No.207
Del 14 al 28 de septiembre 2008

Boletín electrónico Nº 207

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE OCTUBRE

Concesión del Premio Nóbel de la Paz
01 Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad
02 Día Interamericano del Agua
03 Día Mundial del Hábitat (1er. lunes)
04 Día Interamericano de la Radiodifusión
10 Día Mundial Contra la Pena de Muerte
10 Masacre de Cantaura, Edo. Anzoátegui (1982)
10 Día Mundial de la Salud Mental
12 Día Nacional de la Resistencia Indígena
15 Día Internacional de la Mujer Rural
15 Día Internacional de Reducción de Desastres (2do. miércoles)
15 Aniversario de Provea
16 Día Mundial de la Alimentación
17 Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza
24 Día de las Naciones Unidas
24 Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo
24-30 Semana del Desarme
27 Primera elección universal, directa y secreta en Venezuela (1946)
28 Día Nacional del Alfabetismo
29 Masacre de El Amparo, Edo. Apure (1988)

CONTEXTO

A todos los y las miembros de Consejos Comunales de Caracas

Reciba ante todo un cordial saludo a nombre del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), organización no gubernamental de promoción y defensa de los derechos humanos, con énfasis en derechos económicos, sociales y culturales; organización que desde hace varios años apoya en diversos campos de acción a grupos de afectados y afectadas en la consecución de su derechos humanos.

Por medio de la presente nos dirigimos a usted, con la finalidad de informarles sobre la realización de un proyecto en convenio PROVEA – UNICEF, en el cual se contempla, la ejecución de un encuentro regional (zona Caracas) dirigido a miembros de Consejos Comunales activos, que tiene como objetivo, Iniciar un proceso de acercamiento con los Consejos Comunales desde la perspectiva de los derechos humanos, considerando sus experiencias y requerimientos de formación para fortalecer la participación comunitaria

En Venezuela se han venido desarrollando históricamente procesos institucionales, organizativos y de base, que buscan fortalecer la posibilidad de que los sectores populares accedan a condiciones de vida digna, tanto desde sus fortalezas organizativas para gestionar sus propios recursos y potencialidades, como desde sus capacidades de incidencia protagónica en la formulación de políticas públicas. Entre sus expresiones más destacadas en la actualidad, encontramos a los consejos comunales, como figura organizativa, política y jurídica emergente.

Queremos entonces, realizar un espacio de reflexión desde una óptica y perspectiva de derechos humanos, sobre el camino recorrido por los consejos comunales, los obstáculos encontrados, las fortalezas y debilidades. Una reflexión que nos permita vislumbrar cuál es el estado actual de los consejos comunales, a partir del cuál identificar necesidades sentidas y posibilidades de un futuro trabajo formativo que apunte ha fortalecer este espacio de participación.

Cuando la participación se desarrolla con la suficiente información y formación, y cuando permite el ejercicio político y autónomo de la priorización y toma de decisiones, adquiere legitimidad. De esta forma la participación social se convierte en tejido social, se organiza y construye liderazgos mucho más cercanos, auténticos y democráticos que aquellos construidos en la democracia representativa.

Así pues, extendemos una invitación formal a miembros activos de consejos comunales, a participar del evento que hemos mencionado, que se efectuará el día 11 de Octubre de 2008, para así poder contar con su participación activa e intercambiar experiencias con otros consejos comunales de la región capital del país.

El Mismo será realizado en horario comprendido entre las 8:30 AM y 05:00 PM, en la sede de la Organización centro Comunitario de Aprendizaje (CECODAP), ubicada en la Avenida Orinoco, entre calles Baruta y Chacaito, Quinta El Papagayo, Bello Monte Norte (como punto de referencia, salir por la estación del metro de Chacaito, caminar hasta la esquina donde se encuentra ubicada la Librería del Sur y cruzar a la izquierda, bajar hasta el final de la calle – Calle Chacaito – y luego a la derecho, esta frente al estacionamiento del hotel Madrid)

Para facilitar la participación de dichos miembros, nuestra organización prevé de ciertos recursos que permitirán sufragar los gastos de alimentación durante la actividad. Es necesaria la confirmación de los y las participantes a la brevedad posible para hacer la reserva del cupo ya que son limitados.

Sin mas a que hacer referencia y esperando contar con su valiosa colaboración nos despedimos de usted.

Atentamente.

Francisco Martínez Montero
Abogado Programa de Exigibilidad en DESC
PROVEA

Para mayor información, puede llamar a los teléfonos:
Caracas: 0212-8606669 / 8621011 (Francisco Martínez y/o Juderkis Aguilar PROVEA)

La organización Human Rights Watch (HRW) presentó su informe sobre el país bajo el título «Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para los derechos humanos en Venezuela». La defensa de la vigencia de los derechos humanos se ha convertido en uno de los puntos principales de la agenda sociopolítica internacional, lo cual han ratificado las naciones al suscribir diversos pactos y acuerdos sobre la materia de obligatorio cumplimiento. La honra de estos acuerdos, que buscan preservar y enaltecer la dignidad humana, es monitoreado por las organizaciones de derechos humanos, cuyo trabajo no gubernamental intenta testimoniar sus progresos y contracciones, así como elaborar una serie de recomendaciones para que sean tomadas en cuenta en la elaboración de las políticas públicas.

HRW realizó el informe durante un período de dos años, información que fue complementada con las diferentes visitas realizadas al país desde el año 2002. La multiplicidad de fuentes de información testimonian el esfuerzo en realizar un documento lo más equilibrado posible. En este sentido, Provea avala los puntos sustantivos del mismo, coincidiendo muchas de las preocupaciones con las expresadas en el propio Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos realizados por nuestra organización. Asimismo, «Una década perdida» contiene una serie de recomendaciones y propuestas para mejorar las situaciones álgidas reveladas en la investigación. Sin embargo, el esfuerzo de HRW no ofrece una perspectiva integral de la situación venezolana. Como ha señalado Provea con relación a otros informes similares, como el realizado por Amnistía Internacional, el énfasis se coloca sobre los Derechos Civiles y Políticos (DCP), omitiendo los llamados Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), tales como el derecho a la vivienda, la salud y la alimentación. De esta manera, Provea coincide con los cuestionamientos de algunos voceros del Ejecutivo Nacional cuando señalan que no se registran algunos avances en derechos sociales, a lo que, añadimos, tampoco sus propios retrocesos y estancamientos.

El informe «Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para los derechos humanos en Venezuela» puede ser consultado en la siguiente dirección: http://hrw.org/spanish/docs/2008/09/18/venezu19841.htm.

Las observaciones del informe , realizadas por el gobierno venezolano, pueden leerse en http://www.vtv.gob.ve/descargar.php?file=_promociones/laverdadsocavada.pdf

Foro por la Vida, coalición venezolana de organizaciones de derechos humanos rechaza contundentemente la intolerancia, atropello y expulsión de José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, director y subdirector ejecutivo de la división Américas de Human Rights Watch, ocurrida la noche del día 18 de septiembre de 2008. Este hecho ocurrió luego de la presentación del Informe “Una década de Chávez, intolerancia política y oportunidades pérdidas para el progreso del los Derechos Humanos en Venezuela”.

