.06.08, Pág. 3)
El Sistema Metropolitano de Salud fue dado a conocer en la Gaceta Oficial 38859, y se creó mediante el decreto 5836, el 30 de enero del 2008. Sin embargo, no fue sino hasta el 22 de febrero que cobró relevancia cuando el presidente, Hugo Chávez, lo lanzó oficialmente: «Voy a dar todo lo que sea necesario para este proyecto (…). El próximo paso es la unificación del sistema. El Gobierno nacional asumirá la gestión de estos hospitales».
Lo que comenzó como una iniciativa semanal, de reuniones intersectoriales, fue decayendo en entusiasmo y regularidad. La última vez que se tuvo noticia de su existencia fue el pasado 16 de abril, cuando el vicepresidente ejecutivo de la República, Ramón Carrizález anunció que el sistema metropolitano ahora sería expandido a otros estados y se le cambiaría el nombre por Sistema Nacional Público de Salud, pero no ofreció ningún otro detalle.
«Lo primero que hay que hacer es derrumbar el mito de que de verdad se creó un Sistema Metropolitano de Salud. Si digo que se crea sistema tengo que decir cómo está constituido, por quiénes, cómo funciona. Y el decreto –que contiene 10 artículos– sólo deja claro que se permite la formación de un comité organizador. Allí, prácticamente lo que se le da son funciones metodológicas que permiten alcanzar objetivos vinculados al primer artículo, que habla de la creación del sistema», aseveró el presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo y ex ministro de Sanidad, Carlos Walter. Uno de los puntos que llama la atención es que en el decreto no se menciona la Misión Barrio Adentro.
Por su parte, el representante del Sindicato Regional de los Trabajadores de Salud del Distrito Metropolitano, Tony Navas, criticó el decreto por considerarlo vago acerca de la participación popular. Sobre este particular, Sifontes indicó que se están haciendo puentes de comunicación con las comunidades a través del Ministerio de Participación y Protección Social. El diputado Tirso Silva agregó que «Tal como está concebido, el Sistema Metropolitano no es más que una versión moderna de lo que es la fragmentación de la salud… Porque quién puede negar que mañana los andinos digan que quieren crear su propio sistema, los centrales». (El Nacional, 22.06.08, C/12)
La Secretaría de Salud del Área Metropolitana difundió la activación del Sistema Integral de Atención Médica de Urgencias (Siamu), un plan para mejorar y garantizar la asistencia hospitalaria, según afirmó Luisiana Melo, directora de esta dependencia.
La funcionaria explicó que la idea es minimizar el «ruleteo» de los pacientes por los diferentes hospitales caraqueños, bien porque no hay camas, medicinas, o porque los equipos necesarios para realizar exámenes de rigor no están disponibles en un determinado centro. Se trata básicamente de una plataforma automatizada, conectada a 33 puestos de atención médica (los 14 hospitales metropolitanos y toda la red de CDI y los Barrio Adentro) del Área Metropolitana. Cuando un paciente requiere ser referido de un hospital a otro, porque en el primero no cuentan con los recursos necesarios, en el Siamu se busca un lugar dentro de la red para que el enfermo sea tratado sin pérdida de tiempo, según explicó Melo.
La plataforma o la central está ubicada en el piso 6 de la Secretaría de Salud, en la avenida San Martín. Allí hay disponibles tres equipos (médicos reguladores, paramédicos, y operadores de radio) que trabajan en cuatro guardias. (Ùltimas Noticias, 24.06.08, Pág. 3)
Que sean activados de inmediato los mecanismos internacionales de vigilancia y control de enfermedades infectocontagiosas e informen de manera oportuna a toda América sobre la epidemia de parotiditis en el país y el repunte de otras enfermedades prevenibles por vacuna, exigieron a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) un grupo de ex ministros de Sanidad, epidemiólogos y profesores universitarios. Los galenos que acudieron a la sede del organismo en Venezuela, destacaron la importancia de reforzar las actividades de cooperación y asesoría multinacional mediante acciones del Comité Técnico de Vigilancia y Control de Inmunización. (El Universal, 25.06.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/06/25/pol_art_exigen-a-ops-plan-de_920229.shtml)
Fuentes del ejecutivo nacional divulgaron que se habia iniciado una campaña contra el Mal de Chagas, en el que más de 40 guardaparques del Parque Nacional Waraira Repano (El Avila) recibieron inducción sobre la enfermedad, con marcado énfasis en la posible presencia del chipo, agente transmisor de la enfermedad. (Ultimas Noticias, 21.06.08, Pág. 13).
Sobre los casos de varicela o lechina, se conoció que el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud (MPPS) correspondiente a la semana 21 de 2008 (del 18 al 24 de mayo) reveló un repunte en los mismos, que casi duplica la cifra acumulada en el mismo período del año 2007. Hasta el 24 de mayo el MinSalud había contabilizado 61.077 casos de varicela, lo que representa un incremento de 66% en relación a los registrados en el año anterior hasta esta misma semana. Los estados que han reportado el mayor número de casos son: Zulia, Miranda y Lara, que acumulados representan 40,3% del total del país.
Otra de las enfermedades endémicas que ha observado un importante repunte durante el 2008 es la tosferina. Hasta el 24 de mayo el MPPS había contabilizado 200 casos 55% más de los que registró el año pasado. (El Universal, 18.06.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/06/18/pol_art_casos-de-lechina-se_910352.shtml)
En otra información, se notificó que, aparentemente, la epidemia de parotiditis continúa en ascenso. Cifras oficiales revelan que hasta la semana 21 de este año (del 18 al 24 de mayo) se habían contabilizado 110.212 casos, 5.312% más que los registrados en el mismo período del año anterior. Según el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud correspondiente a la semana 21 de 2008, el número de casos es casi 6 veces mayor al registrado en todo el año 2007, cuando se contaron 19.142.
Asimismo indica que los grupos de edad con mayor incidencia en orden de frecuencia son: 15 a 19 años, 12 a 14 años, 7 a 9 años y de 25 a 44 años, que agrupados constituyen 59,8% del total del registro.
Según se recordará, el pasado 26 de mayo el ministro de Salud, Jesús Mantilla, responsabilizó del repunte de la parotiditis en el país a los gobiernos de la IV República. Aseguró que éstos fueron incapaces de llevar a cabo una campaña de vacunación a la población. Negó qué en los últimos dos años se haya dejado de aplicar la triple viral y que en su lugar se hubiera usado la que inmuniza sólo contra sarampión y rubéola.
A pesar de la delicada situación epidemiológica del país, Minsalud insiste en no informar las cifras de las enfermedades de notificación obligatoria. En lo que va de 2008 no han sido publicados los boletines epidemiológicos semanales. (El Universal, 17.06.08, http://www.eluniversal.com/2008/06/17/pol_art_mas-de-110-mil-casos_907460.shtml)
Los impactos ambientales causados por la mano del hombre como la deforestación y los incendios forestales, así como las variaciones climáticas, favorecen la pérdida de productividad de los suelos y la desaparición de la biodiversidad, indicó la directora de Suelos del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Minamb), Saida Rivero. “En el país, la degradación de las tierras se manifiesta en suelos compactados, endurecidos, fuertemente acidificados o suelos lixiviados, por lo que se hace necesaria una intervención con planes particulares”, explicó Rivero.
Asimismo, reiteró que para determinar cuáles son los factores que contribuyen a esta degradación y establecer cuáles son las medidas prácticas necesarias para minimizar este hecho, en Venezuela se lleva a cabo un Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAN). “El PAN contempla un diagnóstico y caracterización de todos los estados, a fin de precisar información sobre geología, relieve, clima, hidrología, suelos, diversidad biológica, caracterización socio-económica, estimados del área desertificada, así como su población”, dijo. (Agencia Bolivariana de Noticias, 18.06.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=137526&lee=Array[0])
El Instituto de Ciencias Ambientales (ICAE) de la Universidad de los Andes ha desarrollado estudios en Mérida, según los cuales un aumento de la temperatura promedio de 3,5 grados centígrados durante este siglo podría hacer que se pierda hasta 98% de la extensión del páramo andino altiandino, ubicado por encima de los 4.000 metros de altura.
Vivian Salas, directora ejecutiva de Bioparques, una de las organizaciones que participa en el programa conservacionista Proyecto Páramo Andino (PPA), dice que, bajo semejante escenario «las especies del páramos estarían en peligro». Yaneth Saade, gerente de comunicaciones de la ONG, añade que «el ecosistema de los páramos es uno de los que tiene mayor biodiversidad; dicen que tiene mucho más que el Amazonas. La especie más afectada allí, de la flora en particular, es el frailejón que es originario de los páramos venezolanos. Cuando te imaginas un páramo te imaginas un frailejón. Perderíamos una especie endémica». (El Universal, 26.06.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/06/26/ccs_art_calentamiento-global_921115.shtml)
Según el informe “El Cambio Climático no tiene fronteras, impacto del cambio climático en la comunidad andina” publicado en mayo pasado por la Secretaria General de la Comunidad Andina, los países andinos producen el 10% del agua del planeta, la cual desciende principalmente de ecosistemas andinos. La alteración de estos caudales por efectos del calentamiento global tendría un efecto difícil de predecir, pero seguramente modificaría el acceso a fuentes de agua, la biodiversidad y la conservación de otros ecosistemas, en particular de la Amazonia, considerada por muchos el pulmón del mundo. (Portal del Medio Ambiente, 11.06.08, http://www.portaldelmedioambiente.com/2008/06/11/los-paramos-podrian-ser-el-primer-ecosistema-de-venezuela-gravemente-afectado-por-el-calentamiento-global/, Foto: Colectivo de Montaña Tatuy – Mérida)
Los más de diez mil afectados por la reconversión minera del 2006, en el municipio Raúl Leoni de Ciudad Bolívar, están molestos por la tardanza del Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería (Mibam), que ya debería haber finiquitado el monto de la indemnización prometida por el titular de este despacho, Rodolfo Sanz, en abril de este año.
Alfredo Villanueva, representante de los mineros, declaró que luego de la toma del Mibam de Ciudad Bolívar, realizada el 04.06.08, han quedado en las mismas. En esa oportunidad les ofrecieron pagar 10 mil bolívares fuertes, pero la última palabra la tiene el ministro Sanz, quien hasta ahora no ha abierto la boca para manifestarse en contra o a favor. “Lo que queremos es que nos diga por fin qué va a pasar, lo del monto no es definitivo porque él debe dar su última palabra y eso es precisamente lo que estamos esperando. Quiero decirle que fue a La Paragua y nos dijo que en veinte días eso estaba resuelto, y no pasó nada, tomamos el Mibam y nos pidieron diez días. Ya pasó el plazo y queremos saber qué van a hacer con nosotros”. (Correo del Caroní, 18.06.08, http://www.correodelcaroni.com/content/view/100196/149)
Por otra parte, Alfredo Villanueva, afectado, expresó que está «cansado» de esperar por la reconversión minera que el 26 de junio del año 2006 fue promulgada por el presidente de la república, Hugo Chávez Frías, y que hasta la fecha «no ha sido implementada». Dijo que en aquel tiempo fueron sacados de las minas de La Paragua, con la finalidad de preservar la cuenca del río Caroní, que debido a los continuos trabajos estaban contaminando el ambiente y degradando el lago de Guri y sus adyacencias. Dentro de los reclamos hechos por Villanueva se destacan los pagos que no fueron cancelados, indemnización, créditos personales, pensiones, relanzamiento de la Misión Piar, empleos dignos y reactivación de ocho posadas turísticas que se encuentran cerradas (Correo del Caroní, 25.06.08, http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,174/?id=100801)
El Gobierno nacional fijó un tope de 15% para el aumento de la matrícula en todos los colegios privados. La decisión fue publicada el 23.06.08 en la Gaceta Oficial N° 38.957, donde se señala que la decisión obedece a que «la educación es un derecho humano, un deber social y un servicio público esencial».
Apenas horas después de ser publicada, los gremios que agrupan a los colegios privados y la Federación Nacional de Padres y Representantes (Fenasopadres) rechazaron la medida. «Tenemos que honrar el incremento de 40% en el salario de los docentes, mientras que al personal administrativo hay que aumentarle 30%», dijo Maritza De Girón, vicepresidenta de la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas (Avec).
Octavio De Lamo, presidente de la Cámara Venezolana de la Educación Privada (Cavep), usó la tasa de inflación como centro de sus objeciones. «El año pasado las tarifas fueron congeladas. Y si nos vamos más atrás, vemos que apenas autorizaron un incremento de 15% en 2006 y de 10% en 2005. (Ultimas Noticias, 24.06.08, Pág. 2)
De acuerdo con el Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela (Sisov), adscrito al Ministerio de Planificación y Desarrollo, al cierre del año pasado 32,1% de la población cesante ha demorado más de seis meses buscando un puesto de trabajo sin éxito.
El mayor componente de este resultado (16,6 puntos) está representado por personas que tardan entre uno y dos años en encontrar un empleo. Con respecto a la primera mitad del año pasado el resultado muestra un alza de 2,2 puntos porcentuales, pues para ese período el nivel era de 29,9%.
Al compararlo con el segundo semestre de 2006 se aprecia una mejora de dos puntos porcentuales, tras registrar 34,1% para ese momento, de acuerdo con los datos que fueron publicados por el Sisov.
En contraposición, 59,4% de la desocupación era de carácter coyuntural al segundo semestre de 2007, pues está compuesta por personas que consiguieron un puesto de trabajo en menos de seis meses.
El desempleo general al cierre de mayo se situaba en 7%, según datos oficiales. A finales del 2001 el desempleo estructural afectó a 27,8% de los desocupados, siendo este dígito el mejor resultado en una década. (El Universal, 25.06.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/06/25/eco_art_32-de-la-desocupaci_919817.shtml)
• Garantizar que la Asamblea Nacional genere una amplia consulta y participación de los sectores interesados y apruebe definitivamente en las sesiones legislativas del 2008, las leyes que regularán los regímenes prestacionales de salud y pensiones.
• Garantizar que el Ejecutivo Nacional desarrolle un intensivo programa de difusión de los derechos, requisitos y obligaciones de los distintos subsistemas de seguridad social, a fin de promover la inclusión de las poblaciones hasta ahora excluidas. En este sentido deberá promover mecanismos idóneos, ágiles y transparentes para que la población meta se inscriba en el sistema de seguridad social, para lo cual sería conveniente que estudiara mecanismos similares a los aplicados en otros países de la región y que han permitido una rápida inclusión de la población.
• Garantizar que el Ejecutivo Nacional continúe pagando la deuda que el IVSS mantiene con los pensionados, y publique un informe actualizado a diciembre de 2007.
• Garantizar que el Ejecutivo Nacional promueva la más amplia y democrática participación comunitaria y profesional en el proceso de transición e integración del Sistema Público Nacional de Salud, al tiempo que promueva la coordinación y cooperación entre los organismos públicos involucrados.
• Garantizar que la Contraloría General de la República realice una auditoría general al IVSS, a fin de garantizar que las cotizaciones acumuladas por el universo de trabajadores cotizantes sean contabilizadas y enteradas al nuevo sistema de seguridad social.
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Durante la mañana del 26.06.08 Provea recibió, por correo electrónico, la denuncia acerca de presuntas torturas a personas privadas de libertad por parte de funcionarios policiales del estado Aragua, pertenecientes a la Unidad Táctica de Aragua, dentro de la Comisaría de Caña de Azucar de la entidad. La denuncia fue acompañada del siguiente video. Provea solicita a las autoridades regionales y nacionales investigar acerca de la veracidad del mismo, y tomar los correctivos necesarios para garantizar los derechos humanos de los detenidos y detenidas, los cuales deben ser pasados a tribunales para tener un juicio justo e imparcial.
El pasado 26.06.08 diversos sectores de la sociedad anunciaron la realización de una manifestación en la ciudad de Caracas entre otras razones, para protestar por los niveles de inseguridad pública, la cual finalizaría con la entrega de un documento a la directiva de la Asamblea Nacional. Ese día, la Agencia Bolivariana de Noticias –agencia de prensa gubernamental- informó sobre la misma con el titular “AN garantiza medidas de seguridad ante marcha oposicionista”. Al describir las diferentes organizaciones que participarían en la movilización, la agencia de prensa los categorizó como “el frente de choque de la oposición”. (Agencia Bolivariana de Noticias, 26.06.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=138524&lee=1).
Provea desea recordar que el derecho a la manifestación pacífica se encuentra consagrado en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, la desnaturalización y adjetivación de los ciudadanos que ejerzan su derecho a la protesta pacífica, por parte de las instituciones públicas, es una violación de la Carta Magna. Provea insta al Ejecutivo Nacional a respetar los derechos de los venezolanos y venezolanas, sin distinción política, y tomar las medidas para el resguardo de la seguridad de las manifestaciones, tal como se encuentra establecido en la ley.
El pasado 26.06.08, Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de la tortura, COFAVIC presentó el libro “Atención integral a víctimas de tortura en procesos de litigio. Aportes psicosociales”, producto de la reflexión desarrollada en un proyecto que ha ofrecido asistencia psicológica a las víctimas y sus familiares, tras presentar sus casos ante el sistema interamericano de protección a los derechos humanos.
En el texto se aborda la dimensión psicológica y social de los actos de tortura, en el entendido de que este crimen, además del dolor, de la desaparición o muerte física de las víctimas, conlleva la aniquilación de la subjetividad de las víctimas y sus familiares, la destrucción del imaginario simbólico, la intimidación de las personas y las comunidades, y la ruptura del Estado de Derecho como pacto para la convivencia social.
En la presentación del libro participaron las especialistas Liliana Ortega, directora de COFAVIC; Magdalena Ibañez, profesora de Post grado de Psicología Clínica de la Universidad Central de Venezuela y perito ante el sistema interamericano de protección de derechos humanos en casos de Venezuela; y Martín Villalobos, psicólogo coordinador del comité de postgrado de la Universidad Central de Venezuela.
Desde 1995 hasta mayo 2008, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, ha recibido 410 denuncias de tortura y tratos crueles cometidos por funcionarios y funcionarias de distintos cuerpos de seguridad del Estado Venezolano sin que hasta la fecha, ninguno de los o las responsables hayan sido sancionados por el sistema de administración de justicia.
El trabajo de la Red de Apoyo ha evidenciado que las víctimas de tortura y sus familiares presentan secuelas físicas, psicológicas y sociales. Las más frecuentes son contusiones, hematomas, cicatrices, disfuncionalidad de extremidades, trastornos del sueño, depresión, ansiedad, miedo, entre otras. Entre las secuelas sociales encontramos, el aislamiento social, separación y ruptura familiar, abandono de la vivienda y rechazo social.
Para los y las integrantes de la Red de Apoyo, la gravedad de la afectación biopsicosocial de las víctimas de torturas y malos tratos policiales requiere de una atención integral, por esa razón le exigen al Estado venezolano, que cumpla con el mandato constitucional (Art. 46) de rehabilitar integralmente a estas personas.
Por estas razones, cuando en todo el mundo se celebra el día Internacional de Naciones Unidas de Apoyo a las Víctimas de Tortura, con el apoyo del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura y la Comisión Europea, le exigimos a las autoridades públicas que intensifiquen su labor contra la tortura y en especial que:
- Elaboren una ley para prevenir y sancionar la tortura
- Procedan a una amplia y efectiva reestructuración de los cuerpos policiales.
- Brinden una amplia formación en derechos humanos a los y las representantes del Ministerio Público, así como al personal de la Medicatura Forense, con especial énfasis en el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos Crueles y Degradantes (Protocolo de Estambul) creado por la Naciones Unidas.
- Se investigue y se sancione a los y las responsables de la aplicación de la tortura, así como a los funcionarios y funcionarias que permiten que ésta permanezca impune.
- Que se creen centros de rehabilitación física y psicológica en los hospitales y ambulatorios de todo el país, especialmente diseñados para víctimas de tortura. (Prensa Red de Apoyo, 25.06.08)
El pasado 26 de junio de 2008, en la sede del CELARG en Caracas, fue realizada la presentación de los resultados del proyecto que, con el apoyo de ONUSIDA y el PNUD, busca reivindicar los derechos humanos y fortalecer la participación de la comunidad GLBT en Venezuela. El mismo se desarrolla en tres líneas de trabajo: el estudio sobre la violencia e impunidad en el país, un Anteproyecto de Ley Contra la Discriminación de la Comunidad GLBT y personas afectadas por el VIH/Sida y, en tercer lugar, un micro para sensibilizar sobre la problemática.
El VIH/SIDA en Venezuela notifica que el 65% de los casos corresponde a hombres gay. En cuanto a personas transgenero, lesbianas ni siquiera se cuenta con datos que permitan conocer la situación. Todo esto obliga a la Respuesta Nacional para fortalecer sus intervenciones, sobre todo por el estigma y discriminación que pesa sobre ciudadanos y ciudadanas, en donde hay altos grados de violencia e impunidad, lo que afecta severamente los derechos humanos, prevención, asistencia y apoyo.
Todo el rechazo a la diversidad sexual está sustentado en dogmas religiosos, prejuicios sociales y errados diagnósticos medico-psiquiátricos. El silencio de víctimas y familiares, por vergüenza o impunidad de la justicia, no sanciona los crímenes de odio. (Accsi, 27.06.08)
Si desea descargar la propuesta de Anteproyecto de Ley Contra la Discriminación de la Comunidad GLBT y personas afectadas por el VIH/Sida, hacer click aquí
Si desea descargar la presentación “Iguales Divers@s Eso es Ley”, con los resultados del estudio sobre violencia e impunidad sobre la comunidad GLBT, hacer click aqui
El pasado 25.06.08 se acercó hasta las oficinas de Provea, el Sr. José Urbano, Presidente de la Asociación pro-defensa del Derecho a la Educación en el estado Anzoátegui y Venezuela, para denunciar una serie de acosos y amenazas que ha sufrido supuestamente por parte de personas desconocidas. La misma surge a raíz de una denuncia que le hicieron llegar a través de su programa radial “Participación Comunitaria” de la Radio Comunitaria 101.5 FM, en el cual, presuntamente, se estaba realizando la vulneración al derecho de la educación por parte de la dirección de la escuela “Pedro Arnald”, donde la directora Sara Astudillo exigía la contribución de 20 bolívares fuertes a cada alumno para el pago de un vigilante a la institución.
Según el Art. 25 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, establece que los actos que menoscaben los derechos constitucionales y las leyes son nulos, y según el Sr. Urbano considera que este supuesto acuerdo estaría violando los artículos 102 y 103 CRBV, art. 6 y 8 de la Ley de Educación y el art. 53 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y el Adolescente (LOPNA) al contrarrestar el derecho de educación gratuita que establece el texto Constitucional.
El Sr. Urbano también denuncio que la directora de este plantel educativo, la Sra. Sara Astudillo en varias asambleas de representantes lo ha amenazado de muerte.
• Diseñar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.
• Procurar que los cuerpos de seguridad que intervengan en la seguridad ciudadana sean de carácter civil y tengan una adecuada formación que parta de y consolide la noción de que su labor se debe a los ciudadanos y no en contra de éstos en procura de seguridad para el Estado.
• Diseñar programas de prevención en comunidades y focalizados en población especialmente vulnerable a la violencia letal.
• Crear un sistema de información acerca de la situación de criminalidad y violencia en el país.
• Aplicar encuestas de victimización que permitan realizar diagnósticos certeros respecto a la situación de la seguridad ciudadana.
INVITACIÓN A EVENTOS
ARTÍCULOS
DOCUMENTOS
Del 02 al 16 de junio 2008
Boletín electrónico Nº 201
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE JULIO
03 Día Universal de la Cooperación (1er. sábado)
05 Celebración de la Declaración de la Independencia de Venezuela (1811)
07 Día de la Conservación del Suelo
09 Día Internacional para la Destrucción de Armas de Fuego
11 Día Mundial de la Población
17 Día Mundial de la Justicia Internacional
CONTEXTO
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), quien acompaña, sigue y protege a los defensores durante todo el año, publicó el pasado 19.06.08 su Informe Anual 2007 dedicado a un año entero de lucha por los derechos humanos a través del mundo. Dicho informe al cual contribuyeron Hina Jilani, Desmond Tutu, Barbara Hendricks, José Ramos Horta, Adolfo Pérez Esquivel y Wei Jingsheng, rinde tributo al testimonio obstinado de todos los defensores de derechos humanos.
En su apartado dedicado a Venezuela, el informe destacó que «las fuerzas de policía corruptas, y controladas, según diferentes puntos de vista, algunas por el Gobierno y otras por la oposición, se enfrentan entre ellas y son frecuentemente autoras de violaciones de los derechos humanos contra la población, como en el caso de las ejecuciones extrajudiciales. Además, las condiciones de detención en las prisiones siguen siendo extremadamente preocupantes: así, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, 498 detenidos murieron violentamente en 2007 y otros 1.023 resultaron heridos1, especialmente a causa de las debilidades de la seguridad y de la corrupción de los guardias, que permiten a las bandas armadas controlar las prisiones. La superpoblación y el deterioro de las infraestructuras penitenciarias son igualmente causas de violencia». Asimismo, relató los hechos relacionados al fin de la concesión de RCTV, las campañas de difamación contra los defensores de Derechos Humanos, así como las diferentes represalias intentadas contra las ONG´s del país.
Para mayor información, y descargar el Informe 2007 en español, consultar el siguiente enlace
La designación de Francisco “Farruco” Sesto Novás como nuevo ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat fue publicada en la Gaceta Oficial número 38.955, que circuló el pasado 19.06.08.
Mediante el decreto número 6.184, Sesto Novás fue designado para ocupar el cargo que dejó la antigua titular de esa cartera ministerial, Edith Gómez, luego de lo cual fue nombrado, como ministro encargado, el vicepresidente Ejecutivo, Ramón Carrizalez Rengifo. Sesto Novás, quien es arquitecto, poeta y pintor, según la nota divulgada por la Agencia Bolivariana de Noticias, se desempeñó desde 2004 como ministro del Poder Popular para la Cultura, ocupando antes los cargos de viceministro de Cultura y presidente del antiguo Consejo Nacional de la Cultura (Conac). (Agencia Bolivariana de Noticias, 19.06.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=137658&lee=18)
El ministerio del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat (Minvih) será el ente rector que impulse la construcción de mil 800 viviendas en el estado Aragua, mediante el convenio China-Venezuela firmado en 2007.
El estado Aragua es el lugar donde se desarrollará este urbanismo, que abarca unas 40 hectáreas de infraestructura habitacional, conformada por 116 apartamentos de cuatro pisos, en un área total de más de 300 hectáreas, que también incluirá zonas recreativas, educativas y asistenciales.
El Estado venezolano garantizará el suministro de agua potable para la zona, y el gobierno de la República Popular China a través de sus empresas ejecutantes, CITYC International Contracting INC., será el encargado de contratar la aducción del servicio eléctrico, para lo cual se sugirió interactuar con la empresa CVG Edelca.
La segunda etapa del proyecto contempla el desarrollo de 116 edificios de cuatro pisos, sistema tipo túnel, de 74 metros cuadrados y la tercera etapa consiste en el equipamiento urbano con edificaciones para escuelas, liceos, ambulatorios, mercados y parques. El convenio firmado entre ambos países representa 1,2 % de las viviendas prometidas para el año 2008, 150.000 unidades. (Agencia Bolivariana de Noticias, 19.06.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=137667&lee=3)
Dos mil familias habitantes de la comunidad de Nueva Tacagua, en la parroquia Sucre, reiteraronn su llamado al Gobierno nacional para que, de una vez por todas, se culmine el desalojo del sector catalogado como de alto riesgo desde su construcción hace 34 años.
Señalan las familias afectadas que allí están sobreviviendo sin los servicios públicos necesarios, como son agua potable, transporte público, recolección de basura y seguridad. «Todo este sector ha sido invadido por ratas y culebras, que intentan meterse a los apartamentos especialmente en horas de la noche. Muchas familias estamos viviendo entre escombros, en edificios que han comenzado a ser demolidos», dijo Ernesto Verdú, habitante del único bloque que queda en pie en la Terraza L.
Explican los denunciantes que en muchas oportunidades los niños no pueden acudir a la escuela por falta del transporte público, pues los conductores se ven obligados a suspender el servicio por las pésimas condiciones de la vialidad.
Kety Herrera, otra de las vecinas por su parte, indicó que las familias afectadas de Nueva Tacagua están cansadas de esperar por la reubicación prometida, que hasta ahora no se ha cumplido. «A los vecinos nos solicitaron que ofreciéramos algunas alternativas para la reubicación, propusimos al Gobierno la compra del complejo urbanístico Bosque del Ingenio, en Guatire, estado Miranda, donde habían ofrecido un total de 800 apartamentos, pero ahora tenemos información de que esos inmuebles les fueron asignados a otras familias damnificadas de Gramoven, La Pedrera, Trapichito, personal militar y algunas familias de la parroquia Coche, entre otras comunidades», dijo Herrera. (Ultimas Noticias, 22.06.08, Pág. 36)
“Es necesario que exista una mayor inversión y un mayor esfuerzo tanto del Estado como de la sociedad para que los pequeños puedan ejercer sus derechos plenamente”. Así lo expresó Nadya Vásquez, representante en Venezuela de Unicef, durante una entrevista concedida a un medio de comunicación, donde señaló que «este país cuenta con todos los instrumentos de política y legales para hacer que la equidad sea una realidad en la sociedad venezolana, pues de la población pobre la mayoría son niños y es a ese sector al que tenemos que alcanzar».
La representante de Unicef reconoció que el Estado ha logrado reducir la mortalidad infantil, ha aumentado el acceso a programas de educación inicial y los años de escolaridad de los ciudadanos, entre otras cosas; pero desde el punto de vista de los desafíos, le sigue preocupando el hecho de que no hay información suficiente para conocer realmente cómo la vieja deuda social sigue impactando la vida de los niños.
Unas de las cosas que más le preocupa a la representante de Unicef en Venezuela, Nadya Vásquez, es la violencia urbana que se refleja en el aumento de las muertes por homicidio de niños y niñas a partir de 10 años. Según los datos obtenidos por Unicef del anuario de mortalidad 2006 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, «en 1999, 13 de cada cien mil niños, niñas y adolescentes fueron asesinados. En 2006 esta cifra se elevó a 24, siendo la principal causa de muerte en los adolescentes varones entre 15 y 19 años». También le preocupa el aumento de muertes neonatales, la baja incidencia de la lactancia materna y «el hecho de que 20% de los bebés tienen una madre adolescente». (Ultimas Noticias, 26.06.08, Pág. 2).
Los médicos bolivarianos piden al gobierno dar una respuesta integral a un problema de inversión en salud, que tiene que ver con recurso humano, dotación, equipamiento y con un sistema que funcione de manera coordinada y privilegie la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la rehabilitación de calidad.
Así lo dio a conocer el presidente de la Sociedad Bolivariana de Medicina General Integral y miembro de la coordinación nacional del Frente Médico Bolivariano, Dr. Adolfo Delgado, quien anunció la entrega de un documento sobre la situación al Presidente de la República, al Vicepresidente y a los ministros del Salud y del Trabajo.
En dicho documento se solicitará el reinicio inmediato de las reuniones del sistema público nacional de salud, «que creemos, y así lo habíamos dicho, es la luz al final del túnel, porque lo único nuevo que se ha hecho aquí en salud ha sido Barrio Adentro, del resto hemos ido en retroceso, y algunos avances particulares que ha tenido la infraestructura hospitalaria del Seguro Social y ahora de algunos hospitales, pero eso no resuelve el problema integral de salud», dijo.
Al reconocer que se han hecho algunos avances, Delgado señaló que estos no pueden ser aislados, «no puede ser que se estén reestructurando 15 hospitales y con eso vamos a resolver el problema. Este se va a resolver cuando se vea de manera integral no sólo los hospitales de Barrio Adentro I y II, también el mantenimiento, el salario, no sólo de los médicos, sino de todos los profesionales de la salud, adecuándolo a la realidad del país, a la responsabilidad y a la formación académica». (Ultimas Noticias, 22.06.08, Pág. 3)
El Sistema Metropolitano de Salud fue dado a conocer en la Gaceta Oficial 38859, y se creó mediante el decreto 5836, el 30 de enero del 2008. Sin embargo, no fue sino hasta el 22 de febrero que cobró relevancia cuando el presidente, Hugo Chávez, lo lanzó oficialmente: «Voy a dar todo lo que sea necesario para este proyecto (…). El próximo paso es la unificación del sistema. El Gobierno nacional asumirá la gestión de estos hospitales».
Lo que comenzó como una iniciativa semanal, de reuniones intersectoriales, fue decayendo en entusiasmo y regularidad. La última vez que se tuvo noticia de su existencia fue el pasado 16 de abril, cuando el vicepresidente ejecutivo de la República, Ramón Carrizález anunció que el sistema metropolitano ahora sería expandido a otros estados y se le cambiaría el nombre por Sistema Nacional Público de Salud, pero no ofreció ningún otro detalle.
«Lo primero que hay que hacer es derrumbar el mito de que de verdad se creó un Sistema Metropolitano de Salud. Si digo que se crea sistema tengo que decir cómo está constituido, por quiénes, cómo funciona. Y el decreto –que contiene 10 artículos– sólo deja claro que se permite la formación de un comité organizador. Allí, prácticamente lo que se le da son funciones metodológicas que permiten alcanzar objetivos vinculados al primer artículo, que habla de la creación del sistema», aseveró el presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo y ex ministro de Sanidad, Carlos Walter. Uno de los puntos que llama la atención es que en el decreto no se menciona la Misión Barrio Adentro.
Por su parte, el representante del Sindicato Regional de los Trabajadores de Salud del Distrito Metropolitano, Tony Navas, criticó el decreto por considerarlo vago acerca de la participación popular. Sobre este particular, Sifontes indicó que se están haciendo puentes de comunicación con las comunidades a través del Ministerio de Participación y Protección Social. El diputado Tirso Silva agregó que «Tal como está concebido, el Sistema Metropolitano no es más que una versión moderna de lo que es la fragmentación de la salud… Porque quién puede negar que mañana los andinos digan que quieren crear su propio sistema, los centrales. (El Nacional, 22.06.08, C/12)
El pasado 11.06.08, en las puertas del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), ubicado en Caracas, se realizó una manifestación pacífica por parte de docentes del programa “Fe y Alegría”, quienes exigen al Ministerio la aplicación del aumento de 40% adjudicado a los docentes, la cual según ellos no ha sido cancelado. Asimismo solicitan un presupuesto acorde con las necesidades y piden que no se les descuenten los cesta tickets del mes de agosto, semana santa, navidad y carnaval.
La manifestación contó con aproximadamente 200 personas que de manera organizada elevaron su voz de protesta para solventar su situación y evitar cualquier posible conflicto laboral.
Un grupo de defensores de los animales, se ubicó a la entrada de la Asamblea Nacional el pasado jueves 12.06.08, para protestar por la demora de este órgano constitucional en la promulgación de la “Ley de Protección Animal”. Armados de un megáfono, el grupo dio a escuchar sus demandas y prometieron todos los jueves montar una manifestación en esta instancia gubernamental hasta que esta ley sea promulgada.
En los volantes que repartían los ecologistas, los cuales firmaban como “Frente de Liberación Animal”, afirmaban que “ya basta de andar rogándoles –a los diputados-, para eso los eligieron, para hacer leyes y no para engavetarlas, ya basta de enviar cartas, de pedir citas y audiencias estériles anuales, les advertimos que estaríamos el próximo jueves y el siguiente y el siguiente, además tuvimos todo el apoyo e interés de la gente”.
Representantes de pueblos originarios locales celebraron la sanción de la Ley de Idiomas Indígenas por parte de la Asamblea Nacional el pasado martes 03.06.08. En opinión del parlamentario kariña, Alis Carreño, constituye otro logro para reivindicar “a dignidad de estos pueblos, marginados e ignorados durante muchos años”.
Carreño, quien ejerce como presidente de la Comisión de Desarrollo y Fomento para los Pueblos Indígenas del parlamento regional, explicó que este instrumento jurídico tiene como fin regular, promover y fortalecer el uso, revitalización, preservación, defensa y fomento de las lenguas ancestrales.
El artículo Nº 30 de la nueva normativa señala que es obligatoria la enseñanza en los idiomas indígenas «de forma oral y escrita, en todos los planteles educativos públicos y privados que estén ubicados en su hábitat, estableciendo asimismo su carácter de patrimonio cultural de la nación y de la humanidad». (Últimas Noticias, 07.06.08, Pág. 37)
Preocupados por el contenido de la Ley de Salud Mental que se aprobará en pocos meses en la Asamblea Nacional, un grupo de psiquiatras y psicólogos acordó realizar un encuentro el próximo 20 de junio, a fin de establecer las principales críticas del estatuto para ser presentadas ante los promotores de la ley.
Isabel Carreira, directora del Postgrado de Psiquiatría de El Peñón, informó que el acuerdo se logró en una asamblea realizada ayer y que contó con la presencia de residentes y especialistas de El Peñón, Lídice y Hospital Universitario.