La defensa y promoción de derechos humanos en Venezuela resulta gravemente afectada por este hecho lamentable que desconoce las obligaciones internacionales del Estado venezolano en la materia. El deber del Estado era atender al contenido y recomendaciones del informe y promover un diálogo respetuoso con el conjunto de la sociedad venezolana.

La soberanía nacional tiene como límite el alcance y contenido del derecho internacional de los derechos humanos. Constituyen una obligación para toda persona velar y promover su alcance y contenido sin distinción de frontera alguna, de acuerdo a lo establecido en los pactos, convenios internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela y tratados de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.

Rechazamos la criminalización y descalificación del Movimiento de derechos humanos; quienes desde hace mas de 20 años de manera continuada, independiente realizan un seguimiento de las violaciones de derechos humanos, promocionan su vigencia, acompañan a las víctimas sin discriminación alguna, realizan propuestas y recomendaciones para el fortalecimiento de una política pública que resguarde la democracia, la institucionalidad y la justicia.

Manifestamos nuestra solidaridad con la organización Human Rights Watch, y sus integrantes. Este hecho inédito en la historia venezolana constituye un precedente negativo que ratifica la preocupante situación de los derechos humanos en Venezuela.

Ratificamos nuestra disposición al dialogo con el conjunto de los poderes públicos en la búsqueda de consensos para el diseño y ejecución de iniciativas que conduzcan a una mejora sustancial de la situación y que la orienten a la plena realización de los derechos humanos para todas las personas. Por ello exhortamos a trabajar por un plan nacional de derechos humanos que surja de un amplio debate democrático y participativo del conjunto de la sociedad y sus instituciones.

El Foro por la Vida lo integran las siguientes organizaciones:

Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI),
Caritas de Venezuela, Caritas Los Teques,
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello,
Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (SECORVE),
Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos del 27 de Febrero y Marzo del 89 (COFAVIC),
Espacio Público, Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui,
Observatorio Venezolano de Prisiones,
Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
y Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis Caracas

Las organizaciones de derechos humanos de América Latina, abajo firmantes, repudian la expulsión ordenada por el Gobierno de la República de Venezuela a los representantes de Human Rights Watch José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, director ejecutivo y vicedirector de la División América de la organización.

De acuerdo con un comunicado oficial, firmado en el día de ayer por los ministros de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, y de Interior, Tarek El Aissami, el motivo de la decisión oficial fue haber «violentado la Constitución y las Leyes de la República Bolivariana de Venezuela, agrediendo a las instituciones venezolanas, inmiscuyéndose ilegalmente en los asuntos internos de nuestro país». La expulsión se ordenó al día siguiente de que Human Rights Watch presentara en Caracas el informe «Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela», en el que se analiza la situación de los derechos fundamentales en dicho país.

Las organizaciones firmantes repudian este proceder del Gobierno Venezolano destinado a debilitar la acción de los defensores de derechos humanos, interferir en el desarrollo de sus funciones y desacreditar de manera infundada la reputación de estas instituciones. Los argumentos basados en una concepción absoluta de la soberanía son inadmisibles con el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, ha sido una defensa utilizada por gobiernos autoritarios para evitar la supervisión de los organismos internacionales de protección de derechos humanos. Asimismo, autoridades del Gobierno Venezolano han esgrimido que Human Rights Watch respondería «a intereses vinculados y financiados por las agencias del Gobierno de los Estados Unidos de América». Ante ello, es importante señalar que Human Rights Watch no recibe financiamiento gubernamental alguno y que ha tenido un papel de liderazgo en la denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y por su política migratoria, entre otros. El trabajo de Human Rights Watch abarca la mayoría de los países del mundo y ha sido fundamental para evidenciar situaciones de violaciones de derechos en muchos de nuestros países latinoamericanos.

Como organizaciones de la sociedad civil que desarrollamos nuestro trabajo en países en los que los defensores de derechos humanos han sido actores clave para la recuperación y fortalecimiento de las democracias, la búsqueda de justicia y memoria por crímenes de lesa humanidad, y el avance de derechos económicos, sociales y culturales, entre muchos otros logros y desafíos pendientes, rechazamos la represalia sufrida por Human Rights Watch e instamos a las autoridades del Estado venezolano a dar marcha atrás con esta expulsión, y garantizar que todas las personas comprometidas con la tarea de promoción y protección de derechos fundamentales puedan desarrollar sus actividades con independencia y libertad.

Por último, tanto la Asamblea General de la OEA, como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han destacado la importancia de la labor de las defensoras y defensores en el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático. Por ello, las organizaciones firmantes solicitan a todos los países de la región que adopten las medidas a su alcance para asegurar en Venezuela una democracia sólida y respetuosa de los derechos humanos, tal como lo dispone la Carta Democrática Interamericana.

Organizaciones
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) – Perú
Centro de Asesoría Laboral – Perú
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica -Venezuela
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez – México
Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) – Argentina
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Argentina
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) – Nicaragua
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – organización regional
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Colombia
Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) – Perú
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.
Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos del 27 de Febrero y Marzo del 89 (COFAVIC) – Venezuela
Conectas Direitos Humanos -Brasil
Corporación Humanas – Chile
Espacio Público – Venezuela
Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) – organización regional
Global Rights Partners for Justice – organización internacional
Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C. – México
Human Rights First – organización internacional
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA) – El Salvador
Karlos Castilla – México
Oficina Jurídica Para la Mujer – Bolivia
Oficina Regional de las Américas del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ)
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) – Venezuela
Vicaria de Derechos Humanos de Caracas – Venezuela
Observatorio Venezolano de Prisiones

Washington, D.C., 22 de septiembre de 2008 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la expulsión de Venezuela de José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, Director Ejecutivo y Subdirector de la división para las Américas de Human Rights Watch, organización no gubernamental dedicada a la protección de los derechos humanos. La expulsión fue ordenada por el Gobierno venezolano en la noche del jueves 18 de septiembre de 2008, horas después de que esta organización presentara un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Este acto afecta el derecho a la libertad de expresión de los representantes de dicha organización y configura una muestra de intolerancia ante expresiones críticas que son esenciales para la democracia.

Tanto la organización de derechos humanos Human Rights Watch, como sus directivos para las Américas, José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, cuentan con una reconocida trayectoria en la defensa de derechos humanos y han desempeñado un importante rol en la promoción y protección de estos derechos en la región.

La Comisión Interamericana en su Informe Sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas reconoció el papel fundamental que estas personas desempeñan en la sociedad para la garantía y salvaguarda de la democracia y del Estado de derecho. Asimismo, señaló que cuando se ataca a un defensor o defensora, quedan desprotegidas todas aquellas personas para quienes éstos trabajan. Es por ello que la CIDH hace un llamado a las autoridades venezolanas a respetar la labor de defensa de las y los defensores de derechos humanos y su libertad de expresión.

Red de Apoyo por la Justicia y la Paz deplora expulsión de integrantes de Human Rigth Watch y exige respeto a la legalidad y al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos.