«En este proyecto de ley se están excluyendo los psicólogos y otros profesionales que son vitales en el sistema de salud mental», explicó Carreira, quien agregó que existen «ambigüedades preocupantes» en la definición de los conceptos de trastorno y salud mental.
Carreira señaló que los coordinadores de postgrados también solicitarán una reunión extraordinaria con miembros del Consejo de Estudios para Graduados de la UCV para abordar el tema desde el punto de vista académico y no sólo en el ámbito laboral. (El Universal, 06.10.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/06/10/ccs_art_analizaran–ley-de-s_897979.shtml)
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, inauguró el servicio de radioterapia del Hospital J.M. de los Ríos, el cual pasa a ser el Centro Metropolitano de Radioterapia Infantil, para brindar tratamiento a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con edades entre 10 meses y 21 años de edad, que tienen cáncer.
Según Gisela Vargas, directora de ese hospital y además, oncóloga y pediatra, la inversión realizada para poner en marcha este servicio, supera los BsF 10 millones ($ 4, 65 millones) con los que se activó un área de tratamiento que permitirá brindarle mayor calidad de vida a los pacientes con cáncer, así como aumentar el porcentaje de niños y niñas que superan la enfermedad. (Últimas Noticias, 07.06.08, Pág. 2)
El Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (Iesalc) presentó el pasado 03.06.08 en la ciudad colombiana de Cartagena la primera parte del Mapa de la Educación Superior de la región (Mesalc), en el que la República Bolivariana de Venezuela destaca entre los países con mayor crecimiento en cobertura educativa de pregrado y postgrado en un grupo de 33 naciones.
Ana Lúcia Gazzola, directora del Iesalc, explicó las estadísticas contenidas en el Mesalc durante un encuentro con la prensa en la víspera del inicio de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) 2008, organizada en el Centro de Convenciones “Julio César Turbay Ayala” de Cartagena.
Entre las variables en las que resalta el crecimiento venezolano, de acuerdo a la matrícula de los años 2005 y 2006, se encuentra la cifra general de pregrado y postgrado, en las que con cerca de 1.900.000 estudiantes ocupa el cuarto puesto después de Brasil, México y Argentina. En postgrado se sitúa en el mismo lugar en la lista con 68.203 cursantes, superado por México, Brasil y Argentina y por encima de Perú y Colombia.
En cuanto a la tasa bruta de cobertura, Venezuela supera el 50%, “mostrando un aumento significativo que se explica por la expansión del modelo bolivariano”, dijo Gazzola, y aseguró que Cuba registra el crecimiento más importante de la región atribuido a su Programa “Universidad para Todos”. (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, 06.06.08, http://www.minci.gob.ve/boletines/38/22974/ven_global_espanol.html)
• Garantizar que la Asamblea Nacional genere una amplia consulta y participación de los sectores interesados y apruebe definitivamente en las sesiones legislativas del 2008, las leyes que regularán los regímenes prestacionales de salud y pensiones.
• Garantizar que el Ejecutivo Nacional desarrolle un intensivo programa de difusión de los derechos, requisitos y obligaciones de los distintos subsistemas de seguridad social, a fin de promover la inclusión de las poblaciones hasta ahora excluidas. En este sentido deberá promover mecanismos idóneos, ágiles y transparentes para que la población meta se inscriba en el sistema de seguridad social, para lo cual sería conveniente que estudiara mecanismos similares a los aplicados en otros países de la región y que han permitido una rápida inclusión de la población.
• Garantizar que el Ejecutivo Nacional continúe pagando la deuda que el IVSS mantiene con los pensionados, y publique un informe actualizado a diciembre de 2007.
• Garantizar que el Ejecutivo Nacional promueva la más amplia y democrática participación comunitaria y profesional en el proceso de transición e integración del Sistema Público Nacional de Salud, al tiempo que promueva la coordinación y cooperación entre los organismos públicos involucrados.
• Garantizar que la Contraloría General de la República realice una auditoría general al IVSS, a fin de garantizar que las cotizaciones acumuladas por el universo de trabajadores cotizantes sean contabilizadas y enteradas al nuevo sistema de seguridad social.
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
El pasado 12.06.08 se realizó una manifestación en Caracas organizada por el Comité de Victimas contra la Impunidad de Lara y el Comité Argimiro Gabaldón para denunciar 300 ejecuciones extrajudiciales contra pobladores indefensos que ha cometido la policía de dicha entidad estatal.
Unas 200 personas se movilizaron desde el estado Lara y de diferentes partes de la ciudad capital para solidarizarse con los familiares y victimas. La movilización comenzó hacia las 10:00 a.m. en Parque Carabobo, frente a la sede administrativa de la Fiscalía, donde un grupo de representantes fue atendido por la vicefiscal josefina Capriles. Luego bajo el grito de “Sin Justicia no hay Revolución” se trasladaron hasta la sede de la Asamblea Nacional, donde fueron recibidos por una Comisión del hemiciclo legislativo, los cuales se comprometieron a dar una respuesta rápida y oportuna a sus demandas. Las mismas consisten en llevar a la justicia a un grupo de efectivos policiales de este estado y evitar que estas desapariciones queden impunes
Entre los diferentes volantes repartidos en la movilización, El Guaro, órgano divulgativo de las Víctimas Contra la Impunidad, afirmaba que “cuando salimos a la calle y damos a conocer los crímenes ante la opinión pública, los escuadrones de la muerte nos dan una tregua de dos o tres meses, esperando que se nos olviden nuestros muertos. En ese lapso de espera, aumentan los ajustes de cuentas, las venganzas y la desaparición forzada. En pocas palabras, pena de muerte para los pendejos”.
Muchos asistentes a la convocatoria comentaron a Provea su malestar con las evasivas respuestas que dieron las autoridades administrativas a los familiares, los cuales se comprometieron solamente a escuchar su voz y designar una “comisión especial”, la cual -nos comentan los propios agraviados- fue designada por el fiscal anterior en el 2006.
20% de los internos de la Penitenciaria Rodeo II de Guatire ( Mir) sufre de afecciones respiratorias y de piel. Cien reos tienen en estos momentos sarna.
Un informe detallado de la insalubridad y retardo procesal que sufren 1.016 internos de Rodeo II fue presentado ayer por un grupo de presos.
El documento es producto de un diagnóstico realizado durante mes y medio en las mesas de trabajo del programa Haciendo Comunidad para los Derechos Humanos-subprograma Atención Penitenciaria, que lideriza Gabriela Villegas, a cargo de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. Este plan seguirá en acción.
El pliego de peticiones de los internos detalla que se necesita un estimado de BsF 120 mil (Bs. 120 millones) para resolver los problemas de aguas negras, recolección de basura interna y suministro de energía eléctrica. Los presos dijeron que ellos colocarán la mano de obra para rendir los recursos.
La población penal afectada por problemas de salud sufre de infecciones bacterianas, tuberculosis y lesiones a nivel ocular.
La parte detrás de Rodeo II es vertedero de desperdicios. Las moscas pululan y un olor nauseabundo emana por todos lados. Debido al colapso de las cloacas se puede observar en el patio bolsas llenas de heces. (Ultimas Noticias, 06.06.08)
Ante los elementos de pruebas aportados por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio de tres Policías del estado Aragua, presuntamente implicados en hechos de corrupción y por privación ilegítima de libertad del ciudadano Francisco Javier Sandoval, hecho ocurrido en noviembre de 2006, en el sector Paraparal, de esa jurisdicción.
Durante la audiencia preliminar, la fiscal 21° de Aragua, Gladys Valera, ratificó la acusación contra los funcionarios Delia Quilimaco, Eduardo Isquiel Aponte y Adrián Rodríguez, por los delitos de concusión privación ilegítima de libertad, establecidos en los artículos 60 y 173, respectivamente, de la Ley contra la Corrupción y el Código Penal.
En este sentido, el Tribunal 5° de control del estado Aragua admitió la acusación presentada por la fiscal Valera, y, en consecuencia, fijó la fecha de inicio del juicio para el próximo 18 de junio.
La investigación se inició el 19 de noviembre de 2006, tras una denuncia interpuesta por un familiar de la víctima, quien manifestó haber sido objeto de extorsión por parte de tres efectivos policiales, destacados en la comisaría de Paraparal de Aragua. Al parecer, éstos exigían a la señora Sandoval la cantidad de 1.000 BsF, a cambio de la libertad de su hermano.(Aporrea, 11.06.08, http://www.aporrea.org/ddhh/n115341.html)
La Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional (AN) estima concluir en julio próximo la discusión de la Ley Orgánica Contra el Secuestro y la Extorsión, para su posterior debate en cámara plena.
La información fue suministrada por el presidente del ente parlamentario, diputado Rafael Gil Barrios, quien señaló que este instrumento legal permitirá enfrentar el delito del secuestro y la extorsión en toda su extensión. Advirtió que los delincuentes que cometan ese tipo actividades delictivas, serán sancionados severamente. “Vamos aprobar una Ley que garantice la seguridad de los venezolanos”.
Gil expresó que actualmente están introduciendo un artículo que va establecer sanciones contundentes para quienes pretendan a extorsionar a las personas. “Vamos a ser muy firmes en la aplicación de dicho artículo, que estará tipificado en Código Orgánico Procesar Penal (Copp), como en la Ley que estamos discutiendo”, argumentó.
Expresó que la citada Ley le otorga al Ministerio Público y a los organismos de seguridad del Estado las herramientas suficientes y necesarias para contribuir con el tema de la seguridad en el país.
El diputado Gil anunció que el proyecto en discusión ha sido consultada con la Dirección de Inteligencia Militar (Dim) Disip y Ccpc, Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y otros sectores de la vida nacional, incluyendo a varias ONG. (Agencia Bolivariana de Noticias, 16.06.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=137192&lee=1)
• Diseñar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.
• Procurar que los cuerpos de seguridad que intervengan en la seguridad ciudadana sean de carácter civil y tengan una adecuada formación que parta de y consolide la noción de que su labor se debe a los ciudadanos y no en contra de éstos en procura de seguridad para el Estado.
• Diseñar programas de prevención en comunidades y focalizados en población especialmente vulnerable a la violencia letal.
• Crear un sistema de información acerca de la situación de criminalidad y violencia en el país.
• Aplicar encuestas de victimización que permitan realizar diagnósticos certeros respecto a la situación de la seguridad ciudadana.
INVITACIÓN A EVENTOS
ARTÍCULOS
Del 15 de mayo al 01 de junio 2008
Boletín electrónico Nº 200
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE JUNIO
01 Aprobación de Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente en Venezuela
04 Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión
05 Día Mundial del Medio Ambiente
08 Día Mundial de los Océanos
12 Día Mundial Contra el Trabajo Infantil
14 Día Mundial de la Donación de Sangre
17 Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía
20 Día Internacional del Refugiado
21 Día Internacional de la Educación No Sexista
21 Día por una América Latina Libre de Transgénicos
26 Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura
CONTEXTO
Presentamos un primer avance del análisis de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia dictada por el Presidente de la república en el marco de las competencias que le permite la Ley habilitante para dictar Decretos Leyes.
En principio consideramos que en si mismo crear órganos de inteligencia y contrainteligencia con el objetivo de preservar la seguridad de la nación no implica un riesgo a la violación de los derechos humanos. Sin embargo, la Ley promulgada establece varios hechos que son preocupantes:
En primer lugar y ratificando lo ya establecido en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, impone a los ciudadanos y ciudadanas la obligación de colaborar en labores de inteligencia. Esto sin duda nos acerca a lo que políticamente se conoce como “Estado policial”, al pretender convertir a todas las personas en informantes. Además, implica obligar a una persona, en aras de dar información al Estado, a colocar en riesgo su integridad física y vida si consideramos lo delicado que implica asumir tales actividades. Es decir contra su propia voluntad una persona tiene que arriesgar su condición física para alimentar la labor de inteligencia del Estado.
En segundo lugar, deja abierta la posibilidad de actuaciones policiales contra el domicilio y las personas sin requerir orden judicial. Queda a la sola discreción de las policías la motivación de la operación policial. Ello en un país caracterizado por policías acostumbrados a la violación de los derechos humanos, a irrespetar las leyes y maltratar a los ciudadanos constituye un riesgo a la libertad y a la inviolabilidad del domicilio.
En tercer lugar, establece normas que pudiesen implicar complicar aún más el ya difícil acceso a la información existente en el país. Nos preguntamos que pasaría con la información y la posibilidad de realizar investigación independiente cuando estén involucrados policías y militares, por ejemplo, si se produjeran acciones violentas que dejaran como saldo la muerte de una o varias personas por la arbitrariedad de la actuación policial. Pensemos por ejemplo en un caso parecido a la Masacre de la Paragua ocurrida hace pocos años. Nos preguntamos: ¿sería secreta toda la información relacionada con el caso? Estarían en riesgo a su libertad las personas que se atrevieran a hacer públicos documentos o informaciones que establecieran alguna relación de culpabilidad de funcionarios policiales y militares.
Por la manera en que están redactados los artículos y conociendo la practica del Estado de obstruir la información que debería ser pública, consideramos que la Ley pudiera constituirse en un obstáculo para la denuncia e investigación de casos relacionados con violaciones a los derechos humanos.
Si desea conocer el texto de la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia descargarla en
El 29 de octubre de 1988 un comando del Comando Específico José Antonio Páez (Cejap) – organismo de seguridad integrado por varias fuerzas armadas y policiales del país- realiza la operación Anguila III, en la que 14 pescadores son asesinados en el Caño La Colorada y fueron presentados al país como miembros de un grupo irregular. 2 sobrevivientes pudieron contar lo sucedido, popularizándose los hechos como “La Masacre de El Amparo”.
Ante la cercanía del cumplimiento del vigésimo aniversario de la masacre, y dado que los autores materiales e intelectuales han gozado de impunidad durante todo este tiempo, Provea exige a la Fiscalía General de la República la reapertura del caso en los tribunales ordinarios. En este sentido Provea ha reconocido como gesto positivo para el combate a la impunidad la reapertura realizada del Caso Yumare (1986), un caso de similares características y que también, en su tiempo, fue investigado por la justicia militar. En este sentido, el Ministerio Público tiene la obligación de iniciar las acciones legales correspondientes para que se abran las investigaciones en tribunales civiles, se inicie la investigación de las personas indiciadas como responsables materiales e intelectuales y se proceda a la exhumación de los cadáveres.
Provea ha visitado recientemente la población de El Amparo, en el estado Apure, con la finalidad de acompañar a los sobrevivientes y familiares de víctimas en las acciones pertienentes frente a los tribunales nacionales e internacionales.
En una reciente visita a la comunidad apureña, Provea recogió testimonios de los dos sobrevivientes y familiares de las víctimas de los sucesos:
Amnistía Internacional (AI) planteó el pasado 28.05.08, a los gobiernos del mundo, el doble desafío de pedir disculpas por seis décadas de fracaso en derechos humanos y de renovar su compromiso para obrar mejoras concretas.
En la presentación del Informe 2008: El estado de los derechos humanos en el mundo, Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado: “Darfur, Zimbabue, Gaza, Irak y Myanmar son puntos calientes que exigen una actuación inmediata en materia de derechos humanos (…) La injusticia, la desigualdad y la impunidad son hoy las marcas distintivas de nuestro mundo. Los gobiernos tienen que actuar ya para acabar con el abismo que separa lo que se dice de lo que se hace.”
El Informe 2008 de AI pone de manifiesto, 60 años después de haber sido adoptada la Declaración Universal de Derechos Humanos por las Naciones Unidas, que en al menos 81 países todavía se infligen torturas o malos tratos a las personas, que en al menos 54 se las somete a juicios sin las garantías debidas, y que en al menos 77 no se les permite hablar con libertad.
Irene Khan agregó que “El año 2007 se ha caracterizado por la impotencia de los gobiernos occidentales y la ambigüedad o renuencia de las potencias emergentes a atajar algunas de las peores crisis mundiales de derechos humanos, ya fueran arraigados conflictos o crecientes desigualdades que a tantos millones de personas están dejando relegadas.”
En su apartado destinado a Venezuela, AI destacó que durante el año 2007 miles de simpatizantes y opositores del gobierno se movilizaron en diversas ocasiones, terminando algunas de estas acciones en hechos violentos. Una nueva ley sobre el derecho de las mujeres a vivir sin temor a sufrir violencia suscitó esperanzas en miles de mujeres víctimas de actos de violencia en el hogar, la comunidad o el lugar de trabajo. Asimismo, recogen la cifra revelada por el fiscal general del Estado, la cual estima que entre 2000 y 2007 se habían presentado ante la fiscalía más de 6.000 denuncias por presuntas ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por la policía. De los 2.000 agentes, según los informes, implicados en estos actos, menos de 400 habían sido detenidos de forma preventiva al concluir el año. Asimismo, AI recordó que no se había implementado un plan de control de armas, lo cual contrastaba con los altos índices de homicidio y la elevada tasa de inseguridad personal.
Para descargar el informe de Amnistía Internacional visitar
47 países integran el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El nuevo organismo busca reforzar los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como afianzar el multilateralismo y pensar en aquellos cuyos derechos hayan sido vulnerados. Este órgano sustituyó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
En el caso particular de los derechos de los niños y niñas de Venezuela, resulta importante recordar, que el órgano rector de las políticas referidas a la niñez y adolescencia, está en plena reestructuración, pues con la modificación de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se observa como los concerniente a los Derechos de los Niños como Proyecto de País se desdibuja en instrumento jurídico, que está actualmente en deuda con un sistema de protección donde la participación de la sociedad quedó sustancialmente reducida. Hasta el momento de publicar este trabajo aún esperamos el reglamento de participación comunitaria, que según señala los artículos transitorios de la reforma de la Lopna, realizaría el presidente de la República,
Mientras tanto, aún juntas liquidadoras eliminan consejos estadales y los alcaldes se apegan a la letra de la modificación aprobada y también. Desarticulan los que fueron los órganos rectores de las políticas referidas a los niños, niñas y adolescentes en cada municipio. (La Región, 25.05.08, Pág. 10)
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Representantes del Instituto para la Conservación del Lago de Maracaibo (Iclam) anunciaron los lineamientos del plan operativo que aplicarán en el lago de Maracaibo para la recolección de la lemna en el 2008.
Jorge Pedroza, director del ente público, precisó que la denominada lenteja verde bajó de 11,85 a 11,08 centímetros cúbicos en la superficie del estuario lacustre. Las áreas más afectadas, donde la concentración de la planta verde es mayor, son: Tomoporo de Agua, San Timoteo, Ceuta de Agua, Valmore Rodríguez, Rosario de Perijá, sector El Hueco y el sector Ahorcado, de Lagunillas.
Anunció Pedroza que en el 2008, los consejos comunales serán los encargados de ejercer, mediante la transferencia de recursos, la recolección de la lemna.
Explicó que los recursos serán transferidos directamente a los bancos comunales, para que sean ellos los que realicen el pago de los recolectores, con la inspección del Iclam.
El vicepresidente del Iclam, Santiago Arconada, indicó que más allá de ser una amenaza, tal como lo ha percibido la gente que habita en la cuenca del Lago hasta ahora, la presencia de la lenteja de agua arroja un aspecto positivo. «Queremos que este año la cuenca se aproxime al problema de la lemna como quien se aproxima a una oportunidad. En su carácter de fiebre del Lago la lemna dirige nuestra atención al problema fundamental que es la eutrofización; es decir, el incremento en el nivel de nutrientes en el lugar», explicó Arconada. (El Universal, 25.05.08, http://www.eluniversal.com/2008/05/25/pol_art_reactivan-operativo_877664.shtml)
Unas 500 personas, entre alumnos de la Universidad Bolivariana y consejos comunales, decidieron realizar una ocupación de las instalaciones de la Casa Sindical, que hace dos meses fue objeto de una medida de secuestro de un tribunal que desalojó a las organizaciones gremiales que hacían vida en las instalaciones.
César Montenegro, estudiante de la UBV, manifestó que la medida fue tomada en virtud de que aunque un tribunal de Primera Instancia emitió un falló a favor de la casa de estudios, a la que declaró depositaria y que permanece bajo su resguardo, las instalaciones aún no han podido ocuparse por los 1.800 estudiantes de diversas carreras que reciben clases en situación de hacinamiento en sedes prestadas. «Trajimos colchonetas para quedarnos hasta que nos reubiquen aquí, estamos cansados de recibir instrucción en instalaciones ajenas. Aquí pueden habilitarse salones de clase, laboratorios y áreas recreativas», afirmó. (El Universal, 28.05.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/05/28/grccs_art_estudiantes-de-la-ub_879468.shtml)
Tanto jóvenes como adultos pidieron la presencia del gobernador Diosdado Cabello, para que les diera una respuesta favorable sobre la situación. “Esto es una burla para nosotros, nos ofrecieron estos espacios para que la UBV empezara a funcionar y todavía no nos han dado una respuesta al respecto, no nos han hecho entrega de la Casa Sindical”, expresó Julio Andrade. (Diario Región, 27.05.08, http://www.diariolaregion.net/seccion.asp?pid=29&sid=1556¬id=50347)
De acuerdo con nota de prensa de la Procuraduría mirandina, para el año 1937 el estado Miranda adquirió un inmueble con una superficie superior a 7 mil metros cuadrados, sobre la cual edificó la referida estructura durante el período comprendido entre 1981 y 1983. Posteriormente fue utilizado de manera ilegal por gremios sindicales que no poseían contrato alguno suscrito con el Ejecutivo estadal que justificara su permanencia en el mencionado bien. En septiembre de 2006, por instrucciones del Ejecutivo mirandino la Procuraduría inició las gestiones amistosas con la demandada (FetraMiranda) a los fines de que restituyera el inmueble propiedad de la entidad. Sin embargo, ante la negativa del gremio sindical, el cual aludió que era violatoria del ejercicio de la libertad sindical, el 31 de enero de 2007 se interpuso por ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia una demanda por reivindicación de inmueble. (Agencia Bolivariana de Noticias, 06.03.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=123189&lee=18)
Puerto Ordaz sumó la quinta víctima del año relacionada con la violencia sindical cuando el pasado 16.05.08 Joel Antonio Devera Flores, de 36 años de edad, fue acribillado por varios sujetos, en plena avenida principal de Castillito, en Puerto Ordaz. Testigos aseguran que dos individuos en una motocicleta se bajaron y al verlo esperando en una cola del semáforo no vacilaron en dispararle en múltiples oportunidades. Comentaron que otros hombres andaban en un Renault Clio, color rojo, y después de concretarse el “trabajo”, emprendieron la huida sin dejar rastros.
Devera era miembro del Sindicato Único de Trabajadores de Bolívar y fue él quien terminó de coordinar el sindicato, durante la construcción del CTE Cachamay, luego de la muerte de Héctor Jaramillo, quien fue acribillado junto a Alexis García, el pasado 29 de enero del año pasado. Al enterarse de la muerte de Devera, algunos de sus parientes se lamentaron de que el hombre no aceptara los consejos que le ofrecieron en varias oportunidades. “Yo le dije miles de veces que dejara ese maldito sindicato. Desde hace tiempo lo habían amenazado y él sabía que lo podían matar, porque ayer mismo fue para mi casa y andaba como asustado con todos los carros que pasaban”, dijo una hermana.
Fuentes ligadas al mundo sindical revelaron a los medios regionales que el fallecido era apodado “el Perro” y al parecer, fue uno de los señalados en el triple crimen ocurrido en las Parcelas de El Roble, durante el velorio de dos trabajadores fallecidos. (Correo del Caroní, 17.05.08, http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,174/?id=97343)
El 26.05.08 Luis Enrique Rocca, fue asesinado mientras conducía el carro de un amigo, en la avenida Libertador de San Félix. Según personas ligadas al mundo sindical, Rocca pertenecía al Sindicato de Maquinarias Pesadas, donde era escolta y chofer del jefe del grupo. Integrantes de Muralla Roja podrían estar detrás de este crimen. (Correo del Caroní, 29.05.08, http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,174/?id=97721)
En otro suceso, David Alejandro Ferrer (25), Ender José Mendoza (28) y Juan Francisco Pérez (18), obreros del sector petrolero de Barcelona, fueron acribillados por cuatro hombres que llegaron en una camioneta pick up blanca, mientras se comían unas empanadas en un kiosco ubicado a 50 metros de la alcabala de El Viñedo, en Barcelona.
Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizaron las primeras experticias en la escena del crimen. En el lugar colectaron unas 27 conchas calibre 9 mm. En el anfiteatro forense los expertos le observaron al menos quince disparos a cada uno de los cuerpos.
El comisario Gustavo Palacios, jefe de la policía científica de Anzoátegui, refirió que la hipótesis que manejan es el ajuste de cuentas y desavenencias entre delincuentes por cupos de empleos. Agregó que los fallecidos presentan registros en el Cicpc por homicidios. Eran investigados por varias muertes de trabajadores petroleros y de la construcción. (El Tiempo, 29.05.08, http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp?id=151667)
Funcionarios de la Policía Municipal de Libertador se enfrentaron a trabajadores informales debajo del puente de la avenida Fuerzas Armadas, en Caracas en horas de la tarde del 16.05.08. La trifulca, que se prolongó por más de una hora, tuvo como origen el decomiso de mercancías que pretendían realizar los uniformados a los buhoneros que decidieron expender sus mercancías en zonas prohibidas. Los informales lanzaron botellas y objetos contundentes a los uniformados, quienes respondieron con disparos de perdigones. Los transeúntes que se desplazaban por el lugar comenzaron a correr en distintas direcciones, mientras que el tránsito automotor quedó parcialmente interrumpido. (El Universal, 17.05.08, http://www.eluniversal.com/2008/05/17/ccs_art_buhoneros-y-policias_865537.shtml)
Esta no fue la única acción policial contra los trabajadores informales. Efectivos de la Policía de Caracas realizaron un desalojo violento el 17.05.08 a los buhoneros ubicados en la plaza Narváez, en La Hoyada. En total 16 trabajadores de la economía informal fueron afectados por los perdigones que usaron los miembros del cuerpo policial, además de otros peatones que también fueron heridos en medio de lo que los comerciantes denominaron «una batalla campal».
Varios de los vendedores informales denunciaron que los efectivos suelen decomisar la mercancía y cuando se presentan a la comisaría a retirarla la consiguen incompleta. (El Universal, 19.05.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/05/19/ccs_art_16-buhoneros-heridos_868741.shtml).
Por otra parte, los voceros de la economía informal continúan a la espera de los mercados prometidos por las autoridades. Un grupo de 200 realizaron una ocupación de un terreno perteneciente a Fogade, en las inmediaciones de la esquina de El Chorro, para presionar por el ejercicio de su derecho al trabajo. «Vamos para dos años esperando nuestra reubicación. Aquí le ofrecen mercado a todo el mundo menos a nosotros, que debíamos ser los primeros en estar reubicados y seguimos esperando respuesta», indicó Sixta Arcia.
Otro grupo de 66 informales compró un terreno en la avenida Baralt, gracias a un préstamo de 300 millones que fue dado por la Alcaldía de Libertador a través del Instituto Municipal de Crédito Popular. Sin embargo, no han ocupado el lugar porque aseguran no poseer el dinero para acondicionarlo, por lo que están pidiendo otro préstamo para tal fin. (El Universal, 28.05.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/05/28/ccs_art_sin-ubicacion-inform_880444.shtml)
La procuradora del estado Miranda, Omaira Camacho, declaró el pasado 24.05.08 que ejercerían acciones legales contra los sindicatos del sector educativo que paralizaran sus actividades como medida de presión para exigir la cláusula de jubilaciones. Las afirmaciones se realizan en virtud de que los gremios Sitraenseñanza y Sitreem exigen el cumplimiento de una cláusula de la Convención Colectiva que estima en 20 los años de servicio para disfrutar de la jubilación. Según la funcionaria, se estaría violando la Ley de Educación la cual establece en 35 los años de trabajo para disfrutar del derecho a jubilarse con 100% del sueldo. «Buscamos mecanismos para que los que se jubilen con 20 años no sean perjudicados. Queremos la paz laboral, pero si los sindicatos siguen en una posición de conflicto tomaremos medidas», apuntó Camacho. (El Universal, 25.05.08, http://www.eluniversal.com/2008/05/25/grccs_art_seran-sancionados-si_871159.shtml)
Provea desea recordar que el derecho a la huelga se encuentra dentro de las libertades sindicales de los trabajadores y trabajadoras del país. El Convenio 87, de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros, legitima el derecho a la paralización de actividades como medida de exigibilidad de derechos laborales, lo cual es vinculante con las leyes venezolanas en la materia.
Los presidentes de las ocho federaciones que integran el magisterio venezolano introdujeron, el pasado 15.05.08, un pliego conciliatorio ante la Inspectoría del Trabajo en el cual exigen que se cumpla lo pautado en la cláusula seis del contrato colectivo vigente, según la cual los docentes serán beneficiados de los aumentos que decrete el Ejecutivo Nacional.
La acción es en respuesta a la negativa del Gobierno de incluir al sector educativo en el incremento salarial de 30% decretado por el presidente Hugo Chávez, el pasado 30 de abril. El presidente de la Federación de Maestros de Venezuela (FVM), Orlando Alzuru, detalló que la acción es para recordarle al Ministerio de Educación la obligación que tiene de hacer efectivo ese incremento porque así está contemplado en la contratación vigente. (El Universal, 20.05.08, Pág. 1-6)
Por su parte Edgar Bazan, presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, anunció que el 04 de junio «tomarán» la sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación para exigir 30% del aumento salarial y rechazar el currículo bolivariano. «Es necesario tomar la calle. Ya basta de sólo acudir a la vía legal. Es necesario que los maestros salgan de sus aulas a defender sus derechos». (El Universal, 23.05.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/05/23/pol_art_docentes-saldran-a-l_874945.shtml)
El día 05.05.08 los caciques indígenas wayuú Sabino Romero Izarra y Olegario Romero, de la comunidad Chaktapa del estado Zulia, se dirigieron a la sede de Provea para denunciar que en la noche del 23.04.08 un grupo de personas armadas había asaltado su comunidad. Los agresores, presuntamente enviados por el propietario de la hacienda “Tizina” Guillermo Vargas, armados de escopetas y revólveres, asaltaron Chaktapa, ubicada en el sector Kasmera, parroquia Libertad del municipio Machiques de Perijá, estado Zulia, con la intención de eliminar al cacique Sabino Romero.
En la noche del martes 13.05.08 los dos caciques volvieron a comunicarse con Provea, por vía telefónica, para informar que la comunidad Chaktapa estaba siendo asediada pro un grupo de personas armadas, presuntamente enviadas por los propietarios de los terrenos que ocupan. La situación de hostigamiento ha sido denunciada tanto en la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional y en otras instancias del poder público sin que las autoridades regionales o nacionales hayan tomado responsabilidades en el resguardo de la integridad personal de la comunidad indígena y el resguardo de sus bienes, familias y acervo cultural. Sabino Izarra testimonió que durante las noches, como medida de presión, las personas armadas efectúan disparos.
Posteriormente, la organización ambientalista Homo et Natura denunció que el 21.05.08 el hijo del Cacique Sabino Romero fue atacado por presuntos sicarios en la zona llamada Cusare, propinándole una golpiza y efectuándole varios disparos que no lograron impactar contra su humanidad. La denuncia fue llevada ante diversos organismos regionales y nacionales.
El mismo día de esos acontecimientos, diputados del Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ) y la Asociación de Ganaderos del Municipio Machiques de Perijá denunciaron en rueda de prensa, desde la sede del Parlamento, “las agresiones de las que son víctimas los dueños de fincas y haciendas del sector, por parte de un grupo de invasores que se han dado a la tarea de ingresar ilegalmente a sus tierras, amenazando inclusive, las vidas de los productores agropecuarios y sus familias”. (Consejo Legislativo del estado Zulia, 21.05.08, http://www.clezulia.gov.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=2). En respuesta, Homoetnatura afirmó que “El presidente y el abogado de la Asociación de Ganaderos de Machiques (GADEMA), Armando Chacín y Alfonso Chacín, respectivamente, y Eliseo Fermín presidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ) mienten descaradamente al pueblo de Venezuela, y pretenden hacer un show mediático electoral con la lucha histórica del pueblo yukpa por la defensa y recuperación de su territorio ancestral. Este abogado, su hijo y otros dos abogados de apellidos Parra y Paz no han podido demostrar (como abogados privados de los supuestos propietarios de la hacienda Medellín) ante la Fiscalía ni mucho menos elevar ante Tribunal alguno las acusaciones infundadas contra los seis dirigentes y caciques yukpa de la comunidad Jararamü imputados por el supuesto robo de ganado, de madera y ocupación de la hacienda de la cuenca del río Negro”. (Homoetnatura, 29.05.08, http://provea.blogspot.com/2008/05/declaracin-de-homo-et-natura-el.html)
En la Gaceta Oficial No. 38.931 del pasado 15.05.08 los ministerios de Infraestructura, Vivienda e Industrias Ligeras publicaron la resolución en la que establecen que los alquileres seguirán regulados por otros seis meses. En la normativa se indica que la congelación se extiende, porque «es deber del Estado garantizar y salvaguardar los derechos e intereses de los usuarios habida cuenta de la declaratoria como servicio de primera necesidad los alquileres de vivienda». Esa medida se aplica a aquellas soluciones que fueron construidas antes de 1987; las demás no están controladas.
La regulación de los arrendamientos fue fijada en el año 2003 y cada seis meses se extiende, pero ante esa situación el mercado se ha impactado. Según cifras de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, en el año 2003 de las viviendas que estaban en oferta en el mercado 67% se destinaba a la venta y 33% al alquiler; al cierre de febrero de 2008 79% de las unidades fueron vendidas y 21% arrendadas, de manera que en cinco años el mercado se redujo 36%. (El Universal, 17.05.07, http://www.eluniversal.com/2008/05/17/eco_art_alquileres-seguiran_865542.shtml)
El Ministerio de la Vivienda, en una resolución publicada en la Gaceta Oficial No. 38.934 del 20 de mayo, señala que las soluciones habitacionales nuevas que realicen el sector público y el sector privado deberán tener calentadores de gas.
Según la normativa del despacho, las soluciones habitacionales que tendrán que cumplir con la obligatoriedad son aquellas que se están efectuando con los recursos previstos en la Ley de Vivienda (Fondo de Ahorro Obligatorio) y los fondos administrados por el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat (Fondo de Aportes del Sector Público).
El despacho también establece que la instalación de los calentadores se efectuará bajo determinados requisitos. Entre las condiciones se encuentra la existencia de una separación de 30 centímetros entre el techo y el calentador a ubicarse en las viviendas. (El Universal, 22.05.08, http://www.eluniversal.com/2008/05/22/eco_art_viviendas-nuevas-ten_872651.shtml)
A cinco años de su creación, la Misión Alimentación desarrolla la política gubernamental de fortalecer la seguridad alimentaria del país a través de las redes de Mercal, que ofrece alimentos de la cesta básica a precios bajos y sin intermediarios, representando, según las cifras divulgadas por sus coordinadores, un ahorro para el consumidor de 49% respecto a los precios regulados y 67% con relación al mercado.
En abril de 2003, el Gobierno Bolivariano decidió la creación de la empresa Mercal, “a fin de contrarrestar el poder de los monopolios de las empresas expendedoras de alimentos y demás intermediarios que encarecían los precios de los productos”. Programa bandera dentro de la Misión Alimentación, Mercal comenzó con tres locales ubicados en Las Lomas de Urdaneta, Caricuao y San Martín en la ciudad de Caracas. En la actualidad, según cifras reveladas por las autoridades, Mercal presta servicios a la colectividad a través de 15.677 instalaciones en todo el país, beneficiando a más de 13 millones de venezolanos.
En el presente, Mercal trabaja con 1.743 cooperativas y 658 empresas, las cuales empezaron como pequeñas compañías, demostración del impulso al modelo de desarrollo económico y de transformación cultural que promueve el Gobierno Bolivariano. La Corporación de Abastecimiento y Servicio Agrícola (CASA) –creada en 1989- fue sometida a un proceso de reestructuración durante el gobierno Bolivariano y en corto plazo comenzó la importación de rubros alimentarios a raíz del llamado sabotaje petrolero de 2002-2003.
En la actualidad, la corporación es considerada la más grande en su tipo por comercializar mensualmente más de 100.000 TM de alimentos distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional, según cifras del ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Refieren estos datos que las plantas de silos fueron acondicionadas para almacenar arroz, maíz, sorgo y soya, entre otros cereales, con una capacidad de almacenamiento en toneladas métricas de 900.000 en cereal. Además, CASA posee tres frigoríficos, los cuales tienen una capacidad operativa de 14.600 toneladas métricas y actualmente se construyen tres frigoríficos más en los estados Carabobo, Anzoátegui y Zulia.
La Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL) pasó a prestar su servicio a través de más de 6.075 casas de alimentación, beneficiando a 877.950 personas, a quienes se les provee dos comidas diarias, de acuerdo con Minpal. A los beneficiarios de estas casas de alimentación se les evalúa su situación cada tres meses para saber si ha mejorado y ofrecer la misma oportunidad a otras personas. A fin de llevar adelante esta labor de asistencia humanitaria, FUNDAPROAL asignó una beca a los trabajadores y trabajadoras que elaboran los alimentos para las Casas de Alimentación.
Además de las Casas de Alimentación, FUNDAPROAL implementó un programa de carácter social a fin de atender las necesidades nutricionales de la población venezolana más desposeída, denominado Suplemento Nutricional, el cual consiste en la entrega gratuita de una bolsa contentiva de 8 productos de la canasta normativa, beneficio dirigido a grupos familiares sin ningún tipo de ingreso y que habitan en lugares de difícil acceso. Actualmente, el número de familias atendidas por este beneficio asciende a 112.463. (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, 27.05.08, http://www.minci.gob.ve/reportajes/2/178217/mercal_beneficia_a.html)
La Misión Milagro realiza en el país 200 mil intervenciones de la vista por año, según informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías.
Indicó que 673 mil 870 venezolanos han sido atendidos por la Misión Milagro a tres años de su creación con el apoyo de Cuba, al tiempo que anunció que se alcanzará la cifra de 1 millón de venezolanos atendidos por este programa de salud. (Agencia Bolivariana de Noticias, 27.05.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=134659&lee=4)
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, anunció la apertura en todo el país de 203 nuevos módulos de atención primaria de Barrio Adentro I.
La ocasión fue aprovechada por el alcalde del municipio Libertador, Freddy Bernal, acompañado del Comité de Salud y los consejos comunales de la comunidad, inauguró el consultorio número 19 del sector B de Coche, alcanzando así un total de 522 centros preventivos de salud en toda Caracas. Este módulo atenderá a más de mil 259 personas, un total de 290 familias que serán beneficiadas con las 50 consultas diarias que se realizarán en este centro de atención preventiva, destacó el Jefe de Estado venezolano.
Los 19 módulos preventivos, junto a los dos Centros Diagnósticos que operan en Coche, permitirán a aumentar la cifra de 64 mil personas atendidas en esta localidad del Distrito Capital.
Por su parte, el viceministro de Salud de Cuba, Aldo Muñoz, indicó que la cantidad de consultas reportadas recientemente ascienden las 290 millones, en los 6 mil 531 módulos de atención primaria en todo el territorio nacional. (Agencia Bolivariana de Noticias, 27.05.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=134657&lee=4)
Representantes de varios hospitales metropolitanos decidieron unir esfuerzos gremiales para hacer sentir con más fuerza sus reclamos y buscar soluciones. El 28.05.08 se creó la Asociación Metropolitana de Sociedades Médicas de Hospitales y Redes Ambulatorias, con el fin primordial de «mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes», según lo declaró el vocero de la nueva agrupación, José Colón, médico de la Maternidad Concepción Palacios.
En el nuevo grupo estarán representantes de los hospitales Lídice, Oncológico Luis Razetti, Materno Infantil de Caricuao, Magallanes de Catia, Algodonal, de Coche, J. M. de los Ríos, Ricardo Baquero, Vargas, y la Red de ambulatorios del Distrito Sanitario Nº 1, Nº 2 y Nº 3. Entre las primeras medidas de esta agrupación de médicos se cuenta declarar incompetente a la junta directiva del Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano, presidida por Fernardo Bianco.
Además, se convocará a una asamblea médica extraordinaria de carácter general de todos los hospitales, para abordar los problemas de infraestructura, de algunos insumos médico-quirúrgicos y sobre todo, de la «precariedad» del recurso humano. (Tal Cual, 29.05.08, Pág. 4)
Por su parte, mil 200 galenos del estado Aragua paralizaron sus labores el 28.05.07 para presionar por el pago de deudas pendientes. La medida de exigibilidad afectó, al menos, trescientos centros asistenciales dependientes de la Corporación de Salud Regional (Corposalud). La medida fue anunciada por el vicepresidente del Colegio de Médicos de la entidad, Ángel Sarmiento, quien destacó la asistencia médica sólo de estrictas emergencias en los recintos de atención en conflicto. Advirtió que la suspensión de actividades profesionales electivas se prolongará hasta que el Ministerio de la Salud cancele los compromisos laborales que mantiene con el gremio desde hace nueve años. (El Universal, 29.05.08, http://www.eluniversal.com/2008/05/29/pol_art_1.200-medicos-en-ara_882123.shtml)
En otro conflicto, médicos y personal administrativo y obrero dependientes del Ipasme, en Puerto La Cruz, tomaron la decisión de reducir la jornada diaria hasta que las autoridades sanitarias nacionales resuelvan el problema de las irregulares condiciones de la infraestructura en la que trabajan. Los casos de contaminación y enfermedades como alergias, hongos, sinusitis, ya se están presentando entre quienes acuden a las instalaciones ubicadas en Barcelona, denunció el médico Pedro Urbina. Al iniciarse la falla, el personal había acordado trabajar hasta las 11 de la mañana, para no afectar a los pacientes, pero ya han pasado dos meses y nadie se ha preocupado por la reparación de los sistemas de refrigeración de aire, y se hace imposible trabajar pues se pone en peligro la salud de los usuarios. (El Universal, http://www.eluniversal.com/2008/05/29/pol_art_galenos-reducen-jorn_882117.shtml)
En el estado Aragua, a pesar de que se reportan 846 casos de fiebre dengue, confirmados, la enfermedad está situada en un canal endémico de seguridad de disminución del 100 % en comparación a cifras reportadas para la misma fecha en el 2007. De la cifra general se reportan 52 casos de dengue del tipo hemorrágico, de los cuales uno produjo la muerte de una niña de siete años de edad a principios del mes de mayo.
El director de Epidemiología de la Corporación de Salud del estado Aragua (Corposalud), Luis Dorta, señaló que en la entidad central de cada dieciséis casos de fiebre dengue que se registran, uno resulta hemorrágico. Por el momento no hay reportes de pacientes complicados ni en estado de gravedad por la enfermedad. El especialista exhortó a las comunidades a no confiarse en la disminución en el número de casos en más de 100 por ciento, pues el inicio del período lluvioso está próximo, situación que incide en la reproducción del mosquito infeccioso y el aumento de la circulación viral. (El Universal, 28.05.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/05/28/pol_art_reportan-846-casos-d_880638.shtml)
La disminución de casos, con respecto al 2007 también se registra en el estado Bolívar. La presidenta del Instituto de Salud Pública (ISP- Bolívar) y Secretaria de Salud de la entidad, Ana Gineth Morales, informó sobre el acumulado de 747 casos de dengue en lo transcurrido durante lo que va de 2008.»En lo que va del actual año 2008, la entidad lleva un acumulado de 747 casos sospechosos, que comparado con la semana homóloga del año 2007 son 74 casos menos; es decir que a la fecha los casos de dengue se han reducido en un 9% con un índice de positividad entre el 30% y 33%», explicó Morales.
Según la Secretaria Regional de Salud, Janine Perozo, la alta incidencia de los casos de dengue en la región zuliana también ha descendido drásticamente. Indicó que de más de 600 casos por semana registrados a principios de años, sólo cuarenta se han contabilizado semanalmente en los últimos meses. «Esta última semana cerramos con cuarenta casos, 24 de los cuales se dieron en Maracaibo y 16 en otras zonas», informó. Manifestó que sin embargo, se mantiene la vigilancia y el desarrollo de planes preventivos. «Caso reportado, caso que se confirma e inmediatamente se atiende, se le hace seguimiento ipso facto», dijo. (El Universal, 29.05.08, http://www.eluniversal.com/2008/05/29/pol_art_contabilizan-747-cas_882120.shtml)
• Garantizar que la Asamblea Nacional genere una amplia consulta y participación de los sectores interesados y apruebe definitivamente en las sesiones legislativas del 2008, las leyes que regularán los regímenes prestacionales de salud y pensiones.
• Garantizar que el Ejecutivo Nacional desarrolle un intensivo programa de difusión de los derechos, requisitos y obligaciones de los distintos subsistemas de seguridad social, a fin de promover la inclusión de las poblaciones hasta ahora excluidas. En este sentido deberá promover mecanismos idóneos, ágiles y transparentes para que la población meta se inscriba en el sistema de seguridad social, para lo cual sería conveniente que estudiara mecanismos similares a los aplicados en otros países de la región y que han permitido una rápida inclusión de la población.
• Garantizar que el Ejecutivo Nacional continúe pagando la deuda que el IVSS mantiene con los pensionados, y publique un informe actualizado a diciembre de 2007.
• Garantizar que el Ejecutivo Nacional promueva la más amplia y democrática participación comunitaria y profesional en el proceso de transición e integración del Sistema Público Nacional de Salud, al tiempo que promueva la coordinación y cooperación entre los organismos públicos involucrados.
• Garantizar que la Contraloría General de la República realice una auditoría general al IVSS, a fin de garantizar que las cotizaciones acumuladas por el universo de trabajadores cotizantes sean contabilizadas y enteradas al nuevo sistema de seguridad social.
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
ARTÍCULOS
Del 18 de abril al 10 de mayo 2008
Boletín electrónico Nº 199
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE MAYO
01 Día Internacional de los Trabajadores
03 Día Mundial de la Libertad de Prensa
04 Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales
08 Día de la Cruz Roja Internacional
08 Conmemoración de la Masacre de Yumare, Edo. Yaracuy (1986)
10 Día Nacional de la Afrovenezolanidad
11-17 Semana Nacional de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Gaceta Oficial del 08.10.97)
15 Día Internacional de la Familia
15 Día Internacional de la Objeción de Conciencia
17 Día Mundial de las Telecomunicaciones
17 Día Mundial Contra la Homofobia
21 Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo
22 Día Internacional de la Diversidad Biológica
25-31 Semana de Solidaridad con los Pueblos de Todos los Territorios Coloniales que Luchan por la Libertad, la Independencia y los Derechos Humanos
28 Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer
29 Día Nacional del Árbol
29 Día Nacional del Adulto Mayor
CONTEXTO
El 27.04.08, en un semanario capitalino se difundió la noticia acerca de una presunta investigación abierta contra los directivos del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), por los delitos de “traición a la Patria”, e “instigación a la rebelión civil” por parte del Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia. (La Razón, 27.04.08). Humberto Prado, coordinador de la ONG en defensa de los derechos humanos de los privados y privadas de libertad se dirigió, posteriormente, al Ministerio Público, solicitando una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial, sobre ese contenido, además de enviar esa información a organismos internacionales, de manera que tengan conocimiento sobre el asunto. (Tal Cual, 06.05.09, Pág. 9).
El presunto hostigamiento judicial cuenta con el precedente de las declaraciones del Ministro Rodríguez Chacín, quien, refiriéndose a la OVP, afirmó que «estos supuestos defensores de derechos humanos en Venezuela, pretenden decidir si se cumplen o no los derechos humanos, personas que conocemos su dudosa solvencia moral y que viven de los problemas carcelarios». El funcionario, además, declaró que las ONGs venezolanas recibían “dirección en USA”. (Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia, 12. 03.08, http://www.mpprij.gob.ve/spip.php?article4398). Otros personeros del ejecutivo nacional se han hecho eco de la campaña contra la OVP, y su coordinador, acerca de sus denuncias sobre la situación de las cárceles en el país.
Ante esta situación, diversas organizaciones sociales han expresado su solidaridad con el trabajo realizado por el OVP. El Foro por la Vida, coalición de ONG´s de derechos humanos venezolanas, difundió un comunicado con el título “Foro por la Vida rechaza declaraciones del ministro Chacín las cuales debilitan el Sistema interamericano de protección de los derechos humanos y favorecen la impunidad”. Más recientemente, Una Ventana para la Libertad, Hogares sin Violencia y Feliciano Reyna, activista en la lucha contra el VIH, mostraron públicamente su preocupación sobre los señalamientos realizados contra la OVP. Todos los comunicados pueden consultarse en el sitio web del Observatorio Venezolano de Prisiones, en la dirección http://www.ovprisiones.org/
Está disponible en la web el “Informe Escolar 2008,” realizado por la ONG global “Campaña Mundial por la Educación” (http://www.campaignforeducation.org). El estudio se realizó durante el año 2007, proponiéndose resaltar las metas propuestas en Dakar (2000) y servir como herramienta de presión política para los gobiernos que firmaron el señalado acuerdo.
Según este informe Venezuela presenta algunos de los mejores indicadores educativos de América Latina: “En este país, la educación primaria es gratuita y está prácticamente universalizada. El número de maestros es suficiente y la proporción de personas no alfabetizadas ha disminuido. La oferta educativa en la educación secundaria todavía es baja. Los grandes retos para el gobierno de Hugo Chávez son la considerable percepción de corrupción por parte de la población y la poca participación de la sociedad civil en las políticas educativas”.
Según el informe Venezuela se ubica en el 12avo. puesto a nivel mundial y 4 a nivel regional por sus logros educativos. En otros rankings más específicos se ubica en el puesto 43 por el logro de la educación básica universal; puesto 12 por la voluntad política expresada; 29 por el aumento de matriculaciones; 26 por el aumento de oportunidades y el 112 por su transparencia y rendición de cuentas.
Si desea descargar el informe completo, puede visitar el siguiente enlace:
http://www.campaignforeducation.org/schoolreport/2008_reports/Spanish-Indicators.pdf
El 07.05.08 se realizó el acto de lanzamiento del Instituto Metropolitano de la Mujer, juramentando la red metropolitana de defensoras de los derechos de la mujer. En el evento también fue firmado el convenio de cooperación para el Ministerio del Poder Popular para Asuntos de la Mujer.
La Directora Ejecutiva del Instituto Metropolitano de la Mujer, Anais Arismendi, explicó que «se están juramentando mujeres de los distintos municipios del área metropolitana, que se han venido formando en materia de equidad de género, participación política y enfrentamiento de violencia hacia la mujer en función de consolidar los consejos de defensa de la mujer.
Señaló Arismendi que el objetivo es «consolidar los consejos de defensa de la mujer, incidir en los consejos comunales sobre las políticas que manejen sobre la igualdad de género, promover proyectos que beneficien a la mujer, incentivarlas en los proyectos socio-productivos y en la formación política y organización popular». (Radio Nacional de Venezuela, 07.05.08, http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=2&t=67482)
Según Fe y Alegría en América Latina y el Caribe se están levantando voces, desde diferentes instituciones y personas, preocupadas por los problemas de la educación y por las políticas en curso que afectan su naturaleza de derecho y de bien público.Esta preocupación es compartida por Fe y Alegria, un “Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social” cuya acción se dirige a sectores empobrecidos y excluidos para potenciar su desarrollo personal y participación social, con presencia en 18 países, entre ellos Venezuela.
La organización ha lanzado la campaña «Compromiso por la educación» con el deseo de promover el diálogo y la acción con otras organizaciones e instituciones, las comunidades educativas, los gobiernos y la sociedad en general en torno a seis propuestas para la transformación de los sistemas educativos: Acceso, procesos y resultados en condiciones de equidad; Calidad educativa integral e incluyente; Continuo educativo a lo largo y ancho de la vida; Fortalecimiento de la carrera docente; Financiamiento público suficiente y Gestión educativa al servicio de la calidad y la equidad.
Para Fe y Alegría es mediante amplios pactos sociales como se pueden generar políticas de Estado duraderas y sostenidas, que incidan significativamente en el desarrollo de nuestros pueblos. «La transformación educativa que necesitan nuestros países sólo será posible con el apoyo consensuado y el compromiso de todos los sectores sociales».
Si desea mayor información sobre esta iniciativa puede visitar:
A raíz de la convocatoria a elecciones en Zimbabwe, el pasado 29.03.08, Friends of Zimbabwe –una red de ONG’s latinoamericanas de la cual forma parte Provea- emitió una comunicación para expresar su preocupación por el contexto político en el que las mismas se realizarían: “Las ONG’s locales han denunciado posibles fraudes o manipulaciones de los resultados electorales, que amenazan la imparcialidad de la votación. Ya señalan el uso de la maquinaria estatal y la acción intimidatoria por parte de las altas autoridades gubernamentales y del Ejército para que sus subordinados voten por Mugabe”. Otros cuestionamientos señalaban la insuficiencia de centros de votación y sobre la ausencia de una fiscalización imparcial al acto electoral. (Friends of Zimbabwe, 10.03.08, http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2008/zimbabwe.html)
Tras los resultados del evento comicial, y la violencia que sucedió al proceso Friends Of Zimbabwe esta promocionando la realización de una sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas sobre la crisis en el país. En diversas comunicaciones enviadas a los ministros de relaciones exteriores, incluyendo al de Venezuela, se expresa que “De acuerdo con la resolución que lo creó, el Consejo de Derechos Humanos tiene la responsabilidad de “ocuparse de las situaciones en que se violen los derechos humanos, incluidas las violaciones graves y sistemáticas, y hacer recomendaciones al respecto” (para. 3, Resolución A/RES/60/251) (…) La situación de violencia actual en Zimbabwe exige una acción rápida por parte del Consejo de Derechos Humanos. No es posible esperar a la próxima sesión ordinaria”.
Varias fuentes dan cuenta de la gravedad de las violaciones a los derechos humanos contra miembros de la oposición, periodistas independientes, observadores electorales y defensores de derechos humanos que están ocurriendo en Zimbabwe desde las últimas elecciones. En una declaración conjunta, varios relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos afirmaron que información confiable sugiere que desde las elecciones del pasado 29 de marzo, hechos de intimidación, violencia y tortura por parte de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares han ocurrido como forma de penalizar a quienes apoyaron el principal partido de oposición. Destacaron que estos ataques son organizados y coordinados y que el gobierno está incitando a la violencia a través de los medios de comunicación (Press Release del 28 de Abril de 2008, “UN experts concerned about deteriorating human rights situation in Zimbabwe”).
Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que si la situación continua deteriorándose, las consecuencias serán graves para todos los ciudadanos de Zimbabwe y también para sus estados vecinos (Press Release del 27 de abril, “Alarmed by violence in Zimbabwe, Arbour urges restraint”).
Es necesario que el Consejo de Derechos Humanos actúe rápidamente y formule recomendaciones al Gobierno de Zimbabwe y a la comunidad internacional. El apoyo de los Estados que conforman el GRULAC (Grupo de América Latina y Caribe) para la realización de esta sesión es fundamental. El Grupo debe mostrar su compromiso real con un Consejo de Derechos Humanos no selectivo y con una solución multilateral del conflicto.
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
El 06.05.08 representantes legales y periodistas de PROVEA se acercaron hasta la sede administrativa del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS), ubicado en el centro de la ciudad, para acompañar a un grupo de personas afectadas por los sucesos de la intoxicación masiva ocurrida en el Hospital José Antonio Vargas del estado Aragua en 1993.
Bajo el grito de “15 años de burla” un grupo estimado en 50 personas, desde las 10 a.m., trancaron los dos accesos al edificio administrativo, distribuyendo volantes y colgando pancartas. En la puerta principal dos de las afectadas se encadenaron de manera simbólica para evitar que nadie pudiera acceder o salir de la instalación.
La protesta se realizó de manera pacífica hasta las doce del mediodía, cuando un grupo de los empleados y personal de seguridad del organismo tuvo un altercado verbal y físico con los afectados, ya que estos se negaban a permitir el acceso al recinto hasta que fueran atendidos por el presidente del organismo, Tte. Cnel. Carlos Rotandaro Cova.
Después de una larga espera el equipo legal de Provea compuesto por Antonio Puppio acompañado por una comitiva de familiares compuesta Mery Unda May, Glenys Perez y Elsa Torres, se reunió con el presidente del IVSS el cual recibió y escuchó con paciencia los requerimientos de éstos. Luego de una extensa conversación, las autoridades del Sesguro Social se comprometieron a:
- Regularizar el aporte del Fondo Especial de Salud
- Se acordó que los próximos aportes se harán por vía de remesa (transferencia bancaria) para agilizar la operatividad del fondo.
- Nombrar un equipo multidisciplinario para la evaluación periódica de cada paciente según los cuadros patológicos de ellos.
- Suministrar las medicinas que requiera las personas afectadas para el tratamiento de sus afecciones producidas por la intoxicación química. Para esto, los afectados se comprometen a hacer llagar a la Presidencia del IVSS: el nombre del paciente, los medicamentos y la ubicación donde residen para que el IVSS se los haga llegar al centro de salud más cercano.
- En virtud de las denuncias sobre las afecciones del personal activo del Hospital José A. Vargas de la Ovallera, Estado Aragua, se ordenará un estudio y evaluación toxicológica a las áreas y ambientes de dicho Hospital para determinar si las patologías están vinculadas a la contaminación químico-tóxica de hace 15 años (20 de marzo de 1993).
- Estudiar la posibilidad del aumento de dicho Fondo.
- Estudiar la posibilidad de extender la cobertura a los familiares de las personas afectadas, siempre y cuando sufran patología a consecuencia de la contaminación químico-tóxica.
- Estudiar la posibilidad de la procedencia de la indemnización a los afectados.
- Estudiar la posibilidad de homologar el monto de la jubilación al salario, incluyendo todos sus beneficios, del personal activo que actualmente ocupa el último cargo que cada uno de los afectados desempeñaron.
Adicionalmente, se acordó una nueva reunión entre un grupo de los afectados y el Presidente del IVSS para el martes 13.05.08 para continuar la elaboración de estrategias de cumplimiento. Finalmente todos los peticionarios quedaron satisfechos por las respuestas ofrecidas por el presidente del Seguro Social, pero sin olvidar la necesidad de hacerle seguimiento de su efectivo cumplimiento y constancia a su delicada situación.
Diferentes pacientes del Hospital Dr. Plácido Daniel Rodríguez Rivero, ubicado en San Felipe, denunciaron la falta de médicos en el área de emergencia del centro asistencial durante el fin de semana del 4 y 5 de mayo. “Qué desastre, no hay médicos, y los que están aquí los están llevando para los CDI”, expresó Carmen Páez. “¿Cómo es posible que no haya médicos un fin de semana? Tengo una hermana de 69 años que le dio como un ACV y no había nadie que le diera una orden para hacerse una tomografía”, comentó Domitila García. “Hago un llamado al doctor José Gregorio Hernández y al Gobernador para que presten atención a la salud en Yaracuy, nosotros somos pobres y nos queda más que venir al hospital, si no fuera a una clínica”, agregó.
Según los testimonios recogidos por los comunicadores sociales entre quienes laboran en este lugar, el problema se repite todos los fines de semana. “No hay médicos en triaje, ni especialistas, ni residentes y mucho menos traumatólogos. los fines de semana siempre son un verdadero caos”, aseguró una enfermera. (Yaracuy al Dia, 05.05.08)
La versión fue rechazada por José Torrealba, presidente de Prosalud en la región, quien a pesar de reconocer que el área de emergencias sólo cuenta con un médico, informó que se ha hecho un plan “con las limitaciones del caso”. Pedro Estévez, director de la Defensoría del Pueblo en Yaracuy, señaló que desde antes de la Semana Santa, se recibieron algunas denuncias por parte de los familiares que denunciaron una supuesta mala praxis. “La situación de la falta de médicos del HC que se presenta con mayor fuerza los fines de semana, ya ha sido discutida con las autoridades de la salud regional, y en estas reuniones se acordó que el problema de escasez de galenos había sido solventada; por tal motivo, no se entiende cómo ahora vuelve a salir la denuncia en los medios de comunicación de la región, de que esto sucede nuevamente”, acotó Estévez. (Yaracuy al Día, 07.05.08)
El 05.05.08 se aproximaron hasta la oficina de PROVEA, los representantes de la etnia Yukpa, Olegario Romero y Sabino Izarra Moreno, acompañados de Maria Peña activista de la ONG Homo et Natura, para denunciar el hostigamiento que ha sufrido el cacique Izarra Moreno por parte de un grupo de presuntos sicarios colombianos que atentaron contra su vida el pasado 23.04.08 después de realizarse la ocupación pacífica de la finca “Tizina” ubicada dentro del territorio Yukpa de la Sierra de Perija.
Como comunidad organizada los Yukpa informaron que esperan una participación más activa por parte del ejecutivo nacional, así como informaron, que esta no es la primera acción sino que ya llevan varias fincas ocupadas dentro de su territorio como son las Haciendas Paja Chiquita, Saedán, Curuara, Maracay, el Balcón, el Trevo, entre otros.
También comentaron que en la Hacienda Medellín los indígenas Yukpa fueron desalojados, presuntamente por la DISIP y la Guardia Nacional, poniendo en riesgo la vida de varios infantes.
Un total de 97 niños, pertenecientes a Sierra Imataca, en el municipio Casacoima en Delta Amacuro, presentaron síntomas de intoxicación el 05.05.08. La misma fue causada por el riego de malation, un insecticida utilizado para combatir la epidemia de niguas. Aproximadamente a las 9 de la mañana, los niños se encontraban recibiendo clases en la Unidad Educativa Bolivariana Grillet, cuando empezaron a mostrar enrojecimiento y ardor en la piel, así como dificultad para respirar, lo que obligó a las autoridades de la institución a pedir la colaboración de Protección Civil y Bomberos municipales para trasladar a los menores hasta el ambulatorio de Sierra Imataca y el Centro de Diagnóstico Integral de este mismo sector, donde recibieron la atención médica necesaria para controlar la intoxicación. Al parecer, rociaron el insecticida en las adyacencias del centro educativo, lo que provocó una intoxicación generalizada en todo el conglomerado escolar, algunos profesores también presentaron síntomas de envenenamiento.
Este centro educativo tiene una matrícula de 348 estudiantes, entre niños de primaria y jóvenes de secundaria, los 97 niños afectados van desde los 4 años de edad hasta los 16 años. Según José Nóbrega, director de la institución “los niños empezaron a sentirse mal, y los trasladamos al ambulatorio, se sospecha que alguien aplicó un químico utilizado para fumigar y afectó a los niños”. (Nueva Prensa de Guayana, 06.05.08, http://www.nuevaprensa.com.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=9731&Itemid=2)
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, anunció a pocas horas de la celebración del Día del Trabajador el aumento del 30% del salario mínimo, que se hará efectivo a partir del 1º de Mayo. Con este aumento, los trabajadores que devengan sueldo mínimo pasarán de percibir 614 bolívares a 799 bolívares.
El Jefe del Estado indicó que esta medida fue evaluada y estudiada para generar el menor impacto posible en la inflación que se estima para este año 2008. “Nosotros estamos luchando para derrotar contra la inflación pero no a costa del hambre de los trabajadores”, enfatizó el mandatario venezolano.
Resaltó el primer mandatario que con este aumento del salario mínimo se verań beneficiados 309 mil 428 pensionados y jubilados de la administración pública nacional, 1 millón 218 mil 515 pensionados del Seguro Social, 140 mil mujeres de la Misión Madres del Barrio, 215 mil 500 adultos mayores, así como 5 millones 33 mil 726 trabajadores de manera directa.
De igual manera, anunció un incremento del 30% para las obreras y obreros de la administración pública nacional que devengan más del sueldo mínimo, al igual que para las funcionarias y funcionarios, empleados y empleadas de este sector; el ajuste del tabulador general y del sistema de clasificación de cargos. (Agencia Bolivariana de Noticias, 01.05.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=131060&lee=4)
Luis Rafael Escobar Ugas, representante de la Fundación para las Garantías, Prevención y Defensa de la Violación de los Derechos Humanos (Fungapdheca), denunció en las oficinas de Provea el pasado 08.05.08 una serie de irregularidades en la Misión Negra Hipólita de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Según el testimonio del activista, en la Vía San Diego El Rincón, de La Floresta, Zona rural del Municipio Sotillo del estado Anzoátegui, funciona un Centro Negra Hipólita donde se encuentran personas privadas ilegítimamente de su libertad, en condiciones irregulares y con señales de maltratos y penas crueles y degradantes.
El 27.04.08, junto a dos abogados, una comisión de Fungapdheca visitó dicho centro, constatando personalmente la situación y tomando fotografías y videos tanto de las instalaciones como de las denuncias de las personas recluídas. Según su versión “muchos de estos ciudadanos, supuestos indigentes, drogadictos alcohólicos y con problemas siquiátricas; son secuestrados y salvajemente torturados física y psicológicamente por funcionarios policiales y encerrados en contra de su voluntad”. Según Escobar Ugas, el director habí establecido este centro, adscrito a la Misión Negra Hipólita, con el fin de acceder a los subsidios otorgados por el Ejecutivo Nacional, con la complicidad de funcionarios de la Alcaldía del Municipio Sotillo. Unas 80 personas, según Ugas, se encuentran en estado de hacinamiento y golpeados salvajemente, alimentándose deficientemente y en instalaciones deficientes desde el punto de vista sanitario. En el recinto no existe ningún tipo de asistencia especializada. La situación irregular fue descrita por el activista como un “Guantánamo II venezolano”.
La denuncia ha sido recogida en diversos medios de la prensa regional, en donde se informó que el Ministerio Público había acordado realizar una investigación para establecer responsabilidades. Asimismo, que el concejal Harrison Mariño había solicitado la destitución del director de Misiones Sociales de la región.
Más videos, entregados a Provea, en los siguientes enlaces de You Tube:
http://www.youtube.com/watch?v=AbYDoqTZfnU
http://www.youtube.com/watch?v=59ZjTRe3boo
Según las cifras recopiladas por el Banco Central de Venezuela (BCV), el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró en el mes de abril de 2008 una variación intermensual de 1,7%, lo que genera una variación acumulada de 8,9% en el primer cuatrimestre del año.
En palabras del BCV “Este resultado del mes obedece a que 9 de los 11 ámbitos geográficos monitoreados en este programa (dominios de estudio), mostraron variaciones menores o iguales al promedio nacional: Caracas, 1,6%; Maracay, 1,6%; Valencia, 1,5%; Barquisimeto, 1,5%; Ciudad Guayana, 1,4%; Mérida, Maturín y San Cristóbal, con 1,7% y los centros poblados pequeños, medianos y rurales (Resto Nacional) con 1,6%. Sólo dos ciudades registraron tasas de variación en el mes de abril por encima del promedio nacional: Barcelona- Puerto La Cruz (1,8%) y Maracaibo (2,0%)”.
La nota de prensa del ente bancario afirma que “cabe destacar que el comportamiento desacelerado del promedio nacional se ha mantenido durante los 4 meses transcurridos del año 2008, siendo Caracas, Valencia, Barquisimeto, San Cristóbal y Resto Nacional los dominios que consistentemente han marcado una tendencia decreciente en sus variaciones de precios”. (Banco central de Venezuela, 08.05.08, http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=6872&Operacion=2&Sec=False).
En contraparte, de acuerdo con los datos recogidos por el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), la cesta alimentaria aumentó un 2,1% más que en el mes de marzo, ubicándose en BsF 1.246,10. El informe explica que con base en un ingreso familiar promedio de BsF 1.229,58 (dos sueldos mínimos), se cubre 47,5% de la canasta básica. El déficit es de BsF 1.357,56 (1.357.560 bolívares antiguos), o 52,5% de los rubros que componen la canasta.
El Cenda reseña que el alza de mayor impacto ocurrió en la canasta alimentaria, propiciado por el aumento de los valores de pescados, granos, cereales y productos derivados. En este grupo el incremento fue de 2,1%, al pasar de BsF 1.220,31 en marzo a BsF 1.246,10 en abril, una variación de BsF 25,79. (El Universal, 09.05.08, http://buscador.eluniversal.com/2008/05/09/eco_art_canasta-basica-aumen_852680.shtml).
Las cifras contrastan con las declaraciones del ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El Troudi, quien sostuvo que “el ingreso mínimo de los venezolanos se ubica por encima del precio de la canasta básica”. El Troudi indicó que el salario mínimo está rondando los 800 bolívares fuertesión que pudiera empeorar la situación que habíamos visto en los últimos meses”. (Correo del Caroní, 23.04.08, http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,174/?id=95465)s y el costo de la canasta básica, la cual cuenta con rubros alimentarios para satisfacer las necesidades nutricionales de una familia compuesta por cinco integrantes, es 703 bolívares fuertes. “Sólo por concepto de un salario mínimo una familia puede sufragar su canasta alimentaria. Sin embargo, recordemos que ese no es el único beneficio, a ese hay que incorporarle el ticket alimentación, que ahora en cifras redondas está llegando a los 400 bolívares fuertes”, explicó el funcionario. (Agencia Bolivariana de Noticias, 06.05.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=131777&lee=3)
Por su parte Luis Vicente León, director de Datanalisis, divulgó un estudio que concluye que por primera vez en 37 meses el ingreso real del venezolano rompe la tendencia de crecimiento. Detalló que para un primer grupo de aproximadamente 4 millones de venezolanos su ingreso mensual no alcanza, de alguna manera, para poder cubrir la canasta normativa alimentaría. “En ese grupo un millón y medio de niños están enfrentados a un problema de desarrollo cognitivo grave que tiene que ser atendido”. El segundo grupo, de aproximadamente 10 millones de personas, con 38% de la población, tiene problemas de cobertura de la canasta básica, que incluye vivienda, salud educación y deporte, y que eventualmente viene empeorando a lo largo de este primer trimestre del año.
Justifica esta tendencia en que “el ingreso real por primera vez en 37 meses rompe la tendencia de crecimiento, y se reduce de dos a tres puntos porcentuales, así como se reduce también el consumo en 1,4% lo que significa que estamos viendo una reversión que pudiera empeorar la situación que habíamos visto en los últimos meses». (Correo del Caroní, 23.04.08)
En pase satelital, transmitido a todo el país en el programa dominical Aló Presidente, correspondiente al 04.05.08, la Misión Villanueva entregó 213 viviendas pertenecientes a la llamada Ciudad Socialista Losada, ubicada en Maracaibo, estado Zulia.
Como se recordará, la Ciudad Socialista Losada posee 136 hectáreas, en las cuales se tiene previsto, en la primera etapa: escuelas básicas, consejos comunales, instalaciones comunales, un liceo bolivariano, hospital de niños, creación de la federación y confederación de consejos comunales y comunas. El presidente Chávez, señaló la importancia de acelerar estos proyectos de desarrollo habitacional e insistió en la producción y desarrollo de zonas agrícolas para que la ciudad socialista tenga puestos de trabajo. En el programa televisivo se anunció la inminente entrega de otras 216 viviendas adicionales, las cuales “se encuentran en 45 por ciento de avance”. (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, 04.05.08, http://www.minci.gov.ve/noticias-prensa-presidencial/28/177387/mision_villanueva_entrega.html)
La Ciudad Socialista se encuentra en la parroquia Ildefonso Vásquez, en el sector Gramoven, de Maracaibo que ofrecerá a la comunidad viviendas dignas de unos 72 metros cuadrados. La Ministra del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Edith Gómez, explicó que analizarán y evaluarán los casos de cada familia para facilitar el pago de la casa: 70 mil bolívares fuertes. (Agencia Bolivariana de Noticias, 04.05.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=131454&lee=18). En total, el anuncio de viviendas de la ciudad socialista abarca 428 viviendas, un 0,35% de la meta de 120.000 viviendas prometidas para el 2008.
El viceministro de Economía Agrícola y presidente del Banco Agrícola de Venezuela, Richard Canán, señaló que en el marco del Plan de Desarrollo Agrícola 2008-2009 se esperan sembrar 2 millones 300 mil hectáreas para poder generar 21 millones de toneladas de alimentos, con prioridad en rubros como el maíz, el arroz y la caña de azúcar.
Se espera un incremento en la producción de arroz, pasando de 1 millón 40 mil toneladas en el año 2007 a 1 millón 200 mil toneladas en el 2008. En el caso del maíz se incrementará de 2 millones 500 mil a 3 millones de toneladas, lo cual se logrará gracias a que están garantizadas todas las variables que intervienen en el ciclo productivo, como la distribución de semillas certificadas y el acopio temprano de fertilizantes como la urea y el MPK.
Se aprobaron recursos por 2,3 millardos de Bs.F., de los cuales 970 millones se asignarán al Banco Agrícola y el resto al Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista, lo cual permitirá financiar a 30 mil productores, beneficiando principalmente a los de arroz y maíz. (El Universal, 04.05.08, http://www.eluniversal.com/2008/05/04/eco_art_preven-sembrar-en-un_846348.shtml)
Biólogos, antropólogos, ambientalistas, palmeros, bibliotecólogos y ciudadanos interesados en el cuidado del parque Nacional el Ávila, firmaron un manifiesto de Caracas por el Warairarepano, en el marco de la celebración de los cincuenta años del parque nacional.
«Este es un documento abierto a las opiniones y propuestas de todo el que quiera participar en la conservación del Ávila y que servirán de punto de partida para desarrollar una serie de acciones dirigidas hacia la preservación de la montaña», aseguró Argelia Silva, adjunta a la Presidencia de la Fundación Instituto Botánico de Venezuela.