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización social dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos en Venezuela desde el año 1985, desea hacer pública su posición en torno a la reciente expulsión del país de dos representantes de la organización no gubernamental Human Rigth Watch.

En tal sentido consideramos la expulsión de estos ciudadanos como una arbitrariedad y un acto reñido con el marco legal vigente en Venezuela. La Ley de Migración y Extranjería, aprobada en el año 2004, en sus artículos 39 al 44 es clara en cuanto a las causales de expulsión y a los procedimientos a seguir en tales casos, así como los derechos que asisten a las personas que se ven afectadas por la decisión de expulsión. Dichos procedimientos y derechos han sido grotescamente vulnerados en este caso con la expulsión forzada de los señores Vivanco y Wilkinson, dejando en entredicho la declamada vocación pluralista y la capacidad de tolerancia democrática del actual gobierno frente a quienes realizan algún tipo de análisis crítico o denuncias sobre su gestión en materia de derechos humanos.

La decisión irreflexiva de expulsión de estos ciudadanos atenta contra la Declaración de Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1998), sienta un grave precedente de persecución a las expresiones de disidencia o crítica en el campo de los derechos humanos, desconoce el carácter universal y trascendente a las fronteras nacionales que tienen los derechos humanos y genera para el propio gobierno un efecto negativo, ya que fortalece a nivel internacional la visión de que el actual gobierno no es respetuoso de los mismos.

Exhortamos al Ejecutivo Nacional a analizar y asumir responsablemente las consecuencias de este tipo de decisiones y a respetar el ordenamiento jurídico, garantizando efectivamente los derechos humanos de las personas que expresan democráticamente sus disidencias con el gobierno y, en el caso de quienes sufren una expulsión del territorio nacional, garantizarles el debido proceso tal y como lo ordena el marco constitucional y legal vigente.

Caracas, 23 de septiembre de 2008

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

La comunidad Kariña de Tascabaña, Mesa de Guanipa estado Anzoátegui, conformada por tres mil habitantes, ha denunciado la creciente contaminación debido a las emanaciones de gases debido a pozos petroleros que no funcionan, lo cual ha contaminado el río Tascabaña, su principal fuente de agua. Según indican los denunciantes, el problema data desde hace 9 años, pero se ha agravado desde los últimos dos y medio.

El edil indígena Benito Machuca aseguró que ahora el río y acuíferos están contaminados y no cuentan con otros afluentes de agua. “Esta situación afectó el modo de vida de los kariñas y el desarrollo agropecuario de la zona”. Indicó que desde un principio denunciaron el caso ante la Fiscalía, Pdvsa Gas, Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Defensoría, Consejo Legislativo Estadal. Hace cuatro meses acudieron ante la Asamblea Nacional. Destacó que no fue sino hace 15 días que de Caracas llegó a la comunidad una comisión de estos organismos y decretaron la emergencia en la zona. Prohibieron el consumo del agua, porque está contaminada”. Machuca agregó que “Estamos bajo una bomba de tiempo, si recordamos que otros 15 pozos petroleros que están ubicados a pocos kilómetros de Tascabaña, fueron sellados por Pdvsa hace muchos años atrás y también deben estar filtrando.”

Técnicos de Pdvsa Gas San Tomé, dijeron que la empresa giró instrucciones a la comunidad para que sólo utilice el agua para lavar. Además le está instalando el electrificado nuevo, acondiciona el sistema de riego para la siembra. Aseguraron que el problema de filtración de esos pozos es de hace 40 años. (El Tiempo, 21.09.08, http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp?id=164453)

El ministro de la Vivienda, Farruco Sesto, señaló el Ejecutivo Nacional había destinado recursos adicionales para la terminación de soluciones habitacionales. Según el funcionario, el Gobierno aprobó 1 millardo de dólares, los cuales garantizarán la culminación de 39.000 casas. Aunque no dio más detalles sobre esas unidades, aún el despacho tiene pendiente la entrega de soluciones habitacionales correspondientes a programas de períodos pasados. (El Universal, 06.09.08, http://economia.eluniversal.com/2008/09/06/eco_art_minvivienda-recibe-$_1034326.shtml)

Sesto afirmó que el Gobierno Nacional está atacando la situación habitacional tanto desde el punto de vista legal como el estructural. En este sentido, destacó que actualmente el Gobierno realiza más de tres mil desarrollos constructivos alrededor de todo el territorio nacional. “Hoy día realizamos más de tres mil programas habitacionales en varios estados del país, al tiempo que unas 400 mil personas se han inscrito en el nuevo Registro Único de Vivienda, creado por nuestro Ministerio”, señaló. A pesar de que las propias cifras oficiales demuestran lo contrario, el ministro declaró a la Agencia Bolivariana de Noticias que “durante la administración del presidente Hugo Chávez, se han hecho más casas en Venezuela que en los 30 años anteriores”. Según la ABN “el Ministro criticó a la oposición por difundir desesperanza para intentar alarmar a sociedad venezolana sobre la futura gestión o capacidad constructiva del Ministerio y las autoridades estatales”. (Agencia Bolivariana de Noticias, 05.09.08, http://abn.info.ve/go_news5.php?articulo=148032&lee=3)

El Gobierno nacional retomará el programa social del vaso de leche escolar con el apoyo de la industria láctea pública y privada, informó el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.

La decisión surgió luego de una reunión sostenida entre los ministerios del Poder Popular para la Alimentación, para las Industrias Ligeras y Comercio, y para la Agricultura y Tierras con representantes del sector lácteo, tanto público como privado, a fin de revisar y garantizar el abastecimiento del rubro para lo que queda de año. El ministro para la Agricultura y Tierras, Elías Jaua, señaló que el vaso de leche es un tema fundamental para el Gobierno Bolivariano y por esta razón exhortó a los representantes del gremio a destinar un porcentaje de su producción para este fin que será destinado a las zonas populares del territorio nacional. (Agencia Bolivariana de Noticias, 17.09.08, http://www.aporrea.org/actualidad/n120796.html)

Al oficializar el inicio del año escolar 2008-09, el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Navarro, anunció que un total de 3 mil planteles, entre rehabilitados y construidos, están listos para recibir a niños y jóvenes. Es necesario recordar que en marzo pasado, el ex ministro de Educación, Adán Chávez, informó que se invertirían BsF 3 mil millones para la rehabilitación y ampliación de 4 mil 555 planteles, y la construcción de 413 escuelas nuevas en todo el país.

En días pasados, Navarro señaló que para finales de 2008 se culminarán 627 obras, entre construcciones nuevas, rehabilitaciones y ampliaciones de planta física, proyectos para los cuales ya se cuenta con los recursos necesarios. Sin embargo, un trabajo adelantado por el Colegio Nacional de Profesores apunta que cerca de 70% de la planta física, un total de 23 mil planteles, se encuentran en deficientes condiciones.

Durante un acto celebrado en la Unidad Educativa Mercedes Limardo, Fila de Mariches, estado Miranda, Navarro destacó que estarán en las aulas un poco más de 7 millones 700 mil jóvenes que comenzaron clases, sólo en escuelas públicas. Por otro lado, Navarro inició el plan piloto «La policía va a la escuela» y la continuación del Plan Antidrogas «Sembrando valores para la vida». (El Universal, 17.09.08, http://www.eluniversal.com/2008/09/17/pol_art_navarro-asegura-que_1049856.shtml)

Por su parte, Nancy Hernández de Martín, representante de La Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), sólo 30% de los planteles cumple con los 180 días hábiles de clase. De estos, 25% está en el sector privado. «5% de los planteles oficiales que cumplen con los 180 días hábiles de clase, se debe a que están en muy buen estado. El resto, pierde 6 días por las elecciones, cuando sólo debería perder dos. También, por problemas como falta de planta física o de profesores. Y el ministerio de Educación no supervisa esto», señaló. (El Universal, 22.09.08, http://www.eluniversal.com/2008/09/22/ccs_art_30-de-escuelas-trab_1054358.shtml)

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz difundió una acción urgente para exigir al Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela el sobreseimiento a las causas penales que han sido interpuestas a cuatro (4) activistas de derechos humanos, en el marco del acompañamiento a las comunidades Yukpa de Chaktapa y Guamo- Pamocha, en su proceso de reivindicación del derecho a sus tierras ancestrales. Las cuatro personas a las que hacen referencia son:

Kelly Amundarain, ecologista y defensora de los pueblos indígenas, vinculada a Homo et Natura.

Maryluz Guillén, integrante de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización de derechos humanos con 25 años de experiencia en atención a víctimas y familiares de abuso policial y militar.

María de Los Ángeles Peña, activista del Colectivo Mujer Quilombo y Directora de Organización al Becario y apoyo a la capacitación del Poder Popular, Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (Fundayacucho) ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior;

Thomas Becerra, integrante de la Cooperativa Audiovisual Orinoquia, miembro de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos (ANMCLA), labora para la Cinemateca Nacional, sala regional ubicada en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas.

La Red de Apoyo agradece la adhesión a esta acción urgente, y la difusión entre los interesados e interesadas de su conocimiento. La misma se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: http://provea.blogspot.com/2008/09/caracas-red-de-apoyo-emite-accin.html

La reivindicación de los pueblos indígenas, es hoy en día una realidad, gracias al Gobierno Bolivariano, así lo manifestó, Nicia Maldonado, ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. La funcionaria destacó que hasta ahora el Gobierno ha entregado 33 títulos a las comunidades indígenas, y que se prevé que el pueblo Yukpa, reciba para el próximo 12 de octubre, títulos de tierra, lo que se constituirá en la número 34.

En este sentido, la comisión de demarcación ha cumplido con el cronograma de las reuniones con los caciques Yukpa. Al respecto, argumentó que aquellos que opinaban que las comunidades indígenas estaban muertas, están equivocados, porque estos pueblos originarios han resurgido, en defensa del planeta. (Venezolana de Televisión, 17.09.08, http://www.vtv.gov.ve).

Por otra parte se conoció que para finales de este año culminará el proceso de demarcación de las áreas planas de la Sierra de Perijá, estado Zulia, la cual beneficiará a más de 10 mil 500 indígenas yukpa. La versión fue expresada por el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Demarcación y director general de Planificación y Ordenación del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Minamb), Sergio Rodríguez. En ese sentido, el funcionario explicó que el trabajo de la demarcación es un proceso que se viene desarrollando desde el año 2005, con la finalidad de garantizarle a la comunidad indígena la recuperación de sus territorios, para el desarrollo de las actividades culturales y agrícolas que tradicionalmente han realizado. (Agencia Bolivariana de Noticias, 22.09.08, http://www.aporrea.org/ddhh/n121082.html)

A pesar de estos anuncios, la organización ambientalista Homoetnatura denunció que eran meros títulos agrarios, los 33 títulos otorgados hasta ahora por el Gobierno a las comunidades indígenas. “Como los funcionarios del Gobierno consideran al indígena como campesino –afirman en un comunicado- no hacía falta entonces el capítulo 8 de la Constitución, ni la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas, ni mucho menos la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, bastaría con la vieja Ley de Reforma Agraria del IAN, o la actual Ley de Tierra del INTI. Pero esta visión principalmente de corte militarista entra en contradicción con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con la novísima Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (ONU), y por supuesto con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas”. Homoetnatura finalizó el texto afirmando que “En el Yaza enterraron la racista Comisión de Demarcación de Tierras Indígenas, se abre un nuevo ciclo de movilizaciones nacionales”. (Hometnatura, 24.09.08, http://provea.blogspot.com/2008/09/zulia-homoetnatura-fracas-la-fulana.html)

En otra información la Federación de Ganaderos del Sur del Lago anunciaron una próxima protesta «por la inseguridad física y jurídica que aqueja a prácticamente todos los sectores de la vida zuliana», según informó Fedenaga en una nota de prensa. El gremio ganadero ha expresado que las ocupaciones Yukpa constituyen un atentado al derecho a la propiedad y han mermado la producción ganadera y lechera en la zona. (El Universal, 25.09.08, http://www.eluniversal.com/2008/09/25/eco_art_marcharan-en-zulia-p_1062371.shtml)

La Maternidad Concepción Palacios es la principal de Caracas, así como la más grande del país. Fundada en el año 1938, cumple 70 años atendiendo un promedio de 900 a 1.500 bebés mensuales. Diseñada como un centro obstétrico de avanzada para las mujeres de bajos recursos de Caracas, la Maternidad muestra signos evidentes de que los años y la falta de mantenimiento dejan huellas.

Entre algunas de las fallas del centro hospitalario se encuentran la falta de camas, cupos en terapia intensiva para madres y bebés, carencia de suministros e insumos mínimos como sábanas o batas, y las interrupciones del servicio de agua. «Hay que traerse todo de la casa, las sábanas, las batas porque sino dormirás con tu bebé en un colchón pelado. A mí me tocó levantar baldes de agua para bajar la poceta porque de los chorros, nada de agua, olvídate. Y eso que yo tenía una cesárea porque se me complicó el parto», afirmó una madre a un medio de comunicación.

El doctor Fernando Calderón, presidente de la Sociedad Médica de la institución, asegura que a raíz de las denuncias constantes ante los medios de comunicación se comenzaron a tomar en cuenta las deficiencias. «Se logró sensibilizar con la situación después de años y años de problemas. Donaron unos equipos de ultrasonido y material médico quirúrgico que ayudan a mejorar la calidad de la atención a las pacientes y se está haciendo la recuperación del piso 6 de hospitalización que tenía años paralizado. Son 65 camas con las que no se contaban que se suman con sus respectivos bebés, es decir son 130 cupos más que no se tenían», explica Calderón.