En el manifiesto se propone diferentes objetivos como declarar el Ávila aula abierta para la investigación, educación ambiental, acción conservacionista, entre otras actividades. También se plantea desarrollar mecanismos de seguridad ambiental, fortalecer lazos de cooperación entre las personas, además de dar a conocer la importancia del parque en la captación de carbono, regulador climático y preservación de fauna y flora. (El Universal, 25.04.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/04/25/ccs_art_firman-manifiesto-de_834674.shtml)
El viceministro de Seguridad Social del Ministerio el Trabajo, Jonny Picone, anunció la posible reactivación del decreto 4.269, el cual en el momento de su promulgación en 2006 permitió a algunas personas que tenían la edad para una pensión de vejez pero no las cotizaciones completas, gozar del beneficio.
El funcionario reconoció que una cantidad de personas que calificaban para ser beneficiadas con el decreto no fueron incluidas; por ello dijo que se está estudiando la reactivación de la medida presidencial que en 2006 permitió a 103 mil personas gozar de la pensión de vejez por esta vía. En aquella oportunidad el decreto fue temporal, en donde durante 6 meses las personas acudieron al Seguro Social para consignar los documentos probatorios para gozar de la pensión de vejez.
Picone destacó que se evalúa reactivar la medida, pero acompañada de un beneficio integral que incluya ayudas para salud. Asimismo, recalcó que la reactivación del decreto 4.269 viene acompañada con una serie de políticas para aquellas personas en estados vulnerables, como los adultos mayores. (Últimas Noticias, 21.04.08, Pág. 27)
• Garantizar que la Asamblea Nacional genere una amplia consulta y participación de los sectores interesados y apruebe definitivamente en las sesiones legislativas del 2008, las leyes que regularán los regímenes prestacionales de salud y pensiones.
• Garantizar que el Ejecutivo Nacional desarrolle un intensivo programa de difusión de los derechos, requisitos y obligaciones de los distintos subsistemas de seguridad social, a fin de promover la inclusión de las poblaciones hasta ahora excluidas. En este sentido deberá promover mecanismos idóneos, ágiles y transparentes para que la población meta se inscriba en el sistema de seguridad social, para lo cual sería conveniente que estudiara mecanismos similares a los aplicados en otros países de la región y que han permitido una rápida inclusión de la población.
• Garantizar que el Ejecutivo Nacional continúe pagando la deuda que el IVSS mantiene con los pensionados, y publique un informe actualizado a diciembre de 2007.
• Garantizar que el Ejecutivo Nacional promueva la más amplia y democrática participación comunitaria y profesional en el proceso de transición e integración del Sistema Público Nacional de Salud, al tiempo que promueva la coordinación y cooperación entre los organismos públicos involucrados.
• Garantizar que la Contraloría General de la República realice una auditoría general al IVSS, a fin de garantizar que las cotizaciones acumuladas por el universo de trabajadores cotizantes sean contabilizadas y enteradas al nuevo sistema de seguridad social.
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Durante el año 2007 se registraron 126 casos de violación a la libertad de expresión. El dato fue recopilado por el Informe 2007 de Espacio Público sobre la situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela, que se presenta cada año en el marco de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa instituido por la UNESCO.
En total se produjeron un total de 171 violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información se produjeron en el año 2007 en 126 casos, arrojando un total de 126 víctimas. En relación al estudio del año 2006, esto significa que hubo un incremento de 18.87% en el número de casos y de 13.24% respecto a las violaciones; aunque destaca una reducción en el número de víctimas de 5.22%.
Como en años anteriores se mantiene la tendencia de que las agresiones y ataques a periodistas y medios vienen por la actuación de terceros, la mayoría de las veces, causados por presuntos simpatizantes del proceso revolucionario; aunque también se registran hechos violatorios a la integridad de comunicadores y medios vinculados al Gobierno Nacional por personas de la oposición.
De los 126 casos registrados, en 98 ocasiones, la responsabilidad recayó en agentes estatales, y en 32, en particulares, en los que se aprecia que el Estado incurrió en la omisión de su obligación de garantizar el derecho a la libertad de expresión. Si desea mayor información sobre el informe o sobre el trabajo de Espacio Público visitar:
El pasado 29.04.08 PEREZ HEREDIA, Ángel Alexander (31) y PEREZ HEREDIA Douglas Fabricio (34), fueron presuntamente detenidos por una patrulla policial, en la ciudad de Barquisimeto, rotulada en sus puertas con el número VP-009 en la esquina de la calle 42. Horas después aparecieron muertos en el hospital Pastor Oropeza, con disparos en los rostros y señales de tortura. Las víctimas trabajaban como pequeños ganaderos porcinos y eran hijos de Ivan Alexander Pérez Ortiz, un veterano luchador social vinculado a las luchas populares del Barrio San José de Barquisimeto.
El día Primero de Mayo se realizó un sentido acto fúnebre, cuya procesión, al pasar por un destacamento policial, fue disuelta con perdigones y gases lacrimógenos por parte de agentes de la Policía de Lara. El saldo de la acción represiva fue de 20 personas heridas. (Tercer Camino: “Informaciones de Lara” , correo electrónico enviado a Provea el 01.05.08).
El comandante de la Policía de Lara, coronel Octavio Chacón reiteró la versión del enfrentamiento. Paralelamente, los familiares anunciaban que solicitaran la destitución inmediata del jefe policial ante el gobernador Luis Reyes Reyes.(El Universal, 03.05.08, http://www.eluniversal.com/2008/05/03/sucgc_art_policia-ratifica-tes_844334.shtml). Por otra parte, las autoridades nacionales y estadales de seguridad anunciaron la creación de una comisión para evaluar los casos de presuntos ajusticiamientos policiales en el estado Lara. La información fue revelada por el director de Seguridad y Orden Público de la entidad, general de brigada (GN) Carlos Colmenares, quien indicó que la comisión estará conformada por representantes del Gobierno nacional. (El Universal, 04.05.08, http://www.eluniversal.com/2008/05/04/pol_art_gobierno-investiga-e_842814.shtml). En una votación de nueve contra cinco, la Asamblea Legislativa del estado Lara rechazó sancionar al gobernador de la entidad por las presuntas violaciones al derecho a la vida en la región. Iván Pérez, padre de los hermanos, lamentó la decisión y anunció la continuación de las acciones de protesta para exigir justicia y cese a la impunidad. (El Universal, 07.05.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/05/07/pol_art_legislativo-larense_849848.shtml)
El diputado del Consejo Legislativo Estadal, Víctor Martínez y un grupo de familiares de víctimas de presunto ajusticiamiento, se acercaron a la Comisión Especial que evalúa la situación para entregar un informe que detalla 206 casos de ajusticiamientos en la región ocurridos en los últimos 7 años. Asimismo entregaron documentos relacionados con siembra de droga a varios ciudadanos y recortes de prensa sobre los 12 informes de la comisión delegada de la Inspectoría General de la Policía, realizados durante la gestión del general Sabas Yánez Rangel y que el gobernador no quiso entregar a los diputados regionales, para que por notitia criminis, se proceda a realizar investigaciones respectivas. (El Impulso, 08.05.08, http://www.elimpulso.com/)
Medios regionales informaron sobre 18 funcionarios policiales detenidos por las averiguaciones. El 09.05.08 un grupo de 50 personas realizaron una manifestación en las inmediaciones de la Catedral de la ciudad solicitando la libertad de los policías presos. La manifestación se trasladó sucesivamente a la Comandancia de Policía, el edificio de la Fiscalía del Ministerio Público, Edificio Nacional, sede nueva de la Gobernación y Edificio Nacional. Sara de Canelón, esposa del agente Dickson Canelón, uno de los detenidos, expuso el estado en el cual los uniformados salen a diario a cumplir con sus labores. Ellos, dijo, se despiden en la mañana sin saber si regresarán porque son los delincuentes quienes tienen todos los derechos. Además indicó que un policía en Lara apenas gana 232 mil bolívares quincenales y los cesta tickets se los entregan muy irregularmente, además carecen de otros beneficios. (El Impulso, 10.05.08, www.elimpulso.com).
El ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, evalúa conformar un comité técnico para intervenir la Policía de Chacao, y aclaró que esto ayudará al organismo a detectar problemas y corregirlos, más no para reprimirlo o cerrarlo. El alto funcionario explicó que la Ley orgánica del servicio de Policía Nacional establece la creación de un Comité Técnico, que tiene el objetivo de asesorar a un cuerpo policial para mejorar su servicio. «Cuando se interviene una policía no es de una manera represiva, ni para cerrarla, es para asistirla. Ese comité técnico es para ayudar. Detectamos el problema, podemos acercarnos a esa policía», dijo. (El Universal, 01.05.08, http://www.eluniversal.com/2008/05/01/pol_art_planean-intervenir-p_01A1548605.shtml). Las declaraciones del funcionario se realizan después de la denuncia acerca de una presunta agresión de Polichacao a un equipo reporteril de Avila TV.
Por otra parte, se denunció en la Asamblea Nacional que un ciudadano, de nombre CARDOZO Aureliano, había fallecido en los calabozos de la Policía de Baruta. La diputada Romelia Matute señaló que inicialmente se había dicho que Cardozo había muerto por un infarto, pero que posteriormente el forense determinó que su fallecimiento se produjo por politraumatismo, hemorragia interna y fractura de varias costillas. (El Universal, 23.04.08, http://archivo.eluniversal.com/2008/04/23/suc_ava_denuncian-en-la-an-a_23A1533853.shtml).
136 internos provenientes de tres centros penitenciarios, Santa Ana (Táchira), Cárcel de Mérida y el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), de la región capital, conforman la Sinfónica Penitenciaria, orquesta a la que se ingresa “sólo teniendo el interés de participar”, como lo expresó el director de Custodia y Rehabilitación del Recluso, Ysmel Serrano. La primera presentación de la orquesta se realizó el pasado 30.04.08 en el Teatro Teresa Carreño.
Serrano indicó que el proyecto de la Orquesta Sinfónica Penitenciaria de Venezuela, nace en octubre del año 2007 y se concreta con la firma del convenio entre el Ejecutivo nacional y la Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela (FESNOJIV); además del apoyo de la Fundación Teatro Teresa Carreño y la ONG “Vía Cultural”.Dijo Ismel Serrano que en el transcurso de este año se incorporarán tres centros a la orquesta, tomando como principio que la cultura está incluida en el plan piloto del nuevo modelo penitenciario. (Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, 03.05.08, http://www.mpprij.gob.ve/spip.php?article5246).
El siguiente reporte en video fue producido por Venezolana de Televisión:
• Diseñar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.
• Procurar que los cuerpos de seguridad que intervengan en la seguridad ciudadana sean de carácter civil y tengan una adecuada formación que parta de y consolide la noción de que su labor se debe a los ciudadanos y no en contra de éstos en procura de seguridad para el Estado.
• Diseñar programas de prevención en comunidades y focalizados en población especialmente vulnerable a la violencia letal.
• Crear un sistema de información acerca de la situación de criminalidad y violencia en el país.
• Aplicar encuestas de victimización que permitan realizar diagnósticos certeros respecto a la situación de la seguridad ciudadana.
ARTÍCULOS
Del 2 al 16 de abril 2008
Boletín electrónico Nº 198
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE ABRIL
04 Asesinato de Martin Luther King (1968)
07 Día Mundial de la Salud
07-14 Semana de la Salud en Las Américas
08 Holocausto Judío de la Segunda Guerra Mundial
11 Golpe de Estado contra presidente Hugo Chávez Frías (2002)
13 Día de la Movilización Nacional
14 Día del Panamericano
19 Celebración de la Declaración de Independencia de Venezuela (1810)
19 Día Panamericano del Indio
22 Día Mundial de la Tierra
23 Día Internacional del Libro y de los Derechos del Autor
24-30 Semana de la Vacunación en Las Américas
28 Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo
29 Día Internacional de los Trabajadores Muertos y Heridos en Accidentes Laborales
CONTEXTO
La Asamblea Nacional (AN) autorizó el pasado 15.04.08 la designación del actual embajador en México, Roy Chaderton, como nuevo representante del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington. Actualmente el representante de Venezuela ante la OEA es Jorge Valero, cuya designación como nuevo embajador del país ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York también fue autorizada por el Parlamento. Asimismo la AN, de 167 miembros, también autorizó la solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores para designar al ex Defensor del Pueblo Germán Mundaraín como nuevo embajador de Venezuela ante los organismos internacionales de la ONU, con sede en Ginebra, Suiza. (Venezolana de Televisión, 16.04.08, http://www.vtv.gob.ve/detalle.php?id=3210&s=1)
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público el pasado 04.04.08 su Informe Anual correspondiente a 2007. El Presidente de la CIDH, Dr. Paolo Carozza, presentó el jueves ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El informe consta de cuatro capítulos en los cuales se da cuenta de las actividades desarrolladas por la CIDH y sus Relatorías durante 2007 y se ofrece información sobre el procesamiento de peticiones y casos y el otorgamiento de medidas cautelares a lo largo del año. Asimismo, el Capítulo IV contiene secciones especiales sobre la situación de derechos humanos en Colombia, Cuba, Haití y Venezuela, países que la CIDH consideró que merecían especial atención en 2007.
En el capítulo correspondiente a Venezuela se expresa que durante el año 2007 la CIDH dedicó gran parte de sus esfuerzos en intentar materializar una visita al país, voluntad que se ha visto frustrada por la falta de respuesta del Estado en proponer una fecha precisa para la realización de la misma. La Comisión resalta que la actitud del Gobierno de Venezuela contrapone la buena práctica de casi la totalidad de los Estados Miembros de la OEA de facilitar a la CIDH las visitas a sus países.
Durante el 2007 la Comisión continuó recibiendo información sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Entre las cuestiones que principalmente llamaron la atención de la Comisión, se encuentran: i) el creciente número de amenazas y de atentados a la vida e integridad personal; y ii) otros obstáculos en el ejercicio de su labor, específicamente la descalificación pública por parte de funcionarios del Estado, las acusaciones relacionadas con la recepción de fondos del exterior, y las dificultades en el acceso a la información.
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El pasado 07.04.08, en su domicilio en Bruselas, Bélgica, falleció producto de un infarto Janek Kuczkiewicz, conocido defensor de los derechos sindicales a nivel internacional. Kuczkiewicz ejercía como Director de Derechos Humanos y Sindicales en la Confederación Sindical Internacional (CSI), antigua Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL).
Nació en Wilrijk, Bélgica, el 23 de junio de 1956. Se incorporó al movimiento sindical internacional en 1982, entrando a trabajar para el Departamento de Política Social y Económica de la CIOSL, donde sería una figura central del sindicalismo internacional en apoyo al sindicato independiente Solidarnosć en Polonia. También tomó parte activa en la campaña para poner fin al apartheid en Sudáfrica.
Recientemente se desempeñaba, además, como editor en Jefe del Informe Anual sobre las Violaciones de los Derechos Sindicales, el compendio de leyes y prácticas nacionales con mayor reconocimiento mundial, que incluye documentación detallada de casos individuales de represión antisindical incluyendo encarcelamiento, asesinato, tortura y otras formas de gobierno por parte de gobiernos y empleadores sin escrúpulos. Asimismo, se le recuerda porque en cualquier momento y muchas veces en circunstancias difíciles o incluso peligrosas, brindaba solidaridad directa y apoyo a sindicalistas víctimas de amenazas de muerte, represión, violencia o prisión, recientemente en países como Colombia, Guinea, Guatemala, Haití, Corea y Nepal. Infatigable defensor de la democracia y los derechos de los trabajadores/as en Birmania, donde se lo reconoce ampliamente como una fuerza impulsora en el establecimiento y mantenimiento de las presiones internacionales contra la junta militar de aquel país y su recurso sistemático al trabajo forzoso.
Provea desea extender sus palabras de condolencia a sus familiares, sus compañeros y compañeras de trabajo, y a todos los y las sindicalistas y trabajadores que lo conocieron alrededor del mundo. Para mayor información, visitar
El 8 de mayo de 1986 aparecieron en la zona de La Vaca, Yumare, Edo. Yaracuy, los cuerpos sin vida, algunos de ellos mutilados, de 9 personas, entre ellas una mujer con claros signos de haber sido torturada. Los medios de comunicación informaron sobre un presunto “enfrentamiento” entre una comisión de la DISIP con elementos guerrilleros que aún persistían en la lucha armada.
Los cuerpos sin vida de los supuestos guerrilleros fueron expuestos a la opinión pública, portando armas y con un abultado expediente de actividades ilícitas que fueron citados por los voceros del gobierno del presidente Jaime Lusinchi, como pruebas de que efectivamente se trataba de elementos “insurgentes”. Durante el enfrentamiento, argumentaban, fue herido de bala en el abdomen el comisario de la DISIP, Henry López Sisco, celebre cuadro elite de la policía política, de reconocida trayectoria contrainsurgente.
Pero la sorpresa llegó cuando aparecieron 4 sobrevivientes de aquel infierno, con las laceraciones físicas de una frenética fuga. Estos testigos declararon que no eran guerrilleros sino luchadores sociales ligados a un incipiente movimiento conocido como “Corriente Histórica Social”, que renegaban de la lucha armada, que algunos de los muertos (como el caso de Dilia Rojas) ni siquiera estuvieron en el campamento, que fueron llevados hasta ese sector por los infiltrados policiales Roberto y Alirio Rabanales, quienes les habían dado unas armas que fueron modificadas para disparar una sola vez y que con esto se pretendía que durante una eventual huida delatasen sus posiciones.
La declaración de los sobrevivientes desmintió el montaje mediático-judicial que pretendía justificar la policía política, con la excusa de combatir la “subversión izquierdista” que para la fecha había optado por la vía legal. Esta situación irregular se demostró en el juicio posterior, cuando el Teniente Coronel Aviación, Germán Rafael Blasco Acevedo como Canciller del Consejo de Guerra Permanente de Maracay, reveló que una posible “emboscada” en el sitio era absurda debido a que el lugar era plano, sin obstáculo, lo cual hace inviable cualquier tipo de “emboscada”. La efectividad de los tiros en zonas como el tórax y la cabeza, las mutilaciones de algunos de ellos, el hecho de que bajo el uniforme tuvieran ropa de civil o el mal agarre de un arma de guerra demostró a la opinión pública de que se trataba de un hipotético montaje.
Las víctimas de Yumare fueron Rafael Ramón Quevedo Infante, Ronald José Morao Salgado, Nelsón Martín Castellano Díaz, Dilia Antonia Rojas, Luís Rafael Guzmán Green, José Rosendo Silva Medina, Pedro Pablo Jiménez García, Simón José Romero Madriz y Alfredo Caicedo Castillo. Se han repetido en el tiempo como recuerdo de una deuda con la justicia.
Actualmente la Fiscalía pública ha reabierto el caso en vísperas de aclarar la situación y cerrar uno de los capítulos de impunidad de nuestra historia reciente. En 1999 Provea, mediante una acción de amparo constitucional, logró desclasificar el expediente, el cual poseía el status de secreto por parte de la Justicia Militar. El Estado aun mantiene la deuda de realizar una investigación imparcial y transparente que revele las responsabilidades materiales e intelectuales de aquel crimen.
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
El Presidente Chávez, tras el anuncio de la creación de la “Misión 13 de abril”, declaró que la misma comenzará a funcionar el próximo mes de mayo.
Explicó el mandatario nacional que la misión tendrá dos niveles. El primero se encargará de elevar el nivel de vida del ser humano satisfaciendo las necesidades de vivienda, agua potable, energía eléctrica, empleo, alimentación, salud, entre otros servicios. El segundo es la conformación de las comunas. “No hay que esperar llegar a cien, que es el nivel óptimo para comenzar la segunda etapa, que es la comuna”. En su opinión a las comunidades que estén por encima de sesenta en el primer nivel, se les puede ir dando los lineamientos para la planificación y desarrollo de las comunas socialistas. En palabras del presidente las comunas son el futuro y espera que para el 2030, cuando se cumplan los doscientos años de la muerte del Libertador Simón Bolívar, esté completamente vivo “el Lázaro colectivo (…), y ese Lázaro colectivo es la Venezuela socialista”. (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, 15.04.08, http://www.minci.gov.ve/noticias_-_prensa/28/176711/presidente_chez_lanzarmision.html)
El pasado 01.04.08, como fue anunciado por los representantes del Sindicato Único de Trabajadores Siderúrgicos y sus Similares se dio inicio al referendo consultivo para los más de 4.000 trabajadores de Ternium Sidor que están protegidos por la convención colectiva que hasta los momentos tiene más de 13 meses en discusión. Juan Marín, dirigente sindical de Sutiss y coordinador de esta actividad electoral, subrayó que la misma tiene como finalidad recoger la información de los trabajadores siderúrgicos sobre si éstos aceptan la propuesta económica y social de la empresa o si están en desacuerdo que sigan las negociaciones entre el sindicato y la empresa Ternium Sidor. (Nueva Prensa de Guayana. 02.04.08). El acto de votación debía contestar dos preguntas, las cuales eran: 1- ¿Está usted de acuerdo con la propuesta económica y social hecha por la empresa ternium SIDOR?, y 2- ¿Está usted de acuerdo qué el sindicato SUTISS continúe discutiendo con la empresa la Convención Colectiva? (Aporrea. 01.04.08, http://www.aporrea.org/endogeno/n111735.html). Tras realizar el conteo de los votos, los sidoristas decidieron rechazar la propuesta patronal con un total de 3.338 votos en contra y sólo 65 a favor en la primera pregunta. Sobre la interrogante si deseaban que Sutiss continuara las negociaciones, hubo 3.195 sufragios por el SI y 97 por el NO. (Aporrea, 03.04.08, http://www.aporrea.org/actualidad/n111880.html)
En la tarde del 04.04.08 los sindicalistas decidieron paralizar la empresa por un lapso de 8 horas. 100 miembros del sindicato llegarían a Ciudad Bolívar y tratarían de entrevistarse con el presidente Chávez, quien asistía a un acto de la Universidad Bolivariana de Venezuela. (Ultimas Noticias, 05.04.08, Pág. 24). Se informó que la Guardia Nacional no permitió el paso de la representación gremial, sin embargo, lograron entregarle un informe al ministro de la Presidencia Jesse Chacón, quien prometió entregárselo al primer mandatario. (Ultimas Noticias, 06.04.08, Pág. 24)
En contacto telefónico con un programa del canal estatal VTV, el presidente Chávez anunció que tomaría medidas frente a la tercerización de los trabajadores de la industria siderúrgica. Asimismo, dio a conocer que se llevaría a cabo una reunión entre el vicepresidente, Ramón Carrizales, con el secretario del Sindicato Único de Trabajadores Siderúrgicos, para tratar el tema. (Ultimas Noticias, 07.04.08, Pág. 12). Para el dirigente de Sutiss, Jose “Acarigua” Rodríguez, la orden de reanudar la discusión dada por el presidente anulaba la intención de la patronal de realizar un referendo sobre su oferta laboral. (El Nacional, 08.04.08, E/4). Asimismo, agregó «creemos que, además de salir de este contrato colectivo, se debe revisar que la siderúrgica pase a manos venezolanas como debe ser, ya está bueno de tanta explotación». Alegó que no sólo están defendiendo un aumento de salario, sino la incorporación como personal fijo a unos 600 contratistas. En este sentido hay que recordar que Sidor es controlada desde 1997 por el grupo argentinoitaliano Techint, con 60%, el Estado tiene 20% y los trabajadores 20%. (Ultimas Noticias, 08.04.08, Pág. 20)
La petición del líder gremial encontró eco. El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, decidió en la madrugada del 09.04.08 que el Gobierno Nacional asumirá el control de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor). Así lo anunció el vicepresidente de la República, Ramón Carrizales, en rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores. (Agencia Bolivariana de Noticias, 09.04.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=127881&lee=4)
Un delegado del Sindicato Unificado de Trabajadores del estado Bolívar (Sutrabolívar), identificado como MARTINEZ, Rafael Celestino (51), murió el 08.04.08 tras recibir dos impactos de bala en el rostro de manos de un sujeto que sin mediar palabras le segó la vida. Martínez, quien llevaba más de veinte años como trabajador de la construcción, fue testigo el 18.06.07 del homicidio de Héctor Loreto, otro trabajador adscrito a este sindicato. Tras resultar herido, denunció el hecho ante los cuerpos de seguridad, por lo que funcionarios del Cicpc no descartan que el móvil sea la venganza personal. (El Universal. 09.04.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/04/09/sucgc_art_asesinan-a-sindicali_797488.shtml).
En otro suceso, ACAGUA Alexander Javier (36) fue asesinado el 06.04.08 en el estacionamiento de la Torre Balear, ubicada en Alta Vista Norte, Ciudad Guayana. Acagua se desempeñaba como obrero del sector construcción, lo que hace presumir que su crimen esté relacionado a la violencia por la obtención de puestos laborales que ha cobrado la vida de 5 personas en Bolívar durante el 2008. (Nueva Prensa de Guayana, 08.04.08, http://www.nuevaprensa.com.ve)
El miércoles (09.04.08) se trasladó a las oficinas de Provea el sindicalista de Hidrocapital, Armando Guerra, para denunciar su despido presuntamente por desarrollar actividades gremiales dentro de la institución.
El conflicto con la empresa se inicia cuando Guerra empezó a reclamar el no reconocimiento de las 8 horas laborales, así como el desconocimiento del pago del sobretiempo y las horas extras por parte de la empresa. Así mismo, sus denuncias acerca del salario de 20 BsF. diarios recibidos por cada empleado, muy por debajo del estipulado para otros trabajadores de instituciones públicas.
Estos reclamos aunados por una pujante deserción de los trabajadores dentro de la empresa y el desconocimiento de la organización sindical, llevo Armando Guerra a convocar una asamblea de trabajadores por el correo de la empresa, lo cual fue usada por excusa por la empresa para su despido, violando de esta manera su fuero sindical, contraviniendo con el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.
El pasado 16.04.08 Edis Urbaez Marcano, de 58 años, realizó una denuncia en Provea acerca de la ausencia de indemnización de sus patrones ante una enfermedad contraída en su puesto de trabajo.
Marcano, ex-trabajadora de la empresa SIDOR durante 28 años, inició sus labores en el año 1979 como obrera y como lubricadora de equipos. Durante su estancia trabajo con muchos químicos, usados para la fabricación del hierro. Según comentó, sus problemas respiratorios se iniciaron después de comenzar a trabajar en la empresa siderúrgica. Debido a ello, asistió varias veces a los médicos de la empresa los cuales determinaron que no tenía ninguna enfermedad respiratoria. Al poco tiempo debido le diagnosticaron un Asma Convulsionar por Cromos con pseudomonas que no son originarias de Venezuela sino de Japón.
Debido a esto salio de reposo con la suspensión de 6 meses, siendo llamada tiempo después con una oferta de jubilación especial que consistía en que SIDOR le cancelaba 70 millones de bolívares si firmaba una caución en la inspectoria del trabajo alegando que no salio enferma de él o que se conformara con 20 millones de Bolívares por los 28 años que laboró en la empresa.
Producto de esto la Sra. Urbaez Marcano ha comenzado una querella judicial en contra de la compañía por indemnización de daño moral, debido a que no se calcularon el ultimo salario devengado, no incluyeron indemnización por la enfermedad ocupacional que padece y el hecho de que se le calculara con 28 años de servicio un 77% de la jubilación.
El 08.04.08, en las instalaciones de la Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) comenzó la toma de más de 300 trabajadores, en la construcción de la nueva cárcel de Coro, en el sector San Agustín de la capital falconiana. Entre los protestantes estaban 180 trabajadores activos y unos 120 despedidos que prestaban servicios como albañiles, maestros de obra, obreros, entre otros.
La deuda con los 59 despedidos es de más 300 mil bolívares fuertes, por concepto de diferencia salarial, por parte de la empresa Insolux & Segema, consorcio español, encargado de edificar este recinto carcelario modelo en el país. A la toma de las instalaciones se sumaron, 14 trabajadores que han quedado incapacitados durante las faenas de trabajo. Los afectados exigen a la empresa indemnizaciones sin hasta ahora recibir respuestas.
Los manifestantes dijeron que la única manera de suspender la huelga es que se les paguen todas las acreencias laborales pendientes. Para ello el miércoles (09.04.08) se conformó una comisión tripartita, integrada por los trabajadores, Roberto Canela como delegado del Ministerio de Justicia y del consorcio Insolux & Segema.
La CPC tiene una construcción de 45.000 mts.² en un terreno que abarca 17.000 hectáreas, y una zona de seguridad alrededor que abarca una hectárea más, para evitar que comunidades se aposten cerca del centro de reclusión. La primera fase de esta obra, cuya inversión es de 60 millones de dólares será inaugurada el próximo mes de noviembre. El resto estará listo en febrero del 2007.
La empresa encargada de la construcción de la CPC es la empresa española Insolux & Segema, la cual ha erigido 18 macrocárceles como esta en España. La compañía obtuvo el beneplácito del gobierno ha través de un proceso de licitación internacional, que no fue sometido a los controles que existen en la licitación tradicional.
Esta megaconstruccion ha sido objeto de críticas y airados comentarios por parte de grupos que trabajan en el tema de prisiones como la Asociación Venezolana de Penitenciaristas y la Cruz Negra Anarquista de Venezuela. Debido a que solo agrava más el conflicto penitenciario, según su lógica abolicionista, más cárceles no solucionaran el problema sino que lo agravaran.
Critican el hecho de que la estructura del plantel, el plan de educación, reinserción y trabajo solo ayuda a mantener las mafias penitenciarias, en el caso de la Asociación de Penitenciaritas auguran un colapso total del sistema de tuberías o el hecho de que la estructura no esta acondicionada para resistir las altas temperaturas que se producen en esta región venezolana. (El Universal, 08.04.08, http://www.eluniversal.com/2008/04/08/sucgc_art_tomada-edificacion-d_796576.shtml)
En una entrevista difundida por el Ministerio del Poder Popular de Comunicación e Información, Iván Paravisini, director Médico de la Maternidad Concepción Palacios, desmintió la versión que aseguró en días pasados el fallecimiento de neonatos en el centro hospitalario (Derechos Humanos y Coyuntura 197, http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2008/coyuntura_197.html#16): “Lo importante que hay que resaltar aquí, más allá de la verdad o la mentira, porque de hecho fue una mentira lo que se publicitó por algunos medios, es que el personal de salud trabaja en pro de la vida, no en pro de la muerte (…) En la maternidad no podemos decir mortalidad cero ni en las mejores circunstancias (…) Aquí mueren niños todos los días, no vamos a negarlo, porque nacen con complicaciones. De hecho, unos de los que se publicitaron nacieron con una malformación congénita. No se qué motivó a estas personas a utilizar una información, relativamente cotidiana, de la maternidad para hacer daño a la institución, porque la misma población que durante 70 años ha confiado en esta maternidad, ahora le tiene un temor infundado porque no fue una epidemia, no fue una bacteria. No tenemos ningún inconveniente en decir cuál es el índice de mortalidad, la cual se ubica en 21 por mil nacidos vivos, la bajamos a la mitad cuando nosotros llegamos a esta gestión (hace tres años), cuando era de 48 recién nacidos por cada mil que nacían. Esos son avances importantes, no tenemos deficiencias en cuanto al material quirúrgico ni medicamentos, hemos remodelado algunas áreas y tenemos nuevos equipos”.
Al ser preguntado sobre la presunta falta de neonatólogos en la institución respondió: “Hay una deficiencia de médicos y de personal de salud. No lo estamos negando, pero específicamente de los dos que nacieron vivos y luego fallecieron, tuvieron asistencia durante su proceso de muerte, y eso es importante que una persona sea niño o adulto sea asistido en su proceso de muerte. No estuvieron abandonados en un rincón por falta de médicos, por eso se decidió trasladar a unos niños a otros centros, pero ellos dijeron que éstos también habían muerto”, declaró el funcionario a los medios de comunicación. (Minci, 04.04.08, http://www.minci.gob.ve/entrevistas/3/176422/en_la_maternidad.html)
De acuerdo con las estimaciones de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría sólo 1,5% del presupuesto de salud se destina para atender al área de salud mental. «Anteriormente era 0,15%. Y ahora, aunque aumentó sustancialmente esta cifra, aún es crítica», manifestó el presidente de la Asociación Nacional de psiquiatría, Néstor Massía. «Lo que fue asignado es insuficiente».
Esta afirmación cobra mayor importancia si se toma en cuenta que al menos 30% o 40% de los venezolanos sufren alguna clase de enfermedad mental. Las estimaciones se realizan tomando una media basada en los cálculos internacionales, porque según Alonso Hernández, miembro de la asociación, nunca se ha hecho un estudio confiable sobre cuál es la situación en el país. La realidad indica que son cientos las personas que mensualmente no pueden recibir el tratamiento adecuado, por no tener la infraestructura que los atienda o los albergue.
Especialistas en la materia afirman que se encuentra en discusión un anteproyecto de ley de la defensa del enfermo mental. Sin embargo, ha sido postergada hasta que a través de la Ley Habilitante, se decrete la ley orgánica de salud. «Es cierto que el Ministerio de Salud hizo un borrador de ley de salud mental, pero no se tomaba en cuenta el punto de vista del psiquiatra. Nosotros hablamos con Lionel Múñoz, representante de esa instancia gubernamental para el sector de la salud mental. Nos reunimos con él y le hicimos ver la necesidad de ampliar esta legislación. Se hizo una asamblea entre especialistas, estuvimos meses discutiendo, se organizaron equipos y, al final, elaboramos una modificación del proyecto y lo presentamos como una opción. Muñoz participó en la asamblea y quedó en enviarlo a la Vicepresidencia de la República. Esto fue en octubre, y lo último que supimos es que estaba en la Procuraduría General de la República» explicó Massía.
Entre los puntos más resaltantes de este anteproyecto está el de la importancia de que el Ministerio de Salud continúe siendo el órgano rector de la salud mental; pero siempre trabajando de manera descentralizada, haciendo énfasis en el municipio y en la comunidad. Otro de los aspectos tratados es el de la obligación de los seguros de reconocer las enfermedades mentales dentro de sus contratos. (El Nacional, 08.04.08, S/3)
Durante una reunión que sostuvo el ministro del Poder Popular para la Salud, Jesús Mantilla, con los miembros de la comisión mixta de la Asamblea Nacional (AN) que lucha contra las especulación, el acaparamiento y la especulación, se concluyó que en Venezuela no existe desabastecimiento de medicinas, sino escasez puntual de algunos productos. Mantilla explicó que la red de farmacias abarca unas cinco mil 400 empresas y el propósito del Ministerio es repotenciar su funcionamiento para que trabajen junto con la red de atención primaria y Barrio Adentro. “Estamos fortaleciendo la producción nacional e importando aquellos productos que se fabrican fuera del país, para garantizar la colocación en las farmacias”, indicó.
El funcionario aseguró que, hasta el momento, la distribución ha sido normal. Y añadió que el Ministerio del Poder Popular para la Salud tiene como objetivo integrar todos los sectores farmacéuticos. (Agencia Bolivariana de Noticias, 09.04.08)
Profesores del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) de la UCV mostraron su rechazo a la aprobación, mediante la Habilitante, del proyecto decreto Ley de Salud que busca la creación de un Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), por considerar que se caracterizará por «su autoritarismo, burocratización y centralización».
Entre las razones expuestas se encuentra la exclusión tanto del Ministerio de Salud como del programa Barrio Adentro, lo que implica que ambas instancias no se tomarán en cuenta en la elaboración del SPNS. Advierten que el decreto menciona las cuatro instancias comprendidas por Barrio Adentro (consultorios populares, ambulatorios, hospitales y hospitales superespecializados), pero no a la misión en sí, lo que se presta a suspicacias. «Desde la perspectiva gubernamental, el sistema de salud se encuentra en funcionamiento. Pero el Gobierno ni menciona al Ministerio de Salud, ni menciona a Barrio Adentro. Pareciera que vamos camino a una institucionalidad diferente», alertó el profesor Absalón Méndez. Por otra parte, los expertos del Cendes rechazaron el carácter «centralista» del proyecto de decreto Ley, que termina de abolir, según alegan, la descentralización del sistema de salud del país. (Tal Cual, 16.04.08, Pág. 5).
Por otra parte, el diputado Rafael Ángel Ríos, presidente de la Subcomisión de Seguridad Social, Programas y Políticas Sociales de la Asamblea nacional sobre la Ley de Salud y del Sistema Nacional de Salud, indica que lo se plantea es crear “un sistema donde exista una interrelación de políticas desde el nivel central que pasen por el estadal, municipal, parroquial, niveles que se articularán a través de una política de salud nacional que tome en cuenta cada zona o región sanitaria, con la finalidad de atender la morbilidad que cada región tenga como problema”. “Es una ley –expresa- que se ajusta a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con alto sentido de solidaridad, corresponsabilidad e interdependencia. Todos debemos estar involucrados en el sistema con una visión de nación y no con la visión fragmentada, de autonomías y parcelas con la que se manejaban antes las políticas de salud”.
Una vez aprobada la ley por el Ejecutivo Nacional y publicada en la Gaceta Oficial se iniciará un período de transición durante el cual los estados transferirán al Ministerio de Salud y Desarrollo Social o al Instituto Nacional de Salud, -está por definirse la competencia-, la infraestructura, equipos, recursos humanos, para reordenar los recursos existentes en el sector salud y ponerlos a la orden de los ciudadanos. (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, 14.04.08, http://www.minci.gov.ve/entrevistas/3/5878/la_ley_de.html).
Provea no ha logrado obtener una versión del proyecto de Decreto Ley. En tanto lo obtenga, Provea fijará su opinión sobre la propuesta.
El Ministerio de Vivienda y Hábitat (Minvih) clausuró el 03.04.08 el refugio Simón Rodríguez, ubicado en el municipio Libertador, donde habitaban 11 familias en condiciones precarias, quienes fueron trasladadas a viviendas dignas totalmente amobladas en los desarrollos habitacionales Ciudad Miranda, Terrazas del Alba y Villa de San Antonio, en Nueva Esparta.
El director de Atención al Ciudadano del Ministerio de Vivienda y Hábitat, Román Montilla, mencionó que este refugio será utilizado para instalar un Mercal y jornadas médicas, entre otras actividades sociales, en el marco de los programas que adelanta el Gobierno para garantizarle a las comunidades alimentación, salud, educación, seguridad y viviendas dignas. Montilla afirmó que en este año se han reubicado aproximadamente 100 familias que residían en los refugios La Dignidad, Casa Popular, Fuerte Guaicaipuro, Los Teques y El Semai. (Ultimas Noticias, 04.04.08, Pág. 4)
Provea había recibido diferentes denuncias, durante el año 2007, de las familias habitantes del mencionado refugio acerca de las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las que se encontraban. Provea corroboró esas denuncias, las cuales fueron registradas en el Capítulo acerca de la Vivienda Digna en el Informe Anual 2007 sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela. (Provea, 05.04.08, https://provea.org/publicaciones/informes-anuales/informe-anual-octubre-2006-septiembre-2007/). Por esta razón, Provea considera positiva la medida siempre y cuando a las familias residentes en el refugio hayan sido convenientemente reubicadas en viviendas dignas adjudicadas y con la titularidad de la misma.
Entre banderas y pancartas, miembros de la Fundación Comité Nacional de Los Sin Techo, acompañados por centenares de personas, visitaron el 07.04.08 la Torre de La Prensa para protestar contra las medidas de desalojo que se han efectuado en los inmuebles, al considerar que las mismas violentan los derechos humanos, contemplados en las leyes internacionales y en la Carta Magna.
En este sentido, Máximo Fernández y Elvis Rivas, representantes del Manifiesto Popular y de la Juventud Patriótica Socialista, respectivamente, informaron que acudirían a la Comisión de Hábitat y Vivienda de la Asamblea Nacional (AN) para solicitar la reforma de los artículos 471 y 472 del Código Orgánico Procesal (Coop) porque, según ellos, éstos atentan contra los derechos humanos contemplados en la Carta Magna. «Rechazamos la sanción de 5 años de prisión a quienes ocupen un edificio desocupado. Somos ocupantes y ejercemos el derecho a la tenencia porque la propiedad se forma con la posesión y el Art. 176 del Código Civil nos respalda y pediremos una acción de amparo al TSJ. Quienes nos califican de invasores nos exponen al escarnio público. Queremos que la ciudadanía conozca el otro lado de la moneda, para ello debemos dar a conocer nuestros 8.036 proyectos ejecutados. También denunciamos los desalojos porque además de ser arbitrarios en uno de ellos desapareció un menor de edad». (Ultimas Noticias, 08.04.08, Pág. 12)
La Misión Negra Hipólita inició un nuevo proceso de abordaje diario de las personas que se encuentran en situación de calle en Caracas. La titular del Ministerio de Participación y Protección Social, Érika Farías, explicó que el objetivo es «ofrecerles atención integral a las personas que están en estado de indigencia para que se permita su reinserción a la familia y la sociedad». «De acuerdo con el censo que adelanta este organismo con el Instituto Nacional de Estadística en el Área Metropolitana de Caracas se encuentran de mil a mil 500 personas en situación de calle».
Farías también afirmó que el abordaje diurno y nocturno forma parte de la primera fase de atención de las personas en situación de calle, y se lleva a cabo con el Plan Caracas Segura que desarrolla el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia (MIJ). «En la segunda fase de atención se realizan análisis médicos y psicológicos que permiten avanzar hacia la tercera etapa de atención, que también incluye la incorporación a la Misión José Gregorio Hernández y a los programas de recreación y capacitación socioproductiva», comentó la titular del Ministerio.
Este ministerio también coordina diversos planes con otros entes ministeriales, tales como los de la Vivienda y Hábitat, Cultura y la Misión Barrio Adentro. (El Universal, 13.04.08, http://buscador.eluniversal.com/2008/04/13/ccs_art_relanzan-operativos_809626.shtml)
El Banco Central de Venezuela (BCV) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), continuando con el plan de divulgación previsto para el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), presentaron los resultados del indicador, desagregados por ciudades, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2008.
El INPC registró en el primer trimestre del año un comportamiento desacelerado, con variaciones intermensuales de 3,1% en enero, 2,1% en febrero y 1,7% en marzo, lo que origina una variación acumulada de 7,1% para este período. Al analizar los resultados del INPC por ciudades, se aprecia que 6 de las 10 localidades más importantes del país, y que son monitoreadas en este programa, mostraron un comportamiento desacelerado, a saber: Ciudad Guayana, Barcelona–Puerto La Cruz, Valencia, Barquisimeto, Maturín y San Cristóbal, así como el conjunto que agrupa a los centro poblados medianos, pequeños y rurales (resto nacional). En Maracaibo, Maracay y Mérida, luego de un mayor crecimiento en febrero, se observó una desaceleración en marzo. Caracas, por su parte, mostró la misma variación en los 2 últimos meses del trimestre, luego de haber desacelerado en febrero. (Banco Central de Venezuela, 11.04.08, http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=6747&Operacion=2&Sec=False)
Por su parte los datos recopilados por el Centro de Documentación para los Trabajadores (Cenda) estiman que la canasta alimentaria tuvo un costo para el mes de marzo de 1.220 bolívares fuertes. Este valor representa un incremento de 0,8% con respecto al costo registrado en febrero.
Las alzas de precios más significativas se centraron en cereales y productos derivados (13,2%), pescados (6,9%), y frutas y hortalizas (5,9%). Productos de alto consumo en la dieta del venezolano como harina, pastas, arroz y pan aumentaron entre 6% y 20%. Según el Cenda el precio de la avena se duplicó porque no se consigue. En el caso del pescado su incremento se debe al alza del consumo durante la Semana Santa.
Entre los productos que bajaron sus precios destaca el azúcar (16%), productos alimenticios como el vinagre y la salsa de tomate (7,4%). El rubro de las grasas y aceites bajó 5,9%, mientras que las oleaginosas registraron una disminución de 5,3%. El grupo de leche, queso y huevos bajó 5,1%, y las raíces y tubérculos disminuyeron 4,8% y la carne 1,8%. Se estima que el salario mínimo sólo alcanza para comprar el 50,4% de la canasta. (El Universal, 05.04.08, http://buscador.eluniversal.com/2008/04/05/eco_art_canasta-alimentaria_791586.shtml)
• Garantizar recursos para el funcionamiento del Sistema Público de Asistencia a la Salud, que permita la dotación y mantenimiento de equipos, insumos médico quirúrgico y básicos de atención al paciente de manera permanente. Aumentar la inversión pública en salud para llegar progresivamente a no menos del 5% del PIB, según lo establece la Organización Mundial de la Salud.
• Aprobar y promulgar una nueva ley de salud acorde con los parámetros establecidos en la CRBV con participación de los sectores involucrados y particularmente de los Comités de Salud.
• Integrar el presupuesto destinado a la Misión Barrio Adentro al presupuesto del
MinSalud con el fin de asegurar la continuidad del plan y solventar la fragmentación del sistema público de asistencia a la salud.
• Acentuar los esfuerzos para lograr la integración normativa, programática y territorial entre el sistema sanitario público y los centros de salud de la Misión Barrio Adentro, principalmente entre los consultorios populares (provisionales y módulos) de la primera etapa de BA, los nuevos centros de diagnóstico y rehabilitación de la segunda etapa; y los ambulatorios y hospitales públicos.
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
La Red de Apoyo manifiesta su beneplácito ante la reciente promulgación de la legislación que regulará el tema policial en Venezuela. Dicha legislación, no hubiese sido posible sin el trabajo profundo y sistemático de muchísimas personas y grupos sociales que sumaron esfuerzos por décadas en la defensa de los derechos humanos y contra el abuso policial; acciones que reflejaron su mejor resultado en el trabajo producido en 2006 por la extinta Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL), instancia de la que formamos parte a través de nuestra representante, la licenciada Soraya Achkar.
Si bien la legislación aprobada no recoge la totalidad de los elementos aportados o propuestos por CONAREPOL, se reflejan en ella los aspectos más importantes y necesarios para iniciar el cambio sustancial que precisan los cuerpos policiales en el país.
Destacan entre esos aspectos claves positivos: el pleno carácter civil y profesional del servicio de policía; los principios generales del servicio de policía (celeridad, información, eficiencia, cooperación, respeto a los derechos humanos, universalidad, igualdad, imparcialidad, actuación profesional y participación ciudadana); la conformación de un sistema integrado de policía; el reconocimiento de las normas básicas de actuación policial (en concordancia con los lineamientos internacionales que rigen la materia); la incorporación de la contraloría social sobre la labor policial; la definición de criterios de formación, ascenso y actuación policial que acaben con la discrecionalidad existente en estos aspectos; la definición clara de competencias y atribuciones compartidas o específicas por tipo de cuerpo policial; la definición de criterios pertinentes para la designación de directores de policía; la obligación de crear en cada policía instancias de atención a la víctima; la definición de un servicio de policía comunal (que en ningún caso se entiende como delegación de funciones policiales propias del Estado a las comunidades), la incorporación del principio de obediencia “legítima” eliminando la obediencia “debida” ante los superiores jerárquicos; la creación de la figura de “asistencia técnica; la creación de la Defensoría Delegada para asuntos policiales; la liquidación de la Policía Metropolitana de Caracas.
Algunos aspectos que no quedaron reflejados en la ley fueron la asignación de un carácter vinculante a las decisiones del Consejo de Policía, lo cual lo reduce a un órgano meramente consultivo y no formulador de políticas, concentrando una alta cuota de poder en el órgano rector; el no reconocimiento del derecho a la sindicalización policial – derecho ya garantizado a policías en otros países del mundo- y la creación de una instancia de defensoría de los derechos de las y los policías.
La posibilidad de éxito en la aplicación de esta nueva legislación está directamente vinculada a la difusión amplia de esta ley entre la población y la elaboración oportuna del Estatuto de la Función Policial, los estándares para el correcto servicio policial y la creación de la universidad para temas de seguridad, en los lapsos que la propia ley define.
La Red de Apoyo exhorta a los órganos competentes del Estado a sumar nuevamente esfuerzos con las organizaciones sociales, académicas y de derechos humanos, abriendo espacios a la participación para avanzar en la definición y concreción de esos tres aspectos antes mencionados.
Caracas, 11 de abril de 2008
Según el monitoreo realizado por el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), para el año 2007 se registraron 13.156 delitos de homicidio a nivel nacional, 899 delitos más que los ocurridos durante el año anterior, lo que supone un incremento del 7,6%. La cifra del 2007 representa la más alta cantidad de homicidios ocurridos en Venezuela en las últimas dos décadas, lo que sugiere que 36 personas y media fallecieron por este tipo de delito diariamente en el país, a razón de persona y media por hora.
Los datos recopilados por el Centro por la Paz, obtenidos de fuentes oficiales y excluyendo las muertes ocurridas en enfrentamientos con funcinarios policiales, indican que después de Caracas (130), Vargas es la segunda entidad federal con la tasa más alta de homicidios por 100 mil habitantes (80). La siguen Carabobo (62), y Aragua, Anzoátegui, Bolívar y Miranda empatadas en el cuarto lugar (49). Delta Amacuro, por su parte, mostró la cifra más baja en todo el territorio nacional (17). La reducción más importante ocurrió en el estado Portuguesa, al reducir su tasa 18,4% con respecto al año anterior.
En el municipio Libertador San Agustín es la parroquia que presenta la tasa más alta de homicidios por 100 mil habitantes (131), seguida por Coche (126), Macarao (119) y el 23 de Enero (113). La cifra menor la presentó la Parroquia Candelaria (13). En el caso de San Agustín, casi triplicó la cifra presentada en el año 2006 (58), aunque mostró un número menor que su record histórico, presentado en el año 2002 (140).
En el porcentaje nacional de delitos totales, para el año 2007 los delitos contra la propiedad representaron el 54.3% del total, una proporción que aumenta para el Area Metropolitana de Caracas cuando sumaron un 63.3%.
El pasado 14.02.08 los medios de prensa regionales informaron que dos adolescentes habían sido abatidos tras enfrentarse a las autoridades policiales, después de robar una motocicleta y colisionar con otro vehículo. La versión fue difundida por el comandante de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Lara (FAP), Cnel. (GN) Octavio Chacón Guzmán, en rueda de prensa. Las víctimas respondían a los nombres VARGAS Esteban Javier (17) y GUEVARA Pedro Daniel (16).
Familiares de Esteban Javier han desmentido la versión de enfrentamiento: “rechazamos rotundamente las hipótesis en las cuales hacen ver a Esteban como un delincuente juvenil, ya que jamás tuvo antecedentes penales de ninguna índole”. El joven estaba culminando el primer semestre de Seguridad Industrial en el Instituto tecnológico Antonio José de Sucre.
Según la versión de los familiares, diversas irregularidades han ocurrido en el procedimiento judicial:
- Esteban presentó cinco impactos de bala en la espalda, contradiciendo la versión de “enfrentamiento”
- El cuerpo de Pedro Daniel, el otro adolescente, fallece en el sitio, pero su cuerpo es trasladado al hospital antes de que el CICPC realizara las experticias.
- Ni en el lugar de los acontecimientos ni por donde se produjo la supuesta persecución, fueron hallados cartuchos de balas ni nada que pudiera señalar que se trataba de un enfrentamiento
- Según declaraciones de un funcionario del CICPC no se habían encontrado armas de fuego en el lugar, pero después, en la rueda de prensa, aparecen unas señaladas como las que portaban los adolescentes.
- Las pertenencias del joven Esteban fueron entregadas a una persona llamada “Lorena Rangel”, la cual no es conocida por los familiares de la víctima.
- Los funcionarios policiales impidieron a los familiares tomar el número de placa del vehículo contra el que había colisionado la motocicleta con los dos adolescentes.
Los familiares de Esteban Javier se han incorporado al Comité de Víctimas contra la Impunidad, la cual ha asumido el caso y según un documento entregado a Provea “esta realizando la denuncia, ya que su testimonio es una muestra más de los mecanismos de impunidad que invariablemente son utilizados cuando ocurre un hecho delictivo donde participen funcionarios policiales; quienes no sólo asesinan impunemente, sino que gozan de todas las garantías para que estos delitos no puedan ser investigados ni condenados”.
Carlos Alberto Nieto Palma, Coordinador General de la Organización No Gubernamental informo que los conflictos que se viven actualmente en diversas cárceles del pais es consecuencia del incumplimiento al acuerdo suscrito hace mas de un mes entre los reclusos que participaron de aquella huelga y miembros del Estado Venezolano. Entre otros compromisos acordados se encontraba el trabajar en la eliminación del retardo procesal, el otorgamiento de medidas sustitutivas a la prisión y la nulidad de la reforma hecha al Código Penal en el año 2005 donde la Asamblea Nacional, en una reforma totalmente violatoria a los principios fundamentales de los derechos humanos, prohibió el otorgamiento de medidas sustitutivas a la prisión en varios delitos.
Nieto Palma informó que se trata de una protesta anunciada, ya que los reclusos habían sido claros al decir que de no cumplir con lo acordado en un mes volverían a la huelga. Para “Una Ventana a la Libertad” el Estado Venezolano debe de manera inmediata dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 272 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela que enuncia los 10 puntos esenciales para darle solución a la grave crisis penitenciaria que desde hace muchos años venimos sufriendo y que son: a) Sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna; b) Respeto a los derechos humanos; c) Espacios para el trabajo, el deporte y la recreación; d) Dirigidas por autoridades profesionales con credenciales académicas suficientes; e) Administración descentralizada a cargo de los gobiernos estadales o municipales; f) Pueden ser sometidas a modalidades de privatización; g) Se preferirá el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias; h) En general se aplicaran las formulas de cumplimiento de pena con preferencia a las penas de naturaleza reclusoria; i) Se crearan las instituciones indispensables para la asistencia pospenitenciaria; y j) Creación de un ente autónomo de carácter técnico para regir las políticas penitenciarias del Estado. (Una Ventana a la Libertad, 15.04.08)
El pasado 16.04.08 la Red de Apoyo por la Paz y la Justicia realizo una acción de calle frente al Ministerio Publico, ubicado en Parque Carabobo en la ciudad de Caracas, para denunciar la práctica de la tortura en el país, aún latente en muchos organismos de seguridad del Estado. Desde enero de 1995 hasta enero de 2008, la Red de Apoyo ha documentado 410 casos de tortura en el todo el país.
“El Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres desde su Núcleo en Lara, como organización autónoma de vigilancia de las obligaciones del Estado en materia de Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres, expresa su Solidaridad y Apoyo a la Periodista Carmen Julia Viloria por las amenazas que ha recibido, contra su integridad personal, al ejercer su Derecho Profesional a ofrecer Información de alto interés para la colectividad social, tanto larense como nacional.
Lo anterior es el caso de los Reportajes publicados sobre Los Informes Ocultos de la Gestión de RODRIGUEZ FIGUERA -antiguo comandante de la policía de la región larense-, los cuales han despertado bajas pasiones en los involucrados directamente en estos hechos, que desnudan el talante de los que dirigen nuestros Cuerpos Policiales en este caso en el Estado Lara.
Denunciamos públicamente que solo el hecho de recibir amenazas ya es una violación de los Derechos Humanos, afectando la integridad emocional y profesional de esta Comunicadora Social. HACEMOS UN LLAMADO A LA DEFENSORIA DEL PUEBLO-LARA PARA QUE SE PRONUNCIE EN ESTA CASO. Ya que con este hecho se están violando no solo los Derechos Humanos de una Mujer Comunicadora Social sino que además se esta violando el Derecho a la Información y por tanto los Derechos Humanos de toda la Colectividad Venezolana y en especial la Larense.. Recordemos que los Derechos Humanos son Integrales y Universales, entre otras características, y por lo tanto no podemos apreciarlos en forma aislada o solamente individual ya que nos pertenecen a todos y todas. Desde el Observatorio hacemos esta Denuncia Pública para que no se sigan cometiendo atentados contra la Dignidad Humana, de ninguna persona pero en especial de ninguna Mujer.
Responsabilizamos al Gobernador y al General Rodríguez Figuera de lo que pueda sucederle a la Lic. Carmen Julia Vilaoria. Somos Una y Todas a la Vez.
Hisvet Fernández Coordinadora Núcleo Lara, 16.04.08”.
En otra información, se conoció que el Tribunal de Control de Barquisimeto, a través del abogado Edwin Antonio Andueza Amaro, juez de control N° 4, acordó otorgar la medida de protección a la periodista de investigación del diario El Impulso, por solicitud del Ministerio Público, ante las amenazas por la publicación de reportajes periodísticos. (El Impulso, 17.04.08, http://www.elimpulso.com)
• Garantizar el diseño, creación y ejecución de un sistema de información que permita establecer diagnósticos certeros respecto a la situación del derecho a la vida a nivel nacional.
• Implementar las recomendaciones elaboradas por la Comisión Nacional para la Reforma Policial con el objetivo de prevenir actuaciones de funcionarios contrarias a la protección del derecho a la vida.
• Adelantar investigaciones, garantizando siempre el debido proceso a los funcionarios en todos aquellos casos de ejecuciones de tal manera que ello permita establecer responsabilidades individuales y colectivas y resarcir el daño material y moral causado a las victimas por la actuación inconstitucional del Estado.
• Garantizar que el Ejecutivo Nacional evalúe y reoriente la actuación de las FAN frente a la ciudadanía, especialmente en las zonas fronterizas del país.
• Implementar de manera efectiva y oportuna las normas de la Ley de protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales en aquellos procesos que se realicen contra funcionarios de los cuerpos armados del Estado.
La década de los años 80 fue una década de masacres en Venezuela. Se inició con los hechos de Cantaura el 04 de octubre de 1982 cuando 23 militantes, del para entonces movimiento armado Bandera Roja, fueron asesinados cuando la mayoría fueron capturados con vida. Posteriormente, el 08 de mayo de 1986, se produjo la masacre de Yumare, donde se asesinó a 9 activistas políticos horas después de ser detenidos por funcionarios de la Disip. Dos años después, el 29 de octubre de 1988, ocurrió la masacre de El Amparo. Militares y policías asesinaron a 14 pescadores a quienes quisieron presentar ante la opinión pública como guerrilleros. Finalmente, la masacre de febrero y marzo de 1989, conocida como el Caracazo en la que más de 400 personas fueron asesinadas por la Fuerza Armada y las policías. En todos los casos el hilo común es el abuso de poder y la impunidad. Todos los responsables materiales e intelectuales quedaron sin condena.
Sin embargo, un hecho importante ocurrió a partir de 2005. Familiares, activistas políticos y el propio gobierno promovieron acciones para que el caso de Yumare se investigara. Años antes Provea había logrado mediante una acción de amparo desclasificar el expediente, considerado secreto por la justicia militar, poniéndolo a la disposición de las investigaciones. En el año 2007 el Ministerio Público imputó a varios de los autores materiales y presuntos autores intelectuales. Entre los imputados se encuentra el ex Disip López Sisco con un amplio prontuario de violaciones a los derechos humanos, y el ex ministro Octavio Lepage.
Todo lo realizado alrededor del caso Yumare ha contado con un amplio respaldo del gobierno, hecho que valoramos positivamente. Sin embargo, las dudas sobre las motivaciones de la justicia afloran al observar una conducta diferente en el caso del Amparo. A pesar de existir un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado a investigar y sancionar a los reponsables materiales e intelectuales de la masacre de El Amparo están vinculados al gobierno. Pareciese, por lo tanto, que prevalece el interés político y no la voluntad de obtener justicia. Los familiares de las personas asesinadas en las dos masacres aspiran justicia. ¿Por qué entonces dar un trato discriminado? ¿Cómo se explica que el gobierno apoye las acciones en el caso Yumare y en el caso de El Amparo desobedezca el mandato de la Corte Interamericana? ¿Cómo entender que se persiga a uno, mientras que a otros se les premie otorgándoles altos cargos en el sector público? ¿Qué explicación pueden dar quienes se proponen designar como director de la policía del Municipio Sucre a Omar Gregorio Márquez, para entonces sub inspector de la Disip, quien participó directamente en la masacre?
Los asesinos de ayer deben pagar sus responsabilidades y no importa si hoy están en el gobierno o en la oposición. Tienen una deuda con la justicia. (Tal Cual, 11.04.08, [email protected])
ARTÍCULOS
Del 15 de marzo al 1 de abril 2008
Boletín electrónico Nº 197
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE ABRIL
04 Asesinato de Martin Luther King (1968)
07 Día Mundial de la Salud
07-14 Semana de la Salud en Las Américas
08 Holocausto Judío de la Segunda Guerra Mundial
11 Golpe de Estado contra presidente Hugo Chávez Frías (2002)
13 Día de la Movilización Nacional
14 Día del Panamericano
19 Celebración de la Declaración de Independencia de Venezuela (1810)
19 Día Panamericano del Indio
22 Día Mundial de la Tierra
23 Día Internacional del Libro y de los Derechos del Autor
24-30 Semana de la Vacunación en Las Américas
28 Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo
29 Día Internacional de los Trabajadores Muertos y Heridos en Accidentes Laborales
CONTEXTO
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Según informaciones del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), 300 mil docentes a nivel nacional se han capacitado en las jornadas de formación del Currículo Bolivariano (CB). Pero a medida que se va extendiendo el conocimiento sobre la nueva educación a impartirse en el país, asimismo se genera el debate sobre la pertinencia de su contenido educativo. Según el docente e investigador de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Tulio Ramirez, “existe una tendencia militarista y no civilista en la propuesta”: “Para el 4to. y 5to. años de bachillerato se privilegian los temas ligados a la seguridad externa e interna y a la formación premilitar. En el área de Ciencias Sociales y Ciudadanía, en vez de formar a los estudiantes en los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, se forman en la pasada militar, orden cerrado, movimiento pie firme, movimiento sobre la marcha». Asimismo, Ramírez señaló: «Se hace apología a los actos de gobierno de manera insistente, a tal punto que pareciera propaganda gubernamental más que un plan de estudios. Los períodos de gobierno anteriores no son nombrados y mucho menos sus obras». (El Universal, 26.03.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/03/26/pol_art_curriculo-bolivaria_770360.shtml)
Por su parte Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri, aseguró que el proyecto tiene un trasfondo político y autoritario, que está separado de los principios de la Unesco y que es preocupante por implementarse desconociendo la participación popular. Estas afirmaciones las realizó en la presentación de un documento, suscrito por diferentes personalidades, en el que se solicitó la designación de una comisión presidencial en la que participen los rectores universitarios, los decanos de las facultades de Educación, así como los consejos comunales, contralores sociales y ONGs para que sus opiniones estén plasmadas en el nuevo programa educativo. (El Nacional, 27.03.08, E/3)
La sugerencia fue escuchada por el ministro de educación Adán Chávez, quién afirmó que estaban abiertos a las sugerencias y propuestas de todos los sectores para mejorar el Currículo Bolivariano. Anunció que está a la disposición del país el correo: [email protected] para recibir las quejas y sugerencias. Acotó que recibieron objeciones de diversos docentes por la expresión «proceso revolucionario» las cuales fueron aceptadas según el funcionario. Sin embargo, hay docentes que han acusado a la reforma educativa como una manera de introducir los cambios que fueron rechazados el pasado 2 de Diciembre: «Si aún el currículo no es definitivo, ¿por qué editan miles de libros con los contenidos?, inquirió un docente, y respondió: Es obvio que no habrá cambios. Tan es así que pese a que la reforma fue rechazada en diciembre, no quitaron aspectos que estaban incluidos como la geometría de poder, los nuevos procesos de producción y el poder comunal», resaltó un docente que asistió a las jornadas en el liceo Pedro Fonte de Montalbán. (El Universal, 28.03.08, http://www.eluniversal.com/2008/03/28/pol_art_adan-chavez-dispuest_775152.shtml).
Otras voces han avalado y reconocido los avances propuestos en el currículo. Elizabeth Campos, Sub-Directora de la Escuela Básica Bolivariana Emergente Gran Colombia, afirmó que “El nuevo diseño curricular permite la oportunidad de que el niño permanezca mayor tiempo dentro de la institución, y por ello se ha disminuido el número de niños en la calle. No trabajamos con lista de útiles escolares, pues es un factor que muchas veces limita al niño a continuar sus estudios”. Por su parte, Jorge Trujillo, maestro 6to grado expresó que “La formación de los alumnos antes era aprender-hacer, lo teórico era diferente a la práctica. Ahora es aprender-haciendo se va trabajando sobre una realidad en el medio ambiente, en la nutrición, entre otros”. (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, 15.01.08, http://www.minci.gov.ve/reportajes/2/173718/diseno_curricular_bolivariano.html)
Provea emiitirá en el transcurso de los próximos días un pronunciamiento en el que analiza la propuesta de cambio curricular desde una perspectiva de derechos humanos.
Si desea descargar la propuesta de curriculum bolivariano, visitar el siguiente enlace:
El pasado 17.03.08 la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) anunció la apertura del Registro Único Nacional de Aspirantes a la Educación Superior, tanto en su página web como en sus oficinas. «El registro es una propuesta de consenso entre todas las autoridades universitarias que nos permitirá medir la demanda real que hay en el país», fueron las palabras de Antonio Castejón, director de la Opsu, para anunciar el lanzamiento del trámite obligatorio para cualquiera que busque entrar a la universidad.
Para facilitar el acceso de cada uno de los interesados, el Centro de Innovación Tecnológica (Cenit) dispuso cinco servidores y otros dos ordenadores especializados en bases de datos para mantener la dirección en Internet en funcionamiento durante las 24 horas del día. La inscripción como aspirante, sin embargo, no estará completa hasta que el aspirante envíe las fotocopias de las notas certificadas de primero a quinto año de educación media y de la cédula de identidad con el certificado de inscripción, que se podrá imprimir después de terminado el proceso en Internet. (Ultimas Noticias, 15.03.08, Pág. 4)
En otra información se conoció que el pasado 06.03.08 en una reunión del Consejo Nacional de Universidades se conformó una Comisión de Reforma Curricular, la cual no ha sido publicada en la Gaceta Oficial, para realizar un cambio en el pensum de los estudios en la educación superior. Algunas de las propuestas a evaluar son que los estudios de pregrado pasen de cinco a cuatro años, con la posibilidad de «salidas intermedias» (o títulos previos a la licenciatura), así como la inclusión de contenidos que impulsen la conciencia cívica y la responsabilidad social, según lo explicó José Ignacio Moreno León, rector de la Universidad Metropolitana y a quien se le hizo la oferta de presidir la comisión. La recién creada comisión tiene como primera tarea entregar en el CNU que se reunirá en abril las ideas preliminares de la reforma. Moreno reconoció que el trabajo será progresivo, pues deberá considerar elementos como los diversos regímenes de las universidades (trimestrales, semestrales y anuales), así como la distribución de los contenidos en créditos y materias. (El Nacional, 16.03.08, E/2)
Para el 25.03.08 se divulgó que más de 65 mil jóvenes se habían registrado en el portal de Opsu. (Ultimas Noticias, 25.03.08, Pág. 8). Por su parte, la Universidad Simón Bolívar (USB) realizó el 29.03.08 sus pruebas internas de admisión a 9.589 jóvenes, a contracorriente de los lineamientos del Ejecutivo Nacional que habían sugerido la eliminación de la misma como mecanismo de ingreso a las casas de educación superior. (Ultimas Noticias, 26.03.08, Pág. 2).
Richard Medina y Adenep Villasmil, quienes se identificaron como voceros regionales de la Red de Escuelas Técnicas Robinsonianas de Falcón, proponen al ministro de Educación, Adán Chávez, que mejore las condiciones laborales de los egresados de las áreas tecnológicas y no graduados en educación, que laboran en esos centros de enseñanza. En ese sentido, recalcaron la importancia de homologar sus sueldos con el salario del profesional de la docencia, con el propósito de fortalecer la educación técnica robinsoniana en todo el país.
Señalaron que «el personal no graduado recibe un trato despectivo, el cual queda en evidencia por escrito en los comprobantes de pago y cuando cobramos. Rechazamos este trato discriminatorio, originado por el vacío legal que existe debido a la aplicación unilateral y errónea del Reglamento del Ejercicio de la Docencia».
Indicaron que durante el derecho de palabra que le otorgó la Asamblea Nacional el pasado 13 de febrero, introdujeron una propuesta de Ley Especial para garantizar la estabilidad laboral. «Solicitamos recibir una clasificación justa, acorde a nuestros años de servicio». (Ultimas Noticias, 15.03.08, Pág. 12)
Tras tomar de nuevo las calles, en la séptima paralización reciente de la mayor siderúrgica del país, los trabajadores de Sidor fueron disueltos por las fuerzas de seguridad con un saldo de 5 heridos, 53 detenidos y 43 vehículos parcialmente destrozados. (Ultimas Noticias, 15.03.08, Pág. 25). Se informó que el Ministerio Público imputó a 53 personas que fueron aprehendidas. En la audiencia de presentación efectuada ante el tribunal 3° de Control del segundo circuito judicial del estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, el fiscal 2° Robert Mujica, imputó a 53 ciudadanos por la presunta comisión del delito de cierre de vías públicas, previsto en el artículo 357 del Código Penal. Asimismo, solicitó al tribunal que se acordaran las medidas cautelares de presentación periódica y la prohibición de salida, sin autorización, de la localidad en la cual residen o del ámbito territorial que fijara el tribunal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal. Durante la audiencia, el juez 3° de Control, Roberto Delgado, admitió la comisión del delito y acordó que se debe continuar la investigación. (El Nacional, 17.03.08, S/12).
El presidente del Sindicato Único de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss), José «Acarigua» Rodríguez, explicó que los empleados salieron a la calle para expresar rechazo a las ofertas salariales presentadas por la transnacional argentina en las negociaciones de la contratación colectiva. Calculó que 180 funcionarios actuaron para disolver la manifestación y despejar la vía que une los municipios Heres y Caroní. Usaron bombas lacrimógenas y perdigones y los empleados denunciaron excesos. «La protesta es por nuestras reivindicaciones salariales, que también son un derecho (…) el derecho a la protesta no puede terminar tras las rejas», manifestó. (El Nacional, 18.03.08, R/11).
Un día después se informó que Sutiss había aceptado la propuesta de la Comisión de Alto Nivel para activar un referendo consultivo sobre la última propuesta económica de la trasnacional Ternium Sidor de casi 45 bolívares fuertes. José «Acarigua» Rodríguez, informó que están dispuestos a realizar esta consulta siempre y cuando se establezca una sola pregunta: ¿está de acuerdo o no con la propuesta económica de Sidor? Piden que de activarse la referida consulta, funcionarios de los Tribunales, Defensoría del Pueblo y hasta el Consejo Nacional Electoral debe estar monitoreando para evitar «fraudes». El secretario general de Sutiss, Nerio Fuentes, ratificó la posición del Comité Ejecutivo sindical de la industria siderúrgica en retomar las mesas de negociación para así acordar las 24 cláusulas económicas que restan por debatir del contrato colectivo de trabajo. (El Nacional, 19.03.06, E/6). Sin embargo, el 25.03.08 voceros del gremio laboral anunciaron nuevas acciones de calle para denunciar “las pésimas condiciones en las que se ha discutido este contrato colectivo». (El Nacional, 25.03.08, A/24). El fallecimiento por infarto del empleado Gilberto Amarez (52) desencadenó que los representantes del Sutiss decidieran una nueva paralización de Sidor por 72 horas. «Acarigua» explicó que Amarez sufrió un paro cardíaco poco antes de las 7:30 de la noche del pasado martes, y asegura que a pesar de que el hombre –que tenía 29 años en la empresa– dijo a los médicos que se sentía muy mal, lo mandaron a trabajar como si nada. Los empleados de Sidor tenían previsto que tomen varias calles de Ciudad Guayana el 27.03.08 (Ultimas Noticias, 27.03.08, Pág. 21).
Luego de los intentos de mediación gubernamental para sellar los acuerdos contractuales en Ternium Sidor y del rechazo sindical a una junta de arbitraje, a fin de dirimir esta controversia laboral, los trabajadores se preparaban a participar en dos consultas por separado, una organizada y convocada desde la Gerencia de la siderúrgica, y otra convenida por Sutiss. En la consulta sindical los trabajadores deberán responder si aceptan la oferta de la empresa o si eligen que Sutiss prosiga con las negociaciones, informó Nerio Fuentes, secretario general de esta organización. (Correo del Caroní, 01.04.08, http://www.correodelcaroni.com/content/view/93497/1/)
De cuatro impactos de bala en distintas partes del cuerpo, fue acribillado el 25.03.08 MARCONI, Elio Jesús (33), en la avenida Principal de Macuto, a la altura de la subida a Galipán, en el estado Vargas. La víctima, quien tenía pocos días como delegado sindical, se desempañaba como obrero de la construcción en el estado costero y mientras se encontraba en la zona macuteña, junto a unos compañeros, realizando mediciones y ultimando detalles para iniciar la construcción de un parque infantil en esa localidad, fue interceptado por tres sujetos desconocidos. Las autoridades no han trascendido el posible móvil del crimen, pero su condición de delegado sindical en el sector construcción presume violencia relacionada a la obtención de puestos de trabajo. (El Universal, 26.03.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/03/26/sucgc_art_acribillan-a-tiros-a_769916.shtml).
El alcalde metropolitano, Juan Barreto, declaró que no respaldaba la construcción de viviendas en los terrenos de la base aérea militar La Carlota, debido a que ocasionaría diversos inconvenientes a los habitantes de Caracas. El funcionario indicó que la construcción de conjuntos residenciales en este espacio congestionará aún más el tránsito en diversos sectores de la ciudad ‘y va a obstaculizar la posibilidad de que La Carlota funcione como aeropuerto en casos de emergencia’. (Agencia Bolivariana de Noticias, 27.03.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=126121&lee=Array[0]).
Según el proyecto a ejecutar el Ministerio de Vivienda y Hábitat, a través de la Fundación Misión Hábitat, 9,4 hectáreas serán destinadas a la construcción de 50 edificios de lo que pasará a llamarse Conjunto Residencial La Carlota, en el cual harán vida 3.100 residentes, a razón de cinco personas por familia. (El Universal, 18.03.08, http://www.eluniversal.com/2008/03/18/ccs_art_50-edificios-planea_761405.shtml).