El galeno alerta que aún no se ha resuelto el cupo de terapia intensiva, según el ritmo de demanda de las pacientes que llegan con complicaciones, «es un problema a nivel nacional, la población ha crecido pero no así las infraestructuras hospitalarias». A esto se suma un problema, a su juicio primordial «el insumo más importante es el humano. Se ha mantenido la deserción de intensivistas, neonatólogos porque nadie quiere hacer las especializaciones por las condiciones de trabajo. Hasta los momentos no se ha aplicado un incentivo que revierta este panorama», destaca. (Ultimas Noticias, 21.09.08, Pág. 39).
Por otra parte, autoridades del Centro Simón Bolívar (CSB) anunciaron que para el próximo 05.12.08 se espera la entrega rehabilitada de la nueva sede de la Maternidad, un lugar donde se atenderán entre mil 500 y dos mil consultas externas. (Agencia Bolivariana de Noticias, 24.09.08, http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=150508&lee=10)

La Federación Médica Venezolana (FMV) introdujo el 17.09.08 ante la Inspectoría del Trabajo su nuevo proyecto de contrato colectivo. En el mismo solicitan al Ejecutivo que la escala salarial de los galenos inicie en un monto superior a 6 mil bolívares fuertes.

El presidente de la FMV, Douglas León Natera, acompañado de 7 representantes del Comité Ejecutivo Ampliado del organismo gremial y por los presidentes de 13 colegios médicos fue el encargado de consignar el documento que arropa a más de 30 mil médicos de todo el país.

«Son casi 7 mil del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), 13 mil 700 del Ministerio de Salud y cerca de 3 mil del Ipasme, además de los 7 mil médicos jubilados ubicados».

El presidente del organismo gremial explicó que el proyecto incluye también a los médicos de la Misión Barrio Adentro pues considera que los sueldos y beneficios deben ser iguales para todos los galenos.]

Natera explicó que en la actualidad un médico percibe un salario de 900 bolívares fuertes al tiempo que señaló que «el nuevo contrato que introdujimos establece el sueldo de un médico rural o interno en BsF 6.133, el de un residente en BsF 6.640, mientras que el de los jubilados en BsF 7.091». Precisó que el último escalafón salarial establecido en el documento es el de director de hospital, para quien establecieron un salario mensual de 16.000 bolívares fuertes y un bono de responsabilidad en el cargo por BsF 8 mil. (El Universal, 18.09.08, FMV introdujo ante la Inspectoría del Trabajo el nuevo proyecto de contrato)

Un grupo de pensionados y jubilados de Cantv continúa a la espera de que la empresa, en manos del Estado desde mayo de 2007, les reconozca una serie de beneficios que dejaron de percibir hace 15 años. Alrededor de 800 extrabajadores de la compañía dirigieron una carta al ministro del Trabajo, Roberto Hernández, para exigir una pensión en función de los contratos colectivos aprobados desde 1993, reconocimiento de los intereses moratorios sobre la deuda acumulada, bonos cancelados al personal activo por retrasos en la discusión de contratos colectivos anteriores, bonos de productividad, cesta ticket y reconocimiento del laudo arbitral de 118% cancelado al personal activo por no discutir el contrato de trabajo.

José Chacón, presidente de la asociación que agrupa a jubilados y pensionados en la capital del país (Ajuptel-Caracas), aclaró que la demanda interpuesta contra la telefónica y ganada en el Tribunal Supremo de Justicia, tiene que ver con la violación a las contrataciones colectivas vigentes desde 1993 y no por salario mínimo como asegurase manipuló.

Lamentan que, a pesar de haber planteado la estatización de Cantv – «la transnacional Verizon tuvo como único fin la explotación del capital, violentando las leyes de la República Bolivariana de Venezuela «observan» con tristeza y desconcierto cómo, lamentablemente, la actual junta directiva de Cantv socialista está aplicando los mismos mecanismos de la administración de Gustavo Roosen» Cuestionan que quienes suscribieron el acuerdo marco propuesto por Cantv en julio de 2007 se les haya asignado sólo un «sueldo mínimo mensual y un simple bono». (El Mundo, 22.09.08, Pág. 6)

2500 trabajadores de la Corporación de Servicios Metropolitanos de la Alcaldía Mayor mantienen una huelga de brazos caídos en un galpón de la institución ubicado en La Yaguara, Caracas. Los manifestantes exigen una contratación colectiva fija con salario acorde con la realidad económica porque sólo ganan entre BsF 635 y Bs F 800. Se informó que una comisión de representantes de los trabajadores y dirigentes sindicales sostuvieron una reunión con el secretario de la Alcaldía Mayor, Gerardo Estévez, donde no se logró ningún acuerdo que beneficie al personal contratado desde hace más de dos años, que no goza de los beneficios que dicta la Ley del Trabajo, pago de vacaciones, utilidades, bono de alimentación a tiempo y fideicomiso. (El Universal, 18.09.08, http://www.eluniversal.com/2008/09/18/ccs_art_trabajadores-de-la-a_1051637.shtml)

En otra noticia, se informó que un aproximado de 700 trabajadores de la Alcaldía de Iribarren protestaron el 16.09.08 frente al Concejo Municipal de Iribarren exigiendo beneficios laborales. Entre las peticiones se encuentran el reinicio de las discusiones del contrato colectivo, para el cual solicitan la inclusión de nuevos ajustes en vacaciones, cestatickets, aguinaldos, salario y otros compromisos. (El Impulso, 17.09.08, http://www.elimpulso.com/)

Antes de finalizar el año 2008la Alcaldía de Libertador concluirá los proyectos de soluciones definitivas para los 15 mil trabajadores informales que permanecerán trabajando en las calles después que concluya este período gubernamental. El anuncio lo realizó Silfredo Zambrano, autoridad única en materia de buhoneros de la Alcaldía de Libertador. «Teníamos 40 mil buhoneros, y después que depuramos las listas quedaron unos 35 mil, de los cuales hemos reubicado 20 mil. Esperamos que el próximo gobierno continúe con este plan de recuperación de espacios públicos», acotó. Zambrano indicó que el trabajo está hecho, tanto los censos sincerados como la planificación. «Hemos demostrado que ningún buhonero se ha muerto de hambre mientras espera su reubicación. Todos han hecho su cuota de sacrificio, y han esperado». Por su parte los trabajadores informales del centro capitalino, muchos de los cuales tienen nueve meses sin trabajar, vigilan constantemente la construcción y culminación de la feria de Bellas Artes. El espacio dará albergue a unos 1.400 buhoneros, quienes fueron censados de acuerdo con el lugar donde trabajaban. Elizabeth Salazar, una de las coordinadoras de la feria, asegura que este espacio cuenta con baños públicos, oficina de seguridad y de administración. «Como ya sabemos quiénes son los que van a estar en este espacio, muchos ya han ido comprando las rejillas que debemos colocar. -Para acelerar nuestra instalación, una vez conocido el espacio destinado» dijo Zambrano, quien anunció que tanto el sorteo de Bellas Artes como el del mercado de Quinta Crespo se harán próximamente. (El Universal, 16.09.08, http://www.eluniversal.com/2008/09/16/eco_art_a-15-mil-informales_1046946.shtml)

Tres personas murieron el pasado domingo 21.09.08 en Ciudad Guayana, presuntamente por sicarios ligados a la violencia por la obtención de puestos de trabajo. El suceso ocurrió en el estadio del sector La Manga de San Félix, durante un partido de softbol. Mientras se disputaban una final de ligas vecinales en el estadio , arribó un sicario conocido como el Tavo”, quien fue señalado como el hombre que inició la balacera, asesinando a Régulo Castillo (35), uno de los jefes del sindicato Muralla Roja. Dos de sus escoltas desenfundaron sus armas contra el sicario, pero en la confusión, dispararon contra personas que miraban el partido. Cuatro personas resultaron heridas, falleciendo Yolimar Tovar (33) y Pastor Brito (31). (Correo del Caroní, 23.09.08, http://www.correodelcaroni.com/content/view/108884/149)

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, para el mes de agosto la tasa de desocupación se ubicó en 7,1%, lo que representa una reducción de 1,5 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año anterior, cuando el índice de desempleo fue 8,6%.