En 1989, vecinos de Caracas realizaron una protesta alrededor de ese espacio, pidiendo el cese de los vuelos y la transformación de La Carlota en un parque de áreas verdes, de uso recreativo. Esa misma petición se mantiene 19 años más tarde, cuando la construcción de viviendas dentro de esa zona de seguridad ha reactivado la exigencia. (Ultimas Noticias, 27.03.08, Pág. 4). Los vecinos de diferentes urbanizaciones aledañas a La Carlota han realizado diferentes acciones de protesta. Asimismo, en la Sala de Usos Múltiples del Colegio de Ingenieros se realizan reuniones de un grupo de estudiantes de Arquitectura de las universidades Central de Venezuela y Simón Bolívar para realizar una lluvia de ideas sobre el proyecto que se quiere para La Carlota. (Universal. 31.03.08, http://www.eluniversal.com/2008/03/30/ccs_art_realizan-acciones-de_779724.shtml)
Para conocer el sentimiento de los vecinos y vecinas de La Carlota, acerca del proyecto adelantado por el Ministerio de Vivienda y Hábitat, Provea entrevistó a Sandra Carrillo, vocera de la Asociación de Vecinos de Chuao (Asochuao).
¿Por qué la comunidad rechaza el proyecto urbanístico en La Carlota?
Rechazamos los urbanismos en La Carlota por muchas razones: es un proyecto inconsulto con las comunidades violando artículos de la constitución (art.25, 28, 51 y 62); no posee los estudios requeridos de ningún tipo, social, ambiental de servicios públicos, etc. Al modificar ese espacio se viola como bien cultural de la nación, inventariado en el catalogo del Instituto de Patrimonio Nacional (2002) con intervenciones no consultadas ni supervisadas. Por ello rechazamos la licitación para los urbanismos que aun hoy no ha sido publicado su resultado.
¿Cuáles son las propuestas que realizan para la utilización de este espacio?
Nosotros proponemos espacios públicos para todos y todas, un parque verde unido con el Parque de Este. Caracas posee 20 centímetros de espacios públicos y áreas verdes por habitante, en cambio debemos darle de 10 a 15 metros que para los estándares internacionales corresponden a una ciudad ambientalmente sana.
¿Cómo evalúan la receptividad que han tenido en las instituciones públicas tanto del gobierno municipal, regional como nacional?
La Carlota colinda con tres municipios, Chacao, Baruta y Sucre; las viviendas estarán en Sucre. Hemos sentido receptividad y apoyo en el Cabildo Metropolitano en cuanto a las denuncias de las comunidades organizadas referente a los urbanismos, también se han manifestado en contra de las viviendas el Alcalde Barreto y otros funcionarios.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología nos presentó su «Propuesta de proyecto de parque tecnológico», con la cual no estamos de acuerdo, y nos comunicó su desconocimiento de lo que hacia Ministerio del Hábitat y Vivienda en esos espacios el pasado 28 de enero. El Ministerio de Vivienda ha ignorado absolutamente a las organizaciones vecinales y comunales. Sólo con un recurso legal entregó una memoria descriptiva del Proyecto Residencial La Carlota reconociendo que no tenía ningún tipo de estudios para realizarlo, contraviniendo la Ley Orgánica de Planeamiento Urbano vigente así como otras leyes. No hemos escuchado, ni recibido, ni visto en prensa declaraciones ni del Ministerio de la Defensa, ni del Ambiente, ni del Instituto Nacional de la Aviación, el cual debería hacerlo debido a la construcción de viviendas al lado de una pista de aterrizaje
¿Cuáles son las próximas acciones que han planificado?
Acciones de calle, informando y sensibilizando sobre el tema de La Carlota como parque verde para toda la ciudad, Cabildos Abiertos con las comunidades, Derechos de palabra en los Consejos Municipales de todos los Municipios de Caracas, ejerciendo todos las acciones legales que la Ley nos permita acompañados de asociaciones vecinales, comunales comunales, federaciones, mesas técnicas, grupos organizados, ONG y ciudadanos que deseen acompañarlas. Todo lo necesario para que las voces comunitarias sean respetadas y escuchadas y que sean ellas las que elijan el uso de ese espacio tan importante para nuestra calidad de vida.
Para comunicarse con Asochuao, a través de su sitio web http://asochuao.blogia.com.
Si desea descargar un dossier sobre la problemática realizado por esta asociación vecinal, consultar http://www.divshare.com/download/4148538-b4f.
Si desea descargar la imagen de la campaña en alta resolución, visitar
Durante la realización de la edición 308 del programa Aló Presidente, el presidente Chávez anunció que un total de de dos mil 473 viviendas se adelantan en la actualidad en el estado Carabobo como parte de la propuesta Petrocasa. Este proyecto se basa en la construcción de viviendas en base al material Policloruro de Vinilo (PVC) a bajo costo. Según afirmó el primer mandatario la meta anual es la construcción de 60 mil petrocasas con la instalación de tres plantas productoras a nivel nacional. La primera, instalada en la población de Guacara, tiene capacidad para realizar 15 mil viviendas al año. (Ministerio del Poder Popular de la Comunicación e Información, 30.03.08, http://www.minci.gob.ve/noticias_-_prensa/28/176111/alpresidente_308_desde.html)
Los profesores Guillermo Arribas y Carlos Chinea, expertos de la Escuela de Química de la UCV, expresaron sus objeciones al uso del PVC para la edificación de soluciones habitacionales. «El problema radica en que el monómero Cloruro de Vinilo es tóxico. En su proceso de formación pueden incluirse nuevos aditivos para mejorar sus propiedades, dependiendo el uso que se le vaya a dar, pero ya el monómero como tal es perjudicial». Debido a los diferentes cuestionamientos al proyecto, por la presunta toxicidad de su componente principal, Provea solicitó en su Informe Anual 2007 sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela que se realizara la difusión de los informes que demostraran que el PVC a usarse en el proyecto Petrocasa no constituía un riesgo para la salud de sus habitantes. (Provea, 30.03.08, https://provea.org/publicaciones/informes-anuales/informe-anual-octubre-2006-septiembre-2007/)
Durante el día 26.03.08 un grupo de familias paralizó el tráfico durante varias horas la avenida Intercomunal de Guarenas, sector Valle Verde, en protesta por el cumplimiento de seis meses de la transmisión de un video por los canales Venezolana de Televisión y Vives, que no contó con la autorización de los representantes y afectó la integridad de 14 niños y adolescentes.
Betzabeth Riva, uno de los manifestantes, denunció que el video transmitido en varias oportunidades entre septiembre y octubre pasado muestra de forma falsa a un grupo de niños que estarían infectados del virus SIDA. Se exhibe a los menores con el rostro al descubierto. Indicó que las imágenes fueron tomadas bajo engaño durante un paseo. Dijo que en Conatel reposa un documento de seis páginas que detalla con «pelos y señales», las irregularidades que cometieron VTV y Vives, violando varios artículos de las leyes de Protección del Niño y Adolescente (Lopna) y Responsabilidad Social, entre otras. Los manifestantes piden que los canales sean sancionados. Voceros de Conatel informaron que el caso está en la fase de investigación y que pronto darán una respuesta. (Ultimas Noticias, 27.03.08, Pág. 3)
Seis recién nacidos murieron en la Maternidad Concepción Palacios entre la noche del 27.03.08 y la mañana del 28.03.08, presuntamente por falta de personal médico calificado, según lo denunció el vicepresidente de la Sociedad Médica de ese centro asistencial, doctor Giusseppe Mandolfo. Consideró bastante complejo el problema, porque no es sólo la falta de personal sino la deteriorada estructura de la sede de la Maternidad, esto a pesar de los 400 millardos de bolívares que dice la Alcaldía Mayor haber invertido “no se sabe en qué”. (El Carabobeño. 28.03.08, http://www.el-carabobeno.com/p_pag_not.aspx?art=a280308f01&id=t280308-f01).
El vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Ramón Carrizales Rengifo, desmintió públicamente la versión «quiero desmentir que hayan muerto seis niños dentro de la maternidad por falta de atención, como dicen algunos medios», manifestó. «Los fetos llegaron muertos en el útero de la madre. Esto por supuesto, provocó un colapso en la maternidad, debido a la deficiencia de especialistas en distintas en área», enfatizó. Asimismo, el vicepresidente resaltó que sólo hubo dos muertes dentro de las instalaciones, la cual se debió ‘a una grave infección con que nació un bebé y otro de los nacidos que murió a causa de una cardiopatía congénita severa”. (Agencia Bolivariana de Noticias, 27.03.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=126180)
Cifras emanadas por la directiva de la Maternidad Concepción Palacios señalan que 21 niños mueren en este centro asistencial por cada mil nacimientos. De este número, se calcula que 14% de los fallecimientos están relacionados con la prematuridad del bebé, según informó Luis Medina, jefe del Servicio Neonatal de la Sala de Partos. (El Universal, 30.03.08, http://www.eluniversal.com/2008/03/30/ccs_art_prematuridad-es-la-p_779801.shtml). Por su parte, El Cabildo Metropolitano exhortó a la Fiscalía General de la República a concluir con la mayor celeridad posible, la investigación por el fallecimiento de los seis neonatos en el centro hospitalario, con la finalidad de sancionar a los responsables de los fallecimientos. La petición fue realizada por el concejal Ramón Márquez, presidente de la Comisión de Contraloría. (El Mundo, 01.04.08, C/19).
Leobardo Acurero, miembro del Centro de Investigación e Información Ecológica CINECO, difundió una nota de prensa acerca de la situación del aprovisionamiento del agua en Lara, a propósito del día mundial del agua, celebrado el pasado 22 de marzo:
“El problema del abastecimiento de agua a los habitantes de nuestro estado Lara ha llegado términos extremos e intolerables, sobre todo por el carácter insustituible de este liquido vital.
El Centro de Investigación e Información Ecológica CINECO tiene años alertando sobre el deterioro acelerado de las fuentes de agua que operan desde los más importantes sistemas hidrográficos en un estado como Lara con más de 60 % de su territorio en semi-aridez. Esto incluye la cuenca alta del río Turbio en la cual se destacan las sub-cuencas del río Claro y la del Tumaque y por supuesto la más importante en el estado: la cuenca alta del río Tocuyo.
El proceso de desnivel del embalse Dos Cerritos el más importante del estado, se debe lógicamente a que la actual salida fija de alrededor de 3700 lts/seg más el caudal ecológico, corresponde a un volumen superior al aportado por el río Tocuyo a la entrada del embalse, con ahora menos de 1000 lts/seg. Esta continua baja del caudal es causada por la poca retención de agua en el pasado período de lluvias, por parte de esta cuenca de 91700 hs, ubicada en la sierra de Barbacoas.
Esta cuenca con un alto grado de intervención en casi un 65 % está sufriendo de un proceso de eliminación continua de gran parte de la cobertura boscosa, que posee una alta función hidrográfica, al actuar de manera apropiada en la regulación de la escorrentía superficial de agua que cae en los periodos lluviosos.
En el estado Lara existe para este una grave situación, cuando actualmente esta obra hidráulica de captación se encuentra a menos de 3 metros del nivel de altura mínima en el embalse, hasta bajar a la cota 660 msnm (metros sobre el nivel del mar), donde se habrá agotado la última gota del volumen útil que almacenaba el embalse Dos Cerritos. Las fuentes locales subterráneas locales no tienen capacidad de paliar tal situación de contingencia, además también se encuentran en franco deterioro debido a que a su vez dependen de los ríos para su recarga. Este volumen apenas cubre menos de la mitad del volumen de agua que aporta el embalse.
Por lo tanto esta situación se complica cuando no existe ninguna otra alternativa en la región, frente al evidente incremento de la demanda ante el aumento poblacional, puesto que sólo Barquisimeto, ha crecido alrededor de 1,8 millones aproximadamente, representando una cifra casi 3 veces superior que la población que había cuando se concluyó la construcción del embalse a mediados de los 70.
Urge tomar medidas
Ahora el problema del suministro se ha generalizado para los 9 municipios del estado y consideramos que esta situación no es posible solucionarla desde la hidrológica local Hidrolara. Por esta razón e invocando la Constitución Bolivariana, como parte de este pueblo larense consideramos como una obligación ante la angustiante gravedad del asunto a que se tome la decisión de declarar en emergencia al estado Lara, para que todo el tren gubernamental intervenga en la realización de efectivas medidas a corto y mediano plazo”.
Contacto con Leobardo Acurero: 0414-7447932 / 0416-7388414
• Garantizar recursos para el funcionamiento del Sistema Público de Asistencia a la Salud, que permita la dotación y mantenimiento de equipos, insumos médico quirúrgico y básicos de atención al paciente de manera permanente. Aumentar la inversión pública en salud para llegar progresivamente a no menos del 5% del PIB, según lo establece la Organización Mundial de la Salud.
• Aprobar y promulgar una nueva ley de salud acorde con los parámetros establecidos en la CRBV con participación de los sectores involucrados y particularmente de los Comités de Salud.
• Integrar el presupuesto destinado a la Misión Barrio Adentro al presupuesto del
MinSalud con el fin de asegurar la continuidad del plan y solventar la fragmentación del sistema público de asistencia a la salud.
• Acentuar los esfuerzos para lograr la integración normativa, programática y territorial entre el sistema sanitario público y los centros de salud de la Misión Barrio Adentro, principalmente entre los consultorios populares (provisionales y módulos) de la primera etapa de BA, los nuevos centros de diagnóstico y rehabilitación de la segunda etapa; y los ambulatorios y hospitales públicos.
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
ARTÍCULOS
NOVEDADES EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
Del 28 de febrero al 14 de marzo 2008
Boletín electrónico Nº 196
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE FEBRERO
08 Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer
14 Día Mundial de Acción Contra las Represas, a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida
15 Promulgación del voto directo, universal y secreto para hombres y mujeres mayores de 18 años en Venezuela (1946)
21 Día Mundial para la Eliminación de la Discriminación Racial
21 Día Mundial de la Poesía
21 Día Forestal Mundial
21-27 Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan Contra el Racismo y la Discriminación Racial
22 Día Mundial del Agua
24 Ejecútese de Ley de Abolición de la Esclavitud en Venezuela (1854)
24 Asesinato del Obispo Oscar Arnulfo Romero (1980)
CONTEXTO
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
GALLARDO BERMUDEZ, Jesús Rafael (45) es el nombre de la primera víctima en el estado Bolívar, en el año 2008, por la violencia relacionada a la obtención de puestos de trabajo. Según la versión policial, Gallardo se encontraba la noche del 10.03.08 con su novia, Anabel González, en la entrada de la Torre I de Residencias Tumeremo, en Puerto Ordaz. La dama aseguró que antes de entrar al patio del complejo residencial, dos hombres los abordaron y llamaron a Gallardo por su nombre, para después efectuarle 6 disparos. Jesús Rafael desempeñaba el cargo de secretario de Actas y Correspondencia de del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera, (Sinatracom). Versiones de allegados al mundo sindical explicaron a los medios de comunicación regionales que Gallardo, presuntamente, encabezaba uno de los grupos violentos de su sindicato, el cual se mantiene apostado frente a los portones de CVG Venalum y, que desde hace algunos meses, mantendría serías disputas con miembros de la Unión Bolivariana de Trabajadores (UBT). Por su parte, la junta directiva de Sinatracom Bolívar expresó su total repudio al asesinato. Ángel Fajardo, secretario general de dicho gremio de trabajadores, expresó que «su muerte no puede quedar impune. Solicitamos al ministro Chacín para que designe una comisión que investigue tanto esta muerte como la de otros dirigentes sindicales». El fallecido por violencia se mantuvo por 6 años en las filas del Sindicato de la Construcción y laboró por 16 años en CVG Venalum. (Correo del Caroní, 12.03.08, http://www.correodelcaroni.com/content/view/92284/149). Con este incidente, un total de doce personas han fallecido en el estado Bolívar en los últimos quince meses. (El Universal, 12.03.08, Pág. 3-22).
En otro suceso, ocurrido en la ciudad de Caracas, obreros de dos sindicatos de la construcción se enfrentaron por plazas de trabajo en una obra, ubicada en la calle 13 de Montalbán. El saldo fue de dos vehículos quemados y un auto con daños parciales en la carrocería. Se conoció que el incidente, en el que los obreros de los sindicatos de la UBT (Unión Bolivariana de Trabajadores) y Tegaven accionaron armas de fuego, según funcionarios policiales, ocurrió pasadas las 6 am del 04.03.08, en las inmediaciones de las residencias Parque III de Juan Pablo II. (Ultimas Noticias, 05.03.08, Pág. 32). Según el Informe 2007 sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, realizado por Provea, 53 personas perdieron su vida entre los meses octubre del 2006 y septiembre del 2007, en crímenes relacionados con la obtención de puestos de trabajo en los sectores petróleo y construcción.
Tras realizar un paro laboral de 48 horas en protesta por el retraso de las negociaciones por la contratación colectiva, un sector sindical de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) decidió promover una nueva paralización. La medida era una respuesta a la suspensión de la comisión de alto nivel de la empresa, siendo una iniciativa del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss). (Correo del Caroní, 07.08.08, http://www.correodelcaroni.com/content/view/91852/149). En un comunicado enviado a Provea José Meléndez, Secretario de finanzas del mencionado sindicato, afirmaba que “las propuestas realizadas por la empresa siguen siendo una burla para los trabajadores sidoristas, que hemos sufrido el deterioro de nuestro salario y demás cláusulas del Contrato Colectivo de una manera bárbara”. Según cifras proporcionadas por el líder sindical, la desmejora de las condiciones laborales coloca a unos 9.000 trabajadores en una situación de “tercerización” del trabajo.
Sutiss había dado una fecha, el 12.03.08, para recibir una respuesta por parte de la patronal. El Ministerio del Trabajo, para intermediar en el conflicto, realizó la propuesta de someter a referéndum la última oferta económica de la empresa, la cual consistía en un aumento salarial de 44 bolívares fuertes, entre otros conceptos económicos para los trabajadores (Correo del Caroní, 14.03.08, http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,174/?id=92462). El día 15.03.08, los trabajadores sidoristas realizaron una acción de calle como medida de presión a las puertas de la empresa. Según el presidente Ejecutivo de la Policía del estado Bolívar, Julio César Manzulli, la orden desde arriba era “disipar” la protesta ante la violación al libre tránsito y desorden público. Una detonación inauguró el enfrentamiento entre funcionarios de la policía conjuntamente con la GN y los trabajadores de Sidor. El saldo de la represión fue de 53 trabajadores detenidos. (Correo del Caroní, 15.03.08, http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,174/?id=92537)
Según la Memoria y Cuenta 2006-07 del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), en un año la matrícula de la enseñanza oficial disminuyó de 10 millones 216 mil 187 estudiantes a 7 millones 679 mil 290 alumnos en todo el país.
De acuerdo a las estadísticas, una de las razones de la caída de los índices oficiales sería el bajo número de nuevos inscritos en el año 2007 en la Escuela Básica. En total apenas ingresaron del primer al séptimo grado 27 mil 725 nuevos estudiantes. Otra causa es la baja en la inscripción de las misiones educativas. En el período 2005- 2006 se registraron 4.132.556 alumnos, mientras que en el año escolar 2006-2007 apenas se inscribieron 1.516.429 estudiantes. La revisión de la memoria permite un nuevo hallazgo: la existencia de la Misión Robinson III. Programa educativo que no ha sido oficialmente anunciado por el Ejecutivo. La matrícula de ese proyecto es de 72 mil 496 personas.
Otro dato llamativo del informe anual del MPPE es que la educación privada registra un crecimiento desde el año 2005. En los últimos dos periodos se incrementó en 163 mil 121 nuevos alumnos.
Al estudiar el alza, la investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de la UCV, Mabel Mundó, opinó en la prensa nacional: «Se evidencian dos realidades: Por un lado, el sistema no está dando cabida a todos los que debería. Por el otro, crece la desconfianza del venezolano en la escuela pública, lo cual se ve reflejado en el aumento de la matrícula del sector privado». Para la docente, el bajo crecimiento que experimenta la población de los primeros grados de la Escuela Básica pone al descubierto que el Ejecutivo no «está cubriendo ni siquiera la matrícula del 1997. Con un barril de petróleo en alza el sistema escolar no crece». (El Universal, 17.03.08, http://www.eluniversal.com/2008/03/14/pol_art_matricula-oficial-de_756549.shtml)
El pasado 05.03.08 se realizó la Clausura de la Primera Etapa de la Jornada Nacional de Formación Docente, la cual se realizó en todo el país para formar a los maestros y maestras en el nuevo pensum curricular. Esta etapa, en la que se estima se formaron 105 mil docentes, fue cerrada con la participación del presidente Chávez.
Como informó el ministro del Poder Popular para la Educación, Adán Chávez, se espera que para finales de marzo se puedan tener formados a los 305 mil docentes que conforman la plantilla educativa, como parte del avance del nuevo diseño curricular. Resaltó además como un logro, la distribución de 12 textos educativos, “Ya tenemos listos 4 textos para primero, 4 para tercero y 4 más para quinto”; estos textos adaptados al nuevo pensum fueron diseñados por especialistas del Ministerio de Educación, docentes, alumnos y las comunidades educativas.
Se tiene previsto que para el mes de junio todos los docentes del país estén capacitados sobre el Nuevo Diseño Curricular, así lo anunció Baltazar Betancourt, director General de Supervisión y Formación del Personal Docente, del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE). (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, 05.03.08, http://www.minci.gob.ve/noticias_-_prensa/28/175100/presidente_asiste_a.html).
Algunos docentes se quejaron acerca de la metodología utilizada en las jornadas. Afirmaron que los libros del nuevo programa educativo no llegaron o lo hicieron a destiempo y en poca cantidad, por lo que consideran que el trabajo fue superficial. (El Nacion»No sé si fue una estrategia del Ministerio de Educación para que no pudiéramos leer y analizar los contenidos. Eso era fundamental para opinar», criticó una docente que asistió a la capacitación en el liceo Lino Clemente, en La California.al, 03.03.08, E/7). En este mismo sentido, una docente se comunicó con Provea para denunciar que junto a 34 maestras participaron en la jornada en Barquisimeto, y sólo disponían de 3 libros para trabajar, sin ningún otro tipo de material de apoyo adicional.
Venezuela contará con 58 nuevas universidades, según el anuncio hecho por el presidente Hugo Chávez Frías durante la presentación de la Misión Ribas Técnica y la ceremonia de graduación de la VI promoción de bachilleres de la Misión Ribas, realizadas el 29.02.08 en el Teatro Teresa Carreño.
En el acto, el mandatario afirmó que de las 58 instituciones de estudios superiores, 28 serán totalmente nuevas y 10 ya están en construcción. También informó que 29 centros de estudios, donde se incluyen institutos y colegios universitarios, serán remodelados y convertidos en politécnicos. «Yo dificulto que en algún país del mundo se estén construyendo tantas universidades, además de las aldeas universitarias y los complejos universitarios socialistas alma mater», señaló el presidente. (El Nacional, 01.03.08, C/6)
En la primera reunión del año 2008, realizada por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) se aprobó la eliminación de las pruebas internas en las universidades. A la salida de la reunión Luis Acuña, ministro de Educación Superior, afirmó que «Las universidades que las hayan hecho tendrán que ver cómo manejan ese tema. Nosotros nos habíamos propuesto para el Nuevo Sistema Nacional de Ingreso erradicar todo el sistema existente y así lo hicimos”.
La resolución tomada por la plenaria del CNU será de cumplimiento obligatorio para todas las casas de estudio del país y se hará efectiva a partir de esta cohorte de bachilleres de 2008. La medida supone que las pruebas que se aplicaron en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central y en otras facultades de la Universidad de Los Andes y de la Simón Bolívar, y otras preinscripciones que se mantenían activas, quedarían sin efecto alguno. El acceso de cualquier venezolano a las universidades pasará a regirse por el Sistema Nacional de Ingreso que se activará en julio y que aún sigue bajo el rótulo de «en discusión». Sin embargo, las normas de este nuevo método de acceso tendrán que decidirse antes del 8 de mayo, la fecha que se fijó como tope para presentar la nueva puerta a la educación superior. (Ultimas Noticias, 07.03.08, Pág. 2)
A pesar de esta decisión, las máximas autoridades de las universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Carabobo decidieron apelar por su autonomía y continuar con su aplicación. María Luisa Aguilar de Maldonado, rectora de la Universidad de Carabobo, fue la primera en ratificar que son los Consejos Universitarios quienes tienen la decisión sobre la derogación de esos exámenes. Antonio París, rector de la Universidad Central de Venezuela, fue el segundo al ruedo con la decisión de mantener a las pruebas vivas. «En el Consejo Universitario se decidió que todo nuestro sistema de ingreso sigue vigente hasta que salga la resolución del CNU en Gaceta Oficial. Y después veremos qué vamos a hacer» fueron las palabras de París en rueda de prensa. París también aprovechó para enarbolar el artículo 109 de la Constitución donde se reza que «la autonomía universitaria es para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión». En la Universidad Simón Bolívar también se batalló por mantener intacto los exámenes que se presentarán el próximo 29 de marzo y 5 de abril. «Sería irresponsable no continuar con los mecanismos de ingreso a la universidad, eso sería igual a no tener un mecanismo para ingresar estudiantes. Es probable que tengamos una retaliación jurídica pero nos preocupa más nuestra responsabilidad ante la nación» dijo Benjamín Scharifker, rector de esa casa de estudios. (Ultimas Noticias, 11.03.08, Pág. 8).
En la Memoria y Cuenta 2007, presentada por el Ministerio de la Vivienda, se indica que a través de varios planes el pasado año se programó la construcción de 107.795 unidades, siendo la inversión 5,1 millardos de bolívares fuertes (antes 5,1 billones de bolívares). Pero de esas unidades previstas se terminaron 47.850 para lo cual se destinaron 2,1 millardos de bolívares fuertes (antes 2,1 billones de bolívares), por lo cual la meta se cumplió en 44%.
En la desagregación de los datos se tiene, que mediante el plan de nuevos desarrollos, se estableció el objetivo de fabricar a escala nacional 66.091 viviendas, de ese monto efectivamente se ejecutaron 23.392 casas para lo cual se invirtieron 1,19 millardos de bolívares fuertes (antes 1,19 billones de bolívares).
Mediante el programa de reactivación de obras paralizadas, que abarca la culminación de las casas de los planes de 2001 y 2002, se contempló la terminación de 23.100 unidades habitacionales, pero al cierre del ejercicio se ejecutaron solamente 10.116 viviendas, siendo los recursos empleados 754 millones de bolívares fuertes (antes 754 millardos de bolívares).
En la Memoria y Cuenta presentada ante la Asamblea Nacional el Ministerio de la Vivienda apunta que en el período fueron atendidas en total 136.356 familias. Desde hace tres años el Ejecutivo Nacional destaca más las familias atendidas que el número de unidades terminadas, debido a que el primer parámetro abarca aquellos grupos que fueron beneficiados por créditos y subsidios directos.
En el 2007 se otorgaron 35.232 subsidios, los cuales se utilizan para completar la compra de una unidad habitacional. Las familias que reciben ese beneficio son las que tienen ingresos hasta 55 unidades tributarias.
Para este período, según lo indicado en la Memoria y Cuenta, se tiene previsto ejecutar la política nacional de vivienda sobre la base de dos lineamientos: avanzar en la conformación de la nueva estructura social y continuar instalando la nueva estructura territorial. (El Universal, 05.03.08, http://www.eluniversal.com/2008/03/05/eco_art_en-2007-meta-de-cons_742958.shtml)
Tras una visita realizada por Provea al sector Ojo de Agua, el pasado 05.03.08, se pudo constatar la permanencia de algunas familias en el sector, a pesar de en abril vence el plazo dado por el decreto presidencial para del desalojo total de la zona. El grupo de afectados y afectadas aún presentes en el sector, se encuentran (razones por las cuales no se les entrega una vivienda adecuada): 12 hombres sin carga familiar (de los cuales 3 son discapacitados), 1 mujer sin carga familiar, 2 personas de la tercera edad, 8 familias completas, 4 familias de extranjeros (con status de refugiados) y 6 familias denominadas anexos. Sin embargo Provea considera que es difícil constatar número reales de familias ubicadas en el sector, debido a que muchas han salido de allí porque les derrumbaron de manera arbitraria la vivienda, y otras están temporalmente ubicadas con algún familiar dentro del sector, porque no tienen certificado de riesgo, pese a que aparecen censadas y en la base de datos; violándose de esta forma el artículo 21 de nuestra Carta Magna que contempla el principio de no discriminación.
Según el Decreto Presidencial Nº 5.273 del 03.04.07, el sector Ojo de Agua fue decretado como Área de Protección y Recuperación Ambiental, habilitándose a las autoridades competentes para que en un tiempo perentorio se asegurara el desalojo de las personas que habitan la zona. No obstante, aunque se previó un lapso de 12 meses para el cumplimiento de esta meta, el avance obtenido, no ha sido acorde con las necesidades y particularidades de los y las habitantes del sector, quienes afirmaron que tampoco se les garantizó el derecho a una vivienda adecuada en los términos previstos por la Constitución y la Observación General Numero 4 del Comité de DESC de las Naciones Unidas.
Los afectados y afectadas refirieron a diferentes irregularidades surgidas en el plazo presidencial con respecto al proceso de reubicación de las familias que habitan la zona y en particular, sobre el desmejoramiento de las opciones de adquisición de vivienda una vez eliminado el mercado secundario, opción que les permitía optar por viviendas más adecuadas a sus necesidades.
Uno de los planteamientos presentados a Provea por parte de los habitantes de Ojo de Agua refiere a la posibilidad de poder escoger la ubicación entre los desarrollos habitacionales que ofrece el Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Hábitat. De la encuesta realizada por Provea existía un 30% que escogían la alternativa de mudarse al interior del país. La única opción ofrecida por el ministerio de vivienda fue mudarse al desarrollo urbanístico de Ciudad Hermosa en Cúa, Miranda.
Otras quejas expresadas por los afectados fueron:
- Les fue informado que el certificado que poseen actualmente no presenta ninguna validez para el Ministerio de Vivienda y Hábitat.
- Una vez otorgada la reubicación al propietario de la vivienda esta era derrumbada, sin haberse realizado la reubicación de los anexos de la misma, los cuales poseen certificado. En ocasiones se derrumba la vivienda, sin que la familia haya sido reubicada, quedando estas en situación de calle.
- Desde el MINVIH, se les indicó que de no aceptar la opción institucional establecida para su reubicación (Ciudad Hermosa), deberían ser reubicados a un refugio temporal.
- Expresan haber sufrido maltratos, atropellos, humillaciones por parte de los funcionarios del Ministerio encargados de realizar el desalojo del sector.
La Productora y Distribuidora de Alimentos (Pdval) instaló el 01.03.08 más de 35 puntos de venta en la ciudad capital para llegar a 317 en todo el territorio nacional. El ministro de Alimentación, Rafael Osorio, aseguró que los operativos fueron «un total éxito» y cubrieron las expectativas, ya que, según él, permitieron que los alimentos llegaran a la colectividad. (Ultimas Noticias, 02.03.08, Pág. 24). Estos operativos especiales, realizados por el ejecutivo nacional para asegurar el derecho a la alimentación de la población, no estuvieron exentos de irregularidades. En el operativo de venta de productos marca Casa, realizado el 09.03.08 en la Plaza Caracas, vendían dos kilos de leche en polvo condicionados a la compra de otros productos que no fueran de la red gubernamental o a la entrega de una “propinita”. (Ultimas Noticias, 09.03.08, Pág. 27). En otra política, el ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Elias Jaua, anunció que con el desarrollo del Plan de Producción Ganadero de Leche, que llevará a cabo el Gobierno nacional en los próximos 5 años, se generarán 4 mil millones de litros de leche en el 2012. (Agencia Bolivariana de Noticias, 03.03.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=122615&lee=Array[0]). Asimismo, se divulgó que la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) ha autorizado en lo que va de año 704,61 millones de dólares para importar alimentos, de acuerdo con los datos oficiales suministrados. (El Universal, 07.03.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/03/07/eco_art_$700-millones-para-c_746059.shtml). Otra medida que trascendió fue la de prohibición de importación de productos alimenticios al exterior: «Cuando no haya necesidad en el país de determinado producto, podrá exportarse y se emitirán los certificados de demanda satisfecha para autorizar la venta externa», afirmo Félix Osorio, ministro de Alimentación. (El Nacional, 01.03.08, M/4).
Durante el 2007, el Gobierno aumentó considerablemente la cantidad de comida que trajo del extranjero con relación con el año anterior. Así se desprende de la Memoria y Cuenta 2007 presentada recientemente por el Ministerio de Alimentación a la Asamblea Nacional, en la que se destaca que el año pasado la Corporación Casa importó 741.581 toneladas (ton) de alimentos para distribuir a través de la Misión Alimentación por un total de BsF 2.391 millones, 57% toneladas más que en 2006, cuando adquirió 472.750 ton de comida en el exterior, por BsF 1.038 millones.
Del mismo informe se desprende que las compras nacionales efectuadas por Casa disminuyeron 27%, al pasar de 910.519 ton (2006) a 666.909 ton en 2007, con una inversión de BsF 906 millones. Así, durante el año pasado el Minal invirtió BsF 3.297 millones, de los cuales 27,52% corresponden a compras nacionales y 72,5% a adquisiciones en el exterior. Al hablar en cantidades se observa que de las 1.408.190 ton de alimentos adquiridas en 2007 por Casa, 47,4% corresponden a compras nacionales y 52,60% a productos importados. (Ultimas Noticias, 07.03.08, Pág. 25)
El ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (Minpi) anunció la realización de diferentes políticas para asegurar los derechos de las comunidades indígenas en el país.
En este sentido se informó que adelanta un plan comunal para contabilizar a las comunidades indígenas presentes en el país. La titular del Minpi, Nicia Maldonado, señaló que han censado a tres mil 301 comunidades indígenas.
La ministra declaró que estos proyectos de asistencia a los pueblos indígenas forman parte del plan estratégico para lograr erradicar la miseria en los pueblos indígenas en el 2011. Precisó que de acuerdo con los resultados preliminares del plan, se abordarán de manera inmediata las necesidades de salud, alimentación y vivienda de las comunidades indígenas que se encuentran en situación crítica, como los miembros de los pueblos indígenas warao, yukpa y eñepa, que se encuentran en las grandes ciudades.
Agregó Maldonado que se han creado “comunas indígenas socialistas piloto liberadas”, las cuales contarán con servicios básicos como agua potable, vivienda, y avanzarán en la creación de medios de comunicación. (Ultimas Noticias, 09.03.08, Pág. 21)
• Reconsiderar la normativa que establece en 50 y 62 m 2 las dimensiones mínimas de construcción de viviendas, honrando las estimaciones realizadas anteriormente acerca de los 70 m 2 como espacio mínimo adecuado para una vivienda.
• Poner a disposición pública la información veraz y oportuna sobre las diferentes políticas públicas en materia de vivienda y hábitat, actualizando los sitios webs de las diferentes instituciones y respondiendo a las peticiones de información que realice la ciudadanía.
• Continuar estimulando la participación de las comunidades organizadas en las políticas públicas en el sector, estableciendo mecanismos de capacitación, acompañamiento técnico y supervisión de los trabajos realizados por las cooperativas, consejos comunales.
• Reactivar los programas paralizados por el Ejecutivo Nacional en materia de vivienda, como el proceso de adquisición o expropiación de edificaciones o terrenos para la utilidad pública y social o el Programa 8.
• Realizar la difusión de los informes que demuestren que el material de las llamadas Petrocasas, construidas con Policloruro de vinilo (PVC), no constituyen un riesgo a la salud de sus habitantes.
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
ARTÍCULOS
DOCUMENTOS
Del 28 de enero al 27 de febrero 2008
Boletín electrónico Nº 195
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE FEBRERO
08 Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer
14 Día Mundial de Acción Contra las Represas, a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida
15 Promulgación del voto directo, universal y secreto para hombres y mujeres mayores de 18 años en Venezuela (1946)
21 Día Mundial para la Eliminación de la Discriminación Racial
21 Día Mundial de la Poesía
21 Día Forestal Mundial
21-27 Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan Contra el Racismo y la Discriminación Racial
22 Día Mundial del Agua
24 Ejecútese de Ley de Abolición de la Esclavitud en Venezuela (1854)
24 Asesinato del Obispo Oscar Arnulfo Romero (1980)
CONTEXTO
Mauricio Gutiérrez, representando a la organización Acción Solidaria , con el apoyo de las organizaciones Espacio Público y Programa venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) introdujo una acción de amparo el jueves 28 de febrero de 2008 , ante el Juez superior en lo civil y en lo contencioso administrativo contra la Superintendencia de Seguros, en la persona de su Superintendente, Ana Teresa Ferrini, por violación al derecho establecido en el artículo 51 de la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En el referido artículo de la Constitución se establece que “toda persona tiene derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la Ley , pudiendo ser destituidos del cargo respectivo”.
El accionante fue asistido por la abogada de las organizaciones, Marianna Belalba de Espacio Público y Antonio Puppio de Provea, , quienes explicaron que el recurso utilizado es una respuesta a la Superintendencia por el silencio sostenido hasta la fecha, a la petición formulada el 2 de agosto de 2007 y repetida el 12 de septiembre del mismo año.
En el derecho de petición se le solicitó a Ferrini los cuadros de pólizas de seguros aprobados por la Superintendencia de Seguros, que consideren a la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como motivo para excluirlos de la cobertura; e igualmente, los cuadros de pólizas de seguros aprobados por la Superintendencia de Seguros que nieguen o suspendan de la cobertura a las personas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana.
En virtud de que transcurrieron –sobradamente- los veinte días hábiles que estipula la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos para dar respuesta, el representante de Acción Solidaria, solicita ante la Corte en lo Contencioso Administrativo ordene a la ciudadana Ana Teresa Ferrini, dar pronta respuesta a las peticiones solicitadas el año pasado. Acción Solidaria es asociación civil cuyo objeto es contribuir a reducir el impacto de la epidemia del VIH/SIDA, mediante programas de prevención , servicios de atención integral para los afectados e incidencia pública.
Tras cumplirse 19 años del conflicto social, producido en diferentes partes del país y con especial acento en la zona capitalina, conocido como “El Caracazo”, hecho popular que condujo a una represión desmedida por parte de los organismos de seguridad del Estado y que culminó con un presunto saldo de más de 300 muertos. Aprovechando la efemérides, PROVEA realizó una entrevista telefónica a la coordinadora general del Comité de Familiares y Víctimas del Caracazo (COFAVIC) Liliana Ortega
-¿En su opinión cuales fueron las causales que generaron la explosión social del Caracazo?
- Son muchas las causales que desembocaron en la explosión social que vivió el país en los días del 27 de febrero al 3 de marzo; las razones coyunturales fueron el aumento del combustible, del pasaje estudiantil, el desabastecimiento de café y azúcar, las frustraciones acumulada de la población, la exclusión social y otras mas estructurales y profundas como la crisis de los partidos y del sistema democrático.
-¿Creé que exista un posible paralelismo actual con las condiciones que generaron el Caracazo y las que hoy vive el país?
- Evidentemente, existen ciertas circunstancias que promovieron toda esa insurgencia y que hoy en día se están repitiendo. Inclusive ha casi 19 años de estos hechos, los organismos policiales y de control social no han adecuado sus armas para el control de manifestaciones y tumultos callejeros.
-¿Cómo va el caso de la indemnización de los familiares y víctimas de esos días?
- Varias de las medidas dictadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) fueron cumplidas por el Estado Venezolano. Entre ellas la de la justa indemnización a cada una de las víctimas; pero faltan otras por cumplir. Como son el hecho de que hasta hoy no existe ninguna persona presa por los sucesos y la impunidad sigue campeando. Otra medida que no ha sido cumplida es la entrega de los cadáveres exhumados en las fosas comunes que no han sido remitidos a sus familiares.
- ¿Actualmente, para ciertos sectores políticos el Caracazo representa una fuente de inspiración, ¿cual es tu opinión sobre esto?
- Esta fecha no le pertenece a nadie, y si en caso le perteneciera eso sería a la participación popular, es un exabrupto pensar que estos sucesos le pertenecen algún grupo político determinado. El verdadero protagonista del Caracazo fue y es la impunidad con la cual actuaron los organismos del estado.
-¿Después de 20 años del Caracazo cual cree usted que es el legado más valioso que nos deja aquella experiencia?
- Sin duda la articulación social, el derecho de las personas de exigir sus derechos, valentía, perseverancia, eso quizás sea el mejor legado que nos deja a nosotros aquella fecha fatídica.
456 casos de violación de derechos a mujeres fueron monitoreados por el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres. La cifra aparece en el Informe sobre Ciudadanía y Derechos Políticos de las Mujeres 2007, presentado recientemente por esta organización. Según las cifras recopiladas por la investigación, para el primer semestre del año 2006 el 47.6% de las mujeres de 15 años y más tenían educación básica aprobada, un 24.7% alcanzaba el nivel medio de educación y un 21% la educación superior. Asimismo, datos sobre el nivel de ocupación señalan que el 71,6% de las mujeres mayores de 15 años del país se dedican a labores domésticas, estando excluidas de la fuerza laboral ocupada del país. Desagregando por géneros el total de personas insertadas laboralmente, las mujeres alcanzan el 38,3% frente a los hombres. Existe una correspondencia entre niveles de formación educativa y ocupación laboral, estando empleadas el 90% de las mujeres con formación universitaria. Sobre la violencia de género, el informe difunde la cifra, correspondiente al año 2006, de 100 casos conocidos por día en todo el país.
Entre las conclusiones del informe se encuentra que a pesar de que las mujeres venezolanas han alcanzado niveles educativos medios y altos, estos logros no se reflejan en su participación en la fuerza de trabajo, puesto que siguen fuera de ella o laborando en los trabajos de menor ingreso. Por otra parte, la baja cobertura de los servicios para el cuidado de niñas y niños menores de 4 años, la violencia ultrafamiliar y la creciente violencia en las calles de las principales ciudades, encierra a las mujeres en sus casas realizando trabajos de baja calificación y tradicionalmente “femeninos”. A pesar de la propuesta de paridad en el discurso gubernamental, hay una gran cantidad de mujeres en los niveles bajos de la administración pública, porcentaje que va disminuyendo en los niveles de decisión altos o en las candidaturas y cargos de elección popular. La impunidad continúa negando el derecho a la vida. Asimismo, que permanece la tendencia gubernamental de control de la sociedad civil, creando estructuras de participación dependientes del gobierno como los puntos de encuentro del Instituto Nacional de la Mujer y los Consejos Comunales que limitan la autonomía de las organizaciones comunitarias.
Para descargar el documento completo del informe Ciudadanía y derechos políticos de las mujeres 2007, visitar http://www.observatoriomujeres.org.ve/seccion.asp?pid=98&sid=5045
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha venido alertando sobre las dificultades, limitaciones y errores en las políticas públicas para garantizar el derecho a la salud en el país, más sin embargo, no hemos dejado de reconocer algunos avances y situaciones positivas.
Alertamos de los retrocesos sufridos durante 2007 que había un proceso generalizado de decadencia de las Misiones y particularmente de la Misión Barrio Adentro. Indicamos nuestra preocupación por las crecientes denuncias acerca del cierre de ambulatorios, deficiencias en el suministro de medicamentos y equipos e incumplimiento de los horarios de trabajo y otras deficiencias en la prestación del servicio. Igualmente llamamos la atención que en nueve años de gestión el gobierno no ha sido capaz de conformar el Sistema Integral de Salud y que existe una gran dispersión en el sector.
Resaltamos que pese a tales deficiencias la gestión pública refleja aspectos positivos tales como: La contribución de Barrio Adentro ha permitido que 60% de los sectores populares se hayan beneficiado con servicios de salud, el número de profesionales de la salud en Venezuela (2,3 médicos por cada 1.000 habitantes) supera el estándar dispuesto por la Organización Mundial de la Salud (1 médico por cada 1.000 habitantes) lo cual es un hecho significativo en cuanto a cobertura, sin embargo, existe una situación de déficit en algunas de las ramas y especializaciones de las ciencias de la salud. Se han dado importantes pasos para garantizar la gratuidad de los servicios públicos de salud ..Se han destinado importantes recursos al sector salud, no obstante el mismo no alcanza el 5% del Producto Interno Bruto recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Provea deplora que el sistema de salud continúe caracterizándose por la coexistencia de dos sistemas, sin coordinación entre ellos: el propio de Barrio Adentro y el conformado por la red de hospitales y ambulatorios públicos. Esto ha traído como consecuencia un sistema de salud fragmentado y desarticulado, con graves fallas estructurales que no han podido ser revertidas, afectando las garantías de acceso universal y calidad de los servicios prestados por las redes tradicionales de asistencia sanitaria. Como si fuera poco, a esta realidad se suma el hecho de la inexistencia de un marco normativo que regule el sistema de salud. A pesar de figurar en la Constitución la obligación de promulgar una Ley de Salud en un período no mayor de un año, la Asamblea Nacional continúa en mora con respecto a su obligación de garantizar una ley marco que defina las políticas nacionales en la materia.
Provea reitera que tan sólo mediante la convocatoria de diversos sectores sociales y políticos en una mesa nacional de diálogo para el sector salud se podrá afrontar de manera exitosa la presente crisis. En tal sentido consideramos que entre los aspectos a considerar por dicha mesa nacional de diálogo se encuentran:
- Debatir sobre la situación presupuestaria y adoptar medidas para garantizar recursos suficientes para el funcionamiento del Sistema Público Nacional de Asistencia a la Salud.
- Exhortar a la Asamblea Nacional para que en un lapso breve apruebe y promulgue la ley de salud acorde con los parámetros establecidos en la Constitución.
Integrar el presupuesto destinado a la Misión Barrio Adentro al presupuesto del Ministerio de Salud. - Abordar los mecanismos, y procedimientos para lograr la integración normativa, programática y territorial entre el sistema sanitario público y los centros de salud de la Misión Barrio Adentro y la implementación del proceso de descentralización de los servicios de salud.
- Finalmente, debe discutirse la situación salarial del personal del sector salud y lo referente a las contrataciones colectivas pendientes en el sector.
Un documento titulado “Misión Barrio Adentro – Situación Actual”, realizado por el Comité Nacional de Solidaridad Cuba–Venezuela, analizó la situación de la principal misión sanitaria del Ejecutivo Nacional. El documento fue difundido por los medios de comunicación venezolanos, tras ser entregado a la directiva del partido Patria Para Todos.
Según las cifras presentes en el estudio, a finales de 2005 y finales de 2006 se inició el retiro progresivo de 4.500 médicos cubanos. El estudio afirma hace dos años habían 13.000 médicos en Barrio Adentro I, con la intención de cumplir lo establecido de un médico por cada 1.200 habitantes, que permitiría atender a 17 millones de venezolanos. Pero «el reordenamiento del recurso humano preveía la reducción de estos médicos a 8.500 por 3.000 habitantes, como promedio» (Sic) . Según este análisis, el reacomodo del recurso humano «no se supo entender suficientemente, ni explicar adecuadamente». Incluso, echan mano a los resultados de algunos sondeos realizados por los comités de salud, según los cuales la gente ya se ha «adueñado» de la idea de contar con un médico en su comunidad; y el restringir esta posibilidad ha generado descontento. El documento aborda, también, los retrasos en la construcción y entrega de infraestructura destinada al funcionamiento de la misión. Señala que la planificación inicial ha sido alterada significativamente, lo que ha hecho que la reestructuración de Barrio Adentro I no fuese compensada «oportunamente ni con la magnitud deseada» Destaca que no se ha obtenido la respuesta deseada de ciertas instancias oficiales. «No todas las instituciones públicas asumieron el tema de la salud pública como política de Estado». (El Nacional, 26.02.08, Pág. 3).
La difusión del informe generó reacciones en sectores relacionados al área salud. Aldo Muñoz, coordinador nacional de la misión médica cubana, deploró que la cobertura de prensa no haya señalado los logros de la misión presentes en el texto original: «En el año 2000 los médicos estaban en una proporción de 20.0 por cada 100.000 habitantes. En 2007, los médicos venezolanos y cubanos de Barrio Adentro alcanzaron la cifra de 59.3 por cada 100.000 habitantes. En el 1998, el nivel primario de salud contaba con 4.804 ambulatorios. En la actualidad y con la implementación de 6.531 módulos asistenciales de Barrio Adentro I, estas unidades ascienden a 11.335 en la red de atención primaria. El personal médico en Atención Primaria de Salud se ha incrementado 3 veces comparado con el existente antes de 2004, aumentando con ello la cobertura desde 21 % hasta 94 % de la población. El número de atenciones médicas en la red ambulatoria en 1997 era de 3.530.360. Solamente en el año 2007, en Barrio Adentro se brindaron 54.280.294 atenciones”. (El Nacional, 27.02.08, Pág. 3).
En contraparte, el secretario general de la Sociedad Bolivariana Venezolana de la Medicina General Integral, José Gregorio Hernández, coincide a grandes rasgos con las observaciones hechas en el documento Misión Barrio Adentro – Situación Actual: . «Yo creo que la crítica bien entendida es necesaria para mejorar». Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano de Caracas, Fernando Bianco se sintió reivindicado, en el sentido de que considera que el documento «confirma el alerta dado por el frente médico nacional bolivariano y por el Colegio de Médicos» y estimó como necesario hacer algunos ajustes en la misión: «Hay que volver a los núcleos de atención integral», insistió. (El Nacional, 27.02.08, Pág 3).
Otra información reveló que27 odontólogos de Barrio Adentro se concentraron por 30 horas en las instalaciones del Ministerio de Salud el 14.02.08, exigiendo la renuncia del director nacional de Salud Bucal, Defren Camejo, por supuesta incompetencia. «Existen 1.400 pacientes en total estado de abandono que necesitan prótesis y no tenemos como dárselas», dijo un manifestante. (Ultimas Noticias, 15.02.08, Pág. 2).
Durante la transmisión del programa 301 de Aló Presidente, el jefe de Estado Hugo Chávez Frías, recordó su preocupación por el tema alimentario, haciendo énfasis en atacar este fenómeno. (Agencia Bolivariana de Noticias, 20.01.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=117324&lee=Array[0] ). Durante los primeros días del año, el tema de la falta de algunos rubros básicos alimenticios acaparó buena parte de la agenda informativa.
Según estadísticas recopiladas por la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (Ansa), las fallas de inventario en los establecimientos capitalinos oscilaba entre un 25 y 30%. Entre los alimentos ausentes se encontraban el huevo, azúcar, harina de trigo, aceite y leche. Asimismo, reportaron que los proveedores de carne y pollo estaban ofreciendo el producto a un precio mayor del regulado. (Ultimas Noticias, 11.01.08, Pág. 24). Por su parte Fedecámaras calculó que 86% del consumo de alimentos básicos y de otros productos se satisface con producción privada, mientras que a través de Mercal se suministra 14%. (El Nacional, 14.01.08, E/6).
Cifras oficiales señalan que en algunos rubros han aumentado las siembras, como en el caso de la caraota que en el 2007 aumentó 83% el territorio sembrado con respecto al 2006 (Ultimas Noticias, 12.01.08, Pág. 20). Pero estos incrementos productivos se han mostrado insuficientes para asegurar el derecho a la alimentación a la población. Una de las políticas implementadas es la participación de la compañía petrolera Pdvsa en la importación y distribución de alimentos. Producción y Distribución de Alimentos (Pdval), una nueva filial de Pdvsa Agrícola, comenzó a distribuir el 21.01.08 74 mil toneladas de alimentos. Pdval realizará la distribución a través de la red privada, las instalaciones de Pdvsa y las empresas eléctricas para distribuir 8 rubros en una primera etapa: leche líquida y en polvo, carne, pollo, arroz, caraota, azúcar, aceite y frijoles. Pdval abastecerá puntos de ventas con rubros ajustados a la regulación, mientras que Mercal ofrecerá productos «subsidiados», es decir, muy por debajo del precio establecido en Gaceta Oficial. Sin embargo, se podrán conseguir en los anaqueles de ambas redes productos suministrados por Casa o Pdval. La estrategia está enmarcada en un plan conjunto con los ministerios de Agricultura y Tierras y Alimentación. (Ultimas Noticias, 22.01.08, Pág. 21).
En otra medida para enfrentar el déficit, el ejecutivo nacional aprobó el aumento de 36,3% en el precio del litro de leche cruda a puerta de corral. Según cifras del Ministerio de Agricultura y Tierras, el consumo de leche en el país se ubica en 3,24 millardos de litros al año, y la producción nacional cerró 2007 en 1,72 millardos de litros. Por ello más de 1,5 millardos de litros de leche se tienen que importar para cubrir la demanda. (El Nacional, 21.08.07, F/4).
El decreto N° 5.836, mediante el cual se crea el Sistema Público Metropolitano de Salud, fue publicado por la Presidencia de la República en Gaceta Oficial N° 38.859, de fecha 28.01.08. Este sistema se crea con el objetivo de que los ministerios de Salud y del Trabajo y Seguridad Social, así como la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas y sus órganos adscritos, en coordinación con los comités de salud y demás formas de participación popular, profundicen y consoliden su gestión en todos los hospitales, ambulatorios, clínicas populares, centros de diagnóstico integral, salas de rehabilitación integral y centros diagnósticos de alta tecnología, entre otros.
Asimismo, mediante el decreto se crea el Comité para la Organización y Rectoría del Sistema Público Metropolitano de Salud, con carácter temporal, organismo que deberá crear, implementar y coordinar la metodología adecuada que permita alcanzar los objetivos del referido sistema. Este comité deberá formular el plan que consolide la gestión en los centros asistenciales mencionados, coordine lineamientos que regirán la aplicación del plan, evalúe la ejecución y le dé seguimiento, y establezca mecanismos para autorizar la transferencia de intercambio o préstamo de medicamentos, material quirúrgico y equipos médicos, entre otros aspectos. (Ultimas Noticias, 30.01.08, Pág. 6)
Wilfredo Carrillo y Gustavo Pulido, en nombre de la junta directiva del Sindicato de Trabajadores de Hospitales, Clínicas y Oficios Similares del Distrito Capital y Estado Miranda, denunciaron que el decreto fue realizado de manera unilateral «al no tomar en cuenta los derechos de los trabajadores. Esta situación nos ocasionó desmejoras, porque el horario laboral será más estricto sin ofrecernos una compensación salarial». Asimismo, informaron que exigen la cancelación del fideicomiso de los pasivos tanto del viejo régimen como del nuevo (correspondiente al año 1997 hasta el 2007). «No hemos recibido aumento de sueldo desde 2004 y aún se discute la contratación colectiva. Los trabajadores devengamos salario mínimo, aunque ocupemos cargos diferentes. El tabulador está congelado desde hace cuatro años. No han pagado el segundo semestre de las evaluaciones del año pasado. La infraestructura de la mayoría de estos centros asistenciales del Distrito Capital está en pésimas condiciones». (Ultimas Noticias, 25.02.08, Pág. 5).
La Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) estudia mecanismos para flexibilizar las llamadas «compras legítimas» por Internet, según informó el titular de este ente administrador, Manuel Barroso. Según la Gaceta Oficial publicada el 27.12.07, con el número 38.839, Cadivi autorizó un monto máximo de 400 dólares por año para compras por Internet, lo que modificó sustancialmente el monto fijado durante 2006 de 3.000 dólares.
Al respecto Barroso destacó: “estamos estudiando que para aquellas prácticas legales y factibles, se tenga un espacio o una posibilidad. Por ejemplo, se está estudiando crear mecanismos para algunas personas que adquirieron medicinas por internet. De hecho, allí está la providencia de casos especiales que perfectamente permite la adquisición de las medicinas’. (Diario La Antorcha, 31.01.08, http://www.diarioantorcha.com/noticias/detalles/detalles.asp?id=74881)
El presidente de la sociedad de médicos de la Maternidad Concepción Palacios, Fernando Calderón, aseguró que hay un cierre técnico en el centro asistencial debido a la falta de insumos, personal médico y funcionamiento de sólo tres quirófanos. «Seguir trabajando en esas condiciones es engañar al pueblo», comentó el doctor al explicar que el cierre técnico se refiere a la suspensión de las intervenciones quirúrgicas planificadas con antelación. (Ultimas Noticias, 16.02.08, Pág. 4).
El 25.02.08 los integrantes del cuerpo de residentes suspendieron las consultas oncológicas en el hospital Padre Machado, como medida de presión ante los continuos retrasos en la conclusión de los trabajos de refacción, que les impiden prestar un servicio efectivo. En una reunión realizada en el centro asistencial se estableció que para el próximo 10.03.08 deberán estar operativos los pabellones, que ya tienen un año y tres meses fuera de servicio por remodelación. (El Nacional, 27.02.08, C/2).
Maryury Méndez, médico residente del Hospital Pérez de León, ubicado en la parroquia Petare del municipio Sucre, informó que existe un grave déficit de médicos residentes. «Deberían haber 40, y en cambio trabajamos sólo 12. Estamos sobrecargados de trabajo y a esto tampoco le dan solución, por lo que por ahora nos dedicaremos a procedimientos exclusivamente de emergencia». Por su parte, el personal de enfermería expresó que seguirían trancando las calles y manifestando a las afueras del hospital hasta que se les abone en su cuenta las deudas que tienen acumuladas desde el año 2000. (Ultimas Noticias, 09.02.08, Pág. 2). Unos 100 trabajadores habían manifestado el 07.02.08 por el mal estado de la infraestructura, seguridad, aumento de salarios y pago de fideicomisos. Las protestas se realizaron durante dos días, demandando mejoras para la infraestructura la cual fue calificada de “precaria” por los manifestantes. (El Nacional, 09.02.08, C/2). A la manifestación se unieron pacientes del hospital y sus familiares, a quienes les ha tocado vivir de cerca las carencias que atraviesa el sector salud. A pesar de la protesta, el centro asistencial estuvo en funcionamiento.
José Félix Pernía, delegado general del Sindicato Unitario de Empleados Públicos, afirmó que en el hospital José Gregorio Hernández de Los Magallanes de Catia la escasez de galenos en este centro estuvo presente durante todo 2007 y en lo que va de año el problema se ha acentuado. Se informó que un aviso en dicho centro asistencial afirma que no todos los pacientes que lleguen por emergencia podrán ser atendidos, y que también la consulta de triaje fue suspendida y que sólo se atenderá a pacientes referidos de la zona de Catia. Por su parte, el doctor Jorge Weir, adjunto al área de emergencia del hospital, indicó que en este centro el déficit de personal médico es de aproximadamente 65 por ciento. (Ultimas Noticias, 29.01.08, Pág. 3).
En el hospital de Guarenas-Guatire Eugenio P. D´Bellard denunciaron que la inseguridad atenta contra la prestación de los servicios médicos. Se difundió que desde hace dos meses, aproximadamente, el único hospital general para Guarenas, Guatire y parte de Barlovento se quedó sin profesionales, debido a que no les pagan el aumento decretado desde hace dos años. (El Nacional, 09.02.08, C/3).
Durante dos horas, miembros de los diferentes consejos comunales de Tomás Lander y un equipo de trabajadores del Hospital General Simón Bolívar, ubicado en los Valles del Tuy, hicieron una toma simbólica del centro asistencial, como medida de protesta para exigir respuestas inmediatas del gobierno regional y Corposalud. Los manifestantes destacaron que el área de medicina interna lleva ya más de dos años cerrada y las ambulancias brillan por su ausencia. Dijo que tienen dos años reparando el segundo piso, mientras que los pacientes están hacinados en las demás plantas.
(Ultimas Noticias, 15.02.08, Pág. 44). En Aragua, el presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, José Trujillo, anunció que ocho mil trabajadores del sector salud en la región comenzarían una serie de acciones de calle, ante la imposibilidad de obtener una respuesta por parte de los organismos competentes ante los reclamos que han venido formulando. Trujillo indicó que además de los reclamos de viejas deudas salariales, la crisis en los hospitales aragueños se ha agudizado debido a la permanente falta de insumos, razón por la cual unos 130 galenos han decidido renunciar ante la imposibilidad de poder brindar a los miles de pacientes que acuden a las consultas un servicio en condiciones seguras y óptimas. (Ultimas Noticias, 22.02.08, Pág. 4).
Por su parte, representantes del gremio del estado Bolívar manifestaron su preocupación ante la situación de colapso que existe en el sistema de salud regional, cuando en los principales centros hospitalarios apenas si hay insumos y recurso humano para prestar los servicios. (Correo del Caroní, 29.01.08, http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,174/?id=88608)
Las autoridades sanitarias venezolanas registraron un aumento de 66% en los casos de dengue clásico ocurridos en enero con respecto al mismo periodo del año 2007, según se conoció a través de un informe presentado por la Subsecretaría de Salud de Chile. A pesar de que el Ministerio de Salud aún no ha publicado los boletines epidemiológicos correspondientes a ese período en su sitio web, el organismo chileno obtuvo el número de casos a través de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica venezolana, según se destaca en la página de Internet del ente sureño.
De acuerdo con el informe, 525 personas se enfermaron en enero con dengue hemorrágico en Venezuela, en contraste con las 478 que lo padecieron en el mismo mes de 2007. Sobre el número de casos de dengue clásico, el aumento fue de 65,8%, con 6.254 enfermos, con respecto a 3.770 del año pasado. Zulia sería el estado con mayor cantidad de casos registrados de la enfermedad en su tipo clásico con 737 personas afectadas (y también en la versión hemorrágica con 200 enfermos). Lo siguen Miranda (155), Falcón (149), Monagas (140), Trujillo (112) y Distrito Capital (109).
A mediados de 2007 el Ministerio de Salud no emitió los boletines epidemiológicos semanales en su sitio web, lo que dejó en blanco por esos meses cualquier tipo de información sobre las enfermedades de notificación obligatoria, como parotiditis, malaria y dengue. En entrevista publicada en El Nacional el pasado 16.01.08, Fátima Garrido, directora de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, informó que no se publicaron los boletines durante cinco meses por razones tecnológicas. (El Nacional, 16.02.08, C/2).
En otra información, se conoció que los venezolanos/as padecen de malnutrición desde su nacimiento, tanto por déficit como por exceso de alimentación. Así resume el Ministerio del Poder Popular para la Salud (Mpps) el resultado de una investigación efectuada en el país con datos del Instituto Nacional de Nutrición (INN), donde se abarcan los índices de la infancia venezolana en un período de 15 años (1990-2005). En promedio, la malnutrición —un desequilibrio entre las necesidades corporales y la ingesta de alimentos— afectaría al 40% de la población infantil. (Panorama, 15.02.08, http://www.panorama.com.ve/panodi/398862.html)
El martes (26.02.08) se presentó en la sala B del Ateneo de Caracas, el II Foro UNGASS Venezuela por parte de ACCSI (Acción Solidaria contra el Sida) y AVESA (Asociación Venezolana para la Educación Sexual Alternativa) con una nutrida participación de asistentes, donde se hizo un balance a nivel nacional de la situación de las personas con VIH/SIDA y la poca asistencia e importancia que le da el sector publico y privado a una situación que afecta a una parte de la población nacional.
Tópicos como la existencia de 448 jóvenes huérfanos del SIDA, la escasez de fuentes, la escasa o casi nula participación de la empresa privada en ayudar a prevenir esta enfermedad, el despido indiscriminado de personas portadoras por parte de esta y el mal enfoque de la administración publica para su prevención, fueron algunas de las conclusiones que el colectivo asistente pudo sacar después de escuchar las dinámicas y profundas reflexiones de los expositores. Además, el informe posee como conclusiones las fortalezas existentes para la promoción de los logros en salud sexual y reproductiva de las mujeres que viven con VIH/Sida, así como los avances de la prevención del VIH/SIDA en mujeres. Por otra parte, expone las brechas y deficiencias en la articulación de las estrategias de salud sexual y reporductiva y VIH/Sida, así como las recomendaciones para superarlas.
Para más información, puedes comunicarte con ACCSI por los teléfonos: (0212) 2359215 o http://www.accsi.org.ve/ y con AVESA (0212) 5510212 o www.avesa.com.ve
En el Teatro del Circulo Militar de Caracas se realizó el 22.02.08 el Encuentro Interministerial para el relanzamiento del Programa Sustitución de Rancho por Vivienda (Suvi), el cual contó con la participación de consejos comunales. Al acto asistieron los ministros del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, Jorge Perez Prado y de Participación y Protección Social, Erika Farias, además del presidente del Inavi, Joel Toledo. Este reimpulso del Suvi tiene un nuevo objetivo: la interacción de los consejos comunales en la construcción de viviendas, partiendo del conocimiento del pueblo sobre sus necesidades. Al respecto el Jefe de la cartera de Vivienda, Jorge Pérez Prado, informó que con el relanzamiento del Suvi se está dando cumplimiento a las 3 R. “Decidimos que tenemos que trabajar en equipo para llevar una mayor suma de felicidad al pueblo, se realizarán 25 mil sustituciones de vivienda en la primera fase del Suvi, en 12 estados se efectuarán las pruebas pilotos donde se iniciará la construcción de vivienda. Pero el Plan Suvi tendrá presencia en todo el territorio nacional”. (Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, 24.02.08, http://www.minci.gob.ve/reportajes/2/174603/184iviendas_dignas_entregadas.html).
El gobierno nacional construirá más de 11 mil viviendas en todo el territorio nacional a través del Plan Alianza Casa Media que desarrolla el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat (Minvih). Esta afirmación se conoció a través de una nota de prensa del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), en la cual el presidente de dicha institución financiera, Eugenio Vásquez, detalló que desde la aplicación del Plan Casa Media (2005) hasta la segunda quincena del mes de febrero de 2008, un total de 141 mil 747 familias han adquirido viviendas dignas. (Agencia Bolivariana de Noticias, 19.02.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=120679&lee=3)
Aproximadamente 2.800 desempleados se conglomeraron el pasado 28.01.08 a las puertas de las obras de extensión del Metro Los Teques para solicitar un empleo, una práctica conocida como “hacer portón”. La dirigencia sindical del sector construcción mostró su preocupación por el hecho, debido a que consideran que los desempleados están “aupados por presuntos sindicalistas, algunos de ellos con intenciones de incentivar el desorden”. Como se recordará, el sector construcción ha sido protagonista de sucesos de violencia relacionados con la obtención de puestos de trabajo, lo que en el año 2007 cobró la vida de 56 personas, según lo reflejó el “Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, octubre 2006/septiembre 2007”, editado por Provea
(https://provea.org/publicaciones/informes-anuales/informe-anual-octubre-2006-septiembre-2007)
Durante el “portón” se produjo un conato de refriega entre afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción del Distrito Capital y estado Miranda (Sutic) y la Unión Bolivariana de Trabajadores (UBT), lo cual fue disuelto por efectivos de la Disip, Polimiranda y la Guardia Nacional. Según trascendió, las obras del Metro sólo pudieran incorporar mano de obra especializada, de manera escalonada, para unas 1.200 personas en los próximos 7 años, lo cual debería sugerir la implementación de políticas para asegurar el derecho al trabajo de las personas sin empleo. (Ultimas Noticias, 29.01.08, Pág. 37)
En la Asamblea Nacional ex trabajadores que mantuvieron la toma de 12 centros de distribución y embotellado de refrescos y los trabajadores activos de la compañía lograron ponerse de acuerdo para lograr una salida al conflicto laboral, y unificar criterios laborales frente a sus empleadores. “Aquí no se tiene la intención de querer quebrar a Coca-Cola Femsa, sino que se atiendan las exigencias que por derecho le corresponden a más de 11.000 ex trabajadores», afirmó Francisco Torrealba, diputado y presidente de la subcomisión de Asuntos Laborales, Gremiales y Sindicales de la Asamblea Nacional. Como se recordará, trabajadores activos mostraron su desacuerdo con la acción de los ex trabajadores pues afirmaban que “violaba su derecho al trabajo”.
A juicio de la diputada Marcela Máspero, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores, el fabricante de refrescos CocaCola Femsa estaría obligado a cancelar la deuda que posee con los ex trabajadores, principalmente por cuatro razones diferentes. La primera es que el grupo de 11.300 personas que reclaman el pago de sus prestaciones tiene pruebas de haber trabajado en la compañía; la segunda, porque la compañía recurrió al concepto de colaboradores para definir a los ex trabajadores, una figura que según Máspero no existe en la Ley Orgánica del Trabajo; la tercera, que la Asamblea Nacional está exhortando el respeto al estado de justicia, y la cuarta, porque Coca-Cola Femsa logró negociar con el sindicato de Valencia un pago justo para un grupo de ex empleados. (El Nacional, 15.02.08, E/8).
La Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público exige al Ministerio del Trabajo que inicie inmediatamente la negociación del contrato colectivo, pues lleva vencido más de tres años, informó Ligia Guevara, coordinadora de Fetrasep. Guevara criticó la actitud del titular del despacho, José Ramón Rivero, de darle «largas a la discusión de la convención colectiva marco del sector público», lo que perjudica a más de 1,5 millones de funcionarios, obreros y sus familias. Por su parte, Juan Palencia, coordinador de Fentrasep, ha propuesto en varias oportunidades al Ejecutivo que adelante vía decreto cuatro cláusulas del contrato colectivo marco, entre ellas el aumento de 50% en la escala de salarios. Otras cláusulas del contrato marco del sector público son un bono de 15 millones de bolívares –sin incidencia salarial– para cada trabajador, 4 meses de aguinaldo, beneficio de ticket alimentación para más de 300.000 jubilados y aumento del HCM. (El Nacional, 19.02.08, N/6). Según lo reflejado en el Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, editado por Provea, unos 243 contratos colectivos se encontrarían sin firma en el sector público.
(https://provea.org/publicaciones/informes-anuales/informe-anual-octubre-2006-septiembre-2007)
Durante la transmisión del programa Aló, Presidente número 303, Chávez lanzó la propuesta de crear Brigadas de Producción, Distribución y Consumo Socialista, “propongo que le demos el nombre de Simón Rodríguez”, anunció. Además explicó que la idea consiste en que los grupos de personas se intercambien en el trabajo del proceso de producción, procesamiento, distribución y consumo de alimentos. (Agencia Bolivariana de Noticias, 10.02.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=119676&lee=3). Por otra parte, se anunció el incremento del precio del arroz para incentivar la producción. “Anunciamos el incremento –afirmó el primer mandatario- del precio al productor a 720 bolívares el kilo (0,7 bolívares fuertes) más el subsidio que quedaría en 805 bolívares (0,8 bolívares fuertes), el incremento es de 44% eso es justicia para ustedes los productores, los que sudan la gota gorda”. Desde su alocución en el estado Barinas el presidente Chávez anunció que Venezuela se convertirá en una potencia lechera y en ese sentido destinó a recursos del Fondo de Desarrollo (Fonde) 500 millones de dólares para el desarrollo del proyecto integral en donde se le dará participación a los productores nacionales, a través de la creación del Fondo Nacional de Producción Lechera (Fonaprole). (Agencia Bolivariana de Noticias, 10.02.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=119667&lee=3)
En otra noticia, se divulgó que en 30 días estarán instalados en todo el territorio nacional 561 pedevalitos comunales, iniciativa ejecutada por la Productora y Distribuidora de Alimentos, Pdval, con el objetivo de combatir la especulación y las fallas puntuales de abastecimiento de algunos productos de la cesta básica. Como se recordará, Pdval es la red de distribución de alimentos promovida por Pdvsa para intentar asegurar el derecho a la alimentación de la población. La información fue suministrada por el coordinador nacional de las Mesas de Energía, Wilman Pereira, quien destacó que se cuenta con el apoyo de las comunidades organizadas de todo el país, especialmente las que pertenecen a las 2.238 mesas de energías encargadas de la ejecución de proyectos. Los pedevalitos comunales también cuentan con la colaboración de la Misión Ribas y la Fuerza Armada Nacional. A diferencia de la red de Mercados de Alimentos, Mercal, Pdvsa alimentos no venderá produtos subsidiados, sino que los comercializará al precio establecido en Gaceta Oficial. (El Nacional, 18.02.08, M/6)
Asimismo, se ratificó la prohibición de alimentos de la red Mercal en el exterior. El Gobierno, a través de los ministerios de Alimentación y de Finanzas, emitió una resolución que limita la exportación de 76 productos alimenticios -naturales y procesados- a la presentación de un certificado de demanda interna satisfecha. Así, según la resolución publicada en la Gaceta Oficial N° 38.876 de fecha 22 de febrero de 2008, se incorpora al Régimen Legal Aplicable a Mercancía Objeto de Exportación, un artículo que reza: «Para la exportación de las mercancías clasificadas en las subpartidas indicadas a continuación, se deberá exigir junto con la Declaración de Aduanas, el Certificado de Demanda Interna Satisfecha, emitido por el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación». (Ultimas Noticias, 26.02.08, Pág. 18).