Las cifras oficiales señalan que para el octavo mes del año, un total de 894.719 personas buscaban empleo sin conseguirlo, esto es 174.497 personas menos que en agosto de 2007.

La tasa de ocupación para agosto de este año fue de 92,9%, que en comparación con el mismo período de 2007 (91,4%), reflejó un incremento de 409.888 personas.

En cuanto a la caracterización de las personas que forman el mercado laboral, las cifras del INE indican que en el sector formal laboran 56,8% de la población. Comparando la cifra con la estimación del mes de agosto de 2007 (55,9%), se evidencia un incremento de 333.896 personas.

La población ocupada en el sector informal de la economía representa 43,2% del mercado laboral, es decir, 5.081.698 personas, número similar al que se registró en agosto del pasado año, cuando la informalidad se ubicaba en 44,1% (5.003.435 personas). (El Universal, 24.09.08, http://www.eluniversal.com/2008/09/24/eco_art_tasa-de-desempleo-se_1060853.shtml)

• Garantizar que la Asamblea Nacional genere una amplia consulta y participación de los sectores interesados y apruebe definitivamente en las sesiones legislativas del 2008, las leyes que regularán los regímenes prestacionales de salud y pensiones.

• Garantizar que el Ejecutivo Nacional desarrolle un intensivo programa de difusión de los derechos, requisitos y obligaciones de los distintos subsistemas de seguridad social, a fin de promover la inclusión de las poblaciones hasta ahora excluidas. En este sentido deberá promover mecanismos idóneos, ágiles y transparentes para que la población meta se inscriba en el sistema de seguridad social, para lo cual sería conveniente que estudiara mecanismos similares a los aplicados en otros países de la región y que han permitido una rápida inclusión de la población.

• Garantizar que el Ejecutivo Nacional continúe pagando la deuda que el IVSS mantiene con los pensionados, y publique un informe actualizado a diciembre de 2007.

• Garantizar que el Ejecutivo Nacional promueva la más amplia y democrática participación comunitaria y profesional en el proceso de transición e integración del Sistema Público Nacional de Salud, al tiempo que promueva la coordinación y cooperación entre los organismos públicos involucrados.

• Garantizar que la Contraloría General de la República realice una auditoría general al IVSS, a fin de garantizar que las cotizaciones acumuladas por el universo de trabajadores cotizantes sean contabilizadas y enteradas al nuevo sistema de seguridad social.

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

La Asamblea Nacional investigará los asesinatos, desapariciones y torturas de los venezolanos durante los años 60, 70 y 80 con el propósito de recopilar la historia de la violación de los derechos humanos ejecutados por gobiernos de la IV República.

Así lo expresó el presidente de la Comisión Especial de investigación de los casos, Reinaldo García, quien aseguró que intentarán reivindicar a esas personas, que, además, fueron tildados de bandoleros, guerrilleros, sediciosos, insurrectos, calificativos con los cuales trataban de descalificarlos.
Asimismo dijo que se dedicarán a indagar sobre la situación de las víctimas, sobrevivientes, familiares, que a pesar de haber pasado más de cuarenta años, continúan buscando justicia. Indicó que muchos de los responsables o victimarios de estos hechos de una u otra forma han quedado impunes ante la historia, razón por la que se dedicarán a trabajar para que no siga tal impunidad y «como mínimo sean sancionados moralmente». También que el Estado venezolano reconozca e indemnice a las personas que estuvieron luchando por esos ideales, muchos de ellos sobrevivientes a las torturas pero que quedaron sufriendo graves enfermedades, además de haber sido expuestos al descrédito público. (Agencia Bolivariana de Noticias, 25.09.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=146781&lee=18)

Con el apoyo de más de 500 efectivos de la Policía Metropolitana (PM) y la Policía Libertador, que conforman la Brigada de Patrullaje, la Alcaldía de Caracas inició el 22.09.08 las operaciones del Sistema de Televigilancia, que funcionará en el centro de la ciudad capital.

El Alcalde de Libertador, Freddy Bernal, indicó que este sistema inicia operaciones con 50 cámaras de alta resolución, ubicadas en diversos puntos de la avenida Baralt, calles del centro histórico (parroquia Catedral) y alrededores de la Plaza O’Leary. Precisó que durante 24 horas estas cámaras de alta resolución (diurna y nocturna) captan imágenes cada 10 segundos, que son transferidas al sistema computarizado de la Brigada de Patrullaje de a Pie y al sistema del Centro de Comando de la Policía de Caracas o Sala Situacional.

El sistema de televigilancia está conectado con seis módulos inteligentes o módulos policiales, instalados por la Alcaldía de Caracas en diversos puntos del centro de la ciudad. Este sistema tiene como objetivo servir de elemento disuasivo y contribuir con los diversos planes de seguridad integral que desarrolla el Ejecutivo Nacional como el Plan Caracas Segura, planes de seguridad vial del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, así como incentivar el cumplimiento de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. (Agencia Bolivariana de Noticias, 22.09.08, http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=150240&lee=10)

La nueva estrategia del Ministerio de Interior y Justicia para atacar la criminalidad, y así lograr una reducción en los índices delictivos, se centrará en integrar a los planes de seguridad el estudio de las distintas comunidades para focalizar las causas que producen la delincuencia y así atacarlas. el ministro del Interior y Justicia, criminólogo Tarek El Aissami, aseguró que para lograr esa titánica tarea se formarán, entre otras cosas, los consejos de prevención que trabajarán de la mano con los consejos comunales.

«En los barrios El Winche y Maca, en Petare, de los más peligrosos de Petare, se llevó a cabo un estudio exhaustivo y los resultados determinaron que dificultades familiares, deserción escolar, embarazo precoz y hábitat eran las causas que había que atacar. Se integró a la comunidad a la búsqueda de soluciones y la delincuencia disminuyó 70%», aseguró el alto funcionario.

Por su parte el abogado Edwin Rojas, director de Prevención del Delito del ministerio, indicó que lo que se busca es contenet los efectos, pero además identificar las causas y atacarlas. «Por mucho tiempo, sólo se buscó contener los efectos y no se ocupaban de las causas. Por eso crecieron», (El Universal, 25.09.08, http://www.eluniversal.com/2008/09/25/sucgc_art_mij-atacara-delincue_1062270.shtml)

• Diseñar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.

• Procurar que los cuerpos de seguridad que intervengan en la seguridad ciudadana sean de carácter civil y tengan una adecuada formación que parta de y consolide la noción de que su labor se debe a los ciudadanos y no en contra de éstos en procura de seguridad para el Estado.

• Diseñar programas de prevención en comunidades y focalizados en población especialmente vulnerable a la violencia letal.

• Crear un sistema de información acerca de la situación de criminalidad y violencia en el país.

• Aplicar encuestas de victimización que permitan realizar diagnósticos certeros respecto a la situación de la seguridad ciudadana.

ESPECIAL: «EL AMPARO, 20 AÑOS DE IMPUNIDAD»

El caso de la masacre de El Amparo tuvo que ser presentado en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, ante la evidente actuación irregular de los tribunales venezolanos en la jurisdicción militar. Todo indicaba que había un claro propósito de producir impunidad. Frente a esa realidad quienes apoyaban a los familiares de las víctimas y a los dos sobrevivientes decidieron en 1990 acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dos peticiones fueron presentadas y acumuladas por la Comisión. Una presentada por quien para entonces era diputado independiente por el Movimiento Al Socialismo Walter Márquez y otra presentada por las organizaciones de derechos humanos Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) con el acompañamiento de las organizaciones Americas Watch y Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

La Comisión Interamericana el 10 de agosto de 1990 abrió el caso asignándole el número 10.602. Durante tres años y dos meses el caso fue procesado en la Comisión Interamericana destacándose en todo ese lapso una conducta por parte del Estado venezolano orientada a obstaculizar la posibilidad de obtener justicia. El 12 de octubre de 1993, es decir, casi al cumplirse cinco años de la masacre la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos público un Informe en el cual se recomendaba al gobierno de Venezuela presidido por Ramón J Velásquez que investigara y sancionara a los autores materiales, intelectuales y encubridores y a su vez se indemnizara a las víctimas.

Ante la negativa del gobierno de Ramón J Velásquez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitud de los representantes de las víctimas presentó el 14 de enero de 1994 el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 01 de agosto de 1994, el Estado de Venezuela procedió a contestar la demanda. Sin embargo, el 11 de enero de 1995, un mes antes de que el gobierno de Caldera cumpliera un año de gestión y a través del para entonces agente del Estado ante la Corte Interamericana Asdrubal Aguiar el gobierno venezolano reconoció la responsabilidad internacional por los hechos y asumió el compromiso de indemnizar a las víctimas. Es decir admitió que había ocurrido una masacre, que dicha masacre fue cometida por funcionarios del Estado venezolano y que como consecuencia se había causado un daño a los familiares y sobrevivientes que debía reparar. Con fundamento en dicho reconocimiento la Corte Interamericana dictó sentencia el 18 de enero de 1995. Fue la primera sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Venezuela. Una nueva sentencia sobre el mismo caso fue dictada por la Corte el 19 de septiembre de 1996, pero esta vez sobre las reparaciones que debería cumplir el Estado venezolano. Del contenido de las dos sentencias el Estado de Venezuela quedó obligado a investigar y sancionar a los responsables de la masacre e indemnizar a las víctimas. Durante la gestión del gobierno del Presidente Caldera se pagó la casi totalidad de la indemnización. El Estado por un mal cálculo de los pagos quedó debiendo aproximadamente el 05% de esa indemnización que fue finalmente cancelada en diciembre de 2005 bajo la gestión del Presidente Chávez. Durante la gestión del Presidente Caldera se consumó la impunidad al declarar la justicia militar no culpables a los autores materiales y nunca investigar a los autores intelectuales. En la gestión del gobierno del presidente Chávez nada se ha realizado para lograr justicia. En reiteradas oportunidades la Corte Interamericana le ha exigido al gobierno venezolano que debe castigar a los culpables. La impunidad continúa a pesar de las reiteradas declaraciones de diversos voceros del gobierno repudiando la masacre. Los familiares aspiran que se pase de las palabras a los hechos.

ARTÍCULOS

La Fiscal General Luisa Ortega Díaz expresó, con respecto a la expulsión del defensor de derechos humanos José Miguel Vivanco, que el gobierno podía expulsarlo y que el procedimiento que se había ejecutado había sido legal. Pues miente señora Fiscal. La ley de Extranjería y Migración no contempla entre las causales de expulsión emitir opiniones sobre el país y menos cuando van orientadas a defender los derechos humanos. Sabe usted que la expulsión fue ilegal, sin embargó la avaló. La ley contempla un procedimiento que fue violado por el Ejecutivo Nacional en cual se le garantiza el derecho a un debido proceso a la persona que pretende ser expulsada. Esa persona tiene derecho a ejercer una serie de recursos, entre ellos, que sea revisada la decisión. Nada de esto se cumplió. La ley, en su artículo 15, expresamente contempla que los extranjeros y extranjeras tienen derecho a la tutela judicial efectiva y que en los procedimientos administrativos se deben garantizar los derechos establecidos en la Constitución. Si Usted, no influenciada por sus simpatías políticas, sino ejerciendo el cargo de manera independiente como debería ser, lee detenidamente la mencionada ley, tendrá que llegar necesariamente a la conclusión que el procedimiento de expulsión del señor Vivanco fue ilegal. Esa actitud de avalar la arbitrariedad de dicho procedimiento reafirma una de las conclusiones del Informe presentado por Human Rights Watch: en el país no hay una real independencia de poderes.

Pero no sólo de manera arbitraria se expulsó a Vivanco también se procedió de esa forma con el ex mimistro colombiano Fernando Araújo y días antes con un presunto jefe guerrillero de las FARC. En todas estas expulsiones se violó la ley. Esta situación de reiteradas violaciones a la ley de Extranjería y Migración debería obligar también a la Defensoría del Pueblo a pronunciarse. Es un deber de la Defensoría defender los derechos de todas las personas, incluyendo las extranjeras. Lo recomendable es que a partir de los casos ya sucedidos, la Defensoría llame la atención al Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia y brinde la asesoría correspondiente sobre como cumplir el procedimiento establecido. Solo conocemos de casos que han tenido alguna repercusión mediática, pero muy posiblemente se han realizado otras tantas deportaciones sin garantizar a los afectados y afectadas sus derechos.

No le conviene al país que se continúe actuando de esta manera. Deben tomarse correctivos pronto y tanto la Fiscalía como la Defensoría pueden contribuir mucho para que se rectifique. La impunidad en las violaciones a los derechos humanos crea condiciones favorables para que se continúen violando, por lo que debemos evitar que se consolide este tipo de actuaciones contrarias al estado de derecho. Callar y en algunos casos ser cómplices de la arbitrariedad de los funcionarios debilita a instituciones en la cual han cifrado sus esperanzas muchos ciudadanos y ciudadanas, sobre todo los eternamente excluidos. (Tal Cual, 26.09.08, marino@derechos.org.ve)

Según la nueva Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, «el servicio de policía es de carácter civil y profesional, lo cual se manifiesta funcionalmente en su mando, personal, dirección, estructura, cultura, estrategias, tácticas, equipamiento y dotación» (artículo 6). Pero& transformar nuestras policías en entes eminentemente civiles es un reto colosal.