El Banco Central de Venezuela informó que el índice Integrado de Precios al Consumidor (IIPC), de las áreas metropolitanas de Caracas y Maracaibo, reflejaron para el mes de enero 2008, una variación de 3,0%, inferior a la reportada en el mes de diciembre de 2007 (3,2%). Esta variación integrada obedece al crecimiento de los precios observados en las agrupaciones Bebidas alcohólicas y tabaco (5,4%), Salud (5,1%), Restaurantes y hoteles (4,9%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,4%) y Bienes y servicios diversos (3,3%); frente a tasas mas bajas en otras agrupaciones: Transporte (2,7%), Educación (2,0%), Esparcimiento y cultura (1,8%), Vestido y calzado (1,4%), Equipamiento del hogar (1,2%), Alquiler de viviendas (0,6%), Servicios de la vivienda (0,1%) y Comunicaciones (0,1%). Para el área metropolitana de Caracas el Indice de Precios al Consumidor (IPC-AMC) registró en el mes de enero de 2008 una variación de 3,4%, similar al 3,3% obtenido el mes anterior y mayor al 2,0% registrado en enero de 2007. El comportamiento del indicador en este mes fue el resultado de crecimientos de precios tanto en los bienes controlados como los no controlados; en ambos casos la variación intermensual fue de 3,4%, en un entorno de escasez relativa e incidencia de la tributación indirecta. (Banco Central de Venezuela, 01.02.08, http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=6517&Operacion=2&Sec=False)
Por otra parte, el Centro para la Documentación y Análisis de los Trabajadores (Cenda) informó que la canasta alimentaria se incrementó 4,1% durante el mes de enero. Según sus cifras, la Canasta Básica de Alimentos, Bienes y Servicios del mes de enero 2008 tuvo un costo de BsF 2.442,80, presentando una variación de 2,3% (BsF 54,30) con respecto al mes de diciembre de 2007, cuando cerró en BsF 2.388,50. Influyó en la variación de la Canasta Alimentaria el incremento registrado en el precio de 7 de los 11 rubros que la conforman. Los aumentos fueron 14,5% en pescados; 8,4% en carnes y sus preparados; 8,3% en leche, quesos y huevos; 7,4% en raíces, tubérculos y otros; 2,1% en diversos productos alimenticios; 1,4% en azúcar y similares; y 0,5% en cereales y productos derivados.
El informe del Cenda detalla el incremento en los costos de vivienda, ubicándolos en 1,4% (unos BsF 7) para el mes de enero. Este salto es sobre el precio promedio de los alquileres de una vivienda (2 habitaciones y 1 baño) en las zonas populares y ciudades dormitorio de la Gran Caracas, que se estima en BsF 492,00 mensualmente.
En cuanto a los artículos de aseo personal y limpieza del hogar, se incrementó en BsF 3,27 (cerca de 1,2%). Respecto a los precios del sector salud, durante enero los costos subieron 0,1% (BsF 0,03), señaló el Cenda. El incremento se debió al alza de 3,7% en los precios de los antigripales. (El Universal, 14.02.08, http://buscador.eluniversal.com/2008/02/14/eco_art_canasta-alimentaria_712847.shtml)
• Abstenerse de promulgar o dictar actos administrativos que limiten y/o amenacen la libertad sindical y el derecho a la contratación colectiva.
• Abstenerse de aprobar normas que restrinjan o dificulten el derecho constitucional a huelga. Asimismo, obligar a los empleadores al acatamiento de las decisiones de reenganche y pago de salarios caídos y a la reparación e indemnización de los trabajadores sometidos a despidos antisindicales.
• Adoptar medidas eficaces para disminuir la discriminación en el trabajo por razones de etnia, raza, condición social o de salud, discapacidad, género, preferencia sexual, identidad o expresión de género, credo, opinión política, condición migratoria como de todas aquellas que pretendan anular o menoscabar la igualdad en cuanto a derechos y libertades. Igualmente, garantizar la efectividad de los procedimientos de protección contra actos de discriminación de la mujer trabajadora fundados en su estado de maternidad.
• Garantizar el efectivo control y promoción de condiciones de seguridad, higiene y ambiente adecuado para los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado. Asegurar el adecuado funcionamiento y presupuesto del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel).
• Implementar mecanismos de transparencia en la adjudicación de empleos y control judicial y ciudadano en las instituciones públicas y especialmente en el sector de la construcción y el sector petrolero. Adoptar medidas apegadas a los derechos humanos para poner fin a la violencia sindical; abrir investigaciones y castigar a los responsables de los asesinatos de los dirigentes sindicales para poner fin a la situación de impunidad en el sector.
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
El viernes 22.02.08 el Observatorio Venezolano de Prisiones, en una rueda de prensa, presentó ante la opinión publica una medida provisional de protección dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la población reclusa de las cárceles Rodeo I y II, ubicadas en el Edo. Miranda de la región capital.
La solicitud de medidas fue promovida por los abogados Humberto Prado, Pedro Níken y Carlos Ayala Corao. Recordamos al lector que los Internados judicial Rodeo I y II, son los centros de reclusión mas nuevos del país y en el cual conviven 1200 reclusos y en lo que va de año hay 7 personas muertas y 15 heridos en diferentes enfrentamientos.
En la región andina, Venezuela es el tercer país con mayor población penitenciaria después de Colombia y Perú y es uno de los 4 países de América Latina con medidas provisionales dictadas por la CIDH. Si desea consultar el texto de la medida provisional para la población reclusa de El Rodeo, visitar http://www.corteidh.or.cr/medidas.cfm?idMedida=336
Luego de dos años de discusión se dio a conocer, a través del sitio web del Ministerio del Interior y Justicia, el proyecto de ley que regirá a los cuerpos de seguridad del Estado. En cinco títulos, se regularon las competencias de los cuerpos en sus distintos ámbitos político-territoriales y sus deberes, pero también sus derechos. Además, se exponen los patrones de colaboración y alcance de los cuerpos usuales con el nuevo componente: la Policía Nacional.
El documento aprobado en Consejo de Ministros es apenas el primer paso, pues debe venir secundado por la Ley del Estatuto de la Función Policial, en un lapso no mayor de seis meses. Sin embargo, la ley en consulta crea el cuerpo nacional como un «órgano de seguridad ciudadana, con autonomía administrativa, financiera, de gestión y funcional» adscrito al MIJ. Su naturaleza es civil, pública, permanente, profesional y organizada, de acción en todo el territorio nacional para labores de orden público, tránsito, aduanas, custodia diplomática, penitenciaria, migración, marítima, anticorrupción, de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, ambiental y contra la delincuencia organizada.
A partir de su aprobación comenzarán las evaluaciones para que la Nacional desarrolle estrategias que no solapen las labores de las policías estadales o municipales, sino que las complemente. (Tal Cual, 21.02.08, Pág. 5).
En un comunicado enviado a Provea, el Comité de Víctimas contra la Impunidad de Lara denunció, presunto nuevos casos de vulneración del derecho a la vida en la región. Según el texto, el 24.01.08 cinco ciudadanos fueron ejecutados en el barrio Primero de Mayo de Quibor, municipio Jiménez del estado Lara (en la región centro-occidental de Venezuela); testimonios de familiares que presenciaron el hecho aseguran que al menos diez funcionarios, entre los que se encontraban policías de la Comisaría 50 de esa localidad, entraron al patio de su hogar sin mostrar orden de allanamiento, colocaron a los cinco hombres contra la pared, los encerraron posteriormente en la habitación aledaña, donde ejecutaron a dos de ellos, los otros tres fueron sacados a empujones nuevamente hasta el patio de la vivienda con los ojos vendados y las manos atadas, los dispersaron y les dispararon una lluvia de balas hasta que cayeron abatidos. La versión oficial del hecho fue la del enfrentamiento. El segundo caso ocurrió el 04.02.08 en un procedimiento similar, otros cuatro jóvenes fueron ejecutados por funcionarios policiales en el barrio Loma de León en Barquisimeto.
Para el Comité existe una campaña para legitimar este tipo de procedimientos, creando una matriz de opinión que naturaliza las ejecuciones y admite el asesinato de ciudadanos, con el argumento de que el asesinado tenía «antecedentes o era solicitado». En pocas palabras, según el documento, «aquí la pena de muerte en los barrios está decretada y lo peor de todo es que cualquier sátrapa, policía y/o delincuente, es el encargado de disponer a quién matar y a quién perdonar».
Uno de los familiares de la llamada «Masacre de Quibor» Enrique Escalona, empleado de la alcaldía de Quibor y hermano de Franklin Escalona, asesinado el pasado 24.01.08 en dicha población, se comunicó con Provea para denunciar presunto hostigamiento en su contra por parte de funcionarios policiales. Durante el momento de los sucesos, Enrique se encontraba en su puesto de trabajo, sitio en el que le comunicaron que una presunta comisión de la PTJ estaba solicitándolo en su casa. Al dirigirse a su domicilio, un cordón policial resguardaba la seguridad de la zona, mientras la comisión de funcionarios allanaban la casa de enfrente de Enrique Escalona, en el que ajusticiaron a 5 personas por presunta retención de estupefacientes. La versión oficial sobre el suceso habla de un «enfrentamiento».
Enrique denunció a Provea que 24 horas después de los sucesos comenzaron las llamadas anónimas amenazantes contra los familiares de las víctimas, las cuales en su opinión buscan que los mismos no hagan el reconocimiento de los funcionarios involucrados en los hechos. Asimismo, agregó que autos sin placas y patrullas policiales vigilan sus domicilios de manera perturbadora. Hasta el momento han sido imputados 5 funcionarios por su participación en los hechos.
Escalona realizó las denuncias en la Asamblea Legislativa de la región y solicitó medidas de protección a la Fiscalía 21 de la ciudad de Barquisimeto, pues teme por su vida.
Como triste y lamentable, calificó la Gobernadora de Portuguesa Antonia Muñoz el asesinato del ingeniero Pericles José Ortiz Calles, a manos de una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) del estado Lara el 28.01.08, que al parecer lo confundió con un antisocial, al tiempo que aseguró que exigirá una investigación al respecto “porque esto debe aclararse”.
Muñoz indicó que según las informaciones que maneja, el CICPC venía persiguiendo a alguien que estaba implicado en el robo de vehículos y que la muerte del ingeniero sucedió en un estacionamiento de la población de Araure, en el estado Portuguesa, pero desconoce si a ciencia cierta Ortiz Calles estaba o no implicado en este delito.
“En esta situación no se involucró ni la Policía del Estado, ni del CICPC de Portuguesa, sino de Lara, pero es necesario que se investigue, porque no puede ser que se mate a la gente de esa manera. Aunque estuviera implicado en ese delito, en el país no existe pena de muerte y por lo tanto se le debió arrestar y luego verificar si era o no un delincuente”, expresó Muñoz. (Ultima Hora, 31.01.08, http://www.ultimahoradigital.com/)
En una comunicación enviada a Provea por un vecino de la población de Ospino, se denunció que el pasado 19.02.08, en el estado Portuguesa, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y funcionarios de la Unidad de Asalto Táctico de la PEP, adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la gobernación, arremetieron contra comerciantes informales, personalidades públicas, transeúntes, periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos, dejando un saldo de más de 30 personas heridas y otras 16 detenidas, entre ellas el alcalde del municipio Ospino, Amilcar Pérez, la presidenta y el vicepresidente del concejo municipal de esa jurisdicción y el director de rentas de la alcaldía, además de graves daños a bienes públicos y privados.
Esta situación se vivió luego de que un grupo de personas, de las llamados “chicharroneros” de la Troncal 5, salieran a protestar cerrando la Autopista José Antonio Páez (JAP), en demanda de soluciones a la grave situación económica que confrontan centenares de padres de familia que han visto mermar sus ingresos tras la apertura del tramo vial, y el retardo en la conclusión del llamado Centro de Servicios, espacio que se edifica a orillas de la JAP, y que por falta de presupuesto aún no ha sido concluido.
• Diseñar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.
• Procurar que los cuerpos de seguridad que intervengan en la seguridad ciudadana sean de carácter civil y tengan una adecuada formación que parta de y consolide la noción de que su labor se debe a los ciudadanos y no en contra de éstos en procura de seguridad para el Estado.
• Diseñar programas de prevención en comunidades y focalizados en población especialmente
vulnerable a la violencia letal.
• Crear un sistema de información acerca de la situación de criminalidad y violencia en el país.
• Aplicar encuestas de victimización que permitan realizar diagnósticos certeros respecto a la situación de la seguridad ciudadana.
ARTÍCULOS
Del 8 al 22 de enero 2008
Boletín electrónico Nº 194
EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE ENERO
02 Día Internacional de los Humedales
04 Intento de Golpe de Estado contra presidente Carlos Andrés Pérez (1992)
06-12 Conmemoración de la Semana del Estudiante que pivoteó la primera huelga general de Venezuela (1928)
12 Día Internacional de los Niños Soldados / Día Nacional de la Juventud
14 Conmemoración de 1ra. huelga nacional en Venezuela (1936)
21 Día Internacional de la Lengua Materna
27 Hechos ocurridos en febrero-marzo de 1989, conocidos como “El Caracazo”
CONTEXTO
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
El G/D (Ej.), Rafael Oropeza, realizó una rueda de prensa el 05.01.08 donde contabilizó sus logros durante la gestión como Ministro del poder Popular para la Alimentación en el año 2007.
En primer lugar Oropeza comentó la duplicación de ventas en la Red Mercal por el orden de un 108,5%. Según sus datos, para enero del 2007 las ventas se ubicaban en 64.525 toneladas métricas (TM), cifra que para finales de año era de 124.977 TM. Asimismo se refirió a los operativos especiales a nivel nacional, los cuales para el mes de noviembre fueron 16.983, cifra que contrasta con la arrojada para el mes de enero 2007 de 16.983 operativos.
Otros logros mencionados fue la integración a la Red de Mercado de Alimentos de nuevos proveedores; la ampliación y mantenimiento de 131 establecimientos Mercal y la neutralización de la crisis de abastecimiento en los rubros pollo y carne. (Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, 18.01.08, http://www.minal.gob.ve/view/noticiaShow.php?id=209)
Durante la transmisión del programa 301 de Aló Presidente, el jefe de Estado Hugo Chávez Frías, recordó su preocupación por el tema alimentario, haciendo énfasis en atacar este fenómeno. (Agencia Bolivariana de Noticias, 20.01.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=117324&lee=Array[0]). Durante los primeros días del año, el tema de la falta de algunos rubros básicos alimenticios acaparó buena parte de la agenda informativa.
Según estadísticas recopiladas por la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (Ansa), las fallas de inventario en los establecimientos capitalinos oscilaba entre un 25 y 30%. Entre los alimentos ausentes se encontraban el huevo, azúcar, harina de trigo, aceite y leche. Asimismo, reportaron que los proveedores de carne y pollo estaban ofreciendo el producto a un precio mayor del regulado. (Ultimas Noticias, 11.01.08, Pág. 24). Por su parte Fedecámaras calculó que 86% del consumo de alimentos básicos y de otros productos se satisface con producción privada, mientras que a través de Mercal se suministra 14%. (El Nacional, 14.01.08, E/6).
Cifras oficiales señalan que en algunos rubros han aumentado las siembras, como en el caso de la caraota que en el 2007 aumentó 83% el territorio sembrado con respecto al 2006 (Ultimas Noticias, 12.01.08, Pág. 20). Pero estos incrementos productivos se han mostrado insuficientes para asegurar el derecho a la alimentación a la población. Una de las políticas implementadas es la participación de la compañía petrolera Pdvsa en la importación y distribución de alimentos. Producción y Distribución de Alimentos (Pdval), una nueva filial de Pdvsa Agrícola, comenzó a distribuir el 21.01.08 74 mil toneladas de alimentos. Pdval realizará la distribución a través de la red privada, las instalaciones de Pdvsa y las empresas eléctricas para distribuir 8 rubros en una primera etapa: leche líquida y en polvo, carne, pollo, arroz, caraota, azúcar, aceite y frijoles. Pdval abastecerá puntos de ventas con rubros ajustados a la regulación, mientras que Mercal ofrecerá productos «subsidiados», es decir, muy por debajo del precio establecido en Gaceta Oficial. Sin embargo, se podrán conseguir en los anaqueles de ambas redes productos suministrados por Casa o Pdval. La estrategia está enmarcada en un plan conjunto con los ministerios de Agricultura y Tierras y Alimentación. (Ultimas Noticias, 22.01.08, Pág. 21).
En otra medida para enfrentar el déficit, el ejecutivo nacional aprobó el aumento de 36,3% en el precio del litro de leche cruda a puerta de corral. Según cifras del Ministerio de Agricultura y Tierras, el consumo de leche en el país se ubica en 3,24 millardos de litros al año, y la producción nacional cerró 2007 en 1,72 millardos de litros. Por ello más de 1,5 millardos de litros de leche se tienen que importar para cubrir la demanda. (El Nacional, 21.08.07, F/4).
El nuevo ministro de Finanzas, Rafael Isea, reconoció que el reto durante su gestión será disminuir la inflación. «Ratificamos la meta de inflación de 11% para este año» afirmó en declaraciones a los medios de comunicación. (El Nacional, 08.01.08). Con el inicio de la reconversión monetaria, el pasado 01.01.08, algunos comercios y prestadores de servicios exhiben nuevos precios. Los comerciantes aseguran que antes de la reconversión los proveedores de insumos subieron sus costos, los cuales «hemos tenido que trasladar a los precios finales». (Ultimas Noticias, 10.01.08, Pág. 20). Por otra parte, en el primer mes del año, el precio de los medicamentos en general registró un incremento que varió entre 15% y 20% respecto a diciembre de 2007, de acuerdo con cifras suministradas por los gerentes de 8 farmacias de Caracas. (El Nacional, 12.01.08, M/4).
Por su parte, el Indecu inició el 08.01.08 una serie de operativos con el fin de «frenar la ola especulativa que se ha desatado con la excusa de la reconversión monetaria». (Ultimas Noticias, 09.01.08, Pág. 20). El Ministerio de Finanzas y los ministerios y entes vinculados a la producción y comercialización de alimentos, evalúan la posibilidad de flexibilizar el control de precios de los alimentos. El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ricardo Sanguino, adelantó que se contempla la revisión de las estructuras de costos de producción de varios rubros para el posterior ajuste de precios o liberación de los mismos, aunque no precisó ningún alimento en particular. Señaló que el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (Milco) adelanta reuniones con los sectores productivos, a fin de llegar a acuerdos e impulsar políticas de estímulo a la producción que permitan la sustitución paulatina de las importaciones. (El Nacional, 17.01.08, E/6).
Con motivo de la celebración del Día del Maestro, el presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Orlando Alzuru, lamenta que en 2007 el Gobierno nacional haya hecho caso omiso a las sugerencias hechas por el gremio en relación con la Ley Orgánica de Educación y al diseño curricular del Sistema Educativo Bolivariano impulsado por el Ministerio de Educación. «Hemos hecho propuestas al proyecto de ley pero no sabemos si han sido incluidas en el documento que está manejando la Asamblea», dijo el dirigente. A pesar de que en diciembre el diputado Orlando García informó que la Ley de Educación había sido discutida lo suficiente en todo el país, Alzuru afirma que los educadores ignoran el contenido de la norma que el Parlamento aprobará en el primer semestre de 2008.
El presidente de la Federación Venezolana de Trabajadores de la Educación (FVTE), José Teixeira, coincide con Alzuru: «Desconocemos el proyecto de Ley de Educación que será discutido en la AN y tememos que allí se pretenda mantener los criterios de parcialidad política y culto a la personalidad que han caracterizado a las propuestas hasta ahora presentadas».
Teixeira considera necesario que la Asamblea reabra el debate en torno a la ley y que garantice a los educadores que sus observaciones y propuestas queden incluidas en el proyecto que ya tiene seis años en discusión. «Queremos que se apruebe una ley que consagre calidad en el servicio educativo, sobre todo en los sectores populares». (El Universal, 14.01.08, http://www.eluniversal.com/2008/01/14/pol_art_maestros-quieren-par_671355.shtml)
El Ministerio del Trabajo y Seguridad Social difundió que el salario mínimo logró beneficiar al cierre del año pasado a un total de 2.058.373 trabajadores urbanos, rurales y domésticos, cifra que representa 17,6% de los ocupados en el país. El sueldo básico en Venezuela es de Bs F 614,79 (Bs 614.790), monto que equivale a 286 dólares, lo que lo colocaría como uno de los salarios mínimos más alto de Suramérica.
En otros aspectos, un comunicado de prensa del despacho laboral indica que la prórroga del decreto de inamovilidad laboral preservó los empleos de 6.496.997 trabajadores, ofreciendo las garantías requeridas para que no sean objeto de despido, traslados o desmejoras en sus condiciones de trabajo.
Por último, la nota de prensa señala que el número de pensionados alcanzó la cifra récord de 1.208.300 personas, a quienes se dirigieron más de Bs F 8.000 millones (Bs 8 billones) en asignaciones durante el año 2007. (El Universal, 14.01.08, http://www.eluniversal.com/2008/01/14/eco_art_17,6-de-personas-ga_671229.shtml)
El ministro del Trabajo y Seguridad Social, José Ramón Rivero, sostuvo que de parte de Gobierno Nacional existe la disposición de concretar una reducción de la jornada laboral pues en la Constitución existen elementos que sustentan su aplicación.
Rivero manifestó que el Gobierno hizo un esfuerzo al proponer una reducción de la jornada a través de la reforma constitucional. ‘Queda de parte del movimiento sindical adelantar todas las acciones en ese sentido para concretar lo que es un sueño de la clase trabajadora venezolana’, indicó. (Agencia Bolivariana de Noticias, 11.01.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=116421&lee=Array[0])
A fin de manifestar su desacuerdo con el peritaje de cálculo efectuado por el Seniat sobre prestaciones sociales y demás beneficios contractuales, un grupo de ex trabajadores, jubilados y pensionados de la Cantv, se concentraron este 10.01.08 en la mañana a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
José Chacón, directivo de la Asociación de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes de la Cantv (Ajuptel), indicó que el día anterior introdujo un escrito ante el Máximo Tribunal del país, y explicó que el cálculo del Seniat dejó por fuera algunos conceptos y parámetros derivados de la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ.
De acuerdo con Chacón, entre las demandas del grupo se exige la homologación y ajuste de sueldos y salarios desde 1993 hasta el presente.
Además, exigen la cancelación del beneficio de cestaticket, así como los bonos especiales cancelados a los trabajadores activos en compensación por retraso en la firma de contratos colectivos.
El dirigente explicó que existen otras demandas como la cancelación de intereses moratorios derivados del retraso de la compañía telefónica para el pago de la deuda desde 1993, año en que fue privatizada la empresa. En este sentido citó el artículo 92 de la Constitución Nacional, referido al derecho a las prestaciones sociales de los trabajadores, y al apartado que explica que la mora en los pagos genera intereses.
Chacón y los demás trabajadores exigen además el pago de la deuda acumulada que se deriva del ajuste de las pensiones y bonificaciones o utilidades de fin de año no canceladas desde la privatización, con sus respectivos intereses.
Finalmente, Chacón expresó su disposición y la de sus representados de continuar negociando a través de las mesas de conciliación a fin de lograr a la mayor brevedad acuerdos satisfactorios. (Ultimas Noticias, 11.01.08, Pág. 26)
Las manifestaciones de los trabajadores de Coca Cola Femsa continúan intensificándose tras la negativa de la compañía de sentarse a proseguir debatiendo los beneficios contractuales económicos y de incidencia salarial. Los protestantes tomaron las flotas de distribución de refresco para protagonizar una concentración de camiones que «paseó» por el sector de la UD-145 de San Félix y se apostó en las afueras de la empresa.
La intención de esta protesta fue dar a conocer a la comunidad la problemática. Como recientemente señaló el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Bebidas Gaseosas de Guayana, Neomar Gómez, la lucha se orienta a la búsqueda de verdaderos beneficios que reivindiquen la labor de los empleados. Hasta la fecha se han debatido 62 cláusulas y restan por discutir los beneficios económicos de otras 26, para un total de 268 empleados. (Correo del Caroní, 13.01.08, http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,174/?id=87373)
La recuperación de los espacios públicos del casco central de Caracas fue la primera meta que se planteó la Alcaldía de Libertador en 2008. Los comerciantes informales fueron desalojados y un fuerte operativo de limpieza abrió de nuevo las vías para los peatones.
Según cifras manejadas por el Alcalde Freddy Bernal, en el centro de la ciudad laboraban 6.200 buhoneros, cifras que fueron refutadas por voceros de los informales, quienes estiman que el número real asciende a 16.000. Tras el empadronamiento, el presidente de la de la Corporación de Servicios Municipales, Silfredo Zambrano, aseguró que se buscarían alternativas para todos los vendedores que entraran en el censo. «La Dirección de Informática evaluará los casos de cada uno de los sectores. Pero no se les va a dejar trabajar; no serán ocupadas de nuevo las calles», indicó. Por su parte Bernal afirmó que están asegurados dos mil locales para los vendedores, en los centros comerciales para la economía informal de San Martín y Quinta Crespo. El primero ya está listo para ser ocupado por 800 comerciantes, pero el segundo está en proceso de construcción. El alcalde estima que para marzo estará habitado por mil 200 vendedores. En la acera de enfrente, líderes de los trabajadores informales solicitaron a las autoridades de la Alcaldía de Libertador que instalara mesas de diálogo, bajo la condición de que les permitan regresar con sus tarantines a las calles, propuesta que fue rechazada. (Ultimas Noticias, 08.01.08, Pág. 3).
En otra declaración, el Alcalde Bernal reveló que en un trabajo de inteligencia se detectaron 150 personas infiltradas como buhoneros e irregularidades cometidas por mafias. Anunció que en el transcurso de la semana serían presentados y denunciados ante la Fiscalía General de la República. Estas declaraciones fueron realizadas después que el 03.01.08 varios informales intentaran resistirse a los desalojos, incendiando contenedores de basura. (Ultimas Noticias, 07.01.08, Pág. 3).
Voceros de los trabajadores informales anunciaron la realización de diferentes actos de protesta contra la medida de desalojo, la cual consideran dictada de manera unilateral. El 15.01.08 un nutrido grupo de alrededor de 2.000 trabajadores y trabajadoras informales se movilizaron hasta la esquina de Carmelitas, en el centro de la ciudad de Caracas, para entregar un documento a las autoridades municipales y el poder ejecutivo nacional. Al día siguiente se movilizaron hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para introducir un recurso de amparo contra la alcaldía para exigir la anulación del decreto 278 que ordenó su desalojo del casco histórico caraqueño. La siguiente acción fue el inicio de la huelga de hambre por parte del dirigente Expedito Rivero y otros 10 buhoneros más, en un sitio que habilitaron en una de las esquinas de la Plaza El Venezolano. En contraparte, el 22.01.08 se movilizaron desde la Plaza Morelos de Bellas hasta el Consejo Municipal de Libertador, una centena de simpatizantes del decreto 278, quienes expusieron su repulsa a la economía informal y apoyaron la gestión del alcalde del municipio Libertador, Freddy Bernal y al concejal del mismo municipio, Wilfredo Zambrano.
Abstenerse de promulgar o dictar actos administrativos que limiten y/o amenacen la libertad sindical y el derecho a la contratación colectiva.
• Abstenerse de aprobar normas que restrinjan o dificulten el derecho constitucional a huelga. Asimismo, obligar a los empleadores al acatamiento de las decisiones de reenganche y pago de salarios caídos y a la reparación e indemnización de los trabajadores sometidos a despidos antisindicales.
• Adoptar medidas eficaces para disminuir la discriminación en el trabajo por razones de etnia, raza, condición social o de salud, discapacidad, género, preferencia sexual, identidad o expresión de género, credo, opinión política, condición migratoria como de todas aquellas que pretendan anular o menoscabar la igualdad en cuanto a derechos y libertades. Igualmente, garantizar la efectividad de los procedimientos de protección contra actos de discriminación de la mujer trabajadora fundados en su estado de maternidad.
• Garantizar el efectivo control y promoción de condiciones de seguridad, higiene y ambiente adecuado para los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado. Asegurar el adecuado funcionamiento y presupuesto del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel).
• Implementar mecanismos de transparencia en la adjudicación de empleos y control judicial y ciudadano en las instituciones públicas y especialmente en el sector de la construcción y el sector petrolero. Adoptar medidas apegadas a los derechos humanos para poner fin a la violencia sindical; abrir investigaciones y castigar a los responsables de los asesinatos de los dirigentes sindicales para poner fin a la situación de impunidad en el sector.
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Las organizaciones no gubernamentales COFAVIC, Provea, el Servicio Jesuita a Refugiados, Secorve, Espacio Público, Observatorio de Prisiones, Vicaría de Caracas y Una Ventana a la Libertad valoraron positivamente el decreto de amnistía emitido por el Ejecutivo Nacional, sin embargo, precisaron que en el caso del abogado defensor de derechos humanos Carlos Ayala Corao, el Ministerio Público debió solicitar la aplicación del artículo 318 (numeral 1) del Código Orgánico Procesal Penal, que establece que el sobreseimiento procede cuando el hecho objeto de la investigación “no puede atribuírsele al imputado”.
Durante una rueda de prensa celebrada en la sede de COFAVIC, la directora de esta organización, Liliana Ortega, consideró que la amnistía es el primer paso para iniciar el diálogo y la reconciliación necesarios para atender los problemas que afectan a los venezolanos y venezolanas. “El odio, la discriminación y la crispación política solo conducen a un camino de no retorno, por ello el decreto de amnistía es un signo muy valioso”, aseguró.
Con respecto a la imputación presentada por el Ministerio Público contra Ayala Corao en el 2005, por su supuesta participación en la redacción de decreto que disolvió los poderes públicos en abril de 2002, Ortega aseguró que la vindicta pública no encontró en tres años ni un solo elemento de convicción que demostrara la autoría o participación del defensor en este hecho. Por el contrario, los infundados elementos iniciales presentados en la investigación quedaron desvirtuados, por lo que el Ministerio Público no presentó acusación alguna contra Carlos Ayala y ni siquiera solicitó medida alguna en su contra. En conclusión, Carlos Ayala era inocente, así lo evidenció y por lo que en el Ministerio Público no hay nada en su contra.
A su juicio, lo que procede en justicia, en cumplimiento riguroso del debido proceso, es el sobreseimiento por la inexistencia de elementos que acreditaran la autoría o participación en el delito. “La figura de la amnistía no puede ser desfigurada o desnaturalizada. No puede ser utilizada para encubrir violaciones al debido proceso ni mucho menos para minimizar la inocencia. La justicia en este caso es el derecho a que se reconozca expresamente la inocencia de Ayala Corao en el sobreseimiento”, agregó. (Cofavic, 15.01.08)
El pasado 14.12.07 en la población de Santa Rosa, aledaña a Barquisimeto, el Comité de Víctimas contra la Impunidad (CVCI) inauguró un monumento a las personas que han sufrido desaparición forzosa y se le ha violado sus derecho a la vida y a la justicia.
EL CVCI es un colectivo de personas que desde el año 2004 aglutina a familiares de víctimas de diversos delitos de impunidad, entre ellos, abusos policiales. En las actividades para recordar su tercer aniversario, erigieron un monumento en el pueblo de Santa Rosa, sitio de la desaparición forzosa de José Luis Prado el pasado 29.11.05, presuntamente a manos de funcionarios policiales. El denominado “Monumento a las víctimas” es una escultura del artista plástico larense Johel Pacheco la cual contiene una placa con el nombre de los casos llevados por el CVCI: dos de desapariciones forzadas, 21 de abuso policial, dos víctimas de impunidad en transito, 16 víctimas de delincuencia común, 3 por mala praxis médica y 7 sobrevivientes. La obra se ubicó en la calle La Pastora entre 23 de Enero y Monseñor Jesús Maria Alvarado. Durante el sentido acto de apretura se realizó un reconocimiento a la señora maría Eugenia Prado (madre de José Luis Prado) por su activa participación dentro del Comité, así como al abogado Pablo Espinal, ex fiscal de Derechos Fundamentales, quien fue amenazado y agredido durante su gestión al frente de la Fiscalía 21 de Barquisimeto cuando adelantaba varios juicios contra funcionarios policiales.
El CVCI es una organización independiente y autónoma, la cual no recibe financiamiento de ningún ente público ni privado. Los costos generados por el proyecto, los cuales superaron los 10 millones de bolívares, fueron recaudados en diversas actividades de autogestión. Según Ninoska Pifano, miembro del Comité, la obra comenzará a ser parte de la memoria histórica de la lucha popular contra la impunidad. Asimismo, pretende ser un llamado de atención a todas las víctimas que han permanecido pasivas, instándolas a reivindicar la justicia y la memoria de sus seres queridos.
El miércoles 16.01.08 la organización no gubernamental de promoción y defensa de los derechos penitenciarios, Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó en rueda de prensa su informe anual sobre la situación carcelaria en el país.
La rueda de prensa, que fue encabezada por el abogado y coordinador Humberto Prado, hizo un balance de la situación desde el año 2000 hasta el 2008. Dejando como balance un año 2007 con 498 muertos, 1.023 reclusos heridos, 3.825 armas decomisadas, 127 fugas y 324 huelgas en una población penitenciaria 21.000 personas privadas de su libertad, de las cuales el 58% esta siendo procesada.
Si desea escuchar las declaraciones de Humberto Prado en la presentación del informe del OVP, presione el ícono de play:
Tras su designación como Ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín afirmó que la aprobación de la Ley de Policía Nacional era una solución estructural para combatir el problema de la inseguridad que se vive en el país. El nuevo titular de la cartera explicó que «lo más importante es esa Ley de Policía en la que estamos trabajando. Eso no nos va a llevar largas discusiones, el proyecto de ley para dar esa respuesta estructural a este problema planteado». (Ultimas Noticias, 09.01.08, Pág. 28). Pero a pesar de que el funcionario anunció que el proceso seria expedito, tras anunciar la presentación al país de la ley para el pasado 17.01.08 (Ministerio de Comunicación e Información, 15.01.08, http://www.minci.gob.ve/noticias/1/173702/propuesta_de_ley.html), su despacho no pudo cumplir con el plazo anunciado.
Tras las primeras declaraciones del ministro, los miembros de la extinta Comisión Nacional para la Reforma Policial expresaron su disposición a colaborar en la estructuración y ejecución de un plan de seguridad. (El Nacional, 10.01.08). El 14.01.08 se realizó la primera reunión entre los miembros del ejecutivo y los integrantes de Conarepol, para la presentación a los comisionados del proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo Nacional. «Fue una grata sorpresa al observar que el proyecto de ley recoge el espíritu de lo recomendado por la Conarepol, en el sentido de que se regulan todas las policías», declaró Soraya El Ashkar. (Ultimas Noticias, 15.01.08, Pág. 30).
La creación de un Consejo General de Policía se encuentra incluida en el proyecto de decreto-ley, el cual estaría integrado por alcaldes, gobernadores y representantes del Ministerio Público, y presidido por el Ministro de Interiores quien lo convocaría de forma periódica. Asimismo, destaca la inclusión de un el sistema integrado de formación policial, el cual en palabras de Ashkar “implica que todos los policías tendrán un currículo básico común y un componente especializado según la región y el área a trabajar». (Ultimas Noticias, 19.01.08, Pág. 29). Otra arista es que el ciudadano común y corriente, a título personal o a través de los consejos comunales, tendría una presencia activa en la elaboración y seguimiento de los planes de seguridad ciudadana. (Ultimas Noticias, 16.01.08, Pág. 29).
Tras la presentación pública del proyecto, la cual se anunció para el pasado 15.01.08, el ministro Chacín informó que habría 7 días para incorporarle las observaciones pertinentes, y a partir de esa fecha, se decretaría en 7 días más mediante la Ley Habilitante. (Ultimas Noticias, 12.01.08, Pág. 26).
Provea considera como un paso importante para asegurar el derecho a la seguridad ciudadana de la población que la redacción de la Ley de Policía Nacional haya incorporado propuestas de la Conarepol. Asimismo, que el Ministerio facilite la oportunidad de realizarle más observaciones al articulado. Pero, en aras de la mayor participación posible, con el conocimiento de su contenido por parte de la población y de los diferentes actores sociales y políticos de Venezuela, Provea sugiere que el plazo sea mayor al de una semana, con la finalidad de conseguir un amplio consenso para la normativa que regulará a futuro los organismos policiales en el país, lo cual aumentaría su eficacia mediante el ejercicio de la participación y protagonismo democrático.
• Diseñar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.
• Procurar que los cuerpos de seguridad que intervengan en la seguridad ciudadana sean de carácter civil y tengan una adecuada formación que parta de y consolide la noción de que su labor se debe a los ciudadanos y no en contra de éstos en procura de seguridad para el Estado.
• Diseñar programas de prevención en comunidades y focalizados en población especialmente
vulnerable a la violencia letal.
• Crear un sistema de información acerca de la situación de criminalidad y violencia en el país.
• Aplicar encuestas de victimización que permitan realizar diagnósticos certeros respecto a la situación de la seguridad ciudadana.
INVITACIONES A EVENTOS
Durante la semana del 25 al 28 de febrero se estará realizando en Caracas, y en otras ciudades del interior, la 2da Muestra de Documentales Independientes y Videoactivismo. Este festival, realizado de manera independiente, pretende crear un canal para la circulación de films alternativos y un espacio para los amantes de los audiovisuales. Esta segunda jornada mostrará producciones de varios países del mundo, mostrando las luchas sociales ambientales y políticas que se desarrollan en cada contexto. Uno de los videos a proyectarse será el documental «Nuevos Caminos, un horizonte: ¡Justicia», realizado por la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, para testimoniar las diferentes herramientas para exigir el respeto a los derechos humanos. Para conocer el resto de los títulos, fechas y luigares, así como tener mayor información de esta muestra, puede consultarse http://videoactivismo.blogspot.com