Históricamente ha existido una peligrosa mezcla entre lo militar y lo civil en los temas de seguridad. Luego de la dictadura gomecista, el decreto de creación de un Servicio Nacional de Seguridad en 1937 no fue garantía de separación, pues incorporaba un organismo de naturaleza militar -la Guardia Nacional- a una institución que se pretendía civil, dándole un carácter cívico-militar al aparato policial, perpetuando el control militar en la sociedad y facilitando la penetración de plataformas ideológicas y operativas extranjeras para actuar contra los enemigos de la seguridad, como luego fue la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Intromisión
Las más recientes expresiones de intromisión militar en lo policial fueron durante el año 2001, cuando un clima de conflictividad política y una gran movilización social sirvieron para que el Gobierno ordenara (y justificara) la presencia de la Guardia Nacional y sus equipos de guerra en las calles, a fin de hacer valer «la ley y el orden» a través de la militarización del área metropolitana de Caracas.

Hasta hoy, en los planes nacionales de seguridad (de corte preventivo) vemos que destaca la presencia y actuación de la Guardia Nacional y la Policía Militar en funciones de seguridad ciudadana, realizando operativos conjuntos con las policías. Y a pesar del incremento de los casos de muertes por ejecución cometidos por funcionarios de la Guardia Nacional, denunciados por ONG’s sobre todo a partir del año 2004, la percepción social de este componente era positiva. Así, durante el año 2004, 69,6% de las personas estaba de acuerdo o algo de acuerdo en que la presencia militar en las calles era necesaria para controlar la violencia (encuesta nacional de «Violencia Urbana y Sistema Penal en Venezuela», Laboratorio de Ciencias Sociales), mientras que para el año 2006 la labor de este componente militar era considerada muy buena/buena en 50,7% (Encuesta Nacional de Victimización, Comisión Nacional para la Reforma Policial, Conarepol).

Entonces, la intromisión militar en lo policial, además de ser tolerada socialmente, ha calado en todos los ámbitos institucionales y se evidencia en la estructura, formación, entrenamiento, distribución de cargos, uso de la fuerza y cultura en el ámbito policial.

El reto Con la nueva Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional se establece un reto para la sociedad venezolana: tener un Servicio de Policía civil con policías que hagan uso de la fuerza en caso de necesidad y de manera proporcional, y al tiempo que se rechazan categóricamente los abusos policiales, decirle de una vez por todas adiós a las botas militares. (El Universal, 22.09.08, gildan@hotmail.com)

Uno las escucha conversar y piensa “hablan sabroso”. A las mujeres del Consejo Comunal “Nuestro esfuerzo”, ubicado en Mariara estado Carabobo, les brillan los ojos cuando hablan de cómo han aprendido a mezclar cemento, levantar paredes y pegar pocetas al erigir, por autoconstrucción, cada una de las ciento y pico de viviendas proyectadas para el sector. Descubrieron, de repente, la capacidad creadora de sus manos encalladas tras años de pobreza y exclusión. Y se enorgullecen de contarlo: “Ya no somos las de antes, ahora si queremos podemos”. Esta comunidad es una de las 12 seleccionadas por Pequiven para las primeras experiencias de las “Petrocasas”, programa bandera del ejecutivo nacional para paliar el agudo déficit de viviendas.

A 15 minutos de allí, en Guacara, se inauguró en marzo pasado el conjunto piloto del proyecto: La Comunidad Socialista La Coromoto, la cual ha beneficiado a 458 familias. Y sin duda, como la califican sus vecinas, es la “madre del proyecto”, contando ya con canchas deportivas, ambulatorio, biblioteca e iglesia, así como un Mercal y Simoncito en construcción; servicios que la certifican como un urbanismo con servicios que complementan el hábitat de las viviendas, elevando la calidad de vida de sus moradores. Los anuncios presidenciales estiman que el norte de Petrocasa es la fabricación de 80.000 casas anuales, meta que si se cumple ayudaría a levantar el débil músculo gubernamental en la materia. Ante las altas expectativas generadas por el discurso bolivariano, la deuda social en el sector ha continuado acumulándose. Estimaciones de la ONU para nuestro país han estimado que la falta de vivienda afecta a 13 millones de venezolanos y venezolanas.

Ante la ausencia de un techo propio, tercer problema para los nuestros, la posibilidad de expandir un proyecto de construcción de casas a bajo costo –aproximadamente 40.000 Bs la unidad- constituye la esperanza para que millones de personas excluidas disfruten de su derecho a la vivienda. Pero un proyecto como Petrocasas, antes de erigirse como panacea, debe aclarar algunos nubarrones en su horizonte. El principal versa sobre la presunta toxicidad de sus materiales, tanto para la salud de sus habitantes como para el medioambiente. Esta preocupación ha sido recogida por organizaciones sociales como la Fundación Agua Clara y Provea, quienes recuerdan las diversas advertencias de ecologistas, activistas e investigadores a lo largo del globo acerca de la contaminación generada por el Policloruro de Vinilo (PVC), material estelar de las Petrocasas. Estas alertas ocasionaron que haya sido progresivamente relegado de las utilidades que alguna vez lo popularizaron.

La respuesta de las instituciones promotoras de las Petrocasas ha sido el silencio. Provea ha solicitado, en un recurso de petición, que se divulguen los estudios que demostraran que el PVC utilizado en el proyecto habitacional es seguro para sus habitantes e inocuo para el medio ambiente. Hasta ahora Pequiven ha desestimado olímpicamente la solicitud. Hay quienes han sugerido que su actitud no puede ser otra, debido a que dichas investigaciones, sencillamente, no se han realizado.

En tiempos de altos precios petroleros y grandes recaudaciones tributarias el sentido común estimaría que, ante las dudas, sería preferible ir sobre seguro con casas de bloques y cemento. Y cómo la improvisación ha sido el método gubernamental para allanar otras grandes epopeyas, resquemores y cuestionamientos se encuentran justificados.

Petrocasa recuerda el gusto por la ironía inmanente en el proceso bolivariano. Mario Silva, el aspirante por el PSUV a la gobernación de Carabobo, ha hecho de las casas de PVC uno de los puntales de su campaña electoral. Pero su entusiasmo no llega a los extremos de habitar una de estas plásticas y blancas casas que ya hemos comenzado a exportar. Su nombre figura como uno de los beneficiarios de los apartamentos de la urbanización Bosque Valle en Caracas, una obra oficial recientemente construida en Tazón en una de las montañas que bordea el embalse La Mariposa. Ojalá algún día Venezuela sea de todos. Y las viviendas propias, amplias, seguras y dignas también. (Versión Final, 25.09.08, rafael@derechos.org.ve)

No.206
No.205
No.204
No.203
No.202
No.201
No.200
No.199
No.198
No.197
No.196
No.195
No.194